REVISTA ENCUENTROS URUGUAYOS
VOLUMEN 18 – NÚMERO 2 JULIO-DICIEMBRE 2025
E-ISSN: 1688–5236
ARQUEOLOGÍA FORENSE YPOLÍTICAS DE MEMORIA: HUGO CHAUTÓN
MODELOS DE ARTICULACIÓNSOCIALEINSTITUCIONAL
EN LA INVESTIGACIÓN DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN ESPAÑA
1
ARQUEOLOGÍA FORENSE Y POLÍTICAS DE
MEMORIA: MODELOS DE ARTICULACIÓN SOCIAL
E INSTITUCIONAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LA
REPRESIÓN FRANQUISTA EN ESPAÑA
FORENSIC ARCHAEOLOGY AND MEMORY POLICIES: MODELS OF SOCIAL
AND INSTITUTIONAL ARTICULATION IN THE INVESTIGATION OF
FRANCOIST REPRESSION IN SPAIN
ARQUEOLOGIA FORENSE E POLÍTICAS DE MEMÓRIA: MODELOS DE
ARTICULAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL NA INVESTIGAÇÃO DA
REPRESSÃO FRANQUISTA NA ESPANHA
Hugo Chautón
1
Universidad de Zaragoza, España
DOI: https://doi.org/10.59842/18.2.2692
Recibido: 22/08/2025
Aceptado: 03/12/2025
Resumen
La investigación forense sobre la represión franquista en España ha evolucionado gracias a la
interacción entre asociaciones de familiares, colectivos memorialistas, administraciones públicas,
universidades y equipos técnicos. Estos actores han intervenido en la localización, exhumación y
resignificación de fosas comunes, en un contexto marcado por tensiones éticas, políticas y
metodológicas. El estudio examina tanto los avances como las limitaciones en la consolidación de
modelos participativos de memoria democrática y compara la experiencia española con la
uruguaya, con el fin de extraer aprendizajes comunes y proponer mejoras en las políticas públicas
de memoria y verdad. La práctica forense, vinculada a la ciudadanía y a los derechos humanos, se
presenta como una herramienta esencial para la reparación, la recuperación de la verdad y la
investigación histórica.
Palabras clave: represión franquista, fosas comunes, antropología forense, memoria democrática,
políticas de memoria.
1
Arqueólogo con especialización en arqueología forense.hchauton@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0428-9473
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Abstract
The forensic research on the Francoist repression in Spain has advanced through the involvement
of relative’ s associations, memorial groups, publicadministrations, universities, and
technicalteams. These actors have played a crucial role in locating, exhuming, and re-signifying
mass graves, in a context shaped by ethical, political, and methodological tensions.
Thestudyanalyzesachievements and limitations in
developingparticipatorymodelsofdemocraticmemory and compares theSpanish case
withtheUruguayanexperience, drawingsharedlessonstostrengthenpublicpoliciesofmemory and
truth. Forensicpractice, whenconnectedtocitizenship and human rights, stands out as a
keytoolforreparation, therecoveryoftruth, and historicalresearch.
Keywords:Francoistrepression, mass graves, forensicanthropology, democraticmemory,
memorypolicies.
Resumo
A pesquisa forense sobre a repressão franquista na Espanha evoluiu graças à interação entre
associações familiares, grupos de memória, administrações públicas, universidades e equipes
técnicas. Esses atores estiveram envolvidos na localização, exumação e reinterpretação de valas
comuns, em um contexto marcado por tensões éticas, políticas e metodológicas. Este estudo
examina tanto os avanços quanto as limitações na consolidação de modelos participativos de
memória democrática e compara as experiências espanhola e uruguaia, a fim de extrair lições
comuns e propor melhorias para as políticas públicas de memória e verdade. A prática forense,
vinculada à cidadania e aos direitos humanos, é apresentada como uma ferramenta essencial para a
reparação, a recuperação da verdade e a pesquisa histórica.
Palavras-chave: repressão franquista, valas comuns, antropologia forense, memória democrática,
políticas de memória.
1. Introducción
En las dos últimas décadas, los estudios antropológicos forenses en España han
cobrado un protagonismo creciente, vinculados al proceso de investigación de las
fosas comunes de la represión ejercida durante la Guerra Civil y la dictadura
franquista. Desde el año 2000, el trabajo de localización y exhumación ha
configurado un campo interdisciplinario en el que confluyen la arqueología, la
antropología forense, la historia social y, de forma cada vez más explícita, las
políticas de memoria. Estas políticas, entendidas como el conjunto de acciones,
marcos legales y prácticas públicas destinadas a reconocer, reparar y resignificar el
pasado traumático, han evolucionado de forma desigual en el Estado español,
condicionandoel alcance, los métodos y el sentido social de las intervenciones
forenses.
En un primer momento, el impulso procedió casi exclusivamentede la
sociedad civil, a través de asociaciones de familiares y colectivos memorialistas
que, ante el vacío institucional, promovieron las primeras exhumaciones
sistemáticas. Con el tiempo, y de forma especialmentevisible a partir de la Ley
52/2007 de Memoria Histórica y de las leyes autonómicas de memoria
democrática, se incorporaron con mayor o menor intensidad las administraciones
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públicas y las universidades, lo que transformólos modelos de actuación. Sin
embargo, este proceso no ha estado exento de tensiones: la discontinuidad
normativa, la instrumentalización política y la precariedad de los equipos han
evidenciado que las políticas de memoria en España siguen siendofrágiles y
dependientes de coyunturas partidistas.
