1. Introducción

En 1831 se produjo, en las por entonces llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, la derrota de la Liga del Interior de filiación unitaria en manos de la Liga federal nucleada en torno a las provincias del litoral argentino. La figura de Juan Manuel de Rosas, quien desde 1829 pasó a ocupar el cargo de gobernador de Buenos Aires (salvo un breve interregno), ocupó un lugar central en la política rioplatense imponiendo orden y estabilidad tras una década de guerra civil. Prontamente, extendió su esquema de poder y control sobre el territorio nacional, siendo designado por las provincias como jefe político y militar de la Confederación Argentina y en representación de estas en el ejercicio de las relaciones exteriores, cargos que mantuvo hasta su derrota en 1852 en manos de Justo José de Urquiza¹.

En el caso de la provincia de Tucumán, durante la hegemonía rosista, fue Alejandro Heredia quien ejerció el cargo de gobernador entre 1832-1838. Formado intelectualmente en la Universidad de Córdoba en donde obtuvo el título de doctor en teología, había participado en los ejércitos de independencia en el Alto Perú en tiempos de revolución, siendo partícipe de la sublevación de Arequito (Santa Fe) en enero de 1820 contra el Directorio. A partir de 1824 fue representante de Tucumán y Salta durante el tiempo que sesionó el Congreso y enviado a la provincia de La Rioja para sofocar disputas internas entre las elites locales. Durante su estadía en Salta, se casó con Juana Cornejo Medeiros (perteneciente a una conspicua familia) y se incorporó a los círculos sociales y políticos de la elite de aquella provincia.2

Si bien la trayectoria de Heredia era más que destacable, lo que fue decisivo para su llegada al gobierno tucumano fue el apoyo otorgado por el mismo Juan Manuel de Rosas a instancias del caudillo federal riojano Juan Facundo Quiroga, quien por entonces tenía influencias en la política del norte luego de la victoria federal en la batalla de La Ciudadela en 1831. Tras establecerse en el poder, Heredia expandió su esfera de autoridad al momento de erigirse el Protectorado del Norte en 1836, un proyecto político asentado en su propia figura el cual contó con la legitimidad otorgada por las legislaturas de Tucumán, Catamarca, Jujuy y Salta, y que al mismo tiempo recibió el respaldo político de Rosas. Un año después en 1838, Heredia encontró la muerte en una trifulca poco clara en manos de un oficial perteneciente a su séquito.

Puntualizado así el caso tucumano y el de las provincias del norte, el trabajo que se presenta aquí pretende relacionarse con algunos problemas vigentes en torno al siglo XIX hispanoamericano y rioplatense señalados por la historiografía: 1) la emergencia y declive de los liderazgos políticos surgidos con la revolución y la guerra de independencia; 2) la indeterminación de las entidades políticas emergidas tras el colapso imperial en 1808, y 3) al significado de las identidades políticas que no representaron necesariamente procesos identitarios homologables a los construidos después de 1830 sobre la base del romanticismo. Más bien, aquellas que se puntualizaron sobre la emergencia de una política común entre espacios políticos supuestamente rivales pero reunidos en torno al exterminio de amenazas para el equilibrio político.3

En el caso de la historia de Tucumán, durante los últimos años se registraron importantes avances en el período iniciado con el ciclo postrevolucionario, influenciados por trabajos ambientados al Río de la Plata4. En efecto, existe un consenso general sobre la política fiscal del naciente estado provincial tucumano a partir de la década de 1830, cuyos ingresos provinieron principalmente de impuestos y contribuciones forzosas, al mismo tiempo que el gasto público durante las primeras décadas fue destinado en su mayor parte al rubro guerra incluyendo salarios de oficiales y soldados.5

