La trata de mujeres con fines de explotación sexual es un campo de problemas atravesado por múltiples tensiones nocionales y políticas, que se traducen en normativas legales y políticas públicas, que de acuerdo a las perspectivas que sostengan, tendrán determinadas consecuencias para las personas involucradas en el fenómeno. Estas perspectivas han estado presentes a lo largo de su historia desde principios del siglo XX, pudiéndose rastrear las controversias entre diferentes posturas ideológicas.

Con el cambio de milenio la trata de mujeres adquirió una renovada atención y se volvió a introducir en la agenda transnacional, de la mano de coaliciones feministas y organismos supranacionales, que impulsaron lecturas novedosas de viejos problemas vinculados con las migraciones femeninas, la prostitución, la violencia contra las mujeres y el crimen organizado. A partir de la sanción del Protocolo Adicional a la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, relativo a la prevención, represión y erradicación de la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) en el año 2000 en Viena, los países firmantes iniciaron un proceso de adecuación normativa y despliegue de políticas públicas para prevenir y perseguir este delito. Si bien discursivamente la protección de los derechos humanos de las víctimas se presentó como el motor de las políticas anti-trata, en tanto políticas humanitarias que ponían en el centro de la escena el sufrimiento de las víctimas, su anudamiento al accionar de supuestas organizaciones criminales transnacionales, habilitó que se configurara, al mismo tiempo, como un problema securitario -inicialmente de control de las fronteras y con su devenir, de control del mercado sexual en general- que podría resolverse con políticas punitivas.

Diversas investigaciones producidas en los últimos veinte años han identificado y problematizado los “daños colaterales” de las políticas anti-trata, sobre todo en lo que respecta al incremento de la criminalización de mujeres que participan del mercado sexual, el empeoramiento de sus condiciones de trabajo y el silenciamiento de sus experiencias y demandas.

En este dossier invitamos a presentar trabajos que, con las herramientas de las ciencias sociales, analicen la configuración de la trata de mujeres con fines de explotación sexual como problema público en distintos contextos históricos y geográficos; la adecuación de la normativa internacional a los contextos socio políticos de cada país y su relación con las formas de gobierno de la prostitución; los atravesamientos ideológicos que sustentan los gobiernos nacionales y sus efectos en el desarrollo de las políticas anti-trata; la formación y actuación de burocracias estatales especializadas y saberes expertos; las políticas de persecución e investigación del delito así como la atención a víctimas y testigos;  los reacomodamientos en el mercado sexual en relación con las formas y condiciones de trabajo y la relación con los clientes; los debates, demandas y acciones feministas;  las experiencias y demandas de las trabajadoras sexuales; los debates en torno al alcance del consentimiento, uno de los ejes fundamentales y problemáticos de la definición de la trata sexual.

Coordinan:

• Mag. Néstor Rodríguez Pereira de Souza (Fac. de Psicología, Udelar)

  Prof. Asist.e investigador Programa Género, sexualidad y salud reproductiva. Instituto Psicología de la Salud. Facultad de Psicología. Universidad de la República

• Dra. Estefanía Martynowskyj (ICA-UBA/CONICET; GEFGS-UNMdP)

  Investigadora Asistente CONICET, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora y docente en el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.