El presente artículo analiza los vínculos entre sociedad civil,
administraciones públicas y comunidad académica en la investigación forense de la
represión franquista, situandoestos procesos en el marco más amplio de las
políticas de memoria, desglosandolos modelos de articulación entre actores, los
dilemas éticos y metodológicos que los atraviesan, y los logros y obstáculos en la
consolidación de prácticas participativas y democráticas.
2.De lo marginal a lo interdisciplinario: práctica forense y
compromiso social
El estudio arqueológico y forense de las fosas comunes de la Guerra Civil Española
y de la represión franquista surgió en un espacio marginal, marcado por la
ausencia de apoyo institucional y por una fuerte carga política y ética. Durante
décadas, la dictadura franquista silenció la violencia ejercida sobre los vencidos,
mientras los restos de los vencedores eran objeto de homenajes y exhumaciones
oficiales, no obstante,el germen de las exhumaciones contemporáneas puede
rastrearse ya en la posguerra y en la transición, con actuaciones aisladas que
anticiparon el movimiento memorialista de comienzos del siglo XXI(Espinosa,
2012, p. 47).
El verdadero punto de inflexión se produjo con la apertura en el año 2000 de
la fosa de Priaranza del Bierzo, promovida por Emilio Silva y la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica. Este acontecimiento simbolizó la
emergencia de un movimiento ciudadano que reclamaba el derecho a la verdad y a
la reparación, e inauguró una etapa en la que las ciencias forenses se incorporaron
como herramientas de legitimación y prueba (Ferrándiz, 2019, p. 25). Estas
primeras iniciativas estuvieron impulsadas por familiares y asociaciones, que
actuaban en condiciones precarias, sin respaldo económico ni cobertura académica
estable.
Este modelo inicial, basado en la horizontalidad y la colaboración directa
entre familiares, arqueólogos y antropólogos, sentó las bases de una metodología
propia. Aunque limitada en sus primeras fases, esta práctica ya mostraba una clara
vocación interdisciplinaria. La consolidación de este campo vino acompañada, a
partir de 2007, de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que, si bien
resultó insuficiente en su alcance, abrió un espacio para la implicación desigual de
las administraciones públicas. La posterior aprobación de leyes memorialistas en
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algunas comunidades autónomas permitió articular estructuras más sólidas,
aunque vulnerables a los cambios de signo político, como ejemplifica la derogación
en 2024 de la Ley aragonesa de Memoria Democrática.
Desde la segunda década del siglo XXI, la implicación institucional y el apoyo
financiero del gobierno central ha promovido la consolidación de equipos técnicos
y la motivación de algunos departamentos universitarios, que han impulsado la
estandarización de protocolos científicos de para las exhumaciones de víctimas.
Ello ha favorecido la incorporación de enfoques más amplios, como la perspectiva
de género, la historia social de la represión y la resignificación de los espacios de
violencia. Si bien las recientes derivas ideológicas hacia posiciones
ultraconservadoras amenazan con revertir parte de los avances logrados en
materia memorialista, en la actualidad no resulta sostenible sostener la
inexistencia de protocolos ni de políticas públicas de memoria (Etxeberriay Solé,
2019, p. 421).
A pesar de estas dificultades, se han documentado experiencias
paradigmáticas en las que la ciencia se ha puesto al servicio de la memoria
democrática, lo que ha configurado las exhumaciones no solo como procesos de
recuperación material de cuerpos, sino como auténticos dispositivos de reparación
simbólica y de pedagogía cívica. Desde esta perspectiva, el caso español constituye
un laboratorio privilegiado para analizar los modelos de articulación entre
sociedad civil, instituciones y saberes científicos. En él se evidencia que las
exhumaciones no deben entenderse como un fin en sí mismas, sino como nodos en
una red de prácticas interdisciplinarias, memorias colectivas y luchas por la
justicia social.
2.1.Metodologías de investigación de las fosas de víctimas
La consolidación del campo forense vinculado a las fosas comunes de la Guerra
Civil Española y la dictadura franquista no puede comprenderse sin atender al
papel desempeñado por los protocolos técnicos que han orientado las
intervenciones en las últimas décadas.
Entre la variedad de documentos existentes a nivel internacional, en este
artículo se seleccionan tres por su especial representatividad y pertinencia.
El Protocolo de Actuación en Exhumaciones de Víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura(Gobierno de España, 2011) se toma como referente por su cercanía
directa a los casos de estudio desarrollados en el contexto español, lo que lo
convierte en un documento clave para analizar las dinámicas metodológicas y
normativas propias de este país.
El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente
Ilícitas(Naciones Unidas, 2017)se incorpora por su condición de estándar
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internacional más influyente, ampliamentereconocido en materia de derechos
humanos, justicia y rendición de cuentas judicial.
Finalmente, la
Guía forense para la investigación, recuperación y análisis de
restos óseos
(Equipo Argentino de Antropología Forense [EAAF], 2020) se
selecciona por su carácter referencial en América Latina, su reconocida
representatividad en la praxis forense y su constante actualización, que la han
convertido en un referente metodológico de alcance global.
Aunque existen hoy en día numerosos protocolos y guías de actuación, la
elección de estos tres documentos obedece a su complementariedad: uno de
carácter nacional, otro de alcance universal y un tercero que encarna la
experiencia latinoamericana más influyente, conformandoun corpus
imprescindible para comprender la evolución de las prácticas forenses en las
exhumaciones contemporáneas.
