CLAVES. REVISTA DE HISTORIA
VOL. 11, N.° 20 – ENERO – JUNIO 2025
ISSN 2393-6584 - MONTEVIDEO, URUGUAY
Pp. 1 - 32
Contra la revolución. Orden social e independencia
en la Provincia Oriental, 1820-1828
Against the Revolution: Social Order and Independence in
the Provincia Oriental, 1820-1828
Pablo Ferreira
1
Universidad de la República
Instituto de Profesores Artigas
Uruguay
https://orcid.org/0000-0002-0170-5366
DOI: https://doi.org/10.25032/crh.v11i20.2556
Recibido: 28/03/2025
Aceptado: 26/05/2025
Resumen: El artículo analiza la etapa que va desde la ocupación de la Provincia
Oriental por las fuerzas lusitanas en 1820 hasta la firma de la Convención
Preliminar de Paz de 1828, desde la perspectiva de un conjunto de sujetos
políticos que vieron a la revolución como el supremo mal a evitar y que
consideraron al orden como un bien supremo que debía ser conservado. Sobre la
base de una profusa revisión bibliográfica, identifica cómo, en el período,
perdieron espacio las propuestas contrarrevolucionarias más radicales, al tiempo
que se consolidó un poroso y extendido sentido común conservador al interior de
las notabilidades orientales, afines a un programa moderado de cambios ―que
podía ser realizado al amparo de diversos poderes―, pero temerosas respecto a
los efectos no deseados de las revoluciones. El artículo es tributario de la reflexión
1
Profesor de Historia (Instituto de Profesores Artigas), magíster en Ciencia Política (Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de la República [Udelar]) y doctor en Historia (Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación [FHCE], Udelar). Profesor adjunto en régimen de
dedicación total del Departamento de Historia del Uruguay, Instituto de Ciencias Históricas,
FHCE, Udelar. Integrante del grupo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica «Crisis
revolucionaria y procesos de construcción estatal en el Río de la Plata» y del Sistema Nacional de
Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Desde 2010 investiga en
temas de historia política y social del siglo XIX en el Río de la Plata, con énfasis en las formas y
los lugares de participación política de las élites y las clases populares. Ha integrado diversos
equipos, coordinado proyectos, publicado artículos especializados en revistas nacionales e
internacionales, así como capítulos de libros sobre la temática.
CONTRA LA REVOLUCIÓN. ORDEN SOCIAL E INDEPENDENCIA…
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sobre el proceso de independencia planteada por el historiador José Pedro Barran,
al tiempo que dialoga con el renovado y fecundo campo de estudios sobre los
sectores contrarrevolucionarios en Europa e Hispanoamérica.
Palabras clave: independencias, revolución, orden social, guerra.
Abstract: The article analyzes the stage that goes from the occupation of the
Oriental Province by the Lusitanians in 1820 to the firmament of the Preliminary
Convention of Peace of 1828, from the perspective of a group of political subjects
who lived in the revolution as the supreme evil to avoid and which considered it
order as a supreme good that should be preserved. Based on an extensive
bibliographic review, the work identified as, in the period, lost space of the more
radical counterrevolutionary proposals, at the same time that consolidated a
porous and extended sense of common conservator in the interior of the oriental
notables, in order to a moderate program of changes ―which could be realized
under protection of various powers―, but fearful of the unintended effects of
revolutions. The article is dependent on the reflection on the process of
independence planted by the historian José Pedro Barran, while dialoguing with
the renovation and success of studies in the counter-revolutionary sectors in
Europe and Hispanic America.
Keywords: independence, revolution, social order, war.
1. Introducción
En enero de 1820 la Provincia Oriental pasó a estar bajo el completo
control de las fuerzas lusitanas, tras la derrota de los ejércitos artiguistas y la crisis
del llamado «sistema de los pueblos libres». Ocho años después, y luego de
transitar diversos proyectos de organización política, la provincia adquirió el
status de república independiente y de esa forma comenzó un largo y complejo
proceso de organización institucional. El artículo se propone revisitar esta
fermental etapa desde la perspectiva de un conjunto de sujetos políticos que
vieron a la revolución como el mal a evitar; que consideraron al orden como un
bien que debía ser conservado y que valoraron las diversas alternativas de
independencia y las formas de ejercicio de la soberanía en función de su relación
con ambos principios políticos.
PABLO FERREIRA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 3 -
Los historiadores españoles Pedro Rújula y Javier Ramón Solans (2-3) han
puesto de relieve los sesgos interpretativos que impone lo que ellos denominan
como «paradigma revolucionario», para el análisis de aquellas fuerzas políticas y
sociales que resistieron los procesos de cambio, o también para el estudio de
aquellos sectores que, al haber formado inicialmente parte de estos procesos, se
pasaron pronto al campo de la reacción en sus diversas variantes.
2
Dentro de ese
paradigma, las fuerzas contrarrevolucionarios han sido estudiadas como un actor
cuya única referencia estaba en el pasado, pensadas en clave de persistencia y no
desde su potencial de modernización y capacidad de respuesta. En tiempos más
recientes señala Josep Escrig Rosa que debemos atender la capacidad
demostrada por los sectores reaccionarios y contrarrevolucionarios «para
acomodarse, renovar sus repertorios de actuación, superar situaciones adversas,
abrirse a nuevas propuestas e incluso, transgredir los valores de la tradición que
supuestamente estaban llamados a sostener» (2-3).
El artículo que presentamos propone demostrar cómo, a lo largo de la
década de 1820, perdieron espacio aquellas propuestas contrarrevolucionarias de
tipo radical que habían incidido en la primera etapa del ciclo revolucionario, al
tiempo que se vislumbra la consolidación de un amplio, poroso y extendido
sentido común conservador al interior de las notabilidades orientales, afines a un
programa moderado de cambios ―que podía ser realizado al amparo de diversos
poderes―, pero temerosas respecto a los efectos no deseados de las revoluciones.
3
La historiografía uruguaya de cuño tradicionalista identificó, como causa de la
ocupación lusitana de la Provincia Oriental entre 1816 y 1820, la emergencia de
un frente contrarrevolucionario que contó con fuertes apoyos locales, a los que
analizó en clave de «traición» a la propuesta artiguista (Pivel 1936, 113). En los
años finales de la década de 1960, el equipo integrado por Lucía Sala, Julio
Rodríguez y Nelson de la Torre, utilizó la expresión «oligarquía» para identificar,
desde una perspectiva marxiana, la alianza entre las diversas «capas» de la
2
Entre los textos que ilustran el interés creciente por el campo contrarrevolucionario han sido
sugerentes los trabajos para el caso español de Luis (2014), Rújula (2015), París Martín (2017) y,
para Hispanoamérica, Pérez (2009), Ávila (2009), O’Phelan (2013), Echeverri (2018) y Chaparro-
Silva (2024).
3
Sobre las vertientes contrarrevolucionarias más radicales que se expresaron entre 1808 y 1820
en el espacio oriental destacamos los trabajos de Sánchez Gómez (2006), Aguerre (2011), Ribeiro
(2013), Ferreira y Frega (2016), Ferreira (2016, 2018 y 2022).
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burguesía comercial y hacendada de Montevideo y la Provincia Oriental en
rechazo al radicalismo artiguista y en «apoyo al invasor» lusitano. A juicio de los
autores, estos sectores se habrían sumado «desde la apatía primero y la
complicidad después» a los intereses del Directorio de las Provincias Unidas y la
corte portuguesa (Sala et al. 1970, 18-21). Desde un encuadre teórico diferente,
pero contemporáneo a los autores señalados, Carlos Real de Azúa hizo referencia
a la etapa Cisplatina como un momento de «respiro patricio» luego de la etapa
radical artiguista (1981, 64). Asimismo, calificó las opciones del patriciado con la
imagen de un tornasol, que iba desde la aceptación «lisa y llana», hasta formas
de adhesión más complejas y coyunturales (1990, 261).
En esa línea, el artículo que presentamos es tributario de una reflexión
sobre los procesos de independencia planteada hace ya algunas décadas por el
historiador José Pedro Barrán (1986) y que fuera luego desarrollada y
profundizada en distintos trabajos por la historiadora Ana Frega (2007, 2009,
2015, 2022), en que se expresa la relación entre las opciones por la independencia
y el «miedo a la revolución social» entre las notabilidades orientales.
4
Esta lectura
crítica, surgió como una propuesta tendiente a superar la antigua dicotomía
historiográfica entre posiciones nacionalistas y unionistas, que había marcado
por décadas el estudio del período.