Por otra parte, también se ha insistido en que la movilización política produjo la emergencia de un tipo de ciudadanía armada asociada a los registros de vecindad, aunque en esta no se incluyó a los habitantes asalariados o jornaleros quienes debían alistarse en otros cuerpos del ejército provincial como aquellos que no vivían fuera del radio urbano.6 Esta noción de ciudadano-vecino que asociaba al electorado con los integrantes de la milicia cívica, se reconfiguró tras las reformas políticas, administrativas y militares encabezadas por el propio Alejandro Heredia a través de las cuales se dotó a la provincia de nuevas herramientas institucionales. Al mismo tiempo, organizó los departamentos provinciales asignándole regimientos militares a cada uno de ellos. Esto permitió no solo asegurar la fuerza y la autoridad del gobierno en la campaña, sino que el recambio de los jefes militares garantizó la lealtad de comandantes departamentales respecto al gobernador, y prontamente puso en funcionamiento una serie de mecanismos de control en las provincias vecinas.7

Conjuntamente, han sido más que meritorios los avances en relación con el peso institucional y republicano de la impronta heredista en su gobierno, el cual dio cabida no solo a un asiduo funcionamiento y deliberativo de la legislatura provincial a partir de su reapertura en 1833, sino también a la retórica y liturgia republicana.8

En efecto, teniendo en cuenta los últimos avances en la historiografía tucumana, la propuesta propia parte de una idea general ya antes mencionada que ubica a Tucumán como provincia soberana y autónoma durante la década de 1830, pero con una vinculación política de profunda subordinación con respecto al poder central residente en Buenos Aires.9 En el caso específico de este trabajo, esta también cobra desarrollo durante el contexto de guerra entre la Confederación argentina y la Confederación Perú-boliviana entre 1837-1839, un conflicto que involucró a las provincias del norte argentino, pero que llamó activamente la atención de Rosas en su objetivo de conservar la integridad del territorio de la confederación ante las amenazas del mariscal Santa Cruz, tarea para la cual fue decisiva la acción de Heredia fundamentalmente a partir de 1836 cuando se conformó el proyecto del Protectorado del norte.10

En efecto, bajo el contexto señalado, surgen los principales aspectos a analizar en este trabajo. Se pretende estudiar el simbolismo de los cuerpos de milicias tucumanas, salteñas y jujeñas trasladadas durante la guerra boliviana a partir de 1837 a la luz del significado de sus denominaciones. La hipótesis central considera que mediante el análisis de los nombres de los cuerpos de milicia es posible verificar la impronta federal que la elite militar dirigente les otorgó, con el objeto de reproducir un tipo de identidad política asociada al federalismo y en la cual se excluyó y silenció todo elemento nominal y simbólico referido al unitarismo. Las razones de esta exclusión, siguiendo las comunicaciones de los gobernadores y dirigentes políticos que comandaron la guerra, se debió a la vinculación entre los proyectos de anexión de los territorios del norte por parte del mariscal Santa Cruz y las pretensiones políticas de los emigrados unitarios en Bolivia tras la derrota de 1831. Por tales motivos, la dirigencia federal consideró a estos individuos como conspiradores del orden confederacional rosista inaugurado en 1832.11

El orden de exposición será el siguiente: en primer lugar, se considera decisivo contextualizar el proceso de emigración hacia Bolivia por parte de los derrotados unitarios en 1831 y sus pretensiones en contra de la confederación rosista desde el exilio a la luz de algunos testimonios, las cuales generaron una importante preocupación en los gobernadores federales. Posteriormente, se reseña el afianzamiento del federalismo en las provincias del norte bajo la órbita de Alejandro Heredia, artífice del Protectorado en 1836 y antecedente más próximo a la guerra boliviana (acontecida por fuera de los límites nacionales). La importancia de tal experiencia reside en la centralidad que adquirió el gobernador tucumano en las provincias y su vinculación cada más estrecha con el jefe político de la Confederación, quien posteriormente designó a Heredia como jefe de operaciones militares en Bolivia.