La comparación entre estos documentos permite advertir tanto coincidencias
como diferencias significativas. En lo que respecta a los equipos
multidisciplinarios, los tres textos coinciden en subrayar la necesidad de integrar
arqueólogos, antropólogos forenses, historiadores, juristas y especialistas en
genética. No obstante, mientras el protocolo español enfatiza la coordinación
técnica en el marco de las políticas de memoria democrática, la guía del EAAF
trasciende el plano metodológico para incorporar un enfoque pedagógico y
comunitario, en el que la multidisciplinariedad se vincula a la lucha contra la
impunidad y a la construcción de narrativas colectivas de justicia. El Protocolo de
Minnesota, en cambio, sitúa esta integración en el plano judicial y concibe los
equipos como garantes de la cadena de custodia y de la validez probatoria en
procesos internacionales de derechos humanos.
En cuanto al tratamiento de las familias de las víctimas, también se observan
matices relevantes. El documento español reconoce la necesidad de información,
acompañamiento y participación de los familiares, aunque su concreción práctica
ha dependido en gran medida de la voluntad política y de la mediación de
asociaciones memorialistas. La guía del EAAF, por su parte, coloca a los familiares
en el centro del proceso, no solo como destinatarios de los resultados, sino como
actores activos en la investigación, lo que refleja la influencia de los movimientos
de derechos humanos en el Cono Sur. En el caso del Protocolo de Minnesota, el
reconocimiento a las familias se articula en un plano jurídico, se subraya el
derecho a la verdad y a la justicia como obligaciones del Estado, y se
vinculadirectamentesu participación a los mecanismos de rendición de cuentas.
Otro punto de comparación lo constituye la finalidad última de las
exhumaciones. Mientras el protocolo español, al no ser vinculante desde el punto
de vista jurídico, se orienta principalmentea la recuperación y dignificación de las
víctimas en el marco de la memoria democrática, la guía del EAAF combina esa
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dimensión con una fuerte carga de denuncia y con la producción de pruebas que
han sido utilizadas en juicios de lesa humanidad. El Protocolo de Minnesota, en
cambio, establece de forma explícita que las exhumaciones deben servir a procesos
judiciales de carácter internacional y situar el hallazgo de restos y la
documentación de pruebas en el centro de la lucha contra la impunidad.
En conclusión, la comparación de estos tres documentos revela un panorama
en el que la estandarización técnica, la interdisciplinariedad y la centralidad de las
familias constituyen consensos básicos, aunque con desarrollos distintos según el
contexto. El caso español refleja un avance notable hacia la profesionalización,
aunque limitado por la falta de obligatoriedad y por su desvinculación judicial. La
experiencia del EAAF aporta una praxis marcada por el compromiso social y los
derechos humanos, mientras que el Protocolo de Minnesota ofrece un horizonte
normativo que vincula de manera directa la práctica forense con la justicia
internacional. De su lectura conjunta se desprende que el futuro de las
exhumaciones en España debería orientarse hacia una mayor convergencia entre
el rigor técnico, la centralidad de las víctimas y la incorporación plena de
estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.
3.Modelos de articulación entre sociedad civil e
instituciones
La investigación forense de la represión franquista en España no puede entenderse
exclusivamentecomo un proceso técnico o académico. Su desarrollo ha dependido,
en gran medida, de la interacción entre actores diversos: asociaciones de
familiares, colectivos memorialistas, administraciones públicas de distintos
niveles, universidades y equipos técnicos. La manera en que estos actores se han
relacionado ha condicionado no solo la viabilidad material de las exhumaciones,
sino también el significado social, político y simbólico que han adquirido. En el
conjunto del Estado, esta articulación ha adoptado formas muy heterogéneas, que
oscilan entre la colaboración estable y la confrontación abierta.
Por la propia naturaleza del objeto de estudio, un pasado reciente, traumático
y muy presente en la memoria familiar y comunitaria, la vinculación social de la
arqueología de la Guerra Civil es un aspecto central. En el escenario ideal, las
investigaciones arqueológicas sobre la represión estarían
profundamenteconectadas con la sociedad: trabajadas en conjunto con
asociaciones de memoria histórica, con amplia participación ciudadana en las
excavaciones, y con programas de educación y difusión para las comunidades
locales. Además, se vería a la universidad como un agente activo de reparación y
esclarecimiento histórico, en diálogo permanente con la sociedad civil.
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Sin embargo, la vinculación social en la realidad no está exenta de desafíos.
Uno de ellos es la polarización política y generacional en torno a la memoria
histórica. Mientras una parte importante de la sociedad apoya la recuperación de
estos restos y su incorporación al relato histórico, tradicionalmente. Esta división
se refleja en ocasiones en críticas a los arqueólogos por «reabrir heridas» o en la
falta de apoyo de administraciones locales cuandoel tema es controvertido. A pesar
de ello, los arqueólogos comprometidos han defendido el derecho de las familias y
de la sociedad a conocer su historia, por dura que sea, frente a las presiones para
dejar los asuntos sin investigar. La manipulación interesada de los episodios
oscuros se enfrenta al derecho de los descendientes a la dignidad y de la sociedad a
la verdad, y en ese contexto la arqueología forense se ha configurado como una
herramienta óptima para recuperar esa historia oculta en las fosas (Chautón, 2017,
p. 167). En otras palabras, la propia práctica arqueológica se ha cargado de un
valor ético y político: es ciencia, pero también acto de justicia histórica en estrecha
alianza con la comunidad.
En la situación ideal, esta vinculación sería totalmentearmoniosa: las
comunidades locales asumirían la protección de los sitios excavados, las
instituciones respaldarían sin trabas las iniciativas de memoria, y los hallazgos
arqueológicos se integrarían en museos o espacios de interpretación gestionados
de manera participativa.
En gran medida, en los últimos años la experiencia real ha ido en esa línea,
quizás más que en ningún otro subcampo arqueológico. De hecho, fue la demanda
social la que impulsó las primeras exhumaciones e investigaciones, y arrastró
luego a la academia. La colaboración con las asociaciones ha sido constante ygran
parte de las excavaciones se realizan a petición de familiares o colectivos
ciudadanos.
