La aparición de la obra de Osvaldo Barreneche, publicada por la editorial Prohistoria, testimonia el vigor de las investigaciones sobre las policías que vienen siendo desarrolladas por la historiografía latinoamericana. Buen ejemplo de ello son los trabajos de Diego Galeano, Marcos Bretas y Claudia Mauch, Daniel Palma Alvarado y Vania Cardenas, Max Hering Torres, Diego Pulido Esteva, Alfredo Alpini y Nicolás Duffau para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay respectivamente. La progresión en estos estudios ha contribuido a la superación y ruptura con el tradicional carácter apologético de la historia institucional proveniente del seno de la propia administración lo que, por otra parte, le ha posibilitado un generoso acceso a las fuentes.

Investigar a la/las policía/s implica sin duda explorar un «territorio», por decirlo en palabras de Marcos Luiz Bretas,[1] que despierta múltiples «resistencias». Seguramente ligadas en el caso del sur del continente con las provocadas por sus vínculos con el accionar represivo de las dictaduras militares. El propio Barreneche dará cuenta del problemático acercamiento académico para el abordaje del tema ante la alarma que puede generar que estos estudios sean percibidos como un medio de justificación del accionar policial o eventualmente como una tentativa de «suavizar» las aristas más graves de sus abusos. Por el contrario, el autor confía en que esta producción pueda «arrojar algo de luz» sobre una serie de prácticas que forman parte de su recorrido. Precisamente, en De brava a dura se aborda el proceso de transformaciones de la policía bonaerense permitiendo entender la institucionalización de un conjunto de procedimientos y acciones que frecuentemente han sido limitadas a las llevadas adelante durante el período del terrorismo de Estado en Argentina. De esta manera, como es observable en otras policías de la región (que procuraron coordinar actividades por lo menos desde el congreso policial de Buenos Aires de 1905) estas prácticas tienen un origen mucho más temprano del que frecuentemente se ha señalado.

Por medio de un extenso trabajo de archivo (que es analizado con detenimiento en el anexo de la obra) se plantea un estudio de la policía bonaerense partiendo del reconocimiento de su propia heterogeneidad. Sin vocación generalista, como destaca, incursiona en un período intermedio, que ubica entre los años 1930 y 1973, pensado como un momento clave para explicar el tránsito en una identidad policial asociada con los adjetivos que dan nombre a su libro.

El texto, que propone como objetivo principal analizar el proceso de cambios y profesionalización de la policía bonaerense, se encuentra estructurado en cinco grandes capítulos. En el primero de ellos, Barreneche indaga sobre las «reformas permanentes» que atraviesa la institución, a partir de la vinculación con los momentos de crisis frecuentemente ligados a lo que se considera como una problemática situación en materia de seguridad discutiendo, como lo han venido haciendo otros investigadores latinoamericanos, la idea del delito como novedad. Tanto en relación con el aumento de sus índices como a las variaciones en las características de sus protagonistas.

A partir de preguntarse sobre los objetivos divide el impulso reformista de la policía bonaerense en tres grandes momentos. En primer lugar, el de la política de cambios emprendida entre los años 1936-1940 durante el gobierno de Manuel Fresco que apuntó a rectificar la mala imagen de la institución ante la población. Su propuesta se basó principalmente en la mejora de los aspectos organizativos y administrativos y en la promoción de la profesionalización de sus integrantes. Pese al reconocimiento de los avances generados, las limitaciones atribuidas a estas transformaciones pueden explicar la propuesta llevada adelante desde 1946 por el gobernador peronista coronel Domingo Mercante y su jefe de policía, teniente coronel Adolfo Marsillac. Esta descansó sobre el trípode de la centralización de su funcionamiento, el reforzamiento de la autoridad jerárquica y el afianzamiento de los escalafones inspirado en la disciplina militar.

Una «policía peronista» para la que se planteaba un cambio drástico en su relacionamiento con la sociedad sobre la base de una concepción integradora a la red de contención social y una transformación en la arraigada asociación de algunos núcleos de los sectores populares con el delito en clave de peligrosidad. Una tercera etapa se producirá tras la caída de Juan Domingo Perón y la intervención de las agencias estatales. El proceso de «desperonización» de la policía, que quedarán bajo jurisdicción militar, empujó a la modificación de los planes de estudios, la creación del Servicio de Informaciones y un marcado aumento del empleo de edictos policiales como mecanismo para garantizar el orden público. Una policía que, en sentido contrario, fue protagonista de un acrecimiento de la violencia, visibilizada en un incremento de las denuncias sobre apremios físicos y tortura y su participación en la represión de las manifestaciones de protesta. La reforma del plan Conintes, analiza Barreneche, tendrá consecuencias duraderas hasta comienzos de los años ochenta al reforzarse la política de cooperación con las fuerzas armadas en la persecución política.