5
En este punto, resulta también pertinente
recuperar algunos aportes de la obra de José Carlos Chiaramonte (1989), de muy
notoria influencia en esta última línea de trabajos, en especial respecto al
problema de las múltiples identidades políticas en el Río de la Plata luego de 1810.
En tal sentido, la coexistencia de una identidad hispanoamericana, rioplatense y
provincial (para nuestro caso, oriental), debe ser tenida en cuenta para analizar
las opciones políticas de los sujetos en las diversas coyunturas (Chiaramonte 71).
El trabajo se estructura a partir de un eje cronológico que recupera un
conjunto de momentos claves en el alineamiento de los diversos grupos políticos,
en función de los cambiantes escenarios locales, regionales y mundiales. En una
4
Dar cuenta de los estudios de caso que atienden a la deriva política de aquellos sectores de origen
revolucionario en el espacio Iberoamericano que abrazan luego la causa del orden en el transcurso
de la revolución, es una tarea inabarcable y que nos expone a obvias omisiones. Sin pretensión
exhaustiva sugerimos algunos trabajos que transitan estas encrucijadas: Alonso y Ternavasio
(2011), Adánez (2014), Botana (2016).
5
Para el estudio de esta controversia historiográfica véanse Real de Azúa (1990), Frega (2013).
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primera parte, se analiza lo que hemos denominado el «momento cisplatino», es
decir la etapa temprana de la década de 1820 en que pareció afirmarse entre las
notabilidades locales el proyecto de unión a la corona de los Braganza, como
alternativa de orden que permitiera «cerrar» la década revolucionaria. Luego, el
artículo se detiene en la crisis política de 1822-1823, momento en que el consenso
notabiliar se rompió y se enfrentaron diversos proyectos políticos, que solo
parecen tener en común el temor a un nuevo escenario de guerra abierta y el
retorno a la tan temida anarquía. Luego se analiza el movimiento revolucionario
iniciado en 1825, su rápida institucionalización y la orientación en pos de
concretar un proyecto de unidad con las provincias argentinas, que garantizara
apoyos militares en la guerra con el Brasil y un fuerte centro político, ligado al
proyecto de unidad rivadaviano. Analizaremos también la peripecia de los
«montevideanos cisplatinos», aquellos que adhirieron y defendieron la
constitución de 1824 y el proyecto de integración al Imperio del Brasil hasta 1828.
Por último, nos detendremos en ese último año y analizaremos la formación del
Estado Oriental como una alternativa posible tanto para los poderes soberanos
de la región, como para una parte considerable de los grupos de notables de la
Provincia, en la medida que garantizaba un cierto espacio de orden, ante las
«tormentas» que asolaban la región.
El artículo se sustenta en una profusa revisión y síntesis crítica de la
bibliografía que ha abordado el período. Asimismo, se apoya en una amplia
compulsa de fuentes entre las que destacamos: prensa, papelería oficial,
correspondencia, bandos y manifiestos de agitación política, así como diarios y
memorias de diversos protagonistas.
2. El momento cisplatino, 1820-1821
Entre 1810 y 1814 la ciudad de Montevideo fue un bastión leal al Consejo
de Regencia, enfrentada a los diversos gobiernos revolucionarios surgidos en la
vecina ciudad de Buenos Aires. Los pueblos de la campaña oriental, sujetos a
diversas jurisdicciones administrativas durante la etapa colonial, se unieron en
apoyo al proceso revolucionario y se proclamaron Provincia, en un congreso
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celebrado mientras sitiaban Montevideo en abril de 1813.
6
El 20 de junio de 1814,
la ciudad capituló ante los ejércitos del Directorio de las Provincias Unidas,
liderados por Carlos María de Alvear, abriéndose una etapa de casi tres años de
gobiernos revolucionarios sobre el conjunto de la Provincia Oriental. En un
primer momento, que se extendió hasta fines de febrero de 1815, gobernaron las
fuerzas afines al Directorio, con una propuesta que buscaba centralizar la
conducción revolucionaria, constituir una soberanía «nacional» y evitar el
surgimiento de múltiples sujetos soberanos en los territorios. Tras la victoria
oriental en la batalla de Guayabos a inicios de 1815, la Provincia Oriental quedó
en manos de los ejércitos liderados por José Artigas, que venía perfilándose desde
1812 como una alternativa federalista a la conducción bonaerense, y cosechando
adhesiones en las provincias del litoral platense. A fines de febrero de 1815 los
«orientales», forma en que se hacía referencia en el período a los sectores que
seguían el proyecto liderado por Artigas, ingresaron en Montevideo.
La disputa política en la Provincia Oriental, durante este período, puede
sintetizarse en una tríada de posiciones.
7
Por un lado, Montevideo continuó
siendo una ciudad con una importante presencia de españoles, con una posición
política reactiva al nuevo orden revolucionario. En la península, Fernando VII
había retomado el poder a inicios de 1814 y restaurado el absolutismo,
proyectando una gran expedición de reconquista de sus posesiones americanas
que fue esperada en el Río de la Plata hasta junio de 1815, momento en que se
tuvieron noticias de que había arribado a Venezuela.
8
Entre las notabilidades
hispano-criollas afines al proceso revolucionario pueden ser identificadas otras
dos posiciones: un sector minoritario se afilió al programa artiguista y apoyó la
construcción de un nuevo orden republicano y federal; el grupo mayoritario, por
su parte, tuvo una posición de recelo respecto al gobierno oriental, con reparos
sobre sus políticas de corte igualitarista, respecto a la dispersión del poder que
generaba la propuesta federal y sobre la continuidad de la guerra.
6
Sobre el punto véanse Reyes Abadie, Bruschera y Melogno (1968), Frega (2007), así como la
compilación de estudios dirigida por Caetano y Ribeiro (2013).
7
Respecto al gobierno oriental en Montevideo y la disputa politica del período 1815-1817, véanse
Sala, Rodríguez y De la Torre (1987), Frega (2007 y 2015), Ferreira (2016 «Ciudadanos en
armas…»).
8
Un análisis fino y sugerente de este contexto internacional y regional en Ternavasio (2021).
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En julio de 1816, fuerzas lusitanas ingresaron a la Provincia y avanzaron
rápido hacia el sur, en dirección a Montevideo. La invasión, comandada por el
general portugués Carlos Federico Lecor, fue justificada como una empresa
«pacificadora», orientada a restablecer un orden perdido en la región, más allá
de responder a objetivos estratégicos de la casa de los Braganza, ligados a un
proceso en curso de «americanización de la monarquía portuguesa» (Ternavasio
2021, 143). Un rol importante en la trama de la invasión la había cumplido el
núcleo de exiliados rioplatenses en Río de Janeiro, que había soliviantado las
ambiciones territoriales lusitanas para apoyarse en un poder externo que les
permitiera volver al territorio, que impusiera el orden en la Provincia, favoreciera
reformas modernizadoras y evitara el retorno «de la dominación violenta de la
antigua metrópoli».
9
En enero de 1817 los lusitanos ocuparon sin grandes dificultades
Montevideo, generándose luego un cruento enfrentamiento por el control total
de la Provincia que se extendió por más de tres años. En febrero de 1820, las
fuerzas lusitanas lograron la completa derrota militar de las fuerzas artiguistas en
territorio oriental, que coincidió con la fractura del sistema de los pueblos libres
en el litoral platense. José Artigas se replegó al norte con sus últimas tropas y se
refugió en el Paraguay, produciéndose una importante dispersión de sus jefes
militares. Algunos de ellos, como Fructuoso Rivera, pactaron con los lusitanos,
otros buscaron refugio en Buenos Aire y algunos más, fueron apresados por los
lusitanos.
El «partido fernandista», denominación que en esta etapa recibió el núcleo
españolista más intransigente en Montevideo, vivió una amarga decepción con la
llegada de las fuerzas lusitanas a la ciudad. Uno de sus referentes, el otrora
«empecinado» Dionisio de Soto, escribía en octubre de 1817 a Felipe Contucci
(antiguo agente carlotino, residente en Río de Janeiro) que «la fuerza lusitana no
vino a pacificar como cacarea y sí a proteger a los rebeldes y oprimir a los
leales».
