1. Introducción

Las dictaduras militares (con participación civil) de la Argentina y el Uruguay atacaron a los movimientos sindicales de dichos países en la década del setenta, con el propósito de neutralizarlos y dominarlos. No obstante ello, la acción colectiva resurgió y se mantuvo en el tiempo. Durante la transición de los regímenes autoritarios a las democracias, esos movimientos fueron actores importantes de la oposición, integrando las coaliciones multisectoriales que protagonizaron las extendidas e intensas movilizaciones del período y consiguieron arrancar a los militares la convocatoria a elecciones democráticas. Este artículo es un intento de comprender por qué fue así, mediante el recurso de la comparación entre las dos experiencias y respondiendo a las siguientes preguntas: ¿por qué las acciones colectivas reaparecieron y se consolidaron a pesar de la represión estatal?, ¿por qué lo hicieron en el momento que lo hicieron? y ¿por qué no pudieron constituirse en líderes de coaliciones multisectoriales que acorralaran y desplazaran a los militares del poder?

En este punto es necesario aclarar que nuestro objeto de estudio son los movimientos sindicales, aunque haremos referencia circunstancial a la clase trabajadora y a sus políticas en el seno de sus lugares de trabajo, por eso cabe definir a dicho movimiento antes de adentrarnos en el desarrollo del artículo. Siguiendo a Richard Hyman debemos decir que un sindicato es, principalmente

un instrumento y un medio de poder, cuyo propósito es el de permitir que los trabajadores ejerzan, colectivamente, el control sobre sus condiciones de empleo, el cual ellos no tienen posibilidades de realizar en tanto individuos aislados […] De modo que el sindicalismo es la base formal para una estructura de control compensadora, que restringe y en algunos casos neutraliza la dominación del empresario.[1]

Los sindicatos, al actuar en el terreno del control, pueden «desbaratar el funcionamiento normal de un sistema económico capitalista».[2] En este punto la definición de Hyman se vincula con la idea de movimientos sociales que ha desarrollado Sidney Tarrow, para quien éstos son «desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades».[3] En este artículo los dos conceptos estarán interrelacionados, ya que vamos a considerar al sindicalismo como motor de movimientos sociales que desafiaron y desbarataron el orden que pretendían imponer las dictaduras de la Argentina y el Uruguay.

El siguiente texto está organizado en tres partes. La primera de ellas contiene una breve referencia al «estado del arte» y una explicitación del enfoque conceptual y la metodología con el que analizamos nuestro objeto de estudio. La segunda es un marco contextual sobre las dictaduras militares (con participación civil) de la Argentina y el Uruguay, comenzando por su instalación y carácter, y reservando un lugar especial a la transición a la democracia. Y la tercera consiste en una descripción acotada del repliegue y resistencia del sindicalismo frente a la represión y los intentos de «domesticarlo», en la etapa de la «supremacía militar», y en el desarrollo específico y ampliado del tema del artículo, es decir el papel de los movimientos sindicales en las transiciones a la democracia.

2. Primera parte

Estado del arte

La producción historiográfica argentina y uruguaya sobre los movimientos sindicales durante las dictaduras militares de las décadas del setenta y del ochenta tiene particularidades y semejanzas. En la Argentina, en los quince años posteriores a la recuperación de la democracia, aparecieron los estudios de Arturo Fernández y Pablo Pozzi, y para el Uruguay los de Jorge Chagas y Mario Tonarelli; Jorge Rodríguez, Jorge Chagas y Antonio Ladra; y Álvaro de Giorgi.[4] En todos ellos ocupa un lugar importante la descripción del impacto de la represión y la nueva regulación estatal sobre las organizaciones sindicales, las prácticas de los dirigentes —tanto de la resistencia clandestina como de la negociación abierta con el régimen autoritario— y el activismo de militantes y bases sindicales. Con excepción de Pablo Pozzi, quien se interesa por las prácticas «subterráneas» a nivel del lugar de trabajo, en la mayoría no encontramos un enfoque «desde abajo» de las acciones colectivas. Las fuentes incluyeron a la prensa comercial, la clandestina o semiclandestina, consultada en archivos europeos y norteamericanos, los informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los testimonios de los protagonistas, en su mayoría dirigentes de las centrales obreras o de sindicatos individuales.

Después de un lento avance de las investigaciones durante la década del noventa, en las primeras décadas del siglo XXI se revirtió esta tendencia y un número importante de libros, artículos y ponencias, en comparación a la escasez anterior, fueron publicados o presentados en encuentros científicos. Dichos textos se alejan de las miradas panorámicas, privilegiando los estudios de casos, e incorporan nuevos tópicos y fuentes, como los documentos producidos por los organismos estatales de inteligencia y represión durante la dictadura. Entre los estudios de caso podemos mencionar los conflictos laborales en establecimientos y en regiones industriales específicas;[5] la desindustrialización según las vivencias y la memoria de los trabajadores;[6] los episodios de la represión contra dirigentes y activistas sindicales, incluso con complicidad empresaria;[7] el corpus normativo de la acción sindical, la intervención de los sindicatos por la dictadura y la participación de los delegados sindicales en la OIT.[8]

En la historiografía uruguaya se destacan las indagaciones sobre organizaciones sindicales y sociales específicas de Juan Pedro Ciganda, sobre el sindicato bancario, y el de Sabrina Álvarez y Álvaro Sosa sobre el de la construcción; acerca de la resistencia obrera y sindical de Álvaro Rico, sobre la huelga general de la CNT contra el golpe de estado de 1973, y de Álvaro Sosa, sobre la «batalla por la reafiliación» de 1973; y sobre la regulación de las relaciones laborales y sindicales por parte de la dictadura de Alicia Morón.[9] Por último, vale acotar que no existen estudios comparativos recientes sobre los movimientos sindicales en las dictaduras militares del Cono Sur y con excepción del artículo de Paul Drake, ninguno incluye al movimiento sindical uruguayo.[10]