En segundo término, se estudia la política en clave supra provincial mediante el análisis de una serie de correspondencias mantenidas entre los actores políticos que dirigieron la guerra. Esto ayuda a entender que se trató no solo de un conflicto bélico que puso en juego la integridad territorial de la confederación argentina, sino que también evidenció las tensiones no resueltas en la política rioplatense. De ahí la necesidad de analizar las denominaciones de los batallones, como aspecto que revela las disputas simbólicas entre unitarios y federales, y que dio forma a imaginarios, discursos y representaciones en torno a una guerra que defendió lo nacional frente a las amenazas de un enemigo extranjero.12

2. La política en el «norte argentino» a partir de 1831: las operaciones de los emigrados unitarios en Bolivia y sus efectos en la región

Tras la incorporación de Tucumán a la Liga del Litoral en 1832 durante los inicios del gobierno de Heredia,13 la provincia se insertó en la órbita del federalismo rosista. En el plano interno, ciertos actores militares tenían capital político propio dejando latente cualquier posibilidad de tensiones políticas dentro de la provincia.14 Por tal razón Heredia apuntó a lograr legitimidad construyendo un tipo de unanimidad política que operó sobre valores relacionados con la defensa del orden y la virtud cívica en clave republicana15. Para tales aspectos fue fundamental la reapertura de la legislatura provincial, ya que no solo otorgó amplias facultades del gobernador en materia militar,16 sino que reabrió la participación electoral estableciendo condiciones de sufragio activo y pasivo para elegir los representantes en la ciudad y campaña.17

Sin embargo, el equilibrio logrado por Heredia (primero en su provincia y luego en la región) no puede explicarse sin mencionar una serie de acontecimientos claves acontecidos previamente. Aquel vinculado a las acciones de los emigrados unitarios en Bolivia luego de la derrota de la Liga del Interior en 1831¹⁸. En palabras de uno de sus protagonistas, no había «otro destino que el de ponerse bajo la protección de Bolivia, o sepultarse bajo sus ruinas».19 Simultáneamente, el cobijo del gobierno boliviano para con estos actores se potenció con el envío de armas y en ayuda económica a los exiliados.20

En efecto, no tardó mucho tiempo para que se produzcan los primeros intentos de invasión desde Bolivia por parte de los emigrados unitarios. Hacia octubre de 1832, José y Napoleón Güemes y el coronel Cruz Puch ingresaron a La Quiaca desde Bolivia armados y con hombres, aunque tuvieron que huir de territorio argentino en el mes de noviembre. Por aquel momento, el gobernador de Salta, Pablo de La Torre, comenzó a ser sospechado de haber brindado asilo a unitarios tucumanos emigrados. Pocos meses luego, se produjo la intervención de Rosas ante los peligros suscitados en el norte. El gobierno de Buenos Aires nombró a Pedro Feliciano Cavia como encargado de los negocios de la Confederación en Bolivia21. Entre las instrucciones dadas se encontraba la de:

averiguar prolijamente los puntos en que se han establecido los emigrados de las Provincias interiores, principalmente aquellos en que residan los Jefes y Oficiales, ya de las Provincias, ya del Ejército sublevado: los medios de que subsisten; las relaciones que mantienen en esta República, las miras que descubran las tentativas que hicieren, el influjo de que gozan en el lugar de residencia, los recursos que tienen disponibles y por último cuanto pueda trascender directa o indirectamente a la quietud de la República Argentina.22

Tras el encargo, las primeras informaciones recolectadas por Cavia fueron comunicadas a Rosas en noviembre de 1832:

cada día me ratifico más en mi cálculo, de que los emigrados en Bolivia están ocultamente protegidos. De otro modo no podría concebirse, cómo el señor Arraya comandante militar y político del Departamento de Mojo, los hubiese dejado reclutar, moverse y emprender, del modo que lo han hecho. Dicho comandante, por otra parte, es partidario antiguo, según buenos informes que se me han dado, del proyecto de incorporación de Salta al Estado boliviano.23

Frente a las evidencias, la preocupación de Rosas con la acción conspiradora de los unitarios se trasladó también al gobierno de Santa Cruz al cual responsabilizó por la protección brindada a los exiliados. Frente a tal acusación, el gobierno de la Confederación Perú-boliviana fue terminante sobre su situación, ya que no podía: «expulsarlos de su territorio atropellando el derecho de hospitalidad que los ampara, porque sería inclinarse por uno de los partidos en que están divididas las Provincias Unidas, y dejar la prescindencia y neutralidad que Bolivia ha adoptado».24