3.1.Asociaciones de familiares y colectivos memorialistas
Desde comienzos del siglo XXI, las asociaciones de familiares han sido el motor
esencial en la búsqueda y recuperación de las personas desaparecidas durante la
Guerra Civil y la dictadura. En todo el país, entidades como la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica, la Federación Estatal de Foros por la
Memoria y numerosas agrupaciones locales y provinciales han impulsado la
localización de fosas, la recogida de testimonios orales, la documentación de
memorias subalternas y la organización de homenajes.Estas entidades han
asumido tareas logísticas y políticas que incluyen el contacto con técnicos, la
obtención de financiación, la negociación con ayuntamientos y la coordinación de
actos públicos.
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Figura 1. Familiares y miembros de asociaciones memorialistas durante el acto
de dignificación y reinhumación de los restos de cuatro mujeres asesinadas
durante la guerra por las tropas fascistas en la localidad de Biscarrués (Huesca,
exhumadas e identificadas en 2018)
Fuente:Chautón(2020)
Su papel no se limita a lo testimonial, ya que son coproductores de
conocimiento y responsables de resignificar espacios de represión. Sin embargo, la
falta de reconocimiento institucional, los obstáculos administrativos y la creciente
tecnocratización del proceso han generado fricciones. El paso de modelos
participativos a dinámicas más burocráticas ha sido percibido por algunos
colectivos como un desplazamiento de su protagonismo histórico. Esta tensión
pone de relieve la necesidad de marcos de intervención que reconozcan a las
asociaciones como interlocutores legítimos y garanticen su participación activa en
todas las fases del proceso.
3.2.La administración autonómica y local: avances y retrocesos
El papel de las administraciones públicas ha sido ambivalente y desigual en el
conjunto de España. La aprobación de la conocida como Ley de Memoria Histórica
en 2007, estableció un marco mínimo para la implicación institucional, aunque su
desarrollo práctico dependió de la voluntad política de comunidades autónomas y
ayuntamientos. Algunos territoriosaprobaron leyes propias de memoria que
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definieron competencias, presupuestos y órganos específicos para la gestión de
políticas públicas en este ámbito.
En el plano municipal, la actitud ha sido igualmentedispar. Algunos
ayuntamientos han facilitado el acceso a cementerios, financiado exhumaciones o
promovidos actos públicos; otros han mostrado desinterés o incluso han
bloqueado iniciativas, escudándose en la neutralidad institucional o en el temor a
reabrir heridas. Estas diferencias reflejan el marcado sesgo ideológico aún
presente, además de las realidades culturales y sociales de cada territorio.
3.3.Las universidades y los equipos técnicos
La arqueología de la represión de la Guerra Civil Española es un campo de estudio
relativamentenuevo en el ámbito académico, que vincula la investigación histórica
a partir del estudio de la materialidad, con la memoria colectiva del conflicto. Esta
disciplina debería estar integrada de manera plena en los departamentos
universitarios: formaría parte del currículo, contaría con reconocimiento
institucional, financiamiento adecuado y grupos de investigación consolidados,
además de una intensa vinculación social y una producción científica y divulgativa
abundante. Asimismo, las universidades deberían haber ejercido una memoria
activa y autocrítica sobre su propio papel durante la contienda y el franquismo. En
la realidad actual, sin embargo, persisten brechas significativas en todos estos
aspectos.
En un escenario ideal, la arqueología de la Guerra Civil estaría incorporada de
forma sistemática en los planes de estudio de historia y arqueología. Ello
supondría asignaturas específicas sobre arqueología del conflicto contemporáneo,
prácticas de campo enfocadas en yacimientos de la Guerra Civil y trabajos de fin de
grado o máster en esta temática.Algunos avances reales apuntan en esa dirección,
pero de modo todavía parcial. En la práctica, la integración curricular ha
dependido más de iniciativas aisladas que de una planificación general.
En la actualidad, la oferta formativa ligada a la arqueología del conflicto ha
crecido principalmentea nivel de posgrado. Existen másteres y cursos de
especialización centrados en memoria histórica, antropología forense y conflictos
contemporáneos, por ejemplo, el Máster en Memoria Social y Derechos Humanos
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que incorporan
módulos sobre la Guerra Civil. Sin embargo, a nivel de grado, la presencia de esta
materia suele limitarse a temas puntuales dentro de asignaturas generales o a
prácticas voluntarias. Idealmente, la Guerra Civil debería ocupar un lugar
destacado en la enseñanza universitaria de Historia y Arqueología, dada la
relevancia de sus vestigios materiales.
Todavía no es común que todos los graduados en arqueología reciban
formación sistemática en métodos de excavación de conflictos contemporáneos o
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en gestión de patrimonio de la Guerra Civil, aunque algunas universidades sí
ofrecen ya seminarios optativos y prácticas extracurriculares al respecto.
La incorporación de universidades y equipos científicos interdisciplinarios ha
sido determinante para consolidar estándares metodológicos, garantizar el rigor
técnico y promover un análisis crítico de las intervenciones, aunque este proceso
se ha producido de forma desigual y, en muchos casos, tardía o inexistente hasta la
fecha. En el ámbito estatal, instituciones como la Universidad del País Vasco, la
Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada o la Universidad
Complutense de Madrid han desarrollado proyectos de referencia en colaboración
con asociaciones memorialistas y administraciones públicas.