Herramientas conceptuales

Este artículo no es resultado de una investigación empírica original, sino de la lectura de una parte de los textos argentinos y uruguayos que citamos antes. Recurrimos a la comparación porque es, en términos generales, un instrumento valioso para el estudio de muchos de los problemas que nos presenta la historia latinoamericana, en la medida en que nos ayuda a evitar el empirismo, romper los particularismos nacionales y conceptualizar la problemática histórica. La comparación entre las sociedades argentina y uruguaya es válida porque son cercanas en el espacio y sus procesos históricos presentan simultaneidad temporal, lo que cumple dos de los requisitos exigidos por la clásica definición de Marc Bloch. Por otra parte, es poco el riesgo de no poder distinguir lo específico de cada una de ellas de lo que ha resultado de influencias recíprocas, ya que la cercanía geográfica y los episodios del pasado más lejano que las vincularon son relativizados por dos cuestiones: se han considerado casi siempre como dos trayectorias muy diferentes entre sí y la historia política y social uruguaya no registra nada parecido al peronismo. La otra herramienta conceptual de este trabajo es la de los movimientos sociales, que ha propuesto el sociólogo norteamericano Sidney Tarrow, quien los define como «desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades».[11]

3. Segunda parte

Las dictaduras militares en el Cono Sur. Instalación y carácter

A partir del año 1964, los golpes de Estado que se sucedieron en América Latina tuvieron la particularidad de instalar regímenes políticos nuevos, diferentes de las dictaduras familiares y patrimoniales que habían sido comunes desde el período de la Independencia.[12] A partir de tres dimensiones presentes en esos regímenes, como sus objetivos institucionales, la cultura política del país en que aparecieron y la naturaleza de sus proyectos socioeconómicos, Alain Rouquié categoriza a los gobiernos militares argentino y uruguayo como regímenes constituyentes, aunque Uruguay fue un caso de militarismo «catastrófico», en el sentido de que su intervención interrumpió un período prolongado de democracia representativa.[13] Según el proyecto socioeconómico los dos países comparten la categoría de «terroristas y neoliberales», ya que asociaron la represión más despiadada con el liberalismo más voluntarista, para transformar la sociedad y la economía a gusto de los militares, la burguesía industrial y el capital extranjero.

Más allá de la influencia de la Guerra Fría, la política de «contención del comunismo» de Estados Unidos y la Revolución Cubana, el autoritarismo militar surgió, en la Argentina y el Uruguay, del seno de la crisis del Estado democrático. Aunque los procesos políticos anteriores a los golpes de estado fueron diferentes, de un militarismo reiterativo en la primera y de prolongados períodos de democracia representativa en el segundo, al momento de la intervención de los militares para tomar el poder en los dos casos «la democracia era ya un lugar vacío, el problema era el vacío de la democracia, la carencia de sustancia, y sin esa sustancia no se puede sostener. […] el sentir democrático no estaba ya presente en la conciencia de ciudadanos y dirigentes».[14] Los partidos tradicionales, peronismo y radicalismo en la Argentina, Colorado y Nacional en el Uruguay, se mostraban incapaces de resolver el grave problema de unas instituciones democráticas deslegitimadas.

La toma del poder por los militares y la instalación de las instituciones del nuevo régimen político presentan diferencias y semejanzas entre los dos países. En la Argentina el golpe se produjo el 24 de marzo de 1976, cuando los comandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) consideraron que «la fruta estaba madura», es decir cuando la situación del gobierno constitucional era insostenible y habían fracasado todos los intentos por encontrar una salida democrática a su crisis de legitimidad. En el Uruguay, en cambio, la dictadura se instaló «lentamente» a partir de 1973, en un primer momento el nuevo régimen fue encabezado por un magistrado de origen constitucional y los organismos del mismo tipo fueron reemplazados progresivamente por otros de facto, hasta la sustitución definitiva de aquél por un Presidente sin legitimidad democrática, en 1976.[15] Entre las semejanzas están la conformación de un cuerpo colegiado, la Junta Militar o Consejo de Estado, como órgano supremo del Estado, de un órgano unipersonal, la Presidencia, como ejecutor de las políticas diseñadas por el primero. El órgano supremo tenía atribución de poder constituyente, sus normas tenían fuerza de ley y estaban por encima de la Constitución Nacional, lo que serviría para fundar un nuevo orden y abolir el Estado de Derecho. [16]

Transiciones de las dictaduras a las democracias

En su texto clásico Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter definieron la transición de un régimen a otro como el movimiento desde algo hacia algo diferente, que puede ser una democracia política y está atravesado por la indeterminación y la incertidumbre.[17] Tanto una como la otra estuvieron presentes en el movimiento hacia la Democracia en la Argentina y el Uruguay. En la Argentina la rendición de las ffaa en las Islas Malvinas, en junio de 1982, tuvo como efecto inmediato la disolución de la Junta Militar, que no se ponía de acuerdo sobre la designación del futuro presidente. El ejército, la única fuerza que se hizo cargo del régimen, designó finalmente al general Bignone. Antes de disolverse, la Junta Militar acordó que el próximo gobierno sería de transición, llamaría a elecciones democráticas y entregaría el mando en los primeros meses de 1984.[18] El régimen había perdido su legitimidad años antes de la operación militar en Malvinas y ahora transitaba una etapa de descomposición, aunque no por la presión irresistible de las fuerzas civiles sino por las luchas facciosas internas.

Entre los dirigentes de los partidos mayoritarios la desunión militar creaba incertidumbre. Desde que se habían nucleado en la Multipartidaria, el 14 de julio de 1981, su propósito no había sido presionar y obligar a los militares a devolver rápidamente el poder a los civiles, sino acompañar una apertura dirigida por los militares más moderados. La transición era pensada como el fruto de un acuerdo entre civiles y militares, por lo tanto la desunión militar parecía complicar ese movimiento. Bignone, el nuevo presidente, les anunció que levantaría la veda política el 1 de julio y ratificó que traspasaría el poder a los civiles antes de marzo de 1984. El fin de la veda política y la promulgación del Estatuto de los partidos políticos, aceptado por la mayoría de los dirigentes, parecían aceitar el movimiento hacia la democratización.

