La periodicidad de las huelgas de FUNSA ya comienza a adquirir estabilidad. Se debe ello a la situación por la que pasan Sindicato y Empresa; aquel, afirmando su autonomía y su eficacia como órgano de defensa de los derechos obreros; esta, perdiendo paulatinamente su ascendente sobre los dirigentes gremiales, sin que aún se haya conformado a su nueva situación.

José Claudio Williman (h), Montevideo, 1953[1]

1. Introducción

Este artículo es parte de una investigación más amplia que intenta entender el desempeño económico de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S. A. (FUNSA) en el marco de las instituciones de protección, la preponderancia monopólica de la empresa y la dependencia tecnológica.[2] Para comprender ese proceso no alcanza con estudiar los hechos económicos. Como señala el historiador italiano Carlo Cipolla, por historia económica debe entenderse «no solo la narración de los hechos económicos, sino también la historia de los hombres y de las instituciones, además de las estrechas y a menudo inextricables relaciones entre instituciones y vicisitudes económicas, y entre estas últimas y las vicisitudes sociales, políticas y culturales» (15-16). Por este motivo, se busca analizar cómo las relaciones entre los trabajadores y la dirección de la empresa entre 1940 y 1959 operan sobre el desempeño de esta y, en un contexto fuertemente conflictivo, pueden representar un hecho excepcional para analizar la relación entre los explotados y los explotadores, considerando la indicación de Mendes (2003 135-141).

En el curso de la investigación se han relevado fuentes primarias —prensa de la época, actas parlamentarias, el archivo de la empresa FUNSA— así como trabajos académicos que se han ocupado de la temática, procurando que la construcción narrativa dialogue con parte del acumulado teórico de la Historia de empresas y empresarios y la Historia económica, dentro de la Historia social.

Si bien FUNSA se funda en 1935, no es hasta 1940 que se producen colisiones de entidad con el sindicato. En un contexto de crecimiento del sector industrial, de la masa laboral y sus salarios, y de la creación de los Consejos de Salarios, el largo conflicto entre los trabajadores y la empresa caracteriza el período 1940-1959, con un enfrentamiento creciente en continuidad y densidad.

El conflicto se expresó a través de paros, huelgas y ocupaciones de un lado y, del otro, por el denominado lock out,[3] la búsqueda de organizar un sindicato afín a la empresa y la movilización de recursos económicos y policiales. Ambas partes buscaron el apoyo del poder político, tanto a nivel ejecutivo como legislativo.

Por último, se analiza la evolución salarial en clave comparada y se presenta una serie con la extensión del detenimiento de actividades de la empresa, lo cual deja sobre la mesa un escenario de particular conflictividad, sus posibles causas se analizan a lo largo del artículo.

2. Marco teórico y antecedentes

El marco teórico se nutre tanto del enfoque chandleriano clásico, que hacía énfasis en la producción en masa, la escala y el peso de las decisiones de los gerentes en el capitalismo (Chandler 1990); y los aportes postchandlerianos que señalaron la importancia de las redes políticas, sociales y culturales, elementos cruciales en la vida de las empresas (Zeitlin 1997). El primer enfoque parece ajustarse en buena medida a algunas de las características de FUNSA, como la estandarización, la producción masiva y sus gerentes especializados; el segundo, contribuye al abordaje de un aspecto relativamente poco estudiado en la historiografía económica en Uruguay, el de la existencia de las redes que sostienen emprendimientos productivos.

En relación con los antecedentes, es posible acercarse a FUNSA y sus trabajadores desde diferentes enfoques. Desde la perspectiva de los trabajadores organizados en el sindicato de la Unión de Obreros y Empleados y Supervisores (UOEyS) la obra más completa es la investigación de Yamandú González Sierra,[4] que a través de tres tomos traza una narrativa de la fundación del sindicato y los conflictos con su directorio, la cual se enmarca en cierta tradición de historia social de Uruguay.[5]

Para conocer la empresa y su desempeño económico, la investigación de Aguirre, Dellepiane y Duarte retoma aspectos histórico-económicos.[6] En un trabajo anterior analicé los principales aspectos de la historia económica de FUNSA desde el surgimiento a su cierre (Sabini 2018). Desde la perspectiva salarial también se encuentran investigaciones centradas en la aparición y funcionamiento de los Consejos de Salarios, que ofrecen inestimables aportes en torno a la cuestión de la evolución y dispersión salarial, así como sobre la brecha de género en funsa.[7]

Una referencia ineludible, y que ha tenido fuerte impacto en nuestra visión sobre FUNSA, es el trabajo de Vivian Trías (1960) sobre la reforma agraria.[8] En su doble rol de político e historiador, y enmarcado en una mirada más general, analizó el camino de privilegios de FUNSA en el contexto de la internacionalización económica, así como sus vínculos con la «oligarquía nacional», y aunque algunas de sus tesis deben ser cotejadas con las fuentes, su aporte es indudable.

3. Metodología y fuentes

El artículo refiere a un estudio de caso que, a través de variedad de fuentes primarias y secundarias, compuestas por artículos de prensa de la época, actas parlamentarias, el fondo del archivo de la empresa FUNSA,[9] más algunas obras contemporáneas, desarrolla un proceso de lógica inferencial y dialógico entre lo deductivo e inductivo, toma elementos empíricos para desarrollar el relato histórico en torno a la relación conflictiva entre la empresa y los trabajadores (King, Keohane, Verba 13-15;17).

Paralelamente, se desarrolla análisis heurístico y hermenéutico (Vilar 1980), con la intención de «descifrar el lenguaje de los actores de la historia» sin caer en una lectura esencialista de las fuentes (Traverso 21). Tomando a Skinner, citado por este último autor, se busca descubrir la verdadera intención de sus autores, saber a quiénes se dirigían y cómo podían ser recibidas sus palabras en un contexto histórico determinado por el conflicto (22).

Asimismo, se ha valido de técnicas propias de la Historia Económica y la Historia (Cipolla; Vilar), desarrollando un relato sobre la evolución del conflicto y entablando un diálogo con fuentes primarias y trabajos académicos que se acercan a la temática, también se ha elaborado una serie salarial en clave comparada.

4. El contexto de la Industrialización Por Sustitución de Importaciones

El período histórico en que se desarrollan los hechos que analizamos está marcado por el proceso económico conocido como industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Es extenso en la literatura académica el debate en torno a sus causas y efectos en la órbita política, económica y social en América Latina. El último giro supuso renombrarla como industrialización dirigida por el Estado (IDE) (Ocampo 2004). Una aproximación es desarrollada por Fajnzylber, quien afirma que no fue posible pasar a una etapa de innovación tecnológica, quedando acotadas las empresas industriales a la imitación[10]. Por su parte, Katz ha indicado que la ISI no fue únicamente un espacio de empresarios rentistas y funcionarios corruptos, sino que tuvo grandes logros en materia de crecimiento y productividad factorial (Katz 24).

Así, para el estructuralismo el aprendizaje tecnológico y las instituciones son centrales para explicar el crecimiento económico, mientras que la corriente neoclásica no reconoce otro espacio de interacción social que no sea el mercado (Katz y Kosacoff 58-63).

