UNA TOMA DE CONCIENCIA COLECTIVA…
- 2 - CLAVES. REVISTA DE HISTORIA, VOL. 11, N.º 21 - (JULIO - DICIEMBRE 2025) - ISSN 2393-6584
transparente de acceso a un cargo público), robo de material, una política editorial
restringida a pocos autores (y sin una línea clara, ya que no se sabe qué prioriza la
institución en sus ediciones), entre otros problemas. Más que preguntarnos cómo
llegamos a esta situación de cierre parcial, tal vez nos podríamos preguntar por qué
no ocurrió antes.
Tratar de superar ese conjunto de problemas puede ser para la actual
dirección un momento de construir una biblioteca para el siglo XXI. A la vez, quienes
somos usuarios frecuentes de la Biblioteca Nacional tenemos una oportunidad para
reflexionar sobre la falta de una política estatal para la mayor parte de los
repositorios públicos uruguayos. Es decir, los problemas actuales de la biblioteca no
se deben exclusivamente a negligencia, desidia o incompetencia, sino la expresión de
una política que, por lo menos desde la década de 1990 a esta parte, ha retaceado
recursos, pero, más preocupante aún, retirado al Estado en la disputa de lo público.
Estas señales rojas que se encienden sobre la biblioteca son resultado de la ausencia
de una política patrimonial por parte del Estado y de los tomadores de decisiones
(léase legisladores, ministros, cargos de dirección). Referirse en Uruguay a una
política de acceso a determinados bienes culturales es dar cuenta de la indiferencia
del Estado para preservar su acervo cultural pasado y presente (alcanza con ver los
catálogos de remate para apreciar esa retracción del Estado o pensar en documentos
valiosísimos en manos de coleccionistas, universidades extranjeras o particulares).
Que la principal biblioteca pública del Uruguay (y posiblemente una de las
instituciones más antiguas del país) no funcione no es un problema exclusivo para
sus usuarios, sino para la sociedad en su conjunto. El sociólogo estdounidense Eric
Klinenberg llama palacios del pueblo a las bibliotecas y propone, en los Estados
Unidos de la era Trump, una serie de acciones culturales que contribuyan a la
construcción de una infraestructura social capaz de limar las desigualdades
socioeconómicas. Una sociedad democrática necesita «valores compartidos»,
advierte Klinenberg, pero también «espacios compartidos», como las bibliotecas,
que incentivan la interacción entre usuarios, el cruce de ideas y la construcción de
derechos sociales, en el cual cada uno recibe un trato igualitario, puede consultar sin
restricciones los materiales y, a partir de la lectura, proyecta e imagina futuros.
Hasta aquí el cierre de la biblioteca como problema político y social (más allá