La investigación del delito complejo: un abordaje de las relaciones entre funcionarios policiales y judiciales

Resumo

A partir de nuestras investigaciones con Fuerzas Federales de Argentina, y con la Policía de la Provincia de Santa Fe (Argentina), indagamos sobre las  prácticas, rutinas, relaciones y saberes que involucran la investigación del delito complejo.

La investigación criminal, y más aún la del delito complejo, es un tema escasamente desarrollado. Las Ciencias Sociales y jurídicas priorizan el estudio de otras prácticas policiales y de otros delitos -predatorios y callejeros-, de aquellos signados por las violencias, o por el mercado de drogas ilegalizadas. Asimismo, las investigaciones que se desarrollan sobre estos ámbitos, ponen el eje en los procedimientos y rutinas -ilegítimas y/o que involucran usos desmedidos de la fuerza física- de los miembros de las fuerzas, más que los procedimientos de funcionarios judiciales vinculados a la legitimación de esas violencias,  o otras formas de relación entre esas burocracias estatales. 

Para abordar algunos de estos temas relativamente pendientes, en primer lugar, indagaremos sobre qué es la Investigación Criminal a niveles federal y provincial y qué agencias y prácticas involucra, procurando develar qué “nos dice” esa articulación sobre la manera en que se articulan agencias estatales  para tramitar los conflictos y las violencias en las formas del reproche penal. En Argentina, las policías y fuerzas de seguridad cumplen la función de auxiliares de justicia en aquellos distritos que no cuentan con Policía Judicial, por lo que se constituyen en actores claves del proceso de la investigación criminal, entendido éste como un complejo conjunto de procedimientos para establecer algún grado de certeza sobre una serie hechos definidos y seleccionados como delictivos y la atribución de responsabilidades respecto de los mismos. La investigación criminal es entonces, el resultado de un conjunto de relaciones institucionales (entre las distintas policías y fuerzas de seguridad, y entre éstas y el resto de las agencias del sistema penal, y otras) que para su desarrollo requiere de la elaboración de saberes, acuerdos y rutinas que nos proponemos conocer a partir de las observaciones que hemos realizado en el seno de estas burocracias. En segundo lugar, abordaremos cómo y a partir de qué procesos sociales -judiciales, políticos y mediáticos-  determinadas prácticas son criminalizadas, o no, en una zona que se conoce como “frontera caliente” (Frederic, 2020; Renoldi, 2014) y en una provincia, Santa Fe, que ha ocupado los principales titulares de los diarios nacionales y provinciales por su permanente asociación con la narco-criminalidad organizada y las violencias asociadas a esta. Finalmente, nos proponemos conocer qué caracteriza a las relaciones inter-institucionales involucradas en los procesos de investigación criminal.