Mientras tanto, y transcurridos dos años de tensiones y desconfianzas, Heredia aprovechó para posicionarse en la política de las provincias. En 1834 resultó fortalecido tras sofocar una nueva invasión unitaria comandada por el antiguo gobernador tucumano Javier López desde Bolivia. Por otra parte, en ese mismo año la provincia de Jujuy decidió separarse de Salta con el apoyo del gobernador tucumano.25 Prontamente Heredia pasó a controlar la provincia salteña y colocó a su hermano Felipe en la primera magistratura26. Rosas consideró aquella medida política como impropia para el equilibrio de la Confederación, por lo cual envió nuevamente a Quiroga a interceder en el conflicto entre Salta y Tucumán. Sin embargo, a su vuelta, en el paraje Barranca Yaco en febrero de 1835 una emboscada promovida por los hermanos Reynafé (quienes controlaban el gobierno en Córdoba) lo asesinó. La desaparición física de Quiroga favoreció a Heredia para constituirse como uno de sus principales intermediarios políticos en la región.

En efecto, la figura del tucumano se vigorizó a partir de 1836 cuando las legislaturas de Jujuy, Catamarca y Salta lo nombraron Protector de las provincias del Norte.27 Rosas finalmente aceptó dicho título y en correspondencia a Heredia reconoció que el nombramiento por parte de las provincias vecinas fue «por el bien común» y el «restablecimiento militar de la patria y orden interior» ante la amenazas desestabilizadores de los unitarios que pretendían anexionar el territorio del norte a Bolivia.28 Este título habilitó al tucumano a ingresar abiertamente a la política de las provincias. Por ejemplo, en Catamarca, anexionó los departamentos de Tinogasta, Belén y Santa María a Tucumán un año antes en 1835.29

En concreto, el Protectorado de Heredia se definió más bien desde la práctica y no subordinada a ninguna figura legal, a diferencia de otras experiencias30. Si bien Heredia contó con las facultades delegadas por las provincias, el ejercicio de las relaciones exteriores continuó reposando en Rosas31. Por lo tanto, en su funcionamiento, el Protectorado no invalidó ni suprimió la condición soberana de las provincias que habían autorizado a Heredia con ese título. El proyecto respondió a la necesidad de equilibrar el sistema político regional tras los desórdenes acaecidos luego de la derrota de Liga del Interior, y en las disputa s que surgieron con el gobierno de Bolivia en su colaboración para con los emigrados unitarios.

Mientras tanto, a partir de 1836, se intensificaron las pretensiones de Santa Cruz para anexar los territorios del norte a Bolivia, lo que obligó a Rosas a involucrarse militarmente en el conflicto. Para ello, reposó su confianza en Heredia con el objeto de conocer los movimientos militares del ejército boliviano32. Diversos documentos atestiguaron la presencia de agentes del gobierno extranjero en las provincias del norte, tal como informó el gobierno jujeño al de Tucumán en 1836³³. Finalmente, Rosas decidió que Heredia se haga cargo de la situación militar y lo nombró jefe de operaciones del Ejército confederad o34. Aun así, el peso determinante de las decisiones continuó residiendo en el gobernador de Buenos Aires. El envío de recursos (armas y dinero) desde Buenos Aires hacia Tucumán para solventar los gastos de guerra develó el interés de Rosas para defender los territorios nacionales.

