CLAVES. REVISTA DE HISTORIA
VOL. 11, N.° 21 – JULIO – DICIEMBRE 2025
ISSN 2393-6584 - MONTEVIDEO, URUGUAY
Pp. 1 - 6
FORO
Reflexiones sobre el cierre temporario
de la Biblioteca Nacional de Uruguay
La «Cenicienta de la Administración Pública»
Inés de Torres
1
Universidad de la República, Uruguay
DOI: https://doi.org/10.25032/crh.v11i21.2645
«En sus primeros ochenta años puede decirse –sin temor de pecar
de exagerado-- que los Gobiernos que se vinieron sucediendo durante ese
largo lapso de tiempo poco hicieron a favor de un establecimiento, digno de
la mayor atención por parte de las autoridades y hasta de todos los
ciudadanos que profesen algún amor a los libros. Fue la Biblioteca,
durante, 16 lustros, algo así como la Cenicienta de la Administración
Pública, librada a su propia suerte y amparada casi tan solo por el cariño y
afecto que sus empleados y algunos pocos compatriotas –que
contribuyeron a enriquecerla con donaciones-- le dispensaron». (Arturo
Scarone, Centenario de la Biblioteca Pública de Montevideo, Talleres
Gráficos del Estado,1916: 108)
Con esta sombría imagen resumía Arturo Scarone, funcionario y posterior
director de la Biblioteca Nacional, el estado de la institución hace más de cien
años. La frase no parece tan anacrónica hoy día, aunque sin duda merece algunas
acotaciones. Además del «cariño y afecto» de empleados y donantes, la
institución vio en las décadas posteriores, el afecto de las clases medias
1
María Inés de Torres. PhD en Literatura y Cultura Hispanoamericana (Universidad de
Pittsburgh, 1997). M.A en Estudios Culturales (Universidad de Pittsburgh, 1995). Es Profesora
Titular del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales en la FIC - UdelaR. Integra el Sistema
Nacional de Investigadores de la ANII (Nivel II). Coordina el Grupo Interdisciplinario de
Estudios sobre Cultura (GIEC) así como el portal de digitalización de prensa de mujeres
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/77024 . En 2024 publicó El Estado y las
musas. Políticas culturales en el Uruguay del Centenario. (Montevideo, Crítica) y próximamente
el libro colectivo Tribunas de papel: prensa y publicaciones periódicas de mujeres en el
Uruguay. Del Novecientos a la transición democrática (Montevideo, Crítica, 2026), producto de
una investigación financiada por el FCE /ANII.
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ascendentes, -provenientes de hogares en los que las bibliotecas no existían o
eran limitadas-, que convirtieron la práctica de lectura en las sucesivas sedes de
la institución,
2
en un hábito constitutivo de su ingreso a esa ciudad letrada que
comenzaba a ampliarse gracias a la democratización de la enseñanza. Todavía hay
fotos que testimonian esa asistencia fluida: mesas largas de cuando la Biblioteca
funcionaba todavía en los altos de la Facultad de Derecho, en las que no quedaba
un lugar libre, probablemente en un horario «pico». También tenemos que
agregar, el cariño y afecto de los investigadores que se consagraron al estudio de
su acervo, muchos en forma amateur, otros provenientes del ámbito
universitario, en tiempos en que no existía la Comisión Sectorial de Investigación
Científica de la Universidad de la República, ni mucho menos el Sistema Nacional
de Investigadores de la ANII. Todavía recuerdo a Eneida Sansone, profesora de
Facultad de Humanidades cuya obra sobre la gauchesca fue durante mucho
tiempo referencia ineludible, mostrándome las tarjetas perforadas que oficiaron
como recibos de luz durante mucho tiempo, cuyo dorso usaba para fichar el
material de sus investigaciones. Ciertamente la Biblioteca contó, en las décadas
subsiguientes a la afirmación de Scarone, con intelectuales de mucha o relativa
enjundia que la dirigieron: el crítico literario Alberto Zum Felde sucedió a
Scarone; después vino Dionisio Trillo Pays, quien tuvo a Carlos Maggi como
Coordinador General de la Biblioteca y a Ángel Rama a cargo del Departamento
de Adquisiciones. La lista continúa con desniveles y desiguales suertes hasta el
día de hoy.
Una atenta lectura de los números 17 y 11/12 de la Revista de la Biblioteca
Nacional,
3
permite concluir que mejores o peores prácticamente todos los
directores (incluyendo los de la dictadura) señalaban los mismos problemas en la
institución y reclamaban a los poderes públicos por una urgente solución. Escasez
de funcionarios, espacio(s) inadecuado(s), fondos insuficientes para la
adquisición y conservación del material y para prácticamente todas las tareas, son
los reclamos más recurrentes, que aparecen como letanías en las cartas a los
sucesivos ministros. Ante la falta de respuesta de los poderes públicos, la
2
El local actual recién comenzó a funcionar en 1958.