10
Ese mismo mes, De Soto le escribía a Mateo Magariños (figura medular
9
Comisión Nacional Archivo Artigas ([CNAA] 1998, 11). La cita corresponde a la conocida carta
de Nicolás Herrera al Ministro de Estado Portugués, escrita en Río de Janeiro el 19 de julio de
1815. Sobre el exilio de Herrera en Río de Janeiro véase Ferreira (2022 «Nicolás Herrera…»).
10
Dionisio Antonio de Soto a Felipe Contucci, Montevideo, 12 de octubre de 1817, en CNAA (2000,
134-137). Sobre la experiencia del «partido empecinado» véase Ferreira (2018 y 2022, Los
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del españolismo montevideano, exiliado aún en Río de Janeiro) que en la ciudad
gobernaba el «partido de los rebeldes», y calificaba al nuevo orden como la
«tercera patria inicua que dominó esta heroica ciudad» (Ferreira 2022, Los
lugares…, 84). Desilusionados de la administración lusitana, los españolistas
buscaron organizarse a efectos de tomar el poder o, al menos, contribuir al triunfo
de su proyecto político en un eventual escenario de guerra abierta, que podría
generarse ante la eventual llegada de una expedición española. El embajador
español en Río de Janeiro, Conde de Casa Flórez, había promovido la fuga y el
arribo de oficiales desde diversos puntos del sur americano a Montevideo, que se
proyectaba como la cabecera de esa eventual invasión. Las autoridades lusitanas
advirtieron estos preparativos y en la madrugada del 27 de noviembre de 1819
detuvieron a más de un centenar de españoles a pedido del Cabildo de la ciudad.
Algunos de ellos fueron puestos en libertad en los días siguientes y otros
trasladados a distintas ciudades del Brasil, con lo que se desmanteló el grupo y se
disminuyó su potencial como alternativa política.
11
La opción por la continuidad y la afirmación del dominio lusitano en la
Provincia se articuló en una alianza entre los mandos militares portugueses y
diversos notables locales que habían apoyado, antes, al «partido americano».
Entre quienes integraron espacios de gobierno durante la etapa de
administración lusitana se formaron «círculos», uno de los más destacados fue el
llamado «club del Barón», integrado por Gerónimo Pío Bianqui, Juan José Durán,
Tomás García de Zúñiga, Nicolás Herrera y Lucas José Obes, entre otros.
12
Para
este sector, el poder lusitano y el liderazgo de Lecor, resultaban una garantía de
recuperación económica, de respeto al derecho de los propietarios y de gradual
modernización de las instituciones. El gobierno lusitano favoreció a este grupo
con su política de tierras, el usufructo de cargos públicos e incluso alianzas
matrimoniales (Real de Azúa 1981, 65).
Otro sector de las notabilidades orientales, que había tenido participación
lugares…).
11
Sobre la detención de los «fernandistas» montevideanos en 1819, véase Cuadro (2011). Los
planes de la embajada de Casa Florez en Río de Janeiro en Mariluz Urquijo (1958).
12
El nombre del club hacía referencia al título honorífico que ostentaba el general Carlos Federico
Lecor «Barón de la Laguna», otorgado por Juan VI en febrero de 1817.
PABLO FERREIRA
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en el proceso revolucionario y adhirió luego al dominio portugués, se articuló en
torno al Cabildo montevideano y se integró en otro círculo de notables, ligado a
los exiliados bonaerenses presentes en Montevideo y enfrentados al Directorio
encabezado por Martín de Pueyrredón. Referimos a figuras como Lorenzo
Justiniano Pérez, Juan Francisco Giró, Francisco Joaquín Muñoz, Juan Benito
Blanco, Santiago Vázquez, entre otros. A mediados de 1820 varios de ellos fueron
separados del Cabildo por orden de Lecor, en un episodio que parece marcar un
cierto quiebre en las alianzas políticas que sostuvieron el orden lusitano (Campos
Thevenin de Garabelli 1972, 423).
13
Como veremos luego, varias de estas figuras
van a tener un protagonismo importante en los sucesos políticos que ocurren
luego de 1822.
El sentido común conservador, que arraigó en el antiguo grupo americano,
temeroso del retorno españolista y del radicalismo revolucionario de
reminiscencias artiguista, puede apreciarse en las argumentaciones esgrimidas
para defender la incorporación de la Provincia al Reino Unido de Portugal, Brasil
y Algarves, expresadas en el Congreso Cisplatino de 1821.
14
Gerónimo Pío Bianqui,
uno de los tres congresales que intervino para justificar la incorporación, destacó
la imposibilidad de «hacer de [la] provincia un Estado» ante la falta de medios,
población y recursos para gobernarse en «orden y sosiego» y evitar los
«trastornos de la guerra civil». Esto obligaba a la Provincia a integrarse a otro
Estado «capaz de sostenerla en paz y seguridad», que le evitara volver a ser «el
teatro de la Anarquía y la presa de un ambicioso atrevido». La incorporación
postulada, evitaría la «emigración de los capitalistas» y permitiría que estos
13
Según la autora, en una lectura encomiástica de la trayectoria de estas figuras, fueron separados
por haber reclamado «enérgicamente del Jefe lusitano el cumplimiento de las condiciones bajo
las que habían depuesto las armas los habitantes de la campaña al término del año de 1819 y
principios del de 1820».
14
El Congreso Cisplatino se celebró en Montevideo entre el 15 de julio y el 8 de agosto de 1821 por
iniciativa del ministro de Guerra y Asuntos Extranjeros de Portugal, Silvestre Pinheiro Ferreira,
político de ideas liberales y partidario de la retirada de los lusitanos de la Provincia Oriental. Entre
las motivaciones expuestas ante Juan VI y el Consejo de Estado, se destacan la necesidad de
mejorar las relaciones con España y los altos costos que implicaba el mantenimiento de la
burocracia y las tropas. Más allá de estas intenciones, el congreso definió la «incorporación a
Portugal» con una serie de condiciones que serían elevadas al rey y a las cortes. No nos
detendremos en un análisis exhaustivo del contexto y las controversias que generó la convocatoria,
así como respecto al rol de las autoridades militares lusitanas en la elección de los congresales ya
que consideramos nos desvía del eje argumental que transitamos. Para ampliar en la temática
remitimos a los estudios clásicos de Pivel Devoto (1936) y Alonso, Sala, Rodríguez y De la Torre
(1970), así como a los trabajos más recientes de Frega (2007 y 2015).
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pudieran reponerse de sus «pasados quebrantos». De esta forma se libraría a la
Provincia «de la más funesta de todas las esclavitudes que es la de la anarquía».
15
Francisco Llambí, por su parte, analizó la compleja situación que se vivía en la
región, alertó sobre las «aspiraciones de las diversas facciones existentes» y
remarcó la imposibilidad de establecer un gobierno estable en la provincia debido
a su estado de debilidad.
16
Por último, el sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga
hizo referencia a los años de guerra que había atravesado la Provincia, instó a los
congresales a «disfrutar de la paz» y llamó a impulsar la unión a la monarquía
lusitana como un «estado separado», respetando las leyes y costumbres locales y
reservando para los vecinos los distintos «empleos» de la provincia.
17
Estos discursos ponían, con algunos matices, la cuestión del orden como
preocupación principal de los notables orientales, que los llevaba a justificar el
sacrificio de una parte de sus pretensiones soberanas, frente al temor al retorno
de la guerra y la anarquía. El Congreso, expresión de la correlación de fuerzas
políticas antes referida, definió pedir la incorporación al Reino Unido de Portugal,
Brasil y Algarves como un «estado diverso», reclamar representación en el
Congreso Nacional y solicitar el respeto de los límites existentes al inicio de la
revolución. Esta fórmula política, que en el relato nacionalista ha sido señalada
como un momento de traición y abandono al destino nacional, ha sido leída de
forma más reciente a partir de sus propias bases ideológicas de sustentación, y
como parte del proceso de formación de un estado provincial con una identidad
política única y diferente a los otros sujetos soberanos de la región.
18
3. Ruptura y recomposición, 1822-1824
Las decisiones del Congreso, como decíamos antes, expresaron la alianza
coyuntural entre un sector importante de los notables orientales y una parte de
los mandos militares de origen lusitano y brasileño presentes en la Provincia. Este
15
Intervención de Gerónimo Pío Bianqui en el Congreso Cisplatino, sesión del 18 de julio de 1821.
En Pivel Devoto (1936, 262-263).
16
Intervención de Francisco Llambí en el Congreso Cisplatino, sesión del 18 de julio de 1821. En
Pivel Devoto (1936, 263-266).