Sin embargo, entre los meses de julio y noviembre crecieron en las bases de la sociedad política, en actos y mítines, los cuestionamientos a la política económica del gobierno militar y las exigencias de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, cometidas durante la primera etapa de la dictadura. Una sociedad movilizada y sin la mordaza de la censura levantaba una oposición al régimen mucho más radical y profunda que los dirigentes de los partidos mayoritarios. Como reacción la Junta Militar, reconstituida en septiembre, anunció los temas que se discutirían con la Multipartidaria para encaminar la transición. Los más importantes eran «la lucha contra el terrorismo, desaparecidos, investigación de ilícitos y presencia constitucional de las fuerzas armadas en el próximo gobierno nacional». (Quiroga 2005 329). Los militares proponían una transacción con los partidos políticos: garantizaban el llamado a elecciones y la entrega del poder a cambio de no ser juzgados por los delitos cometidos, incluidas las violaciones a los derechos humanos.

La Multipartidaria rechazó la propuesta, por considerar que condicionaba al futuro gobierno democrático, y decidió convocar una movilización nacional para el 16 de diciembre de 1982. La multitudinaria Marcha del Pueblo constituyó un punto crucial para la oposición a la dictadura porque le quitó la iniciativa política al gobierno, exigiendo severamente que concretara un calendario preciso para la normalización institucional. En los meses siguientes el centro del escenario fue ocupado por los partidos políticos y la ola de movilizaciones se incrementó; el trayecto hasta las elecciones del 30 de octubre de 1983 estuvo cargado de incertidumbre.

El final de las aspiraciones fundacionales del régimen militar uruguayo fue el resultado del plebiscito constitucional de 1980. En mayo de ese año el gobierno estableció unas «pautas constitucionales», que definían al futuro régimen como una democracia limitada, y decidió plebiscitarlas. Su campaña no se basó en el proyecto de Constitución sino en la gestión gubernamental y consiguió, sin quererlo, transformarlo en un plebiscito sobre el régimen. Autorizados a participar de este, los partidos pusieron en marcha sus mecanismos de comunicación y el No al proyecto constitucional se convirtió rápidamente en un reclamo por la recuperación de la democracia. El resultado del plebiscito sorprendió a los militares: el No superó el 57 % de los votos totales y el gobierno debió reconocer su derrota.

Sin embargo, el tropiezo electoral no fue seguido de un colapso del régimen, como sucedió en la Argentina después de la derrota militar en las Malvinas. A pesar de su victoria, el bloque opositor se mostró incapaz de obligar a los militares a sentarse a negociar la agenda de la transición política. Por el contrario, esta fue impuesta por el gobierno seis meses después del plebiscito: a partir de la próxima designación de presidente, el 1.° de setiembre de 1981, se iniciaría un período de «transición» hasta la entrega del poder a un civil, durante el cual los militares negociarían con los partidos una reforma constitucional y un Estatuto de los Partidos Políticos, y éstos celebrarían elecciones internas para renovar sus autoridades. La transición uruguaya comenzó, por lo tanto, cargada de incertidumbre: dentro de las FFAA no había una sola definición de lo que entendían por «transición» y los partidos políticos deberían maniobrar según dos lógicas difíciles de compatibilizar, formar un frente opositor que acompañara o presionara para la desestructuración del orden autoritario y competir entre sí en vistas a la futura elección de presidente.

A partir de 1981 el escenario político, social y económico uruguayo se volvió más complejo y se hizo inmanejable para el gobierno militar, que pudo administrar el cronograma electoral hasta la entrega del poder pero que ya no podría intentar seriamente una refundación del orden: a la deslegitimación que había sufrido con el plebiscito le seguiría su agotamiento a partir de 1984. Sin embargo, y a diferencia de su par argentino, el régimen autoritario uruguayo no pasará por la descomposición de sus instituciones, la Junta de Comandantes se mantuvo unida y tomó a su cargo la negociación con los partidos políticos. A estos se sumó el Frente Amplio con una línea política autónoma y enriquecedora del discurso opositor. En agosto de 1984 gobierno y oposición acordaron que habría elecciones democráticas en noviembre. La propuesta de concertar entre los partidos las políticas que llevaría adelante el próximo gobierno, formulada por el líder del Frente Amplio, el General Líber Seregni, permitió la reincorporación del Partido Nacional, distanciado por la detención de su máximo dirigente, Wilson Ferreira Aldunate, y la reconstitución de la Multipartidaria.

4. Tercera parte

Los movimientos sindicales en el período de la «supremacía militar», del repliegue a la resistencia[19]

La disolución del Parlamento uruguayo, anunciada el 27 de junio de 1973, fue resistida por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) con una huelga general.[20] Esta fue una respuesta política de la CNT al avance del autoritarismo y era consecuente con la línea política que había adoptado desde su fundación (1964) y reafirmado durante los gobiernos autoritarios de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y de Juan María Bordaberry.[21] A diferencia del movimiento sindical uruguayo, su homónimo argentino esperó el inminente golpe de estado con «una desesperanzada pasividad».[22] En marzo de 1976 estaban al margen del poder y distanciados de la presidenta, Isabel Martínez de Perón, por desacuerdos con su plan económico. La Confederación General del Trabajo (CGT) lo había rechazado y suspendido las negociaciones colectivas.[23] Los dirigentes no prepararon una defensa activa del gobierno ante los rumores de un golpe inminente.[24] En los dos países, lo que siguió a los golpes de estado fue un movimiento de repliegue defensivo por parte del sindicalismo, que durará varios años. Este fue consecuencia no solo de los intentos de las dictaduras de eliminar el «terrorismo de empresa»,[25] sino también de las políticas dirigidas a disciplinar al movimiento sindical.[26]

No obstante, los intentos de las dictaduras de crear un sindicalismo dócil y de contener los conflictos laborales no tuvieron el éxito esperado, debido a la resistencia opuesta en los dos países. Las acciones individuales y colectivas de resistencia en Uruguay pueden distinguirse según dos dimensiones, una comprende aquellas protagonizadas por los dirigentes sindicales o coordinadas por la dirección de la CNT en la clandestinidad, y otra incluye la actuación reivindicativa de cada sindicato en particular. Sobre la primera dimensión pueden mencionarse las denuncias contra la militarización del mundo del trabajo y los reclamos en favor de la democratización por parte de los dirigentes de la Tendencia, opositores de los comunistas, que hicieron fracasar la convocatoria de un «diálogo» público con el ministro del Interior, general Bolentini, en la Sala Verdi, el 25 de julio de 1973.[27] Otro episodio notorio de esta dimensión fue la apropiación de la campaña de reafiliación lanzada por el gobierno, en el marco del Decreto 622/973, que ofrecía la oportunidad —no deseada por aquel— de registrar nuevas organizaciones, reafiliar a los afiliados ya existentes, recibir la personería jurídica y el reconocimiento para negociar con las empresas, lo que hasta ahora era muy relativo.[28]