Prontamente, el conflicto con Bolivia pasó a tener un rango internacional con la alianza entre Chile y la Confederación Argentina.35 Desde la perspectiva argentina, los proyectos anexionistas del mariscal, con colaboración de los emigrados unitarios, eran sin duda amenazantes para el equilibrio de la confederación rosista.36 Por tales motivos, la declaración de guerra a la Confederación Perú-boliviana hecha por Chile fue ratificada por el gobierno de Buenos Aires al hacer uso de sus facultades en el ejercicio de las relaciones exteriores.37

Pero así como las relaciones diplomáticas dieron forma a los argumentos para legitimar la guerra contra un país extranjero, el complot unitario desde el exilio boliviano en contra de los intereses de la confederación federal generó un impacto en el plano de las identidades políticas. Prontamente, se tornó necesario para la dirigencia del federalismo rescatar a figuras y valores ligados a la tradición federal con el objeto de imponerlos en las denominaciones de los batallones de milicia, los cuales comenzaban a ser trasladados a territorio boliviano para el combate. La guerra no era solo contra Santa Cruz, sino también contras los unitarios conspiradores de la nación argentina. Justamente este último aspecto será tema de análisis en el próximo apartado.

3. Imaginario federal e identidades políticas: el simbolismo de las denominaciones de las milicias provinciales del «norte argentino» durante la guerra boliviana (1837-1838)

Durante el siglo XIX rioplatense, en la conformación de milicias y guardias nacionales el simbolismo y la impronta de la identificación política tuvieron lugares destacados. Durante el período rosista, los regimientos de Caballería de milicias patricias cumplieron un papel determinante y fueron acompañados por cuerpos cuyas denominaciones denotaban una carga simbólica importante asociada al federalismo rosista, tales como el Regimiento n.° 2 Batallón Restaurador, Regimiento n.° 6 Batallón Infantería Línea Libertad y Regimiento Escolta de la Libertad.38 Conjuntamente, este simbolismo mantuvo estrecha relación con las fiestas y rituales federales, las cuales formaron parte de prácticas políticas republicanas inauguradas en tiempos de la independencia y resignificadas a la luz del rosismo. Estas celebraciones fueron utilizadas como instrumentos de control y disciplinamiento social. Una forma de construir sentimientos de pertenencia a la causa federal fue destacando, simultáneamente, continuidades y rupturas con relación a las festividades coloniales y de la primera década revolucionaria.39 Tales fueron los casos de los pueblos bonaerenses de Azul y Tapalqué, en donde las festividades rosistas fueron compartidas con los indios amigos. El régimen aprovechó a estas fiestas para hacer uso emblemas de la federación para infundir sus propios cánones y directivas, al mismo tiempo que impuso un adoctrinamiento militar mediante la milicia cuya impronta simbólica fue decisiva en la constitución de la identidad federal.40

En el caso de Tucumán entre 1832-1836, los nombres adoptados por los cuerpos milicianos se vincularon a un tipo de adscripción territorial o localista. De tal modo, denominaciones tales como Cazadores del orden, Volantes de San Miguel, Cívicos del orden, Compañía cívica de tiradores mostró las prioridades de la agenda gubernamental orientadas a asegurar el orden territorial provincial.41 En buena forma, al igual que el caso bonaerense, durante los años de Heredia se organizaron ceremonias que rescataron los ideales revolucionarios mediante las fiestas mayas y julianas. Estas hicieron hincapié en la relación gobernador-guerrero revolucionario, incluyendo al propio Heredia ya que él mismo tuvo participación en las guerras de independencia. También se recurrieron a ceremoniales en la legislatura provincial, orientados a acrecentar la lucha facciosa entre unitarios y federales destacando la victoria del gobernador sobre sus opositores42. Y al momento de ser erigido como Protector del norte, Heredia fue honrado con banquetes y bailes, condecorado como pacificador y héroe de la independencia. También se lo designó ciudadano ideal e incluso se le compuso piezas musicales a su honor en las tertulias tucumanas.43 En otras palabras, el tema principal en las ceremonias durante estos años se relacionó con la estabilidad política, evocando hitos que contribuyeron a la pacificación de Tucumán gracias a la tarea de Heredia.