17
Intervención de Dámaso Antonio Larrañaga en el Congreso Cisplatino, sesión del 18 de julio de
1821. En Pivel Devoto (1936, 266-267).
18
La revisión de la lectura nacionalista del período cisplatino en Real de Azúa (1990) y Frega
(2007, 2009 y 2015).
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último sector, tenía intereses personales y directos en la continuidad del proyecto
Cisplatino, en la medida que habían sido beneficiados con el acceso a tierras y
cargos públicos, así como también con un lugar social de destaque en la sociedad
montevideana. Sin embargo, y como ha señalado la historiadora Ana Frega (2015),
«la cuestión cisplatina se jugaba en distintas escalas territoriales y de poder» (74-
75).
19
La revolución liberal, iniciada en España en enero de 1820, se trasladó
luego a Portugal. Primero en Oporto y luego en Lisboa se formaron juntas de
gobierno que cuestionaron la permanencia de Juan VI en Brasil, desconocieron
la regencia que administraba Portugal y pusieron en vigencia (de forma
provisoria) la constitución aprobada en Cádiz en 1812. Al mismo tiempo,
convocaron a Cortes y exigieron el retorno del rey. Por su parte, en diversas
ciudades del Brasil se formaron juntas, en algunos casos a partir del acuerdo con
las autoridades y de forma pacífica, en otros, sustituyéndolas de forma violenta
(Pimenta 2011, 192).
El primer impacto de estos sucesos en Montevideo fue el pronunciamiento,
el 20 de marzo de 1821, de tres regimientos de la División de Voluntarios Reales
del Rey a favor de las transformaciones que se procesaban en Portugal, que
obligaron a Lecor a jurar la Constitución e instalar un Consejo Militar. Este
Consejo, tendría a Lecor en la Presidencia, aunque su poder pasaría a estar
mediatizado por un órgano colectivo, que era expresión de un «ejército
deliberante» y que estaría integrado por los diversos mandos de los cuerpos que
formaban la división (Frega 2015, 69-70). En consecuencia, mientras se
celebraba el Congreso Cisplatino, las fuerzas lusitanas comenzaban a dividirse
entre sectores afines al nuevo orden liberal que ganaba poder en la península y
otros que, tras el liderazgo de Lecor, iban incorporándose al proyecto que escindía
al Brasil de la monarquía lusitana.
En febrero de 1822 partía una figura clave del círculo de notables
orientales afines a Lecor, Lucas José Obes, en calidad de procurador de la
Provincia Cisplatina hacia Lisboa, con el objetivo de llevar las resoluciones del
Congreso Cisplatino. En su escala en Río de Janeiro se presentó ante el príncipe
Pedro y decidió permanecer en la ciudad, actuando junto al «partido» que
19
Una perspectiva similar en Duffau (2022, 6).
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impulsaba la escisión del Brasil y la convocatoria a una Asamblea de
Representantes. La opción de Lucas Obes por permanecer en Río de Janeiro, y de
una parte de las notabilidades orientales de apoyar la opción imperial, pasaba por
la capacidad de mantener la «pacificación, el orden y la seguridad» que el Brasil
parecía estar en mejores condiciones de asegurar que la lejana monarquía
lusitana (Pimenta 2011, 212-213). Asimismo, el 3 de abril de 1822 la Comisión
Diplomática de las Cortes de Lisboa desacreditó a Lecor por lo actuado en la
convocatoria al Congreso Cisplatino y se pronunció por la evacuación militar de
la Provincia Oriental. Esta última noticia llegó a Montevideo en agosto de 1822,
en paralelo al «Manifiesto a los Pueblos del Brasil», redactado por el príncipe
Pedro. Como es sabido, el 7 de setiembre fue declarada la independencia del
Brasil en el marco de un proceso político que concluiría en diciembre con la
coronación de Pedro como Emperador.
El 11 de setiembre Carlos Federico Lecor, con parte de sus tropas, se
trasladó a la vecina ciudad de Canelones con el pretexto de pasar revista a las
tropas apostadas cerca de Montevideo. Instaló allí su cuartel general y se
pronunció a favor de la independencia del Brasil. De ese modo entró en claro
enfrentamiento con el Consejo Militar que aún adhería a la monarquía lusitana.
En Montevideo, Álvaro Da Costa ―segundo jefe al mando de la división de
Voluntarios Reales― convocó al Consejo Militar y tras una consulta a sus tropas
reafirmó su posición afín a las cortes de Lisboa. Entre los notables orientales, un
sector importante siguió a las fuerzas de Lecor en la medida que estas parecían
defender un proyecto político capaz de ofrecer una mayor garantía de continuidad
y de orden en la Provincia. En tanto, otro sector se hizo fuerte en el Cabildo y
exploró la alternativa de constituir un gobierno provincial independiente, que
restableciera vínculos con Buenos Aires y las provincias argentinas. Este grupo se
había ido articulando desde fines de la década de 1810 bajo el formato de
sociedades secretas, que tenían por objeto incidir en los espacios de decisión y
eran, al mismo tiempo, espacios de reflexión, difusión de información y
coordinación de acciones.
20
Uno de los lugares que encontraron para buscar
incidir en la coyuntura fue la prensa periódica, que vivió una importante
20
Sobre la «logia de los Caballeros Orientales», la más importante de estas sociedades, véanse
Silva Valdéz (1945) y Campos Thevenin de Garabelli (1972 y 1978).
PABLO FERREIRA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 13 -
activación en la coyuntura.
21
En el discurso de ambos grupos de notables orientales es posible apreciar
el miedo a un retorno de la «anarquía», tópico que resulta medular en el debate
político del período. El 30 de julio de 1822, Silvestre Blanco, integrante de la
«logia de los Caballeros Orientales» y afín a la unión con las provincias argentinas,
llamaba la atención en carta dirigida bajo cubierta al ministro de gobierno de
Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, sobre el riesgo de la anarquía en un
escenario de guerra y una eventual salida de las fuerzas lusitanas:
¿Y en esta suposición no es de temer con fundamento, conociendo el espíritu público
y exaltado de nuestra campaña, que se forme repentinamente una montonera de
gauchos sin orden, disciplina y sistema, y que por su poca ilustración envuelvan al
país en una anarquía, que no sabrían evitar teniendo los mejores deseos. Los jefes
que se han familiarizado con esa clase de hombres, serán en los que estos depositarán
su confianza, y pondrán a la cabeza, y aunque sean los más ilustrados de su respectiva
clase ¿tendrán los talentos necesarios para no dejarse batir, y aniquilar sin fruto la
población y riqueza del país? En caso de ser vencedores, engreídos de haber sido los
primeros en esta reacción ¿tendrían la moderación necesaria para segundar las luces
de los hombres capaces para constituir un gobierno representativo, y obrar
liberalmente desechando toda idea de persecución, con los adictos al actual
gobierno?
22
En enero de 1823, los diputados Cristóbal Echevarriarza, Santiago Vázquez
y Gabriel A. Pereira, enviados por el Cabildo de Montevideo ante el gobierno de
Buenos Aires, pidieron apoyo militar para expulsar a los imperiales a partir de
una rápida acción que evitara los desastres de la guerra civil. Esta posibilidad
generaba, según los diputados, un fuerte rechazo entre los notables orientales,
cuyo origen radicaba en el recuerdo de los «tiempos del malvado Artigas», donde
«el espíritu de vértigo se [había] apoder[ado] de la campaña», donde «los
propietaros dejaron de serlo, los laboriosos olvidaron sus tareas, y todos fueron
envueltos en el torrente destructor». Sostenían los diputados que una vez «que
las delicias del orden se han hecho tan sensibles, que la campaña ha vuelto a sus
labores, que se ha restablecido el comercio, que se han animado las fortunas [y]
21
Véanse especialmente Dias Winter (2018), González Demuro (2018).
22
Carta de Silvestre Blanco a Juan O. Blanco (Bernardino Rivadavia). Montevideo, 30 de julio de
1822, en Dirección de la Revista Histórica (1957, 343-344).
CONTRA LA REVOLUCIÓN. ORDEN SOCIAL E INDEPENDENCIA…
- 14 - CLAVES. REVISTA DE HISTORIA, VOL. 11, N.º 20 (ENERO - JUNIO 2025) - ISSN 2393-6584
que se acabaron los vagos y ociosos […] el horror a la anarquía lo ha[bía]
penetrado todo».
23
Por esta razón era necesario, a su juicio, el apoyo del gobierno
de Buenos Aires a efectos de constituir un «punto central» que permitiera la
organización de la Provincia y evitara el riesgo de volver a la anarquía.