En Uruguay estas interpretaciones se transfieren con matices, mientras que los primeros enfatizan la caída de las desigualdades sociales, el avance en derechos y el rol del Estado, los «liberales» se enfocan en culpabilizar a la política intervencionista a favor del sector industrial por el estancamiento económico en la década del sesenta (Bertino 54-60). El balance de la historiografía económica transita entre la versión que valora el proceso de incorporación de tecnología, la especialización de los empresarios y la capacitación de la mano de obra (Jacob 1981 130-31); la interpretación que indica que el dirigismo estatal protegía la falta de dinámica tecnológica, la reclusión al mercado interno, la poca calificación de la mano de obra y las tendencias lobistas (Bértola; Rama); y por último, las versiones liberales que no obtienen ninguna conclusión positiva por la intervención estatal que distorsiona los mercados y genera ineficiencias (Bertino 60).

La empresa FUNSA surge en este contexto, en el que el Estado tuvo una centralidad en la promoción de políticas industriales. A continuación, se analiza más en detalle este proceso.

5. Los orígenes de funsa y la «coraza» de privilegios (1935-1960)

Fue la primera fábrica de neumáticos nacionales y nació al influjo de las políticas dirigistas y proteccionistas de los gobiernos de mediados de 1930. En el período 1935-1960, se caracterizó por un desarrollo explosivo, basado en una serie de protecciones legales y acuerdos con empresas norteamericanas y europeas, y capitales nacionales, que la posicionaron como la principal empresa procesadora de productos del caucho de Uruguay. Su producción se expandía desde neumáticos para automóviles, camiones y ómnibus, a productos de goma de todo tipo, con una variedad muy alta incluyendo calzados, baterías, ventiladores y productos de uso doméstico, con un crecimiento en ventas en todos los rubros. Fue la empresa monopólica durante casi todo el período estudiado, perdiendo preponderancia únicamente a fines de la década de 1950, pero sin disminuir el peso relativo en el mercado de Uruguay (Sabini 53-54).

Bértola ha señalado que los indicadores económicos del sector caucho tuvieron un desempeño por encima de casi todas las ramas industriales, entre 1943 y 1954 con la tasa de productividad del trabajo del 7,8 % y del valor agregado bruto del 31,6 % (Bértola 205-06). Fue un período de crecimiento extraordinario y FUNSA era su principal exponente. El impacto de su producción se hizo sentir en los valores brutos de producción del caucho y sus manufacturas, que apenas ocho años después de la fundación de la empresa eran nueve veces superiores (Lamas y Piotti 197).

Durante el período estudiado, Pedro Sáenz, uno de sus fundadores y de larga trayectoria empresarial (Jacob 1981 451-53), fue su presidente, acompañado por influyentes hombres de negocios de la élite nacional, como Diego Arocena Capurro (vicepresidente entre 1941 y 1971), Carlos Capelli (vicepresidente del Banco República) e ilustres apellidos de la escena local, como José Irureta Goyena (h). Los directivos de FUNSA eran un conglomerado perteneciente a la clase industrial, que también se abocaba a otras actividades financieras, comerciales y agrarias (Sabini 48-50).

La estrategia del crecimiento de FUNSA se basaba en la captación de ahorro nacional a través de la emisión de acciones; a su vez, además de la expansión de sus instalaciones, se dedicó a la asociación y compra de empresas que eran titulares de privilegios de producción que otorgaba el gobierno como política de promoción industrial (58). Los privilegios particulares, como los que detentaban Raúl Rohr y Busanello y Lind, se conjugaban con las protecciones arancelarias generales de aduana frente a la producción extranjera.

La exoneración de los derechos de importación de maquinarias era parte central de este sistema ya que permitía reducir los costos y acceder a una tecnología que era inexistente en el país, no solo porque se trataba de un mercado incipiente y en desarrollo, sino porque no se contaba con la materia prima. Estos elementos fueron resumidos por Vivian Trías (1960 211), quien señala que el monopolio de la industria cauchera de FUNSA en 1946, se había erigido a partir de privilegios y protecciones, montando una red de distribución nacional y que los intentos por establecer una competencia habían fracasado, proceso detallado posteriormente por el historiador González Sierra, quien definió a estos privilegios como una «coraza» (González 1991-I 3-4).

6. Los primeros conflictos 1940-1951

A principios de 1940, la mejora del salario, la expansión industrial y las disposiciones legales (como los Consejos de Salarios) ambientaron la creación de grandes sindicatos y federaciones por rama de actividad. Surgía la Unión General de Trabajadores (de tendencia comunista, pero integrada también por socialistas, blancos y colorados) mientras otras organizaciones, de tendencias anarquistas, se declaraban autónomas[11]. Porrini señala que se generó una nueva clase obrera, en cuyo seno nacieron más de treinta sindicatos, que se organizaban a partir de sus locales de trabajo y compartían una cultura común (como vestimenta y barrio). Según sus estimaciones, el numero de trabajadores organizados había crecido de 10.000 en 1920 a más de 75.000 en 1940 (Porrini 2007 40-41).

En este contexto, la plantilla laboral de funsa evolucionó del centenar de trabajadores a más de dos mil quinientos (Sabini 61), lo cual brindaba una base organizativa fundamental. Entre 1940 y 1942, los reclamos salariales y el despido de trabajadores nucleados en el Sindicato de la Goma (González 1991-I 11),[12] así como el desconocimiento de la empresa a la organización sindical,[13] provocaron un conflicto de gran notoriedad que culminó con la intervención del presidente de la República, quien:

… llamó reiteradas veces a Pedro Sáenz para que concurriera para analizar la huelga y diera su opinión sobre una propuesta gubernamental. Se producían en aquel entonces choques entre huelguistas y rompehuelgas y la policía actuaba como «brazo» de la patronal reprimiendo duramente a los sindicalistas. Baldomir preguntó por qué no aceptaba la propuesta del gobierno, de reposición de los despedidos, a lo que Sáenz contestó que no tiene opinión favorable de la misma. Baldomir replicó que si la intervención del gobierno en este aspecto no era positiva tampoco debía serlo en la custodia del «orden» por parte de la policía y dispuso —después— el retiro total del instituto policial del conflicto, lo que de hecho significaba dejar a los rompehuelgas en mano de los huelguistas. Fueron la aguerrida acción del Sindicato de la Goma, y esta intervención de Baldomir con el telón de fondo de la lucha de los trabajadores lo que finalmente doblegó a Pedro Sáenz (González 1991-I 12-14).

Sin embargo, según el diputado comunista Rodney Arismendi, si bien el presidente de FUNSA, Pedro Sáenz, había retomado a los trabajadores, lo había hecho luego de recibir amenazas de que se le revocarían los privilegios a la empresa, y en respuesta «Tomó los obreros calificados que no podía despedir por ese compromiso, y los envió, pagándoles los mismos salarios a carpir durante ocho horas el fondo de la quinta, creando condiciones morales tales que muchos de ellos se fueron».[14] Paralelamente, la empresa realizaba un balance positivo de este primer conflicto, ya que luego de la huelga, logró un «mejoramiento en el método, la disciplina y los sentimientos del trabajo».[15]

Entre 1943 y 1945 no se producen conflictos de entidad entre los trabajadores y la empresa, al tiempo que la empresa se jactaba de los altos salarios y los servicios médicos y cooperativos, así como de otros beneficios que recibían sus trabajadores.[16]

Sin embargo, en 1946 un largo conflicto provocó que la fábrica detuviera sus actividades durante aproximadamente tres meses, las versiones sobre su extensión varían según las fuentes. Mientras que, según la UOEyS, el directorio de FUNSA indica que fueron noventa y seis días de huelga,[17] coincidiendo con la versión que dio en el parlamento el diputado socialista Vivián Trías,[18] el historiador González Sierra señala que fueron cincuenta y un días de huelga y treinta de lock out patronal (González 1991-I 19). Lo cual modifica las características del conflicto.