Los equipos técnicos, integrados habitualmentepor arqueólogos,
antropólogos forenses e historiadores, desempeñan un papel central no solo en la
excavación y el análisis osteológico, sino también en la interpretación histórica de
los hallazgos y en la mediación entre familias e instituciones. La progresiva
profesionalización ha elevado la calidad de las intervenciones, aunque también ha
planteado desafíos, como las tensiones entre criterios técnicos y demandas
sociales, la precariedad laboral o la dificultad de conjugar la neutralidad científica
con un compromiso ético activo.
La clave, tanto a nivel nacional como regional, radica en desarrollar modelos
de intervención en los que el conocimiento científicocomplementey potencie el
saber comunitario, y en los que las universidades asuman un papel socialmente
comprometido e integren la investigación forense en la defensa de los derechos
humanos y en las políticas de memoria democrática. La colaboración entre los
equipos de arqueología y de antropología forense resulta fundamental para lograr
la localización precisa de los escenarios y la reconstrucción de los acontecimientos.
La combinación de ambas disciplinas es esencial, no solo para interpretar los
restos materiales mediante los métodos propios de la arqueología, sino también
para abordar el estudio y la identificación final de los restos humanos, tarea en la
que la antropología forense tiene un papel principal (Chautón, 2023, p. 34).
4.Tensiones éticas, políticas y metodológicas
Los procesos de investigación forense de la represión franquista no se reducen a
decisiones técnicas y arqueológicas. Están atravesados por dilemas éticos, disputas
políticas y desafíos metodológicos que condicionan su desarrollo y significado. En
el conjunto de España, estas tensiones se han manifestado de manera recurrente
en el curso de las exhumaciones, en especial en aspectos como el consentimiento
de las familias, el control sobre los relatos generados, la apropiación institucional
de la memoria o los usos del conocimiento producido. En este sentido la gestión de
la materialidad y la memoria de la Guerra Civil en democracia parte con cuatro
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décadas de desventaja con respecto a la experiencia de la España franquista
(Marín, 2015, p. 99).El proceso de incorporación de los espacios institucionales a
las políticas de memoria en España ha sido, y continúa siendo, lento y complejo.
Figura 2. Espacios cotidianos con reminiscencias de la dictadura. Símbolo
falangista en el callejero urbano
Resulta especialmente significativo que, en el marco de una sociedad
democrática europea del siglo XXI, dicho proceso se haya visto condicionado por
múltiples trabas de carácter político, social e incluso jurídico, impulsadas en gran
medida desde los sectores de la derecha y la ultraderecha. Estas resistencias han
contribuido a retrasar y dificultar de manera sistemática las iniciativas orientadas
a la dignificación de las víctimas de la represión franquista, lo que explica, en
última instancia, que todavía permanezcan sin exhumar más de un millar de fosas
comunes en el territorio español.
4.1.Apropiación institucional y conflictos de relato
Otra tensión habitual es la apropiación política de los procesos de memoria por
parte de las administraciones. En contextos de cambio político, se ha evidenciado
que las exhumaciones pueden ser instrumentalizadas, ralentizadas o neutralizadas
según los intereses partidistas. La retirada de financiación, la paralización de
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proyectos o la invisibilización de resultados son manifestaciones de que la
memoria continúa siendoun terreno de disputa ideológica.
A ello se suma una tensión narrativa entre las versiones generadas por los
equipos técnicos, que tienden a centrarse en los datos forenses y en la prudencia
interpretativa, y los relatos construidos por familiares y asociaciones, que
priorizan la vivencia, la denuncia y la reparación.
4.1.1. El Valle de Cuelgamuros: de mausoleo franquista a espacio de
resignificación democrática.
El Valle de los Caídos, hoy denominado Valle de Cuelgamuros, constituye uno de
los ejemplos más paradigmáticos de apropiación institucional y de usurpación del
espacio público por parte de la dictadura franquista. Concebido por Francisco
Franco e inaugurado en 1959, fue proyectado como un monumento
nacionalcatólico de dimensiones excepcionales, destinado a perpetuar la memoria
de la «Cruzada». Su construcción mediante trabajo forzado de cientos de presos
republicanos simbolizó la instrumentalización del sufrimiento de los vencidos para
levantar un santuario al servicio del régimen. La monumental cruz de 150 metros
de altura y la basílica excavada en la roca se erigieron así en signos visibles de la
victoria franquista y de la alianza entre Estado y religión.
La incorporación de más de 30.000 cuerpos trasladados desde fosas comunes
y cementerios de toda España, muchos de ellos republicanos sin conocimiento ni
consentimiento de sus familias, convirtió el complejo en el mayor osario del país.
En este proceso, el Estado franquista transformó un espacio público en un lugar de
culto político e ideológico, apropiándose de los restos de los vencidos como parte
del relato oficial de reconciliación bajo hegemonía dictatorial. Tras la muerte de
Franco en 1975, la permanencia de sus restos en el altar mayor convirtió al Valle
en su mausoleo personal y en un enclave de exaltación, donde se mantuvo viva la
memoria de los vencedores.
El traslado de los restos de Franco en octubre de 2019 representó un punto
de inflexión en el proceso memorialista español. Su exhumación, retransmitida en
directo, tuvo un fuerte valor simbólico al separar el culto religioso de la apología
política, y al abrir la puerta a una resignificación del enclave como espacio público
democrático. La acción institucional, liderada por el Gobierno a través de la
Secretaría de Estado de Memoria Democrática, marcó el inicio de un cambio de
narrativa en torno al Valle: de santuario de la dictadura a lugar sujeto a debate,
gestión y reinterpretación en clave democrática.
En la actualidad, el recinto es escenario de un proceso de investigación
forense sin precedentes. Los trabajos de exhumación y análisis antropológico,
autorizados por resoluciones judiciales y dirigidos por equipos especializados,
buscan restituir los restos a las familias que así lo soliciten. Estas actuaciones
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convierten al Valle de Cuelgamuros en un laboratorio de resignificación donde
confluyen ciencia forense, acción institucional y demandas ciudadanas, en un
contexto marcado por tensiones éticas, políticas y sociales.