En el bando opuesto, y justificando su adhesión al orden imperial brasileño,
el general Fructuoso Rivera señalaba que mientras sus enemigos buscaban la
«independencia absoluta», él estaba convencido de que la felicidad común solo
podría lograrse con una «independencia relativa». La primera de estas opciones
dejaría a la Provincia «fluctuando entre las revoluciones», al tiempo que la
convertiría en «el juguete de los vecinos, el desprecio de los extraños y en la presa
de un tirano astuto». A continuación agregaba:
Para establecer la independencia absoluta de la Banda Oriental, necesita V.E. ―hacer
la guerra y triunfar del Imperio― mantener el orden interior, y evitar la anarquía,
después de haber triunfado. Cualquiera que falte de estos extremos sucumbe la
empresa, y el país perece […] Y si V.E ha pensado en tropas extranjeras, de donde se
traen, cómo se mantienen, con qué se pagan? Y si no se pagan, cómo se sostiene la
disciplina? y sin disciplina, cómo se conserva el orden? Y sin orden, cómo el país ha
de ser libre, feliz, independiente? Y será justo, señores, será patriótico empeñar a los
Pueblos en una guerra funesta, destruir a los vecinos, acabar con los pocos ganados
que ha podido reunir al abrigo del orden, y a costa de mil afanes, saquear a los
propietarios, arrancar los hijos a los padres, los esposos a las esposas, reducir a las
familias a los horrores de la orfandad y la miseria, y consumir la ruina total de
nuestra Patria; solo por entrar en una empresa desesperada, que no puede darle la
independencia absoluta, o que debe envolverla en la anarquía, que es la más funesta
de todas las esclavitudes?
24
En una argumentación convergente, el síndico procurador del Estado
Tomás García de Zúñiga justificaba, en carta dirigida a los cabildos de la provincia
a fines de 1822, su posición favorable a la unión al Brasil y criticaba las posiciones
asumidas por el Cabildo montevideano:
No teniendo esta provincia elementos para constituirse nación independiente, ni
23
Representación de los diputados del Cabildo de Montevideo ante Bernardino Rivadavia, enero
de 1823. En Alonso, Sala, de la Torre y Rodríguez (1970, 141-142).
24
Carta de Fructuoso Rivera al Cabildo de Montevideo, Las Piedras, 19 de junio de 1823. Colección
Primeros Impresos, Biblioteca Nacional de Uruguay.
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recursos para sostener una guerra contra el Imperio del Brasil, ni poder para sofocar
convulsiones interiores, ni fuerza para contener a los anarquistas ¿qué sería de la
Banda Oriental si desgraciadamente obtuvieran los malvados el triunfo de sus
pérfidas maquinaciones? ¡Que cuadro tan horroroso! Despedazado a la vez este
territorio por la guerra y la anarquía, sería el objeto de la lástima, del oprobio de las
naciones y los vecinos, los padres de familia perdidas sus haciendas, fluctuando entre
los partidos, tendríamos al fin que elegir entre la dura alternativa de buscar un asilo
extranjero, o perecer errantes como las fieras entre los bosques.
25
A mediados del año 1823 la situación política se fue volviendo
especialmente complicada para los integrantes del Cabildo montevideano. Los
apoyos militares de las provincias argentinas no llegaron, más allá de los diversos
esfuerzos diplomáticos del Cabildo, al tiempo que las fuerzas lusitanas buscaron
de forma autónoma una salida pactada que les hiciera posible retornar a Portugal.
A fines de octubre cesaron las hostilidades militares y se negoció un acuerdo que
implicó, en lo sustantivo, la retirada de la División de Voluntarios Reales con
destino a Lisboa en barcos cuyo costo asumiría el Imperio del Brasil. Pese al
rechazo que esto generó en el cuerpo capitular, que de forma simbólica declaró
«nul[a], arbitraria y criminal» la incorporación a Portugal definida en 1821, la
salida de los militares lusitanos permitió el reingreso de Lecor a Montevideo, en
calidad de comandante en jefe del ejército imperial en el Estado Cisplatino.
En los primeros meses de 1824, los diversos Cabildos de la Provincia
fueron jurando y aprobando la Constitución imperial brasileña. De nuevo, el
conjunto del territorio provincial pasaba a estar organizada bajo un único poder
soberano. Más allá de lo anterior, la fractura entre las notabilidades locales había
quedado expuesta y el «proyecto cisplatino» había quedado erosionado (Prado
187). Parte importante de quienes ocuparon cargos políticos o ejercieron
funciones militares en Montevideo entre 1822 y 1823 debieron partir al exilio en
Buenos Aires o en las provincias del litoral platense. Una de las causas del fracaso
del movimiento de 1822-1823 fue la dificultad que tuvieron sus impulsores para
mostrarse como una alternativa de poder, capaz de garantizar el orden interno y
lograr que las provincias vecinas asumieran los costos de un enfrentamiento
25
Oficio del Síndico Procurador del Estado Tomás García de Zúñiga dirigido «a los Cabildos», San
José, 19 de diciembre de 1822. Colección Primeros Impresos, Biblioteca Nacional de Uruguay.
CONTRA LA REVOLUCIÓN. ORDEN SOCIAL E INDEPENDENCIA…
- 16 - CLAVES. REVISTA DE HISTORIA, VOL. 11, N.º 20 (ENERO - JUNIO 2025) - ISSN 2393-6584
abierto con el Imperio del Brasil.
4. Nuevamente en guerra
En enero de 1825, el cónsul británico en Montevideo Samuel Hood, llegado
a la ciudad pocos meses atrás, enviaba a sus autoridades una lúcida descripción
del proceso revolucionario, de la composición de la población y de lo que definía
como los «partidos políticos» existentes en la plaza. Bajo esta categoría cruzaba
variables referidas a la procedencia «nacional» de la población, con su adhesión
a los diversos proyectos soberanos en disputa para la provincia. Identificaba
Hood cuatro partidos: realistas, patriotas, imperialistas y negativos. El «partido
realista», compuesto «casi exclusivamente de viejos españoles», abrigaba
prejuicios nacionales respecto a los brasileños, pero los prefería por «la
indulgencia, moderación y seguridad de que disfruta[ban] bajo ese gobierno».
Los «imperialistas», por su parte, eran los partidarios del gobierno brasileño, un
grupo integrado por antiguos lusitanos, pero también por naturales de la
provincia. El cónsul proyectaba que este grupo seguiría creciendo, en la medida
que las fuerzas brasileñas eran las únicas que «promete[ían] la paz y
tranquilidad» que las notabilidades anhelaban. Un tercer grupo era el de los
patriotas, que comprendían «a todas las clases bajas de criollos» que se
consideraban «un pueblo sojuzgado». Tras expresar que «la mayoría [aún eran]
partidarios de Artigas», de la «total independencia» y «de la destrucción o
división de rango y propiedad», advertía respecto a la existencia de una «mejor
clase» al interior del grupo patriota. Este último sub-grupo estaba «convencido
de la poca influencia que tienen la propiedad, la jerarquía o la educación en sus
compatriotas» y por tanto «ha[bían] abandonado la idea de constituir un estado
soberano e independiente», al tiempo que «por relaciones locales y familiares se
inclina[ban] a la federación de Buenos Aires».
26
Finalmente identifica a un grupo
de «negativos», indiferentes a quien gobierne, siempre y cuando garantice la paz
y la tranquilidad en la Provincia.
El informe de Hood, reflejo de quienes habían sido sus contactos e
informantes entre los notables de la Provincia, resulta una fuente interesante
26
Despacho de Thomas Samuel Hood a George Canning, Montevideo, 31 de enero de 1825. En
Barrán, Frega y Nicoliello (1999, 68-69).
PABLO FERREIRA
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para comprender en que medida el temor a la guerra y la revolución resultaba un
factor clave en el posicionamiento de los distintos grupos de opinión. Permite
avisorar cómo la «experiencia vivida» parecía conducir hacia la formación de un
sentido común conservador, contrario a los procesos revolucionarios, que seguía
considerando necesario el apoyo de un centro de poder que blindara a la
Provincia del riesgo de la anarquía.
27
Sin embargo, las previsiones a corto plazo del cónsul británico no se
concretaron. En abril de 1825 un grupo en armas integrado por diversas figuras
que se habían exiliado en Buenos Aires o en las provincias del litoral argentino a
fines de 1823 e inicios de 1824 cruzó el río Uruguay e inició un nuevo
levantamiento.