3
El primero titulado Dos siglos, dedicado al bicentenario de la institución y coordinado por
Valentín Trujillo (2021), y el segundo La Biblioteca vista por sus lectores, coordinado por Ana
Inés Larre Borges (2016).
INÉS DE TORRES
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 3 -
situación (transformada en endémica) ha derivado, en los hechos, en una lenta
agonía institucional. La realidad es que no se puede hacer magia: sin mayores
recursos económicos y humanos, no hay planificación posible para llevar adelante
los objetivos más loables. Y ahí viene otro de los problemas: ¿cuáles serían los
objetivos más loables? O mejor: ¿cuáles son los objetivos que debe tener una
Biblioteca Nacional en el siglo XXI?
Las bibliotecas nacionales en lo que llamamos «los países desarrollados»
nos han mostrado versiones de lo maravilloso que puede ser conjugar tradición,
innovaciones tecnológicas y creatividad, para desplegar un volumen inagotable
de manifestaciones que atraen no solo a un público especializado, sino también
al «público en general», y que conjugan la asistencia a los espacios físicos con la
virtualidad. Todo esto nos debiera hacer repensar la pregunta con la que concluye
el párrafo anterior para esbozar una primera respuesta: para bien o para mal,
estas maravillosas actividades no constituyen el mandato que por ley le
corresponde sola y exclusivamente a la Biblioteca Nacional. Me refiero a aquello
que ninguna otra institución pública o privada está obligada a hacer: preservar
nuestra memoria escrita a través del cumplimiento de la ley de depósito legal de
un vasto espectro de materiales que la Ley 13.835 intentaba describir
exhaustivamente: «libros, folletos, revistas, periódicos, memorias, boletines,
códigos, recopilación y registros de leyes, catálogos de exposiciones y
bibliográficos, mapas, atlas y cartas geográficas, guías de cualquier naturaleza y
cuadernos de arte (…) manifiestos, proclamas, edictos, estampas, tarjetas,
postales, afiches, almanaques, carteles, fotografías, partituras musicales,
láminas, tarjetas de felicitación ilustradas, álbumes para colecciones y sus
figuritas, programas de espectáculos, listas de votaciones, estatutos, catálogos de
mercaderías, listas de precios, naipes, volantes, estadísticas y, en general, todo
impreso producido en ejemplares múltiples, cualquiera sea el método que se
utilice». No se precisa ser un experto en el acervo de la Biblioteca Nacional para
adivinar que la mayor parte de estos ítems no forman parte del mismo. Ya desde
el siglo XIX, una larga lista de directores se quejaba del incumplimiento de esta
norma, que a pesar de sucesivas modificaciones y hasta su formulación definitiva
en ley, sigue siendo la misma en sustancia, y por una razón muy simple: ¿quién
sino el Estado podría (o debería) garantizar la preservación de nuestra memoria
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escrita sin exclusiones, desde manuscritos de personalidades insignes a
colecciones de figuritas? Este patrimonio no pertenece a una minoría: es de todos
nosotros. Algunos de estos componentes pueden interesar más a investigadores,
otros no, pero en todos los casos deben (o deberían) estar en condiciones aptas
para una accesibilidad adecuada. El depósito de ley no implica literalmente
«depositar» material escrito en algún lugar de la Biblioteca Nacional. Implica no
solo recibir, sino verificar y cotejar el estado del material recibido, determinar si
requiere restauración, hacer un registro preliminar, catalogar, clasificar, indizar,
y toda una serie de procesos técnicos para los cuales existen profesionales
formados. Además, es necesario mantener el material en condiciones adecuadas:
se requieren espacios aptos, limpieza, temperatura, prevención de riesgos, tanto
de incendios o filtraciones de agua como de usuarios inescrupulosos. Y último,
pero no menos importante: hacer que ese material sea accesible a los distintos
tipos de usuarios de la forma más amplia y democrática posible, para lo cual se
requiere entre otras cosas, horarios extendidos y personal suficiente para buscar
y «servir» el material. Es decir, cumplir con la ley de depósito legal significa hacer
accesible nuestro patrimonio en las mejores condiciones posibles a la ciudadanía
y a toda persona que esté interesada en nuestra historia cultural.