El conflicto se produjo en marzo de 1946 por el despido de obreros y el reclamo de salarios pagos por debajo de los laudos definidos en los Consejos de Salarios, y se denunciaba que cuatro comités de obreros habían sido «pulverizados» por la patronal.[19] La evaluación del sindicato era clara para los trabajadores de FUNSA: «Pedro Sáenz es un enemigo jurado de la clase obrera que se ha granjeado el odio santo de todos los hombres progresistas del país» (cit. González, 1991-I 15-16). Luego de este conflicto los trabajadores tendrían problemas para reorganizarse, hasta el año 1952.[20] A su vez, el conflicto provocó la presentación de un proyecto de Ley que buscaba que los Consejos de Salarios pudieran intervenir en el caso de despidos o suspensiones injustificadas, que no superó la Cámara de Senadores.[21]

Según León Duarte, histórico dirigente sindical de FUNSA, desde 1936 hasta 1946 la empresa había contado con «sindicatos amarillos que estaban en complicidad con la patronal», y para la celebración de los convenios colectivos, los obreros que querían leerlos antes de firmar o protestaban, eran despedidos sin que se les comunicaran los motivos.[22]

El directorio de FUNSA expresaba molestias por la existencia de los Consejos de Salarios. Hacia 1944 señalaba que, si bien los veía con «simpatía», alertaba sobre el peligro de que los salarios se fijaran por ley sin considerar la situación de cada industria.[23] En 1947 había amenazado a los delegados del Ministerio de Trabajo por no estar de acuerdo con el laudo propuesto,[24] y en 1949, indicaba que su funcionamiento era «defectuoso».[25]

González Sierra indica que en estos años se produjeron despidos masivos como forma de represión sindical por parte del directorio (1991-I 19), en particular en 1949. En relación con ello, en los Libros de Egresos de FUNSA, encontramos que, sobre una plantilla de 1800 operarios, en 1946 (año de conflicto) habían egresado 118 trabajadores; en 1947, 187; en 1948, 273; y en 1949, 124[26]. Según las fuentes de la empresa, 1949 no es un año particularmente alto en los egresos. Por otro lado, las causas más comunes de bajas señaladas en estas, son «por su voluntad», «para mejorar» o «por falta de trabajo». Es lógico que no se indicara como causal la actividad sindical, ya que estaba protegida por la Constitución de la República.[27]

En esa época, en el marco de la una nueva discusión por los Consejos de Salarios, cayeron los convenios de 1948 y el delegado por los trabajadores, pero designado por la empresa, fue mencionado como protagonista de un hecho «grave».[28] Esta situación, sumada a los otros elementos mencionados, ambientaron la discusión entre los trabajadores sobre la necesidad de conformar una organización propia, que no dependiera del directorio de FUNSA, extremo que finalmente se produciría en 1952. Aspecto que se analiza a continuación.

7. Entre el «sindicato adicto» y los «obreros libres»[29]

A fines de 1952, reunidos en los talleres de impresión del semanario socialista El Sol,[30] se crea la Unión de Obreros, Empleados y Supervisores (UOEyS) de FUNSA, que a partir de ese momento reclama y asume la representación de los trabajadores. La empresa expulsa a toda la comisión directiva y se iniciaba así el conflicto. Para Trías, antes de 1952 fue imposible consolidar una organización sindical, dado que, mediante la arbitrariedad, la persecución y «la complicidad descarada de la policía», la empresa destruyó todas las tentativas ensayadas (1960 211).

En una nota a los parlamentarios, el sindicato denunciaba que, ante el pedido de aumentos en el Consejo de Salarios, la empresa despidió a su consejo directivo y negó el pago de indemnización con el objetivo de que los trabajadores desistieran de este. También acusaba al Ministro de Industrias y Trabajo —el Dr. Héctor A. Grauert— de operar en favor de la empresa.[31]

Paralelamente, el órgano socialista denunciaba los bajos salarios, la intención de formar un sindicato sumiso y las amenazas por parte de la empresa, además de exponer la estrategia del directorio:

Antes de la formación del actual sindicato libre la empresa se había encargado de fomentar un gremio sumiso. El Directivo de ese sindicato amarillo se elegía por medio de una lista única propuesta por la empresa. […] Ante informaciones de que se estaría por hacer un paro de brazos caídos, la Dirección informa que las personas que realicen ese acto de agresión serán inmediatamente despedidas.[32]

Asimismo, el legislador socialista Dr. Arturo Dubra, presionaba al parlamento para lograr su pronunciamiento y exigía garantías a los trabajadores sobre la vigencia de la legislación laboral y sus derechos de organización.[33] Luego que la planta estuviera ocupada del 12 al 22 de diciembre de 1952, según el compromiso acordado ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, parecía que los trabajadores serían retomados. [34]

Sin embargo, esto no ocurrió en forma inmediata. Antes que los trabajadores fueran retomados la empresa publicó una nota de desagravio al presidente Pedro Sáenz y el directorio asumió la toma de decisiones polémicas.[35] En el mismo sentido, se realizaba un banquete en el Parque Hotel en su homenaje, con adhesiones de figuras de la élite nacional, hecho narrado por González Sierra.[36]

En enero de 1953 los trabajadores fueron finalmente retomados. El sindicato denunció que «la empresa distribuyó revólveres entre sus elementos serviles»,[37] y responsabilizó al Ministro de Industrias y Trabajo, señalando que «el Dr. Grauert ha sido uno de los principales causantes de nuestro conflicto».[38]

En mayo de ese año la UOEyS alegó la existencia de un reglamento de trabajo «inhumano y extorsivo»,[39] afirmando que existía colaboración de la policía, con detenciones arbitrarias, suspensiones injustificadas, y que se vivía en un régimen policial.[40] Asimismo, denunció la intención de la empresa de dividir al sindicato, obligando a los trabajadores a firmar una carta de lealtad a FUNSA:

… la empresa está tratando de llevar a cabo sus viejos propósitos de dividir a los trabajadores. Con tal finalidad ha creado lo que llama Comisión de Relaciones Industriales, comisión que se ha dedicado a dar cine, invitando a la gente del barrio para tratar de quebrar el cerco de hostilidad que ha creado a la empresa su conducta arbitraria y extorsiva. Pero mientras tanto continúan las arbitrariedades y la empresa busca coaccionar de todas maneras al personal, especialmente a los empleados que no ha confirmado aún en sus puestos de trabajo obligándolos a firmar la siguiente declaración: «Por la presente declaro mis sentimientos de lealtad y adhesión a Funsa, representada por los dirigentes y superiores, comprometiéndome a plantear directamente con mis superiores los problemas que no puedo resolver, sin utilizar otros medios que sirvan para fomentar discordias, divisiones y desprestigios para la compañía. Al firmar este documento, confío, por otra parte, en la reciprocidad de la empresa.[41]