El capitulo segundo se propone estudiar los orígenes del uso de la idea de la familia policial para la que se desplaza a comienzos del siglo XX, abordando sus características y la extensión de un concepto que lejos de un carácter rígido fue modificando sus fronteras aún entre sus componentes. Ahondar sobre sus inicios y trayectoria contribuye a facilitar la comprensión de «la conformación de una matriz cultural» explicativa de un conjunto de prácticas (y sus pervivencias) que frecuentemente atravesaron las propuestas de cambios y permitieron generar una identidad policial. Barreneche explora sus orígenes a partir de las debilidades de la presencia estatal en las políticas sociales y la conformación de redes de ayuda policial y el papel desempeñado por los espacios destinados a la formación concretados en la década del cuarenta. La idea de familia policial, concluye el investigador argentino, resultaría funcional a la uniformización de una institución caracterizada por la heterogeneidad de sus miembros y sus contradicciones internas. A continuación, en el capítulo tercero, se estudia el proceso de conformación de un ordenamiento jurídico propio que culminaría con la sanción de un Código de Justicia Policial en 1952. Su aprobación, que insumió un rápido proceso legislativo, determinaría el establecimiento de un fuero para sus integrantes a imagen y semejanza del existente para los militares. De esta manera, se argumentaba, se corregiría la igualación de policías y delincuentes denunciada como de un igualitarismo injusto reduciendo la jurisdicción de la justicia ordinaria y con ella el número de funcionarios indagados.

En este apartado, Barreneche examina los niveles de comparecencia ante la justicia policial. A través de un estudio de expedientes, analiza la composición de los casos que se han conservado, discutiendo una idea de severidad arraigada entre los integrantes de la fuerza y que habría operado fundamentalmente para los procedimientos vinculados con faltas disciplinarias. Resulta especialmente sugestivo el tratamiento dedicado a las polémicas desarrolladas en relación con el fuero policial. Particularmente, la constatación que trasmite la experiencia histórica sobre los riesgos de la aplicación de la legítima defensa y la posible (y probable) extensión de su uso.

El capítulo cuarto, se concentra en dos conductas específicas como la corrupción y la violencia en la Policía Bonaerense rescatando los aportes que la Historia puede hacer sobre el tema. Reconociendo el temprano origen de este fenómeno para Argentina, plantea de todas maneras una inflexión que se produciría a finales de los años cincuenta y en el transcurso de la década de 1960. Esta aparejaría un cambio en algunos mecanismos del accionar policial que tendrían continuidad hasta el presente. En este núcleo, Osvaldo Barreneche busca despejar dos grandes preguntas sobre la consolidación de la impunidad para estas prácticas y si estas tuvieron un carácter excepcional o simplemente se trató de una fase madura de una modalidad operativa de más larga data. La modificación principal no estaría necesariamente en los grados de violencia (que también caracterizaron a la policía brava) sino en el tránsito de la complicidad de los caudillos políticos locales al aval implícito de autoridades de más alto nivel. El manejo estadístico efectuado para este apartado, mediante el estudio de causas criminales, le permite realizar un minucioso análisis que contemplan aspectos como los motivos de la comparecencia y las características de los indagados, el lugar de los hechos y sus víctimas y la duración de las condenas.

Finalmente, el capítulo quinto, aborda el estudio de los integrantes de la policía bonaerense como trabajadores a partir de un caso particular como fue la huelga de marzo de 1973 que se desarrolló en la provincia de Buenos Aires. Para ello, rastrea los antecedentes en las décadas del cincuenta y el sesenta, ahondando en las causas del malestar de sus miembros. Los debates generados en torno al salario, que se extendieron desde los centros de formación a las comisarias, dieron paso a formas primarias de organización gremial caracterizada por métodos de desenvolvimiento clandestino como respuesta a la persecución institucional. Aunque las demandas acompañarían toda la década de 1960, y con ellas las negativas oficiales al reconocimiento de los policías como trabajadores, fracasarían las convocatorias a una huelga acentuándose la idea de postergación en materia de derechos laborales y en el tratamiento salarial. Habrá que esperar a la siguiente década, con la aparición del Movimiento Policial (MOPOL), para que se registren avances significativos en materia de organización. Con esta se habrían generado las condiciones para que se produzca y se extienda en la provincia la huelga de 1973 que tendrá en la toma de la Jefatura de Policía de La Plata su punto más álgido. La adopción de formas de protestas clásicas del movimiento obrero, conjuntamente con la exteriorización de demandas como trabajadores, podrían suponer una «peronización» de los sectores de menor jerarquía de la policía. Sin embargo, señala Barreneche, las evidencias no permiten concluir en esa dirección, reflejándose a lo sumo, como un aporte a sus formas organizativas.

El texto de Osvaldo Barreneche asume el desafío de rescatar la experiencia histórica para la construcción de políticas públicas en una materia de especial centralidad y presencia como ha venido siendo la cuestión de la seguridad (asociada regularmente al delito). Para ello, se tendrán que superar los enfoques acotados valorando la pertinencia de una ampliación del campo interdisciplinario. Como señala el autor en el epílogo de su trabajo, el análisis histórico deberá jugar un papel medular para llenar el vacío existente hasta el momento, propugnando una mayor participación en la formulación de nuevas políticas en consonancia con una sociedad democrática. Si bien, como reconoce en el capítulo cuarto, queda abierto el reto de avanzar en un conjunto de explicaciones de fondo en temas medulares, el trabajo de Barreneche significa un avance significativo en esa dirección. ♦

Notas