Asimismo, la CNT promovió denuncias testimoniales contra la dictadura, consistentes en apagones, actos en feriados nacionales, declaraciones públicas, reclamos por la libertad de dirigentes y militantes presos, y denuncias en espacios de solidaridad internacional. Con su coordinación se realizaron dos movilizaciones importantes, con actos relámpago, en conmemoración de los primero de mayo en 1974 y 1975, con importante asistencia de trabajadores a pesar de la represión. La otra dimensión incluye la actuación reivindicativa de cada sindicato en particular, en la que predominaron acciones de reclamo por la liberación de los detenidos, la reincorporación de despedidos, la caída del poder adquisitivo de los salarios, el deterioro de las condiciones de trabajo y la defensa de la industria. Así como movilizaciones, presentación de memorandos, volanteadas, paros de brazos caídos, ocupación de plantas y otras acciones.[29]

No obstante, al asumir los militares todo el poder en junio de 1976, la persecución de los grupos opositores se hizo más dura. La resistencia se refugió en una dimensión «microsocial», tratando de no ofrecer blancos fáciles a la represión, y el malestar individual se expresó como indisciplina en el lugar de trabajo y el colectivo a través de formas originales de reclamo, que en ocasiones no tenía autores visibles, o de medidas de fuerza relámpago. Nos interesa destacar aquellas formas que rescataron y resguardaron la identidad obrera y sindical de los ataques estatales, como las actividades sociales, deportivas y de recreación, que buscaban mantener espacios de sociabilidad en los sindicatos, o las contestaciones en un plano discursivo simbólico a la propaganda del régimen militar. Un antecedente inmediato eran los actos relámpago por los primero de mayo de 1974 y 1975 y fue renovada en este período mediante la transmisión oral de la tradición combativa del sindicalismo uruguayo de los militantes veteranos a los jóvenes, así como de las experiencias de la cárcel por parte de los recién liberados dirigentes. La persistencia de la identidad obrera y sindical fue importante porque la apelación a un sentimiento compartido permitió al colectivo y a sus dirigentes pasar de un movimiento potencial a una acción de desafío a la dictadura.[30]

En la Argentina también la resistencia puede agruparse en dos dimensiones, en una de ellas estaban los conflictos en los lugares de trabajo, que adoptaron diferentes formas —paros, sabotajes, trabajo a reglamento, petitorios, etc.— aunque todas ellas tuvieron en común ser «moleculares», es decir sin una coordinación regional o nacional hasta 1979, y fueron motivados sobre todo por la caída de los salarios reales ante la inflación de precios, pero también en defensa de la organización sindical, el empleo y otros. En la otra dimensión podemos ubicar a la resistencia de los dirigentes sindicales, tanto de las organizaciones intervenidas como de las no intervenidas, que comprenden una diversidad de acciones; los sindicatos no intervenidos, en su mayoría pequeñas y medianas organizaciones, transitaron entre abril de 1977 y abril de 1979, un progresivo, cauteloso y zigzagueante camino de una adaptación conservadora hacia una oposición moderada. [31]

En 1977 conformaron la Comisión Nacional de los 25 (CN 25), una agrupación que representaba explícitamente al sindicalismo peronista. Un año después se constituyó la Comisión Nacional de Trabajo que proponía participar del régimen autoritario y el campo sindical quedó dividido en dos corrientes mayoritarias. La noticia de que la Junta Militar había aprobado el proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales, en marzo de 1979, decidió a la CN 25 a declarar un paro general que sirviera de presión al gobierno y de legitimación ante sus propias bases, afectadas por la caída del salario real. Aunque su alcance se limitó a los principales centros urbanos sirvió para consolidar la acción opositora de la cn 25, que pasó de una «oposición limitada» a un reclamo más contundente a favor de la democratización.

A fines del año 1980, y luego de un intento de unificación frustrado en la Central Unida de Trabajadores Argentinos, esos mismos dirigentes lanzaron un nuevo espacio político-sindical, la cgt. La elección del nombre era tanto una apelación a la tradición histórica de una central única, como un desafío explícito al régimen militar que prohibía la existencia de una organización de tercer grado como la CGT. Esa referencia a la identidad mayoritariamente peronista del movimiento sindical no era nueva, pocos meses antes la CN 25 había publicado una solicitada en los diarios, que comenzaba afirmando: «Perón vive en el alma de su pueblo».[32] La CGT convocó dos paros generales, en julio de 1981 y en marzo de 1982, reclamando aumentos salariales y la «plena vigencia del Estado de derecho».[33] Para ello buscó apoyo en un amplio espectro social: los partidos políticos, la Iglesia Católica y el movimiento estudiantil. La Marcha del Trabajo a la iglesia de San Cayetano en la ciudad de Buenos Aires, también convocada por la cgt para el 7 de noviembre de 1981, fue la primera movilización popular masiva contra la dictadura, durante la cual más de diez mil personas desafiaron al fuerte operativo policial que rodeaba el templo.

Los sindicalismos en las transiciones a la democracia, vanguardias tempranas del movimiento de oposición al autoritarismo

En la Argentina, el éxito inicial de la operación militar que tenía como objetivo recuperar las islas Malvinas produjo un consenso fulminante y sin fisuras; las consecuencias políticas de la movilización sindical del 30 de marzo se diluyeron rápidamente. Mientras una multitud se reunía a celebrar en la Plaza de Mayo, el gobierno indultaba a la plana mayor de la CGT que había detenido dos días antes. Los dos agrupamientos sindicales, más allá de sus diferencias, coincidieron en apoyar la recuperación. Durante la guerra que sucedió a esta los sindicalistas fueron valiosos aliados de las FFAA, anteponiendo su orientación nacionalista a las críticas a la política económica y social del gobierno. No solo asistieron a la asunción de las autoridades militares argentinas de las islas, también viajaron a las sedes europeas de diferentes organismos obreros internacionales para justificar la iniciativa del gobierno. Significativo de este inesperado giro fue la disputa que sostuvieron con la CIOSL, la cual tantas veces había repudiado la intervención de los sindicatos y la detención y desaparición de dirigentes sindicales argentinos. Cuando ésta denunció que el propósito de los militares era «desviar la atención de los problemas de libertades democráticas en el país», la CNT respondió que la recuperación de las islas Malvinas había sido una resolución de todo el país. Las gestiones de los dirigentes sindicales argentinos hicieron cambiar la postura original de la CIOSL, que girará hacia una posición más tolerante con la Argentina.[34]