La denuncia provocó la mediación del Poder Ejecutivo a través de la propuesta de creación de una comisión tripartita. Mientras la empresa indicaba que la huelga, que duró diez días, era producto de la negociación del Consejo de Salarios,[42] el sindicato ponía sobre la mesa el despido de sus dirigentes, tratos arbitrarios, la modificación del reglamento interno y el incumplimiento del laudo.[43] La movilización recibía muestras de apoyo de varias organizaciones sindicales,[44] llegando a poner en cuestión los beneficios de protección de mercado con que contaba FUNSA.[45] Para la empresa, la mayoría de los trabajadores no acataron la huelga y «si la adhesión fue mayor, esto se debió a que este sindicato que agrupó a los obreros ha sido presionado por elementos exteriores al país», indicando que el sindicato se «llevó por delante y coaccionó a los obreros». Resulta sugerente que uno de los accionistas alzara su voz contra el «exceso de libertad de expresión» que tienen los trabajadores, con manifestaciones «lesivas a la dignidad de los hombres».[46]

A fines de 1953, los medios socialistas llamaban a votar la Lista 1 en las elecciones para elegir los delegados que debían representar a los trabajadores en la comisión que reformularía el reglamento interno (uno de los elementos que destrabó el conflicto). El objetivo era frenar la Asociación Gremial (luego denominada Asociación de Obreros y Empleados de FUNSA), que según se denunciaba era promovida por Pedro Sáenz:

El próximo domingo se realizarán en Funsa las elecciones para designar los delegados obreros que integrarán la comisión de estudio del nuevo reglamento interno de la empresa. La modificación del actual reglamento en cuyas disposiciones arbitrarias o ambiguas se ampara la empresa para tratar de imponer su voluntad, fue una de las conquistas de la última huelga. Sin embargo, la dirección de la fábrica cuenta con elementos lo suficientemente sumisos que han constituido la llamada Asociación Gremial, uno de cuyos fines es disputar las elecciones a la Unión de Obreros y Empleados y tratar de Impedir la consolidación de la organización auténtica del personal de Funsa. A través de los remitidos publicados en la prensa y de la costosa propaganda publicada por la referida asociación, así como por el local en el que se constituyó (la casa de un político yerno de Pedro Sáenz), ha quedado fehacientemente probado que financia los gastos de esa Asociación y qué intereses representa.[47]

La Lista 1 de la UOEyS finalmente resultó vencedora frente a la propuesta de la patronal que auspiciaba a la Asociación Obreros y Empleados (AOyE).[48] Sin embargo, este proceso de lucha y búsqueda de adhesión de los trabajadores por parte de la empresa y el sindicato, aún tendría nuevos episodios. En la conformación de las comisiones investigadoras, trabajadores y empresa pusieron a prueba su capacidad de llegada al poder político, procurando el apoyo de legisladores de varios partidos políticos, según su acercamiento al gobierno o a diferentes corrientes ideológicas.

De aquí en adelante, la convivencia entre la UOEyS y la AOyE fue un elemento de tensión permanente. La empresa promovió la distinción de trabajadores según estuviera afiliado a uno u otro sindicato. Este y la empresa desarrollaban estrategias para sumar a la gran masa de trabajadores, el primero sobre la base de un discurso en defensa de los derechos laborales y la segunda con el otorgamiento de beneficios hacia los que se mostraran más afines al directorio.

En este sentido, León Duarte, representante de la UOEyS, denunció en el parlamento que cada funcionario era identificado en su legajo con una A o NA, lo que indicaba a los «adictos» o «no adictos»; que la Caja Social que contaba FUNSA y que brindaba una serie de beneficios a los trabajadores llegaba a cobrar el doble de cuota a los trabajadores NA; que los trabajadores «adictos» a la empresa realizaban la recientemente aprobada «semana inglesa» de 44 horas (contra las 48 horas del resto) y que, en las instancias de negociación, a los trabajadores «no adictos» no se los reconocía como contraparte. Además, denunció que se habían distribuido armas entre miembros del personal «adicto» para combatir las huelgas y que la empresa actuaba en coordinación con la Comisaría Seccional N.° 16, al mando de Vieytes Fierro.[49]

8. La Comisión Preinvestigadora de 1953, un primer intento fallido

Toda esta sucesión de hechos provocó que el 27 de agosto de 1953 el diputado comunista Rodney Arismendi propusiera crear una Comisión Investigadora en la Cámara de Representantes. En la fundamentación se indicaba que FUNSA era titular de una gran cantidad de beneficios y privilegios otorgados por el gobierno, que era necesario aclarar si había integrantes de este en la empresa; comentaba la actuación de Pedro Sáenz en los conflictos y el origen de estos y, se preguntaba si los «altos empleados de los entes industriales del Estado son poseedores de acciones de Funsa y en qué condiciones las adquirieron».[50] En la ampliación de la denuncia realizada en la Comisión Preinvestigadora (paso previo a la formación de la investigadora) fue más específico: indicaba que Carlos Sapelli,[51] vicepresidente del Banco de la República —institución que jugaba un rol fundamental en el otorgamiento de divisas y contralor de importaciones claves para FUNSA por su necesidad de materias primas importadas— era a su vez el Síndico de la empresa, lo cual le había «permitido a esta forjar un monopolio práctico en la industria que explota».[52]

Otro hecho denunciado tenía que ver con que el Ministro de Hacienda, Dr. Eduardo Acevedo Álvarez, había sido electo como Síndico Suplente de FUNSA.[53] Aunque el diputado Arismendi no censuraba ese hecho en particular, pues se había desempeñado propiamente como Síndico de la empresa entre 1946 y 1951,[54] sostuvo que FUNSA había comprado una pequeña empresa que proveía cables a la estatal UTE, que los asesores de esta última empresa luego recibieron donaciones de FUNSA y que Sáenz «se vanagloria públicamente de tener influencias en todos los lugares y hasta de haber regalado acciones a ciertos jerarcas de entes autónomos del estado».[55]

En setiembre de 1953, la Comisión Preinvestigadora solicitó a Arismendi que ampliara las denuncias y este reconoció que el último hecho citado era difícil de probar dado que se trataba de acciones al portador.[56] En esa comparecencia realiza dos nuevas denuncias. Por un lado, indica que, si bien la capacidad productiva de FUNSA rondaba las tres mil toneladas, la cuota de importación que recibía era de 10.000, a un tipo de cambio preferencial; sugería analizar si efectivamente la materia prima había llegado a la aduana y si en ese hecho había una maniobra económica.[57]

Por otro lado, señalaba fuertes implicancias de relacionamiento, dado que el Subsecretario del Ministerio del Interior, Dr. Crespi,[58] era propietario de un estudio jurídico que trabajaba para FUNSA en los conflictos y que la policía había individualizado a un grupo de «promotores» a pedido de la empresa,[59] acto violatorio de los derechos constitucionales de los trabajadores.[60] La comisión llevó a la cámara informes divididos. Por un lado, el diputado colorado Carlos María Mattos indicaba que la denuncia carecía de seriedad, origen y procedencia, y no se debía votar la investigadora ya que no se podía investigar actividades privadas y no se habían brindado elementos suficientes; para el diputado del Partido Nacional Miguel Iraola, solo era posible investigar los privilegios concedidos y si había jerarcas con implicancias en FUNSA; y para el diputado José Pedro Cardoso, representante socialista, era necesaria su creación.[61] Finalmente, la Cámara de Representantes votó negativamente.