El simbolismo del Valle trasciende su monumentalidad arquitectónica.
Encierra en un mismoenclave la compleja relación entre memoria, olvido e
imposición de un relato único, y su resignificación constituye un reto central en la
construcción de una memoria democrática. De mausoleo del dictador y espacio de
apología franquista, ha pasado a convertirse en un lugar donde la ciencia forense y
la acción institucional se articulan con el objetivo de recuperar la verdad histórica,
restituir a las víctimas y redefinir el sentido de un espacio público usurpado por la
dictadura.
4.2.Estandarización metodológica y precariedad profesional
En el plano técnico, uno de los principales retos es la ausencia de una
estandarización metodológica común a nivel estatal. Aunque se han elaborado
guías y protocolos de referencia desde el gobierno central, todavía no existe una
definición clara ni un estatus preciso para disciplinas centrales en la investigación
de la materialidad de la represión en España, entre ellas la propia Arqueología
Forense. En otros países, la figura del arqueólogo forense está reconocida y
mantiene una relación estrecha con la del antropólogo o médico forense. En
España, sin embargo, esta figura no ha sido aún institucionalizada, lo que puede
explicarse por varios factores: las diferencias en la formación académica de la
arqueología y la antropología, la ausencia de un marco normativo específico, la
insuficiencia de recursos financieros y, en último término, la naturaleza mismade
la criminalidad en el país.
En el ámbito penal, la legislación vigente tampoco contempla de forma
expresa la participación de la Arqueología en la investigación criminal, aunque su
utilidad se reconoce en otros marcos jurisdiccionales (Muñoz y Viéitez, 2018, p.
27). Esta carencia de sistematización metodológica ha tenido consecuencias
directas: las exhumaciones presentan notables diferencias en aspectos
fundamentales como la calidad de la documentación, los protocolos de toma de
muestras, el registro de los objetos asociados o la gestión de los restos exhumados.
A esta disparidad se suma la precariedad estructural de los equipos. Muchas
intervenciones se desarrollan con recursos limitados, plazos reducidos y personal
contratado de forma temporal. Este contexto no solo repercute en la calidad
científica, sino también en el acompañamiento emocional a las familias, en la
producción de materiales divulgativos y en la continuidad de las investigaciones.
La ausencia de una estructura pública estable para la intervención forense en
memoria histórica deja en manos del voluntarismo y la inestabilidad laboral un
trabajo que debería formar parte de una política de Estado.
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4.3.El lugar del conocimiento
Otra tensión persistente se refiere al destino y la gestión del conocimiento
generado en estos procesos. Surgen preguntas como: ¿para quién se produce?
¿Quién lo gestiona y difunde? ¿Cómo se garantiza su acceso y su utilidad social? En
muchos casos, los informes técnicos quedan archivados sin difusión pública o se
redactan en un lenguaje poco accesible para las comunidades locales. La dimensión
pedagógica y comunitaria de la arqueología de la represión sigue siendo, en gran
medida, una tarea pendiente.
Al mismotiempo, la publicación científica de los resultados puede generar
nuevas fricciones, sobre todo cuandolas familias perciben que sus testimonios se
han utilizado sin consulta previa o sin un retorno claro hacia ellas. El reto consiste
en promover modelos de investigación colaborativa, en los que los diferentes
saberes, académico, técnico, familiar y testimonial, se reconozcan mutuamentey
contribuyan a una memoria crítica y reparadora.
5.Diálogo con la experiencia uruguaya
Las trayectorias de la antropología forense aplicada a la violencia política en
Uruguay y en España presentan diferencias estructurales notables. En Uruguay, el
desarrollo de la investigación forense ha estado estrechamentevinculado a
acuerdos políticos y procesos judiciales sobre los crímenes y desapariciones
durante la dictadura y predictadura (López Mazz, 2017, p. 41). En España, por el
contrario, las exhumaciones han tenido un carácter
fundamentalmentememorialista y administrativo, con escasa proyección en la
esfera judicial.
En ambos contextos, el motor inicial ha sido la acción persistente de los
familiares de las víctimas. Su demanda por verdad y dignificación forzó la apertura
de procesos de búsqueda y cuestionó el silencio institucional. En Uruguay, el rol de
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos resultó decisivo
desde finales de los años noventa al reclamarla apertura de archivos y la
localización de los desaparecidos y motivar la creación, en 2005, del Grupo de
Investigación en Antropología Forense (GIAF) (Marín, 2016, p. 851). En España,
aunque con menor capacidad de incidencia judicial, los colectivos de familiares y
asociaciones civiles han desempeñado un papel semejante en la promoción de las
exhumaciones (De Greiff, 2014, p. 3).
La diferencia esencial radica en el grado de traducción de estas demandas en
políticas públicas. La ausencia de un compromiso público estable en Uruguay
convirtió al GIAF en el actor clave para generar evidencias, visibilizar las
desapariciones forzadas y desmontar el discurso de la impunidadpara los militares
represores, promovido por la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva
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del Estado (Pintos Llovet, 2019, p. 124). No obstante, mientras que finalmentese
institucionalizó la coordinación estatal de la búsqueda con la intervención directa
de la presidencia del estado (López Mazz, 2017, p. 49), en España el proceso ha
permanecido, al menos hasta el inicio de la presente década, fragmentado,
dependiente de coyunturas políticas y sin un marco judicial consolidado siempre
de espaldas a los preceptos humanitarios, sin la necesaria coordinación o
acercamiento necesario entre las víctimas y las instituciones estatales, tal y como
detallaba el informe del Relator Especial de Naciones Unidas hace poco más de una
década (De Greiff, 2014, p. 19).