Por otro lado, como por la vía de los hechos y por la estructura aluvional
de la institucionalidad cultural, la Biblioteca Nacional, aquí y en muchos otros
países, ha sido depositaria de manuscritos u objetos de distinto tipo
pertenecientes a personalidades consideradas relevantes (la famosa muñeca de
Delmira Agustini, por ejemplo), la institución asumió, así como Estado, la
obligación de preservarlos en forma adecuada. Si no se encuentra en condiciones
de hacerlo, debería cederlos a alguna repartición pública que sí pueda tomar la
responsabilidad. Porque si bien las instituciones de preservación (museos,
archivos y bibliotecas) son generalmente las grandes olvidadas en el presupuesto
nacional, también como en toda buena familia, hay hijas y entenadas de acuerdo
al organigrama institucional, es decir, de acuerdo al organismo público de las
cuales dependen. Es cierto que las gestiones individuales influyen, pero si la
Biblioteca Nacional de un país que se jacta de ser culto recibe aproximadamente
un 1% del presupuesto de un ministerio que ya de por sí recibe escaso
presupuesto, entonces las posibilidades se tornan casi nulas. Quien asume la
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conducción de la institución es mandado a la guerra con un tenedor. Lo único que
puede hacer, en los hechos, podría ser hecho por cualquier otra institución
pública: conferencias, exhibiciones, presentaciones de libros y un largo etcétera
de actividades que en rigor no son inherentes al mandato de la institución,
aunque cumplan una importante función social y cultural en la apropiación del
espacio (tan imponente y «alejado» se ha dicho) por parte de la ciudadanía. No
estoy afirmando en absoluto que esté mal que esto se haga: estoy diciendo que,
con un presupuesto ínfimo, se termina haciendo «lo que se puede» y no lo que la
ley indica. Como si eso fuera poco, caemos en el error de tomar como medida del
buen o mal funcionamiento de la Biblioteca Nacional el número de personas que
asisten por día, como si un criterio de mercado fuera un índice a tomar en cuenta
para una institución cultural pública. Sin hablar de que habría que pensar en el
famoso dilema de «¿qué es primero: el huevo o la gallina?», es decir, si la gente
abandonó a la Biblioteca Nacional o si la Biblioteca Nacional abandonó a la gente,
al no cumplir adecuadamente con sus funciones. El presupuesto ha afectado cada
uno de los eslabones de la cadena del servicio público: recepción,
acondicionamiento, entrega a los usuarios.
Este gobierno (al que yo voté) tiene una oportunidad histórica: dar una
señal material y tangible que interrumpa la lenta agonía de la Biblioteca Nacional,
y demostrar que tiene claro cuáles son los fines principales de la institución. Se
necesita una señal, por mínima que sea, materializada en el presupuesto
asignado. No soy ilusa ni insensible y sé que urgen problemáticas sociales
también de larga data. Sin embargo, a diferencia de estas, la Biblioteca Nacional
no tiene quien la defienda, salvo un reducido -y casi indecente número a esta
altura- de funcionarios y un puñado de lectores y/o investigadores, que además,
para colmo, son vistos muchas veces como privilegiados por los sinsentidos del
anti-intelectualismo que campea en nuestro pobre mundo. Corresponde a ellos,
sin embargo, ni más ni menos que la escritura y la re-escritura de nuestra historia,
sobre todo la más lejana en el tiempo, que solo ha quedado registrada por escrito.
Podemos encontrar en la oralidad fuentes de riqueza insospechada para estudiar
el pasado reciente, pero cuando hablamos de períodos cercanos o mayores a un
siglo, esta posibilidad es inexistente, como es evidente.
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Si se cumple la urgente necesidad de un aumento de rubros para la
Biblioteca Nacional sería, como afirmamos, una importante señal de que
realmente se quiere detener la sangría de una institución emblemática de la
cultura nacional actualmente en estado comatoso. Es tanto, sin embargo, lo que
se necesita, que es necesario también desafiar nuestra imaginación en busca de
otras medidas ¿No hay alguno de los problemas urgentes de la Biblioteca
Nacional que pueda paliarse para complementar lo que por ahora sería un
aumento presupuestal mínimo e insuficiente? ¿No hay otros organismos del
estado que puedan apoyar con recursos humanos en los más distintos rubros?
¿No puede re-establecerse en forma estable un sistema de pasantías en las más
diversas áreas del campo social y artístico, tanto a nivel universitario como
terciario (pienso en la Dirección General de Educación Técnico – Profesional, ex
UTU, por ejemplo)? ¿No hay fundaciones o convenios internacionales que
podrían contribuir, aunque sea puntualmente y como ya ha ocurrido en el pasado,
a evitar el deterioro inminente de algunos materiales? ¿No hay instituciones
dedicadas a la investigación, la capacitación o la gestión que estarían dispuestas
a realizar diagnósticos y prospectivas desde las ciencias humanas y sociales, con
recursos propios? ¿Sería posible y/o útil recrear la idea de una asociación de
amigos de la institución, conformada por individuos de distintas trayectorias, en
distintas áreas, de distintos sectores, de distintos partidos políticos, que pusieran
sus cabezas a trabajar colaborativamente para pensar la Biblioteca Nacional del
futuro, para buscar recursos para construirla, y para ganarle el reconocimiento
del que carece ante la opinión pública y el interés del que también carece dentro
del sistema político?
Sin más recursos -materiales y humanos- no hay plan por más brillante
que sea que pueda llevarse adelante para construir la Biblioteca Nacional del
futuro, pero sobre todo para salvar la del presente. Cualquier plan debe tener en
cuenta, sin embargo, que afortunadamente hay muchas instituciones públicas,
privadas y de la sociedad civil que realizan actividades culturales y creativas, pero
solo una institución pública que tiene como cometido legal específico preservar
nuestro patrimonio escrito, para poder re-escribir y debatir nuestro pasado y
entender así mejor nuestro presente. ◊