La rendición de las FFAA argentinas en las islas y la disolución de la Junta Militar, en junio, señalaron la descomposición del régimen autoritario, aunque no su salida del poder. Antes de disolverse, la Junta Militar acordó que el próximo gobierno sería de transición, que llamaría a elecciones democráticas y entregaría el mando en los primeros meses de 1984. El general Bignone se hizo cargo de la Presidencia. Más allá de algunos gestos de apoyo, la CGT había mantenido una actitud opositora durante la guerra, prueba de ello es que había reclamado que su carga económica no cayera sobre los trabajadores y que no aceptara la propuesta oficial de integrar una delegación única a la reunión anual de la OIT, asistiendo con una delegación paralela. De modo que al admitir el gobierno la derrota, la cgt recuperó rápidamente una actitud desafiante: pidió la renuncia del general Galtieri y declaró, a poco de asumir Bignone, que el Proceso «había terminado» reclamando «la plena vigencia del Estado de derecho».

Su convocatoria a una movilización a Plaza de Mayo el 22 de setiembre dio inicio a un ciclo de protestas, que canalizó la desilusión de la sociedad con los militares y el reclamo de un regreso de las instituciones democráticas. A través de un comunicado rechazó por insuficiente el reciente ajuste de salarios establecido por el gobierno ante la escalada de la inflación y le advirtió que no intentara reprimir la movilización, porque no pretendía perjudicar el tránsito a la democracia. La marcha reunió entre veinte mil y treinta mil personas, y llegó pacíficamente a la plaza. Allí una delegación integrada por dirigentes sindicales y por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y destacado dirigente del movimiento de los derechos humanos, entregaron un petitorio a las autoridades políticas exigiendo el pronto llamado a elecciones.

La presencia de Pérez Esquivel es indicador de que la convocatoria sindical, que venía abriéndose a demandas de carácter cívico, encontraba eco en otros movimientos opositores. No obstante, la relación entre estos dos movimientos no estaba a salvo de suspicacias, que impidieron una coordinación más estrecha en torno de una estrategia más radical que sacara al régimen del poder. El movimiento de los derechos humanos había sido de los primeros en oponerse al mismo, cuando pocas voces se atrevían a cuestionar su carácter terrorista y homicida. Era el núcleo más radical de la oposición, por cuanto «la lucha por la defensa de los derechos humanos interpeló los fundamentos del orden autoritario […] acarreó la negación absoluta del autoritarismo puesto que ambos términos resultaban y resultan irreconciliables en cualquier ecuación política».[35]

Las dos corrientes mayoritarias del sindicalismo, en cambio, no asumían una denuncia amplia de las violaciones a los derechos humanos, en particular de las que habían afectado a dirigentes y militantes de agrupaciones sindicales combativas, limitándose a quienes, como Oscar Smith -de Luz y Fuerza, asesinado en 1977- estaban identificados con el sindicalismo peronista ortodoxo. Por caso cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina, en setiembre de 1979, haciéndose eco de las numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos y para entrevistarse con el gobierno militar, con los familiares de detenidos-desaparecidos, las víctimas y las diferentes organizaciones políticas, sociales y religiosas afectadas por estos delitos, también recibió el testimonio de varias delegaciones sindicales. Los miembros de la CN 25 y la CNT, le manifestaron su «gran preocupación» porque los trabajadores soportaban todo el peso de la política económica del gobierno y dejaron testimonio que había existido «un fenómeno terrorista» antes del golpe de Estado, resultado del cual habían sido asesinados dirigentes sindicales de la corriente peronista ortodoxa. Sobre la situación de los dirigentes y activistas del sindicalismo combativo, que a su entender formaban parte del «fenómeno terrorista», no hay constancia de que reclamaran información ni justicia.[36]

La misma posición se sostuvo en fecha más tardía, en 1982, cuando la CGT-Brasil[37] se entrevistó con el general Bignone, recientemente designado como Presidente. Sus dirigentes le ratificaron su oposición al régimen pero también recordaron su «profundo respeto por nuestras fuerzas armadas, porque es por todos conocido que quien nos hizo así, que quien nos modeló así, fue un hombre nacido del seno de esas fuerzas armadas», por lo cual expresaron que habían tratado «en todo este proceso, de todas la maneras posible, de gritar que el plan económico instrumentado a partir de marzo de 1976 no era de las fuerzas armadas, queríamos limpiarlos de la culpa del estado que tiene el país hoy». Para subrayar que sindicalistas y militares tenían en común una identidad nacionalista, añadieron que «nosotros también tenemos nuestras víctimas: Vandor, Rucci, Alonso, hombres del movimiento obrero que dejaron su vida precisamente por tener un pensamiento nacional».[38]

La convicción de que esos dirigentes nacionalistas habían sido asesinados por algunos de los «terroristas» por los que los organismos de derechos humanos reclamaban «aparición con vida», explica por qué los dirigentes sindicales sentían aprehensión por coordinar seriamente sus acciones con esos organismos.[39] Por otra parte, la simpatía entre parte del sindicalismo peronista y parte del ejército permite comprender por qué la prudencia caracterizará las acciones de las dos cgt en el último y decisivo trimestre de 1982, al mismo tiempo que aumentaba su capacidad de presión sobre el gobierno. En efecto, el 6 de diciembre las dos cgt se unieron en la convocatoria a un paro general que, por primera vez en el período, tuvo una adhesión del 90 % de los trabajadores, como lo reconoció el mismo gobierno. Los documentos que acompañaron el paro destacaban que su propósito —más allá de las demandas económicas— era defender pacíficamente los derechos civiles de todos los ciudadanos.[40]

A mediados de noviembre, la Junta Militar anunció los temas alrededor de los cuales giraría la negociación con la Multipartidaria para el traspaso del poder. Entre ellos figuraban, junto a la Ley de Asociaciones Profesionales de 1979, que era uno de los motivos de la protesta sindical, la lucha contra el terrorismo, desaparecidos, investigación de ilícitos y presencia constitucional de las fuerzas armadas en el próximo gobierno nacional. Entendiendo que los militares proponían garantizar el llamado a elecciones y la entrega del poder a los civiles a cambio de no ser juzgados por los delitos cometidos, la Multipartidaria rechazó la propuesta y decidió convocar una movilización nacional para el 16 de diciembre de 1982.