Con el inicio de la guerra contra Bolivia en 1837, los títulos honoríficos otorgados por la legislatura provincial apuntaron a poner de relieve la figura del gobernador como defensor de la santa causa de la Federación frente al mariscal Santa Cruz quien había recibido apoyo por parte de los emigrados unitarios en Bolivia44. En efecto, a partir del contexto histórico mencionado, para el gobierno tucumano resultó oportuno hacer de la fuerza militar y de su denominación un instrumento pedagógico a los efectos de insuflar el espíritu patriótico. De tal modo, cuando la guerra boliviana entró en punto crítico, la exigencia de trasladar las milicias hacia el territorio extranjero llevó consigo la necesidad de reconfigurar simbólicamente los batallones de guerra recientemente creados.

Ante el aumento de cuerpos armados, fue necesario dotarlos con nombres significativos con respecto al pasado revolucionario y a la tradición federal argentina. Por ese motivo, tales resignificaciones fueron acompañadas de una exaltación en la retórica de los actores políticos sobre ciertos valores que pretendían diferenciar, en el imaginario, a las provincias en contraposición a un país extranjero. Por ello, distintos argumentos operaron como justificativos a la guerra contra Santa Cruz. En ese mismo libreto, apareció la necesidad de los ejércitos de la Confederación argentina (liderados por Heredia) para convencer a los pueblos bolivianos a que se sublevasen contra el gobierno del mariscal45. Aun así, una de las herramientas utilizadas para convencer a la movilización fue la proclama, como la utilizada por Alejandro Heredia hacia los bolivianos que marchaban en noviembre de 1837: «si queréis libertar vuestro País de los estragos de la guerra unid vuestros esfuerzos a los argentinos en cuya compañía cometieses por la independencia de que gozáis y que en ningún sentido emular la Nación que manda protegeros». Al concluir, Heredia los invitaba a la paz, «caiga el poder que oprime a vosotros y a nuestras libertades y cesará la guerra».46

Es decir, cuando las proclamas iban dirigidas a los pueblos bolivianos, no se hacía referencia a ninguna lucha entre unitarios y federales, sino que se presentaba a la conflagración como un conflicto que ocupaba a todos los pueblos del continente en contra de la tiranía. Por eso recogían valores del honor guerrero siguiendo las marcas del ciclo de la independencia y sus representaciones. Sin embargo, cuando las comunicaciones transcurrían entre la dirigencia política, las causas del conflicto apuntaban directamente a los conspiradores residentes en Bolivia y colaboradores de las pretensiones de Santa Cruz. En palabras del ministro de Relaciones Exteriores del rosismo, Felipe Arana:

la desmesurada ambición con que ha existido la justa indignación de todos los Estados Sur Americanos poniendo en ejercicio la perfidia y alevosía que conforma la notoriedad de los hechos y constituyendo de viles agentes suyos a los infames unitarios, baldón y oprobio del nombre americano, ni puede presentar títulos de confianza para alternar con los demás gobiernos de los Estados vecinos, ni garantías suficientes para una paz permanente con estos sino es sujetándose a las condiciones de que ya no pueden prescindir los mismos gobiernos comprometidos en el forzoso deber de consultar por su seguridad y afianzar su independencia y libertad tan imprudentemente amenazada.47

Incluso esta retórica también se observa en los gobernadores de las provincias integrantes de la confederación argentina. El caso de Felipe Heredia, gobernador de Salta, quien en una circular deja en evidencia que:

la amenaza que se hace a la República entera por parte del Presidente de Bolivia en combinación con los pérfidos unitarios amotinados contra autoridades legítimamente constituidas del Estado Oriental de Uruguay y los invasores de la República de Chile. El gobierno de Bolivia ha trabajado sigilosamente e infructuosamente durante tres años, alhajado de la idea ilusoria de que algunas provincias argentinas se agregase voluntariamente a sus Estados, cansadas de las disensiones civiles que las han agitado.48

Por su parte el gobernador federal de Córdoba, Manuel López, también siguió esa línea argumentativa, condenando las «maquinaciones y planes, fraguado por el ambicioso Presidente Santa Cruz en comunicación con los unitarios» conspirando contra la «causa Santa Nacional de la Federación»49. Agregando en otro parte, sobre la «conducta hostil que observa el Presidente de Bolivia, detectando los planes y comunicaciones que tiene con los antropófagos enemigos de la especie humana, los pérfidos unitarios para extender su odiosa e intolerable dominación hasta el estado argentino».50