9. Los conflictos entre 1953-1956 y una nueva Comisión Investigadora

Entre 1953 y 1956 se producen una serie de conflictos permanentes entre la UOEyS y el directorio de FUNSA, que según señala Trías se originaron mayormente por despidos.[62] El dirigente León Duarte indicaba al respecto, que estos se producían en el segundo semestre y que se trataba de provocaciones de FUNSA para que se declare la huelga.[63] La tesis era abonada por el diputado nacionalista Antonio Suárez Ponte, quien señalaba que luego de los conflictos FUNSA Provocaba lock out en forma de represalia:

… todos esos conflictos han tenido origen en despidos injustificados de obreros a través de los cuales Funsa buscó siempre una excusa: impedir que los obreros pudieran agremiarse, que los obreros pudieran constituir un Sindicato y cuando los obreros se agrupaban en una forma coherente, tuvieron su organización propia, el señor Pedro Sáenz y el Directorio de Funsa, por todos los medios ha buscado y buscan en estos momentos, debilitar el sindicato y tratar de destruirlo.[64]

En 1954 el conflicto con la UOEyS se produjo por despidos entre el 2 de mayo y el 1 de junio y estos se repitieron en setiembre. El sindicato exigía al Poder Ejecutivo la convocatoria de los Consejos de Salarios, con la oposición de la AOyE. Finalmente, el 11 de noviembre ante la realización de una asamblea para discutir una sanción a un trabajador, el directorio decidió cerrar la planta hasta el 23 de ese mes (González 1991-I 52).

Durante el año 1955 la huelga duró casi dos meses. El despido de dos trabajadoras en abril provocó paros por parte de la UOEyS y la intervención del director nacional del Trabajo, quien indicaba que se trataba de un hecho consumado. El directorio rechazó una nota del sindicato solicitando una reunión y declaró el cierre de la fábrica entre el 20 y 27 abril (González 1991-I 56). Esto provocó una fuerte réplica del diputado socialista Germán D’Elía, quien denunció que la empresa se beneficiaba de las protecciones estatales e indicaba que esta había organizado un régimen de policía interna, con la explotación de sus trabajadores en forma despiadada «en régimen militar» y que la persecución sindical era sistemática. También denunciaba las vinculaciones entre la empresa y figuras del gobierno, así como la intervención policial en favor de ella.[65]

Paralelamente, la UOEyS en una nota enviada al gobierno cuestionaba el nuevo lock out de la empresa, sostenía que se debía reintegrar a las dos trabajadoras despedidas,[66] y denunciaba que solo se permitía el ingreso de algunos trabajadores, lo cual era constatado por el Instituto Nacional del Trabajo.[67] Además, afirmaba que se habían sucedido suspensiones injustificadas, originadas en el accionar de una policía secreta interna que respondía al directorio.[68]

En mayo, ante el alargamiento del conflicto, la UOEyS solicitó un informe jurídico para fundamentar su posición, en el que señalaba que se lesionaban sus derechos y se abusaba del derecho de propiedad,[69] dirigiendo una nota al presidente de la Comisión de Legislación y Trabajo, diputado Zelmar Michelini (Partido Colorado), donde afirmaba:

... si hay en esta lucha entre capital y trabajo un culpable, ese culpable, a nuestro entender por las actuaciones adjuntas y las soluciones ofrecidas, anterior en mucho al conflicto, como consta en las Actas del Instituto Nacional del Trabajo en lo referente a los despidos, dice a las claras de la buena voluntad de los trabajadores en evitar los conflictos y si en este momento estamos en él solo se debe a la intransigencia patronal y a la falta de representación del lock out [por parte de la empresa].[70]

Finalmente, la comisión llegaría a una propuesta que incluía: una indemnización a las obreras despedidas; vuelta al trabajo sin represalias por ambas partes (todo acto de agresión a los que habían trabajado sería causa de despido); una fórmula para los días de trabajo perdidos, así como un tribunal paritario para estudiarlos.[71] La evaluación del directorio de FUNSA ante sus accionistas fue que la huelga había sido «injusta».[72]

En 1956, los conflictos se sucedían a raíz de hechos similares. La UOEyS hizo pública una nota en la que criticaba un nuevo lock out y denunciaba la actuación policial en su contra, así como el incumplimiento de los horarios de trabajo y la falta de retroactividad de los convenios.[73] En noviembre de ese año, los diputados Antonio Suárez Ponte (Partido Nacional) y Luis Fígoli (Partido Colorado) plantearon en la Cámara de Representantes la creación de una nueva Comisión Investigadora sobre FUNSA, en este caso por «una grave alteración de la paz social del país».[74] Denunciaban la existencia del sindicato «amarillo» (refiriéndose a la AOyE), que era sustentado con los recursos de la empresa, mientras los nuevos operarios eran obligados a firmar su adhesión y a desafiliarse de la UOEyS, aumentando su categoría y salario, además de enviarles notas a sus casas dos veces por semana para influir en su forma de pensar.

También señalaban que se había instalado una oficina «cuya misión fundamental es perseguir al personal sindicalizado», y que «se instruyen sumarios sin garantías para operarios y obreros». La oficina era dirigida por un ex subcomisario y contaba con oficiales del ejército de Paraguay, Argentina y Uruguay, actuando coordinadamente con la seccional 16a. de policía de Montevideo. Dicha dependencia denunciaba a los operarios que molestaran a Pedro Sáenz, acusándolos de «hechos que muchas veces tienen origen en la imaginación frondosa de estos integrantes de la policía interna del establecimiento de FUNSA».[75] También denunciaban actividades ilegales de FUNSA en relación con la contratación de pasivos para realizar tareas, y en lo relativo a las condiciones de salubridad de los trabajadores. La argumentación fundamental se centraba en la violación de los artículos de la Constitución N.° 57, sobre el derecho a agremiarse y el derecho a huelga, y N.° 54, sobre la independencia moral y cívica en la relación de trabajo,[76] extremos que estaban siendo violados por FUNSA.[77]

La Comisión Preinvestigadora integrada por Luis Hierro Gambardella (Partido Colorado), Francisco Rodríguez Camusso (Partido Nacional) y Numa Mangado (Unión Cívica del Uruguay) votó por unanimidad aconsejar la creación de la Comisión Investigadora.[78] El 20 de noviembre se la creaba por parte de la Cámara de Representantes, presidida por Germán D’Elía (Partido Socialista), quien había sido sumamente crítico con el directorio de FUNSA.[79]

Este hecho provocó en diciembre de ese año una fuerte réplica de la empresa, que a través de una nota al presidente de la Cámara, ejerciendo el derecho de petición, solicitaba que se dejara sin efecto la creación de la referida comisión. El escrito indicaba que no era potestad de la Cámara preservar la paz, ni ocuparse de la debilitación de un gremio, o la violación de leyes, sino del Poder Ejecutivo; sobre los funcionarios policiales o la violación de la Constitución indicaba que, debía ser la justicia la que dirimiera si habían ocurrido hechos como los denunciados.[80] En relación con la existencia del otro sindicato, se apuntaba contra la UOEyS:

cuando se carece de una legislación sindical democrática, siempre, de dos sindicatos que actúan en una misma empresa, por lo menos uno de ellos es tildado de «amarillo». Este factor de perturbación es solamente uno de los que derivan del hecho de que, por pensar demasiado en la necesidad de amparar la libre acción de ciertos grupos de dirigentes obreros, a veces perturbadores o movedizos por finalidades extrañas al interés nacional, no se haya pensado bastante en la necesidad de amparar la libre acción de obreros que actúan, en los hechos, bajo la coacción de tales grupos.[81]

La segunda parte del escrito se dedicaba a analizar las implicancias de las comisiones investigadoras en el ámbito privado desde el punto de vista del derecho. El punto central de la argumentación indicaba que «la acción de las comisiones investigadoras solo se ordena hacia el mantenimiento del orden regular de las instituciones públicas».[82] A su vez, todo este conflicto se desarrollaba en medio de un cruce de acusaciones entre la UOEyS y el directorio de FUNSA en la prensa nacional.