28
La conducción del movimiento tenía objetivos políticos
definidos y claros, lo que le permitió agrupar un amplio abanico de actores
sociales y sensibilidades políticas. El objetivo estratégico era la expulsión del
gobierno imperial brasileño de la Provincia, para lo que era necesario contar con
el apoyo militar del gobierno radicado en Buenos Aires y del recientemente
convocado Congreso de las Provincias Unidas.
Para lograr esto último era imprescindible demostrar adhesión en la
campaña y capacidad militar, lo que implicaba activar la compleja trama de
liderazgos territoriales existentes, con el objetivo de ir dominando los diversos
centros poblados de la Provincia y replegar a los brasileños hacia las ciudades del
sur. Un logro importante en esta primera etapa fue alcanzar la adhesión de
Fructuoso Rivera, importante jefe militar oriental que durante los conflictos de
1822-1823 había permanecido aliado a las fuerzas imperiales. Su incorporación
al ejército revolucionario (más allá de la polémica respecto a si el hecho fue
voluntario o forzado) aseguraba el apoyo de una vasta red de liderazgos
caudillescos en la provincia.
Por otra parte, el movimiento buscó de manera explícita diferenciarse del
proceso revolucionario iniciado en 1811. Para ello se afanó en demostrar una
27
Sobre los informes de Thomas Samuel Hood véase el estudio introductorio de Ana Frega en
Barrán, Frega y Nicoliello (1999) y Frega (2009).
28
Con respecto al movimiento armado de 1825 véanse Arcos Ferrand (1976), Salterain y Herrera
(1975), Traversoni (1969), Reyes Abadie y Vázquez Romero (1981).
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marcada preocupación institucionalista al interior de la Provincia y no se
embarcó, tal como ha sostenido el historiador Alfredo Traversoni, en profundos
debates teóricos sobre la organización política rioplatense (106). En ese sentido,
desde los discursos iniciales del levantamiento se advierte una preocupación por
construir una identidad común (y, al mismo tiempo, con matices diferenciales)
respecto a las provincias reunidas en Congreso. En los últimos días de abril de
1825, desde su campo volante en Soriano, Juan Antonio Lavalleja llamaba a los
«argentinos-orientales» a redimir su «amada patria», liberándola del poder
brasileño. Algunas líneas más adelante, convocaba a los «orientales» a
pronunciarse en favor de la «gran nación argentina» y a reclamar el apoyo del
Congreso reunido en Buenos Aires. Por último, llamaba a «constituir» la
Provincia «bajo el sistema representativo republicano en uniformidad a las
demás de la antigua unión», convocaba a «estrechar los vínculos que antes las
ligaban» y, de esa forma, «preservarlas de la horrible plaga de la anarquía».
29
Pocos días después, el 5 de mayo de 1825, Lavalleja y Fructuoso Rivera se
dirigieron a las tropas a su mando llamándolas a ser protectoras de los vecinos y
a evitar daños sobre sus familias y haberes. Pedían la «subordinación» a los jefes
que se habían señalado y amenazaba con «castigar con la última pena» los actos
de desobediencia entre los soldados.
30
Se expresaba en tales disposiciones el eco
de las antiguas críticas a la década revolucionaria de 1810, vivida por muchos
vecinos como una etapa en que la guerra de recursos había pasado por encima de
los derechos de propiedad.
El proceso de institucionalización de la revolución fue rápido y preciso. El
14 de junio se instaló un gobierno provisorio en la villa de la Florida, con
representación de los cabildos de la Provincia (salvo Montevideo y Colonia, en
manos de las fuerzas brasileñas). El 17 de junio, por su parte, se convocó a los
pueblos de la campaña a elegir representantes para integrar una Sala de
Representantes provincial, emulando institucionalmente a las otras provincias
integradas en el Congreso Constituyente. El sistema permitía una amplia
participación en la base, pero restringía la representación de los pueblos a los
29
Juan Antonio Lavalleja, Campo Volante, Soriano, abril de 1825. En Reyes Abadie y Vázquez
Romero (1981, 513).
30
Proclama de Fructuoso Rivera y Juan A. Lavalleja a las tropas a su mando, Arroyo de la Virgen,
5 de mayo de 1825. En Reyes Abadie y Vázquez Romero (1981, 517-518).
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grupos propietarios. El 25 de agosto la Sala de Representantes aprobó las
llamadas tres leyes fundamentales: la ley de independencia, la de unión y la de
pabellón. Estas hacían explícitos los objetivos del movimiento
revolucionario ―independencia del Brasil y unión a las provincias argentinas―,
al tiempo que expresaban la correlación de fuerzas políticas y sociales existentes
al momento en la Provincia.
Al cierre de 1825 la situación se vislumbraba favorable para las fuerzas
orientales. El movimiento armado había logrado triunfos importantes en las
batallas de Rincón en setiembre y de Sarandí en octubre. En ese último mes,
además, el Congreso de las Provincias Unidas votó la reincorporación de la
Provincia Oriental, lo que aseguraba el apoyo militar y político que había sido
reclamado. Ya en diciembre, el Emperador del Brasil declaró la guerra al gobierno
de las Provincias Unidas, instalándose un escenario de guerra abierta en la región.
5. Orientales por la unidad
En las Provincias Argentinas (y en especial en Buenos Aires) la situación
política había evolucionado a lo largo de la década de 1820 en una dirección que
parecía augurar el triunfo de la unidad nacional, sobre bases políticas de
centralización y orden. Tras la crisis del año veinte se había afirmado en Buenos
Aires el llamado Partido del Orden, liderado por el ministro Bernardino
Rivadavia, quien impulsó un conjunto de reformas modernizadoras para la
provincia durante el gobierno del general Martín Rodríguez. En 1822, Buenos
Aires estableció un tratado con Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe que dio forma a
un pacto confederativo laxo, que delegaba en el gobierno de Buenos Aires el
manejo de las relaciones exteriores. La paz política alcanzada en esos años
permitió el crecimiento ganadero y comercial de Buenos Aires, así como el
incremento de sus rentas aduaneras. A mediados de 1824, el gobierno porteño
convocó un congreso con representación de diputados de las Provincias de
acuerdo al número de su población, que comenzó sus sesiones en diciembre. Su
primera resolución fue declarar constituyente a la asamblea y establecer que,
hasta tanto se aprobara la nueva Constitución, las provincias se regirían por sus
propias instituciones políticas y delegarían en Buenos Aires las funciones del
CONTRA LA REVOLUCIÓN. ORDEN SOCIAL E INDEPENDENCIA…
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Ejecutivo Nacional.
31
En los meses finales de 1825, el escenario de una posible guerra con el
Imperio del Brasil, aceleró el proceso de centralización política. En diciembre, se
unificaron las fuerzas militares presentes en diversas provincias bajo el mando de
un general en Jefe del Ejército Nacional; en febrero de 1826, por su parte, se
aprobó la Ley de Presidencia y en marzo la Ley de Capital (que creaba un
territorio federal bajo jurisdicción del Presidente y desgajado de la Provincia de
Buenos Aires), así como la nacionalización de las rentas aduaneras. Avanzaba, a
través de estas disposiciones, una tendencia política que impulsaba la elaboración
y aprobación de una constitución que estableciera la soberanía nacional única y
restringiera los márgenes de soberanía locales.
En la Provincia Oriental, el año 1826 fue de predominio del «partido
unitario» en los diversos espacios de conducción política, y fue clara la
continuidad de las orientaciones que primaban en la otra orilla del Río de la Plata.
La Sala de Representantes reconoció al Congreso General en febrero de 1826
como «representación legítima de la Nación y como suprema autoridad del
Estado», alineándose con los representantes de filiación unitaria y enfrentándose
a las posiciones federales, que reclamaban mayores niveles de autonomía
provincial. Como parte de este proceso se ordenó a Lavalleja delegar el gobierno
político de la Provincia en manos del unitario Joaquín Suárez y subordinarse
militarmente al mando del Ejército Nacional. En octubre de ese año la Sala de
Representantes aprobó la disolución de los Cabildos y su sustitución por una
nueva estructura judicial, más jerarquizada y centralizada. Se buscaba, según
expresa la historiadora Inés Cuadro, generar un nuevo ordenamiento de poder,
que aumentara las atribuciones del Ejecutivo y alineara las instituciones
provinciales a los lineamientos del gobierno central (Cuadro 2009, 70).