Finalmente, quien terminó dando un argumento explícito sobre la conspiración unitaria fue Rosas al momento de justificar la declaración de guerra hacia el gobierno de Santa Cruz. Las razones según el mandatario bonaerense, fue que el gobierno boliviano «ha mantenido en las fronteras de la República a los emigrados unitarios dando lugar a que fraguasen repetidas conjuraciones».51

En definitiva, desde la dirigencia federal se construyó un aparato discursivo que señaló a la facción unitaria como principal instigador de la guerra junto a los proyectos de Santa Cruz. No fue coincidencia entonces que a partir de 1838, cuando algunos de los cuerpos destinados a Bolivia se organizaron bajo títulos o denominaciones indicativas sujetos a distintos matices. Mientras que la denominación Batallón Libertad se ligaba intrínsecamente al pasado revolucionario, el Regimiento confederado argentino denotaba la presencia de la política rosista y sus intereses en la guerra en territorio extranjero. En el primero de los casos, el concepto libertad fue utilizado con una doble connotación: sirvió como argumento para mantener el equilibrio interprovincial dentro de la estructura rosista impidiendo la anexión de las provincias del norte a Bolivia, y simultáneamente el gobierno de Rosas pretendió distinguirse de una Confederación (la Perú-boliviana) la cual no solo no había respetado los límites territoriales, sino que también había sobrepasado toda instancia legal contemplada (y respetada) por un marco de relaciones diplomáticas entre soberanías territoriales.52 En otras palabras, resultaba claro el peso relativo del componente territorial de los gobiernos en lucha, como así también las implicancias de las aún irresueltas fronteras nacionales.53

En cuanto a la constatación de los nombres de los demás batallones creados ante el conflicto, el gobierno tucumano recurrió a denominaciones políticas que guardaban relación con los liderazgos federales, y las tradiciones locales. De tal modo, si las denominaciones Regimiento Gral. López, Regimiento Gral. Heredia y General Dorrego vinculaban la experiencia guerrera del norte con los líderes federales del Litoral y Buenos Aires victoriosos frente a los unitarios en 1831, los apelativos General Arenales, General Balcarce y Ejército de Operaciones del Norte traían a colación el peso (o la memoria) de las guerras de las independencias ligadas a los intereses de la confederación rosista. Así quedó expresado en la retórica de Heredia: «bolivianos: Los argentinos no tienen pretensiones locales, solo combaten por su honor y dignidad ultrajados varias veces por el gobierno de Bolivia […] los argentinos no abandonarán una causa continental».54

El elogio y las victorias justificaron la visión que añoraba las hazañas de los grandes vencedores de batallas involucrando a la elite patricia, a los generales del Ejército de Los Andes, y a los líderes del federalismo del Litoral y del Interior, incluyendo a Heredia.55 Esa genealogía estaba asociada con discursos y alusiones al honor, la gloria y la vocación militar la cual era presentada como una tradición a la que se debía honrar. Tal vez ello explique la recurrencia a figuras políticas como Juan Ramón González Balcarce y Juan Antonio Álvarez de Arenales para darle también nombre a los cuerpos de milicias durante la guerra boliviana.56

En concreto, se pretendió incorporar figuras emblemáticas de la Independencia en la guerra boliviana haciendo de ella una causa continental rememorando los ideales de revolución e independencia a la espera de legitimidad política. Por otra parte, la apelación a figuras ligadas al federalismo, como la de Estanislao López, Manuel Dorrego y Alejandro Heredia, mostró que se pretendía incorporar a sectores afines a la tradición federal. La ausencia de nombres, símbolos, títulos e identidades ligadas al unitarismo mostró la apropiación de un sentido histórico, aparejado a un mecanismo de legitimidad política en la cual fue necesario segregar a ciertos sectores políticos y sociales en el afán de sostener la integridad política de la Confederación argentina ante la amenaza externa representada por la Confederación Perú-boliviana liderada por Andrés Santa Cruz. Justamente, en las denuncias del rosismo, el mariscal boliviano había instigado a los emigrados en Bolivia, luego de la derrota de la unitaria Liga del Interior en 1831, con armas y dinero para conspirar desde su exilio en contra de la confederación argentina.