La presentación de un proyecto de ley para dotar de facultades a la Comisión Investigadora parecía dar razón a la posición de FUNSA,[83] El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado; por lo tanto, si bien se aprobó la creación de la comisión investigadora, esta no pudo funcionar por no contar con las facultades requeridas.[84]

10. La Comisión Investigadora de 1959

Los años 1957-1959 también estuvieron marcados por una alta conflictividad. Entre junio y setiembre del primer año se produjo un extenso conflicto, con la denuncia del convenio colectivo por parte de la empresa y un fallo de la justicia a su favor. El directorio señalaba que «la justicia de la posición de la empresa queda evidenciada con los fallos del tribunal tripartito presidido por exmagistrados de alta investidura y de notoria solvencia moral».[85] Se desató la huelga, con ocupación de la planta y un campamento de los trabajadores de FUNSA que permaneció frente al Palacio Legislativo durante cien días (González 1991-I 75-85).[86] A diferencia de otros conflictos, este se produjo —según el dirigente Miguel Gromaz— debido a los salarios y al reglamento interno.[87]

En 1958 la huelga también duró cien días. El directorio informó a los accionistas que a partir de ella se duplicó la licencia de los trabajadores pasando a veintitrés días.[88] En 1959, en oportunidad de una huelga en contra de las medidas de seguridad dictadas por el gobierno, se produjeron incidentes en la puerta de la fábrica con obreros que pretendían ingresar a trabajar. A partir de ese suceso, la empresa denunció el convenio colectivo y decretó un nuevo lock out.[89] La huelga esta vez tendría una extensión de setenta días.[90]

Este último incidente fue el que llevó al diputado socialista Vivian Trías a plantear a la Cámara de Representantes la creación de una nueva Comisión Investigadora sobre FUNSA. Su argumentación comienza con una nota de la UOEyS y detalla todos los beneficios y protecciones que recibió la empresa entre 1935 y 1959, para luego describir brevemente la historia de los conflictos con los trabajadores, retomando los argumentos de la Comisión Preinvestigadora de 1953 y la Comisión Investigadora de 1956. Una novedad es que indica que FUNSA ya no gira con capital nacional sino del consorcio internacional U. S. S. Rubber. Finalmente invoca el lock out de la empresa como motivo principal para su creación.[91]

La empresa FUNSA envió rápidamente una nota a la Cámara de Representantes, en la que explicó largamente que la decisión del cierre no tenía que ver con el conflicto con la UOEyS sino con la falta de materias primas para producir, dado los problemas de orden burocrático administrativo para la habilitación de la cuota de divisas para realizar la importación.[92] Hacía una dura crítica al gobierno, que ya no era del Partido Colorado (ligado a FUNSA a través de sus directivos) sino del Partido Nacional, de tendencia más liberal y menos proteccionista.[93] La nota señalaba que «la Administración, experta en la demora, no ha respondido con su prestación más segura, la del silencio».[94] Hasta entonces no se habían visto críticas del directorio al gobierno. El tono de la nota indicaba el cambio de orientación y partido, que había determinado el fin de los beneficios a la empresa.

Por otro lado, el argumento de falta de materias primas fue rechazado por Trías, expresando que la UOEyS aseguraba que había existencias para trabajar durante veinticinco días, lo cual había sido informado por el ministro de Industrias y Trabajo, Enrique Erro, al Consejo Nacional de Gobierno.[95]

Por esa época, el periodista Gonzalo Freitas del semanario Marcha, realizaba un análisis de los conflictos entre 1952 y 1959, y señalaba que finalmente el origen de estos radicó en la figura de Pedro Sáenz, que no aceptaba la organización de los trabajadores confundiendo un emprendimiento económico con un feudo medieval, mientras que los trabajadores habían optado por la defensa a través del amparo de las leyes.[96]

11. Salarios y huelgas, una aproximación desde FUNSA

A continuación, se analiza si es posible establecer una vinculación entre la evolución salarial y los días de huelga. La estimación de los salarios se ha realizado considerando el jornal de los trabajadores y trabajadoras que egresaron de la empresa en el período 1938-1958, se han diferenciado los salarios según correspondan a hombres o mujeres, lo que permite analizar el desempeño salarial en cada caso y su brecha. Con el objetivo de validar la metodología y tener un punto de comparación, se han agregado dos series: por un lado, la conocida investigación de Millot, Silva y Silva,[97] específicamente sobre el sector caucho, de la cual FUNSA era la protagonista y, por otro, las estimaciones de Bértola, Caliccio, Camou y Porcile (1998), sobre el salario en Uruguay tomando el período 1938-1958. Con relación a los días de huelga se han consultado distintas fuentes para su elaboración, que se detallan en la leyenda del gráfico.

La evolución general de los salarios en Uruguay muestra una meseta con leve caída entre 1938-1945. Es decir, que al final de la Segunda Guerra Mundial los trabajadores y trabajadoras ganaban menos que al comienzo de esta. Sin embargo, a partir de allí se observa un crecimiento sostenido hasta 1958. Las estimaciones históricas de los salarios del sector caucho y las referidas a FUNSA (tanto los salarios de los hombres como de las mujeres) exponen un comportamiento similar al descrito para Uruguay en todo el período, en lo referido a las caídas y aumentos.

Gráfico 1.

Días de huelga en FUNSA y Salario Real Uruguay, Industrias del Caucho y FUNSA (hombres y mujeres) 1938-1959

Fuentes: Elaboración propia, para Uruguay, Salario Mensual Nominal, Bértola. Caliccio, Camou, Porcile, Gabriel, Southern; para Industrias del Caucho, Millot, Silva, Silva, El desarrollo; para funsa hombres y mujeres: funsa, Libros de Egresos 1936-1958; para días de huelga, 1942: Nota de trabajadores de funsa e incal al presidente de la Cámara de Representantes, crr, Carpeta N.º 1658/46, may. 6, 946, s/n, BPLuy; 1946: funsa, Asambleas Accionistas, Acta N.º 14, octubre de 1946; Vivian Trías, Montevideo, 1959, crr, Carpeta N.º 444/59, acta N.º 1, p. 14, BPLuy; 1952: Montevideo, crr, Carpeta N.º 1118/56, p. 2, BPLuy; Irmo Bidegaray, Las luchas obreras en los 50 y la Unidad Sindical, Montevideo, Fundación Vivian Trías, Cuaderno N.° 4, 1999), 10; para 1953: Montevideo, crr, Carpeta N.º 148/56, p. 3, BPLuy; León Duarte, Montevideo, 1959, crr, Carpeta N.º 444/59, BPLuy; para 1954: González Sierra, Un sindicato 54; para 1955, funsa, Asamblea Accionistas, acta N.º 25, Octubre 1955; para 1956: Nota de los trabajadores de funsa a la opinión pública, Montevideo, 1956, crr, Carpeta N.º 1118/56, p. 7-9, BPLuy; para 1957 y 1958: Vivian Trías, crr, Carpeta N.º 444/59, acta N.º 1, p. 14, BPLuy; para 1959: funsa, Asamblea de Accionistas, acta N.º 31, set. 1960.