Esta, denominada Marcha del Pueblo, constituyó un punto crucial para la oposición a la dictadura, no solo por quitarle la iniciativa política al gobierno, sino también por reunir en un solo acto a los diferentes movimientos opositores y a muchos grupos que no alcanzaban a serlo pero que se habían mostrado muy activos, como las agrupaciones estudiantiles, lo que significaba que acababa de constituirse un único movimiento opositor democrático. Unas cien mil personas se reunieron en la Plaza de Mayo, cinco mil de las cuales marcharon detrás de las banderas sindicales, exigiendo la normalización de las instituciones. Al finalizar el acto se desató la represión policial, resultando asesinado un obrero metalúrgico. La cgt-Brasil concurrió a la marcha, consecuente con su postura de defensa de los derechos cívicos, en lo que sería el punto culminante de su participación en el frente multisectorial. No había contribuido a formar una oposición antiautoritaria radical, debido a sus condicionamientos ideológicos, pero su aporte había sido relevante en tanto sus movilizaciones y paros desafiaron la política económica del régimen autoritario y pusieron a prueba su política de seguridad, demostrando que había disminuido su capacidad de ejercer el terror del Estado. Al iniciar el ciclo de protesta, como uno de los actores «madrugadores» de Tarrow, había facilitado la incorporación de otros grupos opositores que ya no deberían pagar los costos de la participación.[41]

A partir de aquí la actividad del movimiento sindical tendió a concentrarse en las demandas salariales y las leyes laborales, para lo cual se unificaron las dos cgt y convocaron dos paros generales durante 1983. El centro del escenario fue ocupado por los partidos políticos en carrera hacia las elecciones presidenciales, anunciadas oficialmente para octubre de ese año. Los sindicatos se involucraron en la interna del Partido Justicialista. Sin embargo, el papel de sus dirigentes en la transición política fue puesto inesperada y crudamente en tela de juicio por el candidato radical a la presidencia, Raúl Alfonsín, quien denunció la existencia de un pacto corporativo entre las 62 organizaciones peronistas y un sector del ejército con el propósito de condicionar el traspaso del poder a los civiles. La denuncia, y la polémica que generó en el peronismo y la opinión pública, fue uno de los temas trascendentales del período.[42] Para Alfonsín significó un saldo político considerable, en particular entre los sectores medios de la sociedad, contrarios a un esquema corporativo que conspirara contra la recuperación de la Democracia. Para los dirigentes sindicales, que habían conseguido la estratégica posición de coordinadores de la campaña electoral, resultó en un desprestigio político que restaría votos a su candidato, Ítalo Luder.

Pero esta no era la única preocupación de los dirigentes peronistas ortodoxos, ya que por debajo de las conducciones nacionales y centralizadas del sindicalismo, e incluso al margen de ellas, había aparecido recientemente un activismo de base que cuestionaba y desafiaba su poder. Desde las bases trabajadoras, surgieron en 1982 demandas por canales ajenos a la organización sindical vigente.[43] Tal es el caso de obreros y empleados municipales, judiciales, ferroviarios, empleados del Estado y telefónicos. Este fenómeno coincidió en el tiempo con la liberación de numerosos dirigentes que habían sido encarcelados al producirse el golpe de Estado, quienes, junto con otros que habían sido expulsados de sus cargos, encontraron en ese activismo el soporte necesario para recuperar la conducción de sus sindicatos.

Cuando se inició el proceso de normalización de las organizaciones a través de elecciones, en diciembre de 1983, aparecieron agrupaciones y listas opositoras a las conducciones tradicionales, que en algunos casos triunfaron en los comicios. Aparecía un sindicalismo de base que provenía de diferentes tribus políticas, como el peronismo combativo, la izquierda socialista, el radicalismo y el socialismo reformista, que reivindicaba la autonomía respecto del Partido Justicialista y que buscaba constituir un frente político con los organismos defensores de los derechos humanos. Su objetivo era contribuir a la democratización de la sociedad a través de organizaciones y prácticas que superaran el espacio limitado de lo sindical, proyectándose no solo hacia la clase trabajadora sino también a los sectores medios e incorporando demandas que trascendieran lo salarial.

Por su parte, la reactivación sindical en Uruguay fue impulsada por la Ley de Asociaciones Profesionales de 1981. La ley disponía la creación de nuevas organizaciones por empresa, las denominadas «asociaciones laborales», que debían apegarse a un modelo de estatuto diseñado por el Ministerio de Trabajo e inscribirse en el Ministerio de Cultura, y no autorizaba su coordinación nacional a través de una organización central.[44] El nuevo marco legal fue aceptado, aunque críticamente, porque permitía a dirigentes y militantes sindicales de izquierda salir de la ilegalidad, ser reconocidos por el Estado y plantear sus reclamos por las vías institucionales existentes. De todos modos las «asociaciones laborales» tuvieron mucho de continuidad con las tradiciones sindicales, como lo indica el hecho de que la elaboración de los estatutos resultó en buena medida de la adaptación de los anteriores.

Ante la falta de asesoramiento legal, incluso de parte de las autoridades estatales, los militantes recurrieron a la ayuda de otros sindicatos, como el bancario, y de dos organismos dedicados a la formación político-sindical, la Comisión Nacional de Derechos Sindicales (CNDESS) y la Acción Sindical Uruguaya (ASU). En estos espacios se realizaron mesas redondas y cursos de formación, en las que fue madurando la idea de romper el aislamiento entre los sindicatos y, a fines del año 1982, unas 47 «asociaciones laborales» decidieron coordinar sus esfuerzos y organizar juntos la conmemoración del primero de mayo de 1983. La coordinadora decidió adoptar el nombre de Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT). El momento era crítico para el régimen autoritario, por la coincidencia en el tiempo de la liberalización obligada del mercado cambiario, que fue seguida por una brusca e importante devaluación, y el triunfo en las elecciones internas de los partidos políticos de los sectores opositores al gobierno. En esa coyuntura la oposición sindical realineó sus fuerzas para confrontar durante el año venidero.