En la Gaceta de Montevideo, periódico de filiación unitaria editado en la
Provincia Oriental, uno de los delegados del gobierno de Buenos Aires en la
provincia, el abogado Gabriel Ocampo, expresaba cómo el nuevo ordenamiento
se acompasaba al proceso que deberían estar llevando adelante las otras
31
Sobre esta coyuntura en Buenos Aires y las provincias argentinas la bibliografía es importante.
Destacamos Ternavasio (1998, 2002 y 2013), Gallo (2012) y Zubizarreta (2014).
PABLO FERREIRA
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provincias reunidas en Congreso. La reforma en el sistema de justicia
crear[ía] infaliblemente hábitos de orden, que subordinar[ía] los intereses aislados
del individuo a los intereses públicos, que acostumbrar[ía] fácilmente a los
ciudadanos a la observancia de las formas y que por último har[ía] conocer
prácticamente las incomparables ventajas de la centralización y uniformidad de los
recursos judiciales entre provincias regidas por una misma legislación. [Era] urgente
e imperiosa la necesidad de uniformar la marcha de esta provincia a las que ha[bían]
emprendido las demás.
32
El propósito de la reforma, según expresaba el gobernador Joaquín Suárez,
era «preparar a la Provincia [para] recibir la Constitución que [iba] a presentar el
Congreso».
33
En ese sentido, era expresión de un proyecto político que pugnaba
por una modernización institucional de perfiles conservadores y que encontraba
en la adhesión, sin condiciones, al nuevo centro de poder emergente, las garantías
necesarias para la conservación del orden social y político.
El corolario de este proceso fue la aprobación, por parte de la segunda Sala
de Representantes, en marzo de 1827, de la Constitución para las Provincias
Unidas del Río de la Plata aprobada por el Congreso en diciembre de 1826. La
Provincia Oriental fue la única que ratificó un texto que fue rechazado en forma
unánime por las legislaturas provinciales en razón de su carácter marcadamente
centralista.
La comisión legislativa que analizó e informó el proyecto constitucional
valoraba en marzo de 1827 que la «unidad del régimen» era la «única forma
adaptable en el estado en que se enc[ontraban] las más de las provincias que [iban]
a constituirse [y] la única capaz de sacar a las provincias del estado de revolución
[en] que se encontra[ban] hasta el momento».
34
Con poca discusión la propuesta
fue aprobada y la Sala de Representantes decidió elaborar un «Manifiesto»
dirigido «a los pueblos», que resulta elocuente respecto al proyecto político que
se creía estar concretando. Allí se expresaba:
Ya era tiempo que nos presentásemos ante el mundo de un modo digno, y que así
32
Gaceta de la Provincia Oriental, Canelones, 16 de febrero de 1827 (citado en Cuadro 2009, 74).
33
Actas 1920, 180 (citado en Cuadro 2009, 75).
34
Actas 1920, 344. Sesión del 27 de marzo de 1827 (citado en Cuadro 2009, 78).
CONTRA LA REVOLUCIÓN. ORDEN SOCIAL E INDEPENDENCIA…
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como desgraciadamente fuimos el escándalo de los pueblos, ahora serviremos de
ejemplo para aquellos que hoy son tan desgraciados como fuimos nosotros. Si la
anarquía nos hizo gemir bajo el yugo de la tiranía doméstica, si ella despobló
nuestras tierras, y sirvió de pretexto a un extranjero astuto que nos hizo arrastrar sus
cadenas por diez años, los principios de orden que hoy practicamos contribuirán a
construir el país y a cerrar para siempre la revolución.
35
Se trataba del triunfo momentáneo de la «mejor clase» de los patriotas, al
decir del cónsul Samuel Hood, aquel grupo prudente en lo político y conservador
en lo social que pretendía cerrar el proceso revolucionario lo más pronto posible,
adhiriendo a aquel poder que fuera garantía de orden. Sin embargo, y como
veremos más adelante, su proyecto se encontró con varias dificultades. Es posible
que la más importante haya sido el desmoronamiento abrupto y radical de aquel
poder que estaba llamado a asegurar un nuevo orden en el espacio platense.
6. Los últimos años del Montevideo cisplatino, 1825-1828
La historia del período de gobierno imperial brasileño en la Provincia
Oriental, y en especial la experiencia histórica de los montevideanos cisplatinos
durante la segunda etapa de las guerras de independencia está, casi en su
totalidad, por ser investigada y escrita. La historiografía uruguaya se ha
preocupado especialmente por el campo revolucionario, tanto en su vertiente
nacionalista, crítico-revisionista y en sus perspectivas más recientes. La
experiencia imperial brasileña, en tanto proyecto histórico-político que no
prosperó, ha sido descuidada en sus aspectos económicos, sociales y políticos con
algunas escasas excepciones.
36
Al momento en que se reiniciaron las guerras de independencia en el
territorio oriental la máxima autoridad en la Provincia era el general Carlos
Federico Lecor que ostentaba, desde 1817, el cargo de Capitán General con
atribuciones de mando político y militar sobre el conjunto del territorio. El avance
de los ejércitos orientales en 1825 circunscribió su mando a las ciudades de
Montevideo y Colonia. Uno de los cambios políticos más importantes que se
35
Actas, 1920, p. 414. Sesión del 9 de abril de 1827 (citado en Cuadro 2009, 79).
36
Entre los pocos trabajos que se han aproximado al período podemos destacar De María (1900),
Pivel Devoto (1948), Barrán, Frega y Nicoliello (1999), Frega (2009) y Ferreira (2022).
PABLO FERREIRA
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produjo durante estos años fue la creación de la Presidencia de la Provincia,
órgano establecido en la constitución imperial de 1824, pero que fue recién
provista en territorio oriental a inicios de 1826. La designación recayó en el
teniente Francisco de Paula Maggesi, quien había llegado a la ciudad un año antes
para colaborar en la organización de su defensa. Debía gobernar junto a un
Consejo General de Provincia elegido en 1824, pero que no hemos encontrado
registros de que haya llegado a sesionar. Por otra parte, la Provincia eligió una
terna de candidatos para integrar el Senado del Imperio, así como diputados que
llegaron a incorporarse a estos órganos legislativos centrales. Por lo tanto,
durante la etapa en que la ciudad estuvo sitiada por las fuerzas orientales y
argentinas, la geografía de poderes estuvo compuesta por el Capitán General
(sustituido luego por el Presidente de la Provincia), sus diversos asesores civiles,
los distintos mandos militares, el Cabildo y el Tribunal de Apelaciones, un órgano
judicial de segundo nivel que había sido creado en 1818 y que tenía competencia
en asuntos civiles, criminales, de Real Hacienda y Comercio.
37
Esta estructura de poder no estuvo exenta de tensiones. La figura de Carlos
Federico Lecor fue cuestionada en la correspondencia de algunas figuras
destacadas de su antiguo círculo, tal el caso de Nicolás Herrera y Lucas José Obes.
Por otra parte se produjeron tensiones en el interior del antiguo círculo de
notables ligado a Lecor, que condujeron al distanciamiento de los antes
mencionados, acusados de mantener vínculos con Fructuoso Rivera. Por otra
parte, se procesó entre 1825 y 1827 un agudo cruce de posiciones entre el Cabildo
y el tribunal de Apelaciones, a raíz del conflicto entre algunos grandes panaderos
de la ciudad y el cuerpo capitular, por el precio del pan que se vendía al público.
Este conflicto fue escalando decibeles hasta culminar en setiembre de 1826 con
acciones de desabastecimiento por parte de los panaderos, acusaciones varias
respecto a las posiciones del Cabildo e incluso la prisión de algunos de los
principales integrantes del gremio de panaderos (Ferreira 2022, Los lugares…,
113-118).
Por otra parte, existió una velada primero y luego más abierta oposición
contra el presidente Maggesi, traducida en diversas disputas jurisdiccionales.
37
Sobre la creación del Tribunal de Apelaciones en 1818 y sus objetivos véase Duffau (2017).
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Juan E. Pivel Devoto, atribuyó tales diferencias a que el cuerpo capitular estaba
influenciado por Lecor, que prorrogaba a los integrantes en sus cargos de forma
sistemática para ganar su adhesión en tanto ellos «elevaban representaciones a
la corte para que no fuera alejado del cargo» (Pivel Devoto 1948, 16). Esto no se
desprende de las fuentes; la práctica de prorrogar automáticamente los cargos se
había implementado en los primeros años de la dominación lusitana y luego se
aplicó una sola vez, en las elecciones de diciembre de 1825. En tales
circunstancias Lecor había indicado prorrogar las funciones para evitar que
«pudieran introducirse personas desafectas a la causa del imperio y ser esto de
gran peligro en medio de la guerra civil que infesta[ba] la provincia».