En relación con el volumen del salario, el sector caucho y los trabajadores hombres de FUNSA, empresa principal o monopólica del sector (Aguirre et al.; González 1991-I 3-4), ganaban sensiblemente por debajo del promedio de Uruguay, sin embargo, cuando se trata de trabajadoras de FUNSA la brecha es significativamente mayor.

El salario de las mujeres es consistentemente menor al de los hombres en todo el período, cercano al 50 %, coincidiendo con investigaciones previas,[98] reduciendo esa brecha desde 1952 en consonancia con la aparición de la UOEyS y en forma consistente hasta 1956. Desde entonces la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo llegando a niveles salariales similares en 1958, aunque siempre manteniéndose por debajo.

Otro hecho significativo es que el aumento salarial se produce luego de la instalación de los Consejos de Salarios en 1943, con una mejora en el año siguiente seguida de una reducción, aunque sin llegar a los niveles anteriores, coincidiendo con el grave conflicto de 1946. Posteriormente, en 1947 se produjo un aumento seguido de una meseta hasta 1949, nuevamente crecimiento en 1950 y meseta hasta 1952, en un período sin sindicato, pero con la existencia de Consejos de Salarios.

Entre 1952 y 1953 se denota una leve caída salarial, hecho que ya había sido valorado por anteriores investigaciones, las que señalan que el sindicato no había podido presionar en la negociación del Consejo de Salarios.[99] En los años siguientes se observa un aumento generalizado hasta 1956, como se ha visto antes, la cuestión salarial no parece haber sido la principal causa de los conflictos entre 1952-1959 (salvo 1957, único en que se observa una caída del salario en este período y donde sí se produjo un conflicto por este tema) para mejorar levemente en 1958.

12. Conclusiones

En los primeros 25 años de vida de FUNSA el conflicto con los trabajadores fue la característica dominante, aumentando en duración e intensidad al final de ese período. Sus causas iban desde el derecho a la libre asociación, al salario y las condiciones de trabajo. Los gobiernos nacionales y los partidos políticos fueron parte de este proceso conflictivo entre capital y trabajo.

Entre 1940-1942 un primer ciclo de conflictos motivados por exigencias salariales, despidos y desconocimiento de la organización sindical, culminaron con treinta días de huelga en 1942 y con la intervención del presidente de la República. El contexto especial de la Segunda Guerra Mundial pudo haber operado para el impasse hasta llegar a 1946, cuando un extenso conflicto de noventa y seis días paralizó la producción; resulta sugerente que la documentación de la empresa lo haya registrado como una cuestión de índole únicamente económica.[100] En estos conflictos, la participación de las fuerzas policiales en coordinación con la empresa parece un hecho, aunque vincularla directamente con el gobierno sería arriesgado.

Según León Duarte, el error de los dirigentes sindicales de la época implicó la imposibilidad de nuclear a los trabajadores entre 1946 y 1952. Las expresiones organizativas en ese período estuvieron vinculadas a los intereses de la empresa.[101]

A partir del surgimiento de la UOEyS, amparada por el órgano socialista El Sol, el parlamento comienza a jugar un rol fundamental terciando en el conflicto entre empresa y trabajadores. El directorio intentaba desarrollar un sindicato afín, promoviendo la AOyE. Así, se desplegaron todo tipo de medios en esta lucha entre ambas organizaciones gremiales. Los diputados comunistas y socialistas intentaron varias veces en la Cámara de Representantes generar comisiones investigadoras para tratar la temática de los conflictos en FUNSA (1953, 1956 y 1959), pero tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, la participación de los parlamentarios afines al gobierno —la mayor parte de las veces, al Partido Colorado y, al final del período, al Partido Nacional— funcionó como un contrapeso, bloqueando dicha posibilidad.

La empresa, por su parte, apeló a fuertes diferencias salariales y al pago de contrapartidas no salariales para fomentar el peso de la AOyE; al envío de cartas a las familias de los trabajadores; y al apoyo económico para que dicha agremiación funcionara. También recurrió —y este es quizás el elemento más llamativo— a la distribución de armas entre sus miembros. Esta lucha estuvo marcada por la capacidad de movilización de la UOEyS, que pudo convocar a huelgas de extensa duración entre 1952 y 1959, a las que la empresa respondió con la aplicación de diferentes cierres de la planta.

Tanto Duarte como Trías coinciden en que los conflictos fueron provocados por FUNSA, buscando la reacción del sindicato «no adicto». Trías, por su parte, ensaya una explicación relativa a la capacidad productiva de la empresa y el tamaño del mercado local.

Así como son innegables los vínculos entre los trabajadores y los legisladores de izquierda, parecen evidentes las relaciones entre sectores del gobierno colorado y el directorio de FUNSA.

Resulta difícil establecer un vínculo directo entre las huelgas y los salarios, pero sí se puede indicar que, cuando no existía la UOEyS, los salarios sufrieron caídas pronunciadas durante años, y a partir de su surgimiento, la brecha entre hombres y mujeres se redujo y los salarios mejoraron en consonancia con la evolución general de los trabajadores asalariados de Uruguay y la aparición de los Consejos de Salarios.

Por otro lado, no siendo los salarios los únicos causantes de los conflictos, cabe analizar a futuro, si la tesis de Vivian Trías referida al stock y la capacidad productiva de la empresa fue la principal causante de estos. Para ello, entre otros caminos posibles, será necesario establecer un análisis del mercado de neumáticos y productos de goma en Uruguay en ese período. ♦

Bibliografía

Aguirre, Gustavo; Dellepiane, Adrián; Duarte, Horacio, Aspectos de la estructura y producción de neumáticos en el Uruguay: el caso FUNSA, Tesis de Grado en Economía, Montevideo: Universidad de la República, 2004.

Bertino, Magdalena. «Historiografía de la industria uruguaya», en Rougier, Marcelo. et al. (coords.), Estudios sobre la Industria en América Latina, Buenos Aires, Editora Lenguaje Claro, 2016, pp. 54-60.

Bértola, Luis, La industria manufacturera uruguaya. Un enfoque sectorial de su crecimiento, fluctuaciones y crisis, Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República-CIEDUR, 1991.

Bértola, Luis; Caliccio, Luis; Camou, María; Porcile, Gabriel. «Southern Cone Real Wages Compared: A Purchasing Power Parity Approach to Convergence and Divergence Trends. 1870-1996», Montevideo, Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Documento de Trabajo, N.º 43, 1998.

Chandler, Adam. Scale and Scope, Harvard, Belknap, 1990.

Chevalier, Mariángeles; Fernández, Claudio y Motta, Virginia, Los Consejos de Salarios en el Uruguay 1943-1950, Tesis de Grado en Economía, Montevideo, Universidad de la República, 2006.

Cipolla, Carlo. Entre la Historia y la Economía. Una Introducción a la Historia Económica, Barcelona, Crítica, 1997 (1993).

Cores, Hugo; Bidegaray, Irmo; Toledo, Pedro; Hugunet, Ignacio, Las luchas obreras en los 50 y la Unidad Sindical, Montevideo, Fundación Vivian Trías, Cuaderno N.° 4, 1999.

D’Elía, German y Miraldi, Armando, Historia del movimiento obrero en el Uruguay, Desde sus orígenes hasta 1930, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1984.