La creación del PIT fue una experiencia inédita en la historia del sindicalismo uruguayo; estaba compuesto por muchas organizaciones nuevas y entre sus dirigentes había muchos jóvenes militantes que, por imposición del Decreto 622/973, habían ocupado el lugar de una generación de veteranos requeridos o exiliados por sus vinculaciones con partidos de izquierda y, por último, porque era un intento de coordinación de las acciones colectivas con una forma nueva, que reemplazaba a la histórica CNT. El órgano máximo de resolución era el plenario, donde los sindicatos tenían un voto cada uno y se exponía el mandato de los trabajadores por empresa, lo que daba a las deliberaciones un carácter anárquico, desordenado, masivo y democrático, que no tenía antecedentes.

El gobierno autorizó el acto del 1.° de Mayo en un escenario muy significativo, las afueras del Palacio Legislativo, y la concurrencia, unas 150.000 personas, superó las expectativas. La convocatoria y los discursos fueron elegidos cuidadosamente, serían claros y duros pero no agresivos; las consignas tenían un carácter social pero apuntaban a la situación política: «Trabajo, salario, libertad, amnistía». Sumaron una nueva voz al frente opositor y, aunados a la masividad del acto, sirvieron para aumentar la influencia del movimiento sindical en el escenario político.[45] En un corto pero intenso período, del 1.° de mayo de 1983 al 1.° de mayo de 1984, las múltiples acciones que desarrolló el PIT abrieron el camino para que otros grupos opositores, incluidos los partidos políticos, ganaran la calle y dieran masividad y contundencia al movimiento opositor democrático. Entre esas acciones se debe mencionar la organización del «caceroleo» del 25 de agosto de 1983, en solidaridad con el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), a quien la dictadura había clausurado una publicación. También dos paros, el 12 de setiembre del mismo año, de diez minutos de duración, que acompañaba una denuncia por irregularidades en los lugares de trabajo, y el 18 de enero de 1984, que será el primer paro general desde la huelga de 1973. Asimismo las movilizaciones de septiembre y noviembre de 1983, la primera en apoyo de los estudiantes de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (Asceep), y la segunda para reclamar por libertades públicas y por el respeto a los derechos humanos.

Aquí vale acotar que la relación del movimiento sindical uruguayo con los organismos defensores de los derechos humanos, fue muy diferente a la de su par argentino.[46] El PIT estuvo comprometido con el tema de la verdad y la justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura, durante la transición y la recuperación de la Democracia. En el período 1982-1984 el Plenario elevó a la Justicia uruguaya numerosos reclamos para que se investigara y se hiciera justicia por el asesinato de opositores a la dictadura. Asimismo el PIT-CNT, fusión entre los jóvenes militantes del Plenario y los veteranos dirigentes que salían de la cárcel o volvían del exilio, fundó comisiones de derechos humanos en todas sus federaciones. Alonso atribuye ese compromiso a que «hubo en Uruguay una más clara perduración de las identidades políticas y sociales populares, proclives, por tanto, a defender a los integrantes de los movimientos que fueran objeto de represión».[47] En la Argentina, en cambio, la mayoría de los obreros, activistas y dirigentes sindicales desaparecidos o detenidos pertenecían a agrupaciones combativas, de las izquierdas peronistas y no peronistas, a quienes la dirigencia peronista ortodoxa había considerado sus enemigos en la lucha por la representación de la clase trabajadora.

El punto culminante de la movilización convocada por el pit fue el gran acto del 27 de noviembre de 1983, en el que se reclamó por la realización de elecciones. En esta ocasión se puso de manifiesto que al fin se había constituido un movimiento opositor democrático y unificado cuyo eje dinámico era el pit, integrado por el Serpaj, los estudiantes de la ASCEEP, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y los partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio (todavía proscripto). A partir de la conmemoración del primero de mayo de 1984, cuando el régimen autoritario ingresaba en una fase de agotamiento, las acciones del PIT se orientaron decididamente hacia las cuestiones sindicales y en su interior tuvo lugar un debate intenso entre los jóvenes dirigentes que habían creado el plenario y los dirigentes veteranos que fueron liberados de prisión o regresaron del exilio, como resultado del diálogo político y de las concesiones del gobierno. La reincorporación de cuadros veteranos tuvo resultados contradictorios y polémicos, para algunos «se recuperó experiencia y método pero se perdió riqueza y frescura».[48] La fusión recibió el nombre de PIT-CNT.

De todos modos, el PIT-CNT resignó su protagonismo en el movimiento opositor no por este cambio sino porque dejó de representar a la izquierda, hasta entonces proscripta, en el escenario político. Ese lugar fue recuperado por el Frente Amplio, incluso antes de su desproscripción oficial, cuando su líder, el general Liber Seregni, fue liberado en marzo de 1984. La participación del PIT-CNT en la Concertación Nacional Programática (Conapro), propuesta por Seregni para acordar entre los partidos y los movimientos sociales las políticas que llevaría adelante el futuro gobierno civil, realizada el 4 de septiembre de 1984, tuvo una lectura polémica entre los dirigentes sindicales. Para algunos constituyó una herramienta estratégica para darle una proyección programática a la movilización democrática de los trabajadores y para otros significó el fin del plenario como eje de la confrontación al régimen autoritario, ya que en la concertación se reservaba a los partidos políticos la toma de las decisiones y se daba libertad al futuro ganador de las elecciones para desarrollar sus políticas.[49]

5. Reflexiones finales

¿Por qué las acciones colectivas del movimiento sindical reaparecieron y se consolidaron a pesar de la represión estatal? Para los dos casos la respuesta debe plantearse en varios niveles de análisis. En la Argentina la conflictividad laboral persistió durante todo el período, incluso en la coyuntura de represión más extensa y profunda. Estuvo alimentada por la inflación, que se mantuvo a pesar de las cambiantes soluciones que puso en práctica el gobierno, y sostenida por una estructura de comisiones internas. A diferencia del Uruguay, las comisiones tenían aquí una larga tradición y persistieron aún bajo la represión y los despidos, mostrando una gran capacidad de recomposición. Esta estructura proporcionó a los sindicatos un pie a tierra, que utilizaron tanto para ponerse al frente de los conflictos como para contenerlos y obtener el reconocimiento de las empresas.