38
El 30 de enero de 1826, ante la inminente asunción de Maggesi como
presidente y la salida de Lecor de la provincia, el Cabildo hizo una valoración de
su figura y dejó traslucir aspectos de la disputa política existente. El alcalde
Santiago Sainz de la Masa destacó el «gran concepto» que le merecía Lecor «por
su irreprehensible conducta militar, civil, política y moral» y por la práctica de
una política «tendiente siempre al ahorro de la sangre y a la felicidad de sus
habitantes». Otros capitulares, según el secretario de actas, destacaron «su
moderación y consumada prudencia», así como «su valor y su siempre igual
lenidad y dulzura». Por su parte, el síndico procurador de la ciudad, José
Raymundo Guerra, antiguo españolista devenido en defensor acérrimo del
Imperio del Brasil, expresó lo «acongojado que estaba su corazón» por la llegada
desde Río de Janeiro de «varios periódicos o impresos» que buscaban
«desacreditar» a Lecor. A juicio de Guerra, la Corona debía haber investido a
Lecor de «omnímodas facultades» en lo militar y político. Al final el cuerpo
decidió incorporar los juicios al acta e imprimir por la prensa doscientos
ejemplares.
39
De alguna manera, en la descripción de las virtudes de Lecor y su
calificación como un buen gobernante, también aparecían los valores de
moderación y orden, como términos opuestos al «fanatismo» (en tanto forma de
referir a quien actúa de forma impulsiva y sin contemplar derechos y posiciones)
y a la anarquía.
38
«Acuerdos del Cabildo del 30 de diciembre de 1825» (Revista del Archivo General
Administrativo [RAGA] 1941, 17-21).
39
RAGA (1941, 37).
PABLO FERREIRA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 25 -
7. La síntesis de 1828 y la «unanimidad patricia»
En 1827, tras el rechazo de la Constitución por (casi) todas las provincias,
y tras el estado de opinión negativa que generó la «misión García» en Río de
Janeiro, caía el gobierno de Bernardino Rivadavia y se disolvía, de nuevo, el poder
central. Las provincias reasumían por completo la soberanía y delegaban en
Buenos Aires la dirección de la guerra y la política exterior. La situación en el
Imperio del Brasil era especialmente compleja en lo militar, con deserciones e
indisciplina entre las tropas, así como un general cansancio respecto al desgaste
de la guerra. Por otro lado, la frágil estabilidad política del Imperio se veía
amenazada por los problemas financieros, que llevaron a la quiebra del Banco del
Brasil. La impopularidad del conflicto hizo que aumentara la oposición al
Emperador y que se ampliaran las críticas al régimen político instaurado por la
constitución de 1824 (Pimenta 2011, 301). En ese marco, las negociaciones de paz,
bajo la atenta mirada del mediador británico, viraron hacia una salida política
que consistía en la conformación de un Estado independiente, como garantía de
estabilidad en la región.
En el interior de la Provincia Oriental se generó una nueva correlación de
fuerzas favorable a la salida independentista: para algunos sujetos políticos esta
pasaba a ser una alternativa posible (tal vez, transitoria) en el marco de la
coyuntura; otros sectores, por su parte, parecen haber estado más influidos por
el rechazo común a los distintos poderes regionales. Y otros grupos parecen haber
transformado, influidos por la experiencia de la guerra, un sentimiento de
identidad local en una adhesión a un proyecto político soberano. En ese proceso
complejo, la caída del grupo unitario en octubre de 1827 y el retorno al poder de
Juan Antonio Lavalleja ―aliado de los grupos federales que entraron a gobernar
en Buenos Aires―, parecen haber sido factores claves para explicar ese viraje de
la opinión. Ya no había en la región un poder central al cual unirse o subordinarse,
al tiempo que la formación del Estado Oriental independiente no era una opción
excluyente de posibles vínculos de federación con Buenos Aires y las Provincias.
La salida independiente, a su vez, no resultaba tan opuesta al sentir del grupo
unitario, que tras fracasar en su empeño por construir la «unidad nacional»,
podía poner sus energías en lograr una Constitución que evitara la fragmentación
del poder, considerada inevitable en unidades territoriales más amplias. Y
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además, el grupo pro-cisplatino no tenía capacidad de imponer su proyecto, ante
la salida pactada del ejército imperial del territorio. En todo caso, los diversos
grupos de opinión, que no eran espacios consolidados y definidos, sino
agrupamientos porosos y fluctuantes de personas e ideas, parecieron coincidir en
los beneficios de terminar la guerra, alcanzar la paz y restablecer el orden.
La Convención Preliminar de Paz, cuyas ratificaciones fueron canjeadas en
Montevideo el 4 de octubre de 1828, marcó el fin de la guerra, al tiempo que la
Constitución de 1830 dio forma institucional al nuevo Estado. Esta última marcó,
según expresó el ensayista Carlos Real de Azúa, un momento de «unanimidad
patricia», que buscó superar las disputas facciosas y afirmar un nuevo orden
(1981, 68). En febrero de 1830, Fructuoso Rivera (por entonces candidato
«natural» a ocupar la presidencia de la República) le escribía a Lucas José Obes,
rememorando una conversación con el coronel Eugenio Garzón en que destacaba
la importancia de «conservar en orden nuestra Patria». A juicio de Rivera, «ella,
en el continente americano es la única que disfruta de tranquilidad. Los demás
están ardiendo en un horroroso caos de anarquía. Es preciso no pararse en
medios para sacar el cuerpo a ese monstruo que acabará con nosotros, con
nuestras familias y con nuestra patria misma».
40
8. Apuntes finales
El marco conmemorativo derivado de cumplirse doscientos años del
segundo ciclo de guerras de independencia nos impone seguir ampliando las
agendas de investigación, así como el abanico de sujetos políticos y sociales a los
que atiende nuestro trabajo. Pensar la revolución y los revolucionarios ―sus
motivos, sus desprendimientos, sus opciones políticas, sus actos de heroísmo e
incluso sus inconsecuencias― ha sido objeto prioritario de nuestra historiografía
de cuño nacionalista, pero también de algunas de las lecturas más críticas. Es
tentador y a veces gratificante transitar junto a estas figuras el vértigo de una
época de intensidades.
Sin embargo, resulta obvio señalar que la ruptura de un orden social y
40
«Carta de Fructuoso Rivera a Lucas Obes, febrero 1830», Museo Histórico Nacional, Colección
Pablo Blanco Acevedo, Archivo Lucas Obes, Libro 31, fs. 67 -68.
PABLO FERREIRA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 27 -
político nunca resulta un fenómeno pluralista e integrador de las distintas
sensibilidades políticas. Nos propusimos en el artículo reconstruir este proceso
desde la óptica de quienes rechazaron esos cambios, o de quienes vivieron con
entusiasmo una primera etapa, pero luego vieron que la revolución implicaba
costos, que estos se pagaban con los bienes o con la vida, y sintieron la necesidad
de volver a una situación más o menos parecida a la vida «como era antes». Para
muchos, la pretensión no fue volver al punto de inicio, sino encontrar un centro
de poder que asegurara un nuevo orden «posible», que rescatara lo medular de
la agenda de cambios impulsada en la década de 1810, pero que también
asegurara al menos parte de los privilegios y lugares de cada uno en la sociedad.
En ese sentido el trabajo vislumbra cómo, en la década de 1820, perdieron
definitivamente espacio aquellas propuestas contrarrevolucionarias más
radicales, al tiempo que emergió un extendido sentido común conservador al
interior de las notabilidades orientales, afines a un programa moderado de
cambios ―que podía ser realizado al amparo de diversos poderes―, pero
temerosas respecto a los efectos no deseados de las revoluciones. El marco
interpretativo esbozado permite leer las opciones políticas de quienes transitaron
esta etapa no en clave de traición o convicción, de incoherencia y coherencia, sino
aprehender las opciones que tomaron sujetos individuales y colectivos que se
encontraron con el gran desafío de transitar el tiempo histórico que les tocó
vivir.◊
Obras citadas
Fuentes inéditas
Museo Histórico Nacional, Colección Pablo Blanco Acevedo, Archivo Lucas Obes,
Libro 31.
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