Fajnzylber, Fernando, «Industrialización en América Latina. De la “caja negra” al “casillero vacío”», Nueva Sociedad, N.º 118, marzo-abril, pp. 21-28, 1992. Dsiponible en: http://www.nuevasoc.org.ve/upload/articulos/2086_1.pdf.

González Sierra, Yamandú, Un sindicato con historia, Montevideo, Unión de Obreros, Empleados y Supervisores de FUNSA-CIEDUR, Tomo I (1991), Tomos II (1991) y III (1998).

González Sierra, Yamandú, Continuidad y cambio en la historia sindical del Uruguay. Un enfoque desde la problemática actual, Montevideo, CIEDUR, 1992.

Jacob, Raúl, Breve Historia de la industria en el Uruguay, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1981.

Jacob, Raúl. La quimera y el oro, Montevideo, Editorial Arpoador, 2000.

Katz, Jorge y Kosacoff, Bernardo, «El aprendizaje tecnológico, el desarrollo institucional y la microeconomía de la sustitución de importaciones», en Cárdenas, Enrique et al., La industrialización y el Estado en América Latina: la leyenda negra de los años de la posguerra, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2003 (1997),

Katz, Jorge, Pasado y presente del comportamiento tecnológico de América Latina, Santiago de Chile: CEPAL, 2000.

King, Gary; Keohane, Robert y Verba, Sydney, El diseño de la investigación social, Madrid, Alianza, 1994.

Koci, Federico y Sörensen, Milton, Los Consejos de Salarios en el Uruguay 1946-1955, Tesis de Grado en Economía, Montevideo, Universidad de la República, 2012.

Lamas, Mario Daniel y Diosma Piotti, Historia de la Industria en el Uruguay, Montevideo, Cámara de Industrias del Uruguay, 1980.

Mendes, José Amado, «Empresas y Empresarios: qué lugar na historia económica y social?», Revista Portuguesa de Historia, Vol. XXXVI, N.º 2, 2003, pp. 135-141. Disponible en: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/12797/1/Jos%C3%A9%20M.Amado%20Mendes%2036%20vol.2.pdf

Millot, Julio; Silva, Carlos y Silva, Lindor, El desarrollo industrial del Uruguay de la crisis de 1929 a la posguerra, Montevideo, Instituto de Economía, Universidad de la República, 1973.

Ocampo, José Antonio, «La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX», El Trimestre Económico, Vol. LXXI, N.º 284, octubre-diciembre de 2004. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/313/31328401.pdf

Pintos, Francisco, Historia del movimiento obrero en el Uruguay, Montevideo, Gaceta de la Cultura, 1960.

Porrini, Rodolfo, «Historia del movimiento sindical en Uruguay», Cuadernos del CIEJ, 2007, pp. 40-41.

————— «La historia de la clase obrera y los sindicatos en el siglo xx: experiencias y aportes», Trabajo & Utopía, N.º 22, 2002.

Rama, Martín, «Crecimiento y estancamiento económico en Uruguay», 1991, s/d. Disponible en: http://cieplan.cl/media/publicaciones/archivos/26/Capitulo_5.pdf

Sabini, Sebastián, Del mercado cerrado a la apertura, Historia de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S. A. (1935-2002), Tesis de Posgrado en Historia Económica, Montevideo, Universidad de la República, 2018.

Traverso, Enzo, La historia como campo de batalla, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011.

Trías, Vivian, La reforma agraria en el Uruguay, Montevideo, Ediciones El Sol, 1960.

Vilar, Pierre, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Barcelona, Crítica, 1999.

Zeitlin, Jonathan y Sabel, Charles, World of Possibilities. Flexibility and Mass Production in Western Industrialization, Cambridge, Maison des Sciences de l’Homme-Cambridge University Press, 1997 (1980).

Archivos

Fábrica Uruguaya de Neumáticos S. A. (FUNSA), Montevideo, Uruguay. Asambleas Accionistas, Acta N.º 23, setiembre de 1953, p. 57; acta N.º 25, octubre de 1955 s/p.; Acta N.º 28, setiembre de 1958, s/p.; Acta N.º 26, octubre de 1959, s/p.; Acta N.º 31, setiembre de 1960, s/p. Fondo de archivo digitalizado en nuestro poder.

Memoria y Balance, 1946; 1947; 1948; 1949; 1951; 1952; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962. Fondo de archivo digitalizado en nuestro poder.

Libro de Egresos, 1938-1949, s/p. Fondo de archivo digitalizado en nuestro poder.

Cámara de Representantes (CRR), Montevideo, Uruguay. Carpeta 1658/46, Nota de trabajadores de FUNSA e INCAL al presidente de la Cámara de Representantes, 6 de mayo de 1946, s/n.

Carpeta 148/56, Comisión investigadora para entender en las denuncias sobre la empresa Funsa. Biblioteca del Poder Legislativo.

Carpeta 1797/1953. Comisión pre investigadora FUNSA, XXXVIa. Legislatura. Repartido N.º 638, setiembre de 1953.; acta N.º 2. Biblioteca del Poder Legislativo.

Carpeta 148/56, Comisión investigadora para entender en las denuncias sobre la empresa Funsa; acta n.1. Biblioteca del Poder Legislativo.

Carpeta 1118/56, 27 de junio de 1957, Nota de los trabajadores de funsa a la opinión pública; Moción de Resolución, 20 de noviembre de 1956. Biblioteca del Poder Legislativo.

Carpeta 1136/1956 «Designación de una Comisión Parlamentaria Investigadora». 11 de mayo de 1955, nota de la Unión de Obreros y Empleados de FUNSA al presidente de la Comisión de Legislación Social y Trabajo, Zelmar Michelini; s/d, mayo de 1955, Escrito del Sindicato UOEYS del estudio jurídico del Dr. Homero Genta; 6 de abril de 1955, nota de la Unión de Obreros y Empleados de FUNSA; 21 de abril de 1955, acta 934193 del Instituto Nacional de Trabajo; 22 de abril, nota de la Unión de Obreros y Empleados de FUNSA al ministro de Industrias y Trabajo Carlos Moreno; 21 de abril de 1955, nota de la Unión de Obreros y Empleados de FUNSA al ministro de Industrias y Trabajo Carlos Moreno; 4 de diciembre de 1956, Comisión de Constitución y Códigos, Escrito de Pedro Sáenz y Carlos Ma. Artigas dirigido al Presidente de la Cámara de Representantes Juan Rodríguez Correa; Fórmula de solución propuesta por la Comisión del Trabajo de la Cámara, s/n. Biblioteca del Poder Legislativo.

Carpeta 444/59, Situación de la Empresa FUNSA y lock out decretado por la misma. acta N.º 1; acta de la Comisión (sin título), pp. 1-45; Nota de la Empresa FUNSA, 21 de setiembre de 1959. Biblioteca del Poder Legislativo.

Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1952, recuperado el 20 de abril de 2019 de: ttps://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/6384509.HTML#Art221

Presidencia de la Asamblea General y del Senado y Presidencia de la Cámara de Representantes, «Parlamentarios Uruguayos 1830-2005», diciembre de 2006 recuperado en abril de 2020 de: https://parlamento.gub.uy/sobreelparlamento/integracionhistorica

Periódicos

El Día [Montevideo, 1962]

El Sol [Montevideo, 1952, 1953, 1955]

Marcha [Montevideo, 1953, 1959]

Notas