En España, la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977 ha limitado la
posibilidad de judicialización, lo que ha derivado en un modelo de exhumaciones
centrado en la memoria y en la reparación simbólica (Solé, 2019, p. 443). Este
marco de impunidad estructural ha relegado la función jurídica de la ciencia
forense y ha situado su valor principalmente en la producción de memoria
histórica y en la justicia social no judicializada.
La institucionalización en Uruguay se ha apoyado en la Universidad de la
República y en equipos técnicos de carácter estable, con vínculos estrechos al
Estado y a la Fiscalía (Marín, 2015, p. 216). En España, en cambio, la labor ha
recaído en equipos independientes o asociaciones, con apoyos intermitentes de
universidades y escasa articulación institucional (González-Ruibal, 2013, p. 31).
En cuanto a la participación social, el modelo español se caracteriza por una
mayor horizontalidad: los familiares acompañan directamentelas exhumaciones y
actos conmemorativos. En Uruguay, la centralización institucional ha
profesionalizado el proceso, pero en ocasiones ha generado tensiones con los
familiares, en relación con ritmos de investigación y la continuidad de la
financiación de los trabajos (Marín, 2016, p. 851).
El contraste entre ambos casos permite extraer aprendizajes y retos
comunes: la necesidad de una voluntad política sostenida, la consolidación de
estructuras técnicas estables e independientes, la inclusión activa de las familias
como coproductoras del proceso, y la importancia de la dimensión ética y
pedagógica de las investigaciones.
Más allá de las diferencias normativas, tanto en España como en Uruguay la
antropología forense se revela como una herramienta de verdad y memoria, con un
sentido pleno únicamentecuandose integra en políticas públicas de derechos
humanos.
En última instancia, el diálogo entre ambas experiencias confirma que la
investigación forense de la represión estatal es mucho más que una práctica
técnica: constituye un espacio en el que se conjugan ciencia, memoria y derechos
humanos. El caso español demuestra la capacidad de la sociedad civil para
impulsar procesos en ausencia de un marco judicial, mientras que la experiencia
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uruguaya evidencia el potencial de la judicialización para garantizar verdad y
justicia. Su comparación no solo permite identificar buenas prácticas y prevenir
errores, sino que también invita a construir un horizonte común de cooperación
internacional, donde la memoria democrática y la investigación forense se
reconozcan como pilares fundamentales de la justicia posrepresiva.
6.Belchite como caso representativo: patrimonio, turismo y
memoria democrática
El análisis de Belchite permite descender del plano teórico a un ejemplo
paradigmático de cómo se entrelazan memoria, patrimonio y arqueología en la
España contemporánea. La localidad zaragozana constituye un símbolo
excepcional de la Guerra Civil y de la posterior construcción ideológica del
franquismo. La destrucción del casco urbano durante la batalla de 1937 fue
transformada en propaganda política, al mantener en ruinas el pueblo viejo como
testimonio de la «crueldad de los vencidos» y edificar el Nuevo Belchite como
expresión de la «Nueva España» de los vencedores. Franco propone conservar los
restos del pueblo objeto de la batalla, con el fin deconvertirlos en testimonio y
recuerdo constante del heroísmo de los vencedores y de la brutalidad de la batalla
que se libró allí y la crueldad de los vencidos (Marín, 2015, p. 97).
El Pueblo Viejo fue «congelado en el tiempo» como un escenario
propagandístico que ocultaba la violencia ejercida contra la población civil,
silenciada durante décadas bajo el franquismo y en gran medida también en
democracia (Chautón et al., 2021, p. 477)
En este marco simbólico, la recuperación de las fosas comunes del
cementerio en 2021 y 2022 supuso un hito que cuestionó el relato oficial y
resignificó el espacio desde la memoria democrática. Las intervenciones
arqueológicas, dirigidas por un equipo multidisciplinario, documentaron un total
de ocho fosas comunes y permitieron la exhumación de 95 cuerpos de personas
asesinadas en los primeros días del golpe de Estado, entre ellos el alcalde
republicano Mariano Castillo y varios concejales locales. Estos hallazgos, sin
constancia documental previa, devolvieron a la comunidad la memoria de una
represión silenciada durante décadas (Lorenzo et al., 2023, p. 476).
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Figura 3. Restos de víctimas en las fosas del cementerio de Belchite
El proceso constituyó un paradigma metodológico al recorrer todas las fases
de una investigación forense de carácter integral: recopilación de fuentes
históricas y testimoniales, excavación arqueológica, estudio antropológico, análisis
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genético e identificación de víctimas. La amplitud del trabajo, acompañado de actos
públicos, visitas escolares y una intensa cobertura mediática, demuestra cómo la
ciencia y la sociedad pueden converger en la construcción de memoria y en la
restitución de dignidad a las familias.
Belchite se ha convertido así en un laboratorio de memoria donde confluyen
arqueología, patrimonio y política. La exhumación ha mostrado que es posible
resignificar un espacio turístico cargado de propaganda para transformarlo en
lugar de verdad, duelo y aprendizaje colectivo. Sin embargo, la paradoja de este
proceso radica en su contexto político. Mientras se desarrollaban las
exhumaciones, el Gobierno autonómico pasó a manos de una coalición de derecha
y ultraderecha que promovió la derogación de la Ley 14/2018 de Memoria
Democrática de Aragón (Ley 1/2024, de 15 de febrero), alegandoque imponía un
relato ideológico y partidista de la historia. Este hecho evidencia la tensión entre
los avances científico-sociales en la investigación de la represión y los retrocesos
normativos y distensiones ideológicas sociopolíticas aun persistentes y muy
vigentes en el reconocimiento institucional de las víctimas.