Esta relación de representación/representatividad también era visualizada por el Ministerio de Trabajo argentino, que optó por «rescatar» a los dirigentes moderados de la impotencia y la subordinación a la que querían condenarlos las facciones más «duras» de las FFAA y permitirles ciertas actividades reivindicativas. Dicho margen fue aprovechado por aquéllos, que exhibieron su tradicional habilidad para adaptarse a las etapas más duras de los gobiernos autoritarios, en defensa de sus cargos y sus organizaciones, y pasar a la oposición recuperando el apoyo de sus bases. Los dirigentes sindicales pasaron de presidir un movimiento potencial, en el sentido que conservaban la representación legal de sus afiliados y que administraban una estructura con asiento en los lugares de trabajo y extensión nacional, a conducir acciones colectivas que desafiaron al régimen. Este cambio puede atribuirse no solo a su capacidad de maniobra sino a haber mantenido viva una comunidad de intereses y valores típicamente peronistas que los unía a sus bases. La defensa de las organizaciones gremiales y de una central única, la reivindicación del desarrollo industrial, la identificación con los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas, la condena del liberalismo económico, entre otros, eran valores con profundas raíces en la clase trabajadora argentina.

En Uruguay las acciones colectivas reaparecieron y se consolidaron bajo la conducción de una generación de jóvenes militantes que, por imposición del Decreto 622/973, habían ocupado el lugar de los veteranos dirigentes requeridos o exiliados por sus vinculaciones con partidos de izquierda. Estos nuevos líderes rescataron y resguardaron las tradiciones de autonomía y democracia del sindicalismo uruguayo, a través de diversos recursos que eran invisibles a la vigilancia estatal, como las actividades sociales, deportivas y de recreación, que permitían crear un espacio para la transmisión oral de la historia combativa del movimiento obrero o de las experiencias de la cárcel, que comunicaban los veteranos liberados a partir de 1983. Como en el caso argentino esa identidad compartida creaba lazos con los trabajadores y entre los dirigentes, que facilitarían las acciones solidarias y reivindicativas.

Aunque resultaba contradictorio, y generó muchos debates internos, los jóvenes dirigentes se adaptaron a algunas de las medidas aplicadas por el régimen, que tenían el propósito original de domesticar a los sindicatos y contener los conflictos laborales, como el Decreto 622/973 y la Ley de Asociaciones Profesionales de 1981. No obstante, las normas pudieron ser utilizadas para provecho de la actividad gremial porque permitía a los militantes sindicales de izquierda salir de la ilegalidad, ser reconocidos por el estado y plantear sus reclamos por las vías institucionales existentes. Asimismo, esta nueva generación de líderes protagonizó una experiencia de organización inédita en la historia sindical uruguaya, como fue la creación del PIT. El carácter horizontal del órgano máximo de resolución, donde cada sindicato tenía un voto y se respetaba el mandato que habían delegado los planteles de cada empresa, en sesiones extensas y anárquicas pero muy democráticas, estaba en las antípodas de la centralizada y disciplinada CNT.

¿Por qué las acciones colectivas reaparecieron en el momento que lo hicieron? La transición a la democracia comenzó en los dos países más como una decisión de los militares que como resultado del acoso de la oposición civil, pero progresivamente el escenario político y social tenderá a complejizarse volviéndose cada vez más difícil de regular para las dictaduras. En Uruguay fue un proceso más largo pero no menos incierto que en la Argentina, que los militares comenzaron más fuertes y unidos, ya que la oposición civil no pudo aprovechar su victoria en el plebiscito constitucional de 1980. Sin embargo, la crisis económica que se desató en 1982, inesperada para el gobierno, abrió una oportunidad política para que el pit, los partidos políticos y otros organismos sociales de oposición realinearan sus fuerzas y pasaran a la acción, en un ciclo de protesta que se prolongará hasta las elecciones de 1985. El malestar y la desilusión de buena parte de los asalariados, golpeados por la inflación y el desempleo, permitieron que el PIT y sus múltiples acciones de amplio espectro, no limitadas a lo económico, abrieran el camino para que otros grupos opositores se incorporaran a la movilización sin temor a los costos. En un corto pero intenso período, desde el 1° de mayo de 1983 hasta el 1.° de mayo de 1984, el movimiento sindical se constituyó como vanguardia «madrugadora» del movimiento opositor democrático.

En el país hermano, la rendición de las fuerzas militares argentinas en las Malvinas tuvo como consecuencia una descomposición más rápida del orden autoritario y el inicio del proceso de transición a la democracia, la oportunidad política que los grupos opositores, todavía relativamente aislados uno del otro, podrían aprovechar. Sin embargo, el vértigo de la crisis tomó por sorpresa a la Multipartidaria y a la CGT-Brasil, que no tenían una estrategia para obligar a los militares a entregar el poder y optaron por acompañarlos en la «reconstrucción» democrática. Aunque la crisis política y económica dio un fuerte impulso al ciclo de protestas conducido por esta última, no surgiría de esta oportunidad un frente antiautoritario que jaqueara al régimen y concretara la desmilitarización de la sociedad argentina.

¿Por qué los movimientos sindicales no pudieron constituirse en líderes de coaliciones multisectoriales que acorralaran y desplazaran a los militares del poder? En Uruguay porque el PIT-CNT cedió su papel de vanguardia en el movimiento opositor al Frente Amplio, incluso antes de su desproscripción oficial. En la Argentina esto se debió a que las suspicacias de los dirigentes sindicales peronistas ortodoxos hacia los organismos de derechos humanos, que constituían el núcleo más radical de la oposición, y a la identificación con los militares nacionalistas, impidieron una coordinación más estrecha en torno de una estrategia profundamente antiautoritaria. No obstante, la relevancia del aporte de los dos movimientos sindicales a la oposición democrática consistió en haber actuado como lo que Tarrow llama los «madrugadores» del ciclo de protesta; es decir que sus movilizaciones desafiaron al régimen autoritario, demostrando que había disminuido su capacidad de ejercer el terror del Estado y abriendo con ello el espacio público a otros grupos opositores.

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Notas