En conjunto, el operativo simbólico a la luz de las denominaciones de los batallones y de los significados de los discursos de los actores era claro: sin tener en cuenta malestares o resistencias, se debía ligar a la guerra con la defensa territorial de la Confederación ante la amenaza boliviana, y a un sentido de nacionalidad que se asociaba al federalismo y del cual ningún elemento ligado al unitarismo debía formar parte, ya que tal grupo se asociaba a la conspiración, la traición y la desestabilización. Incluso, tras el fin de la guerra, no fue fortuitito que aquellas mismas provincias que intentaron anexarse a Bolivia lideraron el último proyecto opositor al régimen rosista en 1839. En dicha experiencia, conocida como Coalición del norte, nuevamente sectores ligados al viejo unitarismo volverán a aparecer en la escena política rioplatense, esta vez con un proyecto de profunda vocación antirrosista.

4. Reflexiones finales. La política de la confederación argentina hacia mediados del siglo XIX: entre lo provincial y lo «nacional»

Efectuando una recapitulación de los temas estudiados en este trabajo, el relativo orden establecido durante el gobierno de Alejandro Heredia se asentó mediante una serie de disposiciones militares, instituciones y administrativas que en buena medida alimentaron su faceta belicista. El apoyo del gobierno de Buenos Aires fue clave para asegurar el equilibrio provincial, interprovincial y supra provincial, fundamentalmente durante los años de guerra boliviana. Esta situación mostró la particularidad de Tucumán como provincia soberana pero dependiente de la política de Rosas, al mismo tiempo que reflejó las intenciones del gobierno de Buenos Aires para involucrarse indirectamente en la guerra contra el extranjero. Por ese motivo, depositó la confianza en el gobierno tucumano eligiéndolo como principal interlocutor en la política del norte y para encabezar la dirección de la guerra boliviana.

Por otra parte, en la movilización militar, la elite dirigente de la guerra procuró dotar a las milicias de una impronta simbólica la cual dio forma a un imaginario político en la memoria, fundamentalmente cuando las milicias tucumanas y norteñas se trasladaron a Bolivia. Las referencias a figuras emblemáticas de las guerras de independencia en las denominaciones de los batallones mostraron que se trató de una guerra nacional desde la perspectiva argentina. Por su parte, al momento en que los símbolos se conjugaron con representantes del ideario federal, esto no solo reflejó el grado de ligazón del gobierno tucumano con respecto a las directrices rosistas, sino también destacó la importancia de la guerra boliviana para Rosas, junto a la necesidad de resultar victorioso para preservar la integridad de los territorios que formaban parte de la Confederación Argentina.

Ahora bien, concretamente, el enfrentamiento contra la Confederación Perú-Boliviana no se trató simplemente de una guerra nacional para defender los territorios argentinos amenazados por Bolivia, sino que en el imaginario y representación de la dirigencia federal, los intereses que estaban en juego no podían verse comprometidos por ninguna amenaza del unitarismo, por eso el esfuerzo de rechazar y marginar a todo elemento ligado a dicha facción. Para el régimen rosista, la conspiración de los emigrados desde el exilio boliviano fue causa razonable para proteger la integridad de las provincias, al mismo tiempo que resultó un perfecto argumento para justificar la denominación de los batallones de milicia sobre la base del ideario federal, destacando con precisión a sus principales figuras.

En efecto, esta situación también develó las complejidades de las relaciones políticas, ya que se canalizaron mediante un esquema en donde las distintas soberanías provinciales se ligaron al centro político (Buenos Aires) participando como activas partícipes de la política confederacional. Al mismo tiempo, formaron parte de un proceso mucho más vasto identificado con una guerra de rango internacional acaecida hacia mediados del siglo XIX y que tuvo como principal objetivo defender el territorio nacional y federal. ♦

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Notas