El proceso de exhumación incluyó actos públicos, visitas escolares, cobertura
mediática y una amplia implicación vecinal. Este caso evidencia que es posible
articular la memoria democrática con el patrimonio histórico,
resignificandoespacios simbólicos y cuestionandolas formas de uso despolitizado
del pasado. La combinación de rigor técnico, legitimidad social e impulso
institucional convirtió la exhumación de Belchite en un modelo de intervención
con notable impacto público.
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Figura 4. Visita de alumnos del IES El Portillo, de Zaragoza a la fosa durante los
trabajos de exhumación (G:García)
En definitiva, Belchite representa un caso ejemplar para comprender cómo
las exhumaciones trascienden lo estrictamentetécnico para inscribirse en el
terreno de la disputa política y simbólica. El diálogo entre memoria democrática,
investigación arqueológica y gestión patrimonial revela tanto el potencial
transformador de estos procesos como sus límites en un contexto social y político
polarizado.
7.Conclusiones y propuestas
El desarrollo de las políticas de memoria en España se inscribe en un proceso más
amplio de consolidación democrática iniciado con la Constitución de 1978, que se
fundamentó en un compromiso social y político orientado a superar las profundas
heridas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La recuperación de las
libertades y del Estado de Derecho asumió el legado democrático forjado por
varias generaciones con el propósito de garantizar la convivencia en un marco de
pluralismo, así como de construir un orden económico y social más justo. Desde
entonces, múltiples iniciativas políticas, jurídicas y culturales han buscado reparar
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las fracturas del pasado, evitar divisiones y fomentar la cohesión ciudadana en
torno a los valores constitucionales y los derechos fundamentales.
El reconocimiento institucional de la memoria histórica alcanzó un momento
clave con la aprobación de la Ley 52/2007, que amplió derechos y estableció
medidas en favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra
Civil y la dictadura, e incorporó la condena internacional del franquismo por las
violaciones de derechos humanos cometidas entre 1936 y 1975. La creación en
2020 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y de la Dirección General
de Memoria Democrática reforzó la estructura institucional para la
implementación de estas políticas, entendidas como un derecho de la ciudadanía y
orientadas a garantizar los principios de Verdad, Justicia, Reparación y no
repetición.
En este marco, el análisis del caso español en la investigación forense de la
represión franquista ofrece conclusiones de relevancia tanto a escala local como
internacional. En poco más de dos décadas, el trabajo en torno a las fosas comunes
ha pasado de ser una práctica marginal impulsada por familiares y asociaciones a
consolidarse como un campo interdisciplinarioen el que convergen saberes
científicos, demandas sociales y políticas institucionales. No obstante, este proceso
se ha caracterizado por una evolución desigual y frágil, marcada por tensiones
entre actores, visiones y objetivos.
Una de las principales conclusiones es que la exhumación de fosas no puede
entenderse únicamentecomo un procedimiento técnico ni como una acción
simbólica aislada. Se trata de un proceso complejo que combina responsabilidades
públicas, conocimiento especializado, memorias vivas y disputas por la verdad.
En contraste, los retrocesos normativos, las tensiones político-partidistas y la
precariedad de los equipos constituyen obstáculos estructurales que limitan la
continuidad de estos procesos. Hechos como la derogación de la Ley de Memoria
Democrática de Aragón, son ejemplo de la fragilidad de los avances institucionales
y, al mismotiempo, un recordatorio del papel central de los colectivos
memorialistas en la defensa y sostenimiento de las iniciativas de memoria incluso
en contextos adversos. La memoria, como espacio de disputa, necesita no solo
marcos legales, sino también voluntad política estable y un compromiso ciudadano
activo.
La comparación con la experiencia uruguaya refuerza esta perspectiva.
Aunque los modelos judicializados pueden ofrecer mayores garantías de verdad y
justicia, también conllevan riesgos de burocratización y alejamiento de las
comunidades afectadas. Por ello, una antropología forense comprometida debe
conjugar precisión técnica, sensibilidad ética y una vocación transformadora. Solo
así podrá consolidarse como una herramienta efectiva al servicio de los derechos
humanos y de la reparación histórica.
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A partir de este recorrido, se plantea la necesidad de consolidar estructuras
públicas estables, dotadas de financiación garantizada, personal especializado y
mecanismos de coordinación interinstitucional, capaces de abordar de manera
integral las fosas comunes. Ello requiere también marcos normativos que
reconozcan a las víctimas como sujetos de derecho y aseguren su identificación,
dignificación y reparación. En este proceso resulta esencial garantizar la
participación activa de los familiares y asociaciones.
La implicación de las universidades se presenta igualmentefundamental, a
través de la formación en arqueología y antropología forense, el fomento de la
producción científica y la incorporación de una perspectiva crítica y ética vinculada
a las políticas de memoria. Junto a ello, conviene potenciar la dimensión
pedagógica y comunitaria de las exhumaciones mediante proyectos educativos,
museográficos y documentales que restituyan su sentido público.
Finalmente, el impulso de redes internacionales de cooperación, en especial
con América Latina, favorece el intercambio de metodologías, la respuesta a
desafíos comunes y la construcción de una epistemología forense orientada a la
justicia en contextos post-represivos.
En definitiva, los procesos de exhumación no remiten solo al pasado, sino que
constituyen prácticas plenamenteactuales que interpelan a las sociedades
democráticas: recordar, investigar y reparar son acciones que, articuladas de
manera coherente, permiten construir un presente más justo y un futuro con
memoria.
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