CLAVES. REVISTA DE HISTORIA
VOL. 11, N.° 20 ENERO JUNIO 2025
ISSN 2393-6584 - MONTEVIDEO, URUGUAY
Pp. 1 - 29
La crisis de 1820 y la pulverización de la provincia
de Cuyo
The crisis of 1820 and the pulverization of the Province of
Cuyo
Beatriz Bragoni
1
Universidad Nacional de Cuyo
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
https://orcid.org/0000-0002-4431-8788
DOI: https://doi.org/10.25032/crh.v11i20.2537
Enviado: 02/02/2025
Aceptado: 08/05/2025
Resumen: El trabajo recapitula los principales acontecimientos que gravitaron
en la fragmentación de la Gobernación de Cuyo como resultado del desplome del
gobierno general, la desarticulación del esquema de poder sanmartiniano y la
fractura de divisiones del Éjército de los Andes a raíz de restricciones materiales,
conflictos entre la oficialidad y los cuadros intermedios del batallón de Cazadores
de los Andes y las controversias suscitadas en torno a la Constitución de 1819 y
las tratativas monárquicas que afloraron en la coyuntura. En particular, interesa
considerar los argumentos y prácticas políticas ensayadas para refundar el poder
local, las reformas administrativas y militares implementadas para tramitar el
orden político y social en el territorio y las iniciativas encaradas por las elites
locales para refundar la antigua unidad mediante tratados interprovinciales o
congresos generales. El tratamiento conectado de tales dimensiones permitirá
1
Doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora titular de la Universidad Nacional
de Cuyo y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. Ha sido investigadora
invitada de la Casa de Velázquez y la Fondation Maison des Sciences de l‘Homme. Sus temas de
interés versan sobre los actores de la revolución, la formación del sistema federal argentino, las
dirigencias provinciales y la configuración de las mitologías nacionales. Entre sus publicaciones
se destacan: Los hijos de la revolución: familia, negocios y poder en Mendoza, siglo XIX (1999),
por el que recibió el Premio Academia Nacional de la Historia (1999-2001), José Miguel Carrera.
Un revolucionario chileno en el Rio de la Plata (2012), San Martín. Una biografía política del
Libertador (2019) y Las mujeres de la Revolución (2025), entre otras contribuciones publicadas
en el país y el exterior.
LA CRISIS DE 1820 Y LA PULVERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CUYO
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precisar aspectos indicativos del debate académico en torno a un tema clásico de
la historiografía argentina y rioplatense en la que se inscribe la obra del profesor
José Carlos Chiaramonte: la cuestión de la(s) soberanía(s), sus variaciones
semánticas en los espacios provinciales e interprovinciales y el peso de la
experiencia de las Provincias Unidas ya disueltas en el repertorio de proyectos
institucionales orientados a soldar el gobierno representativo republicano y
federal en rechazo a la fórmula monárquica constitucional.
Palabras clave: Soberanías independientes, Provincias del Río de la Plata,
gobierno representativo republicano, federalismo.
Abstract: This paper recapitulates the main events that influenced the
fragmentation of the Governorate of Cuyo as a result of the collapse of the general
government, the disarticulation of the San Martin power scheme and the fracture
of divisions of the Andes Army due to material restrictions, conflicts between the
officers and the intermediate cadres of the battalion of Cazadores de los Andes
and the controversies that arose around the constitution of 1819 and the
monarchic negotiations that emerged at the time. It is interesting to consider the
arguments and political practices tried to re-establish local power, the
administrative and military reforms implemented in order to manage the political
and social order in the territory and the initiatives undertaken by the local elites
to re-establish the old unit by means of interprovincial treaties or general
congresses. The treatment connected to such dimensions will allow us to specify
indicative aspects of the academic debate around a classic theme of Argentine and
rioplatense historiography in which the contribution of professor José Carlos
Chiaramonte is inscribed: the question of sovereignty(ies), its semantic variations
in the provincial and interprovincial spaces and the relevance of the experience
of the United Provinces already dissolved in the repertoire of institutional
projects aimed at welding the republican and federal representative government
in rejection of the constitutional monarchic formula.
Keywords: Independent sovereignties, provinces of the Rio de la Plata,
representative republican government, federalism.
BEATRIZ BRAGONI
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 3 -
1. Introducción
A comienzos de 1820, y en sintonía con la defección de los oficiales del Ejército
del norte, un capitán del Batallón n.º 1 de Cazadores de Los Andes acantonado en
San Juan ocupó la plaza al grito de «muera el tirano y vivas a la libertad y la
federación» y depuso al teniente gobernador. Días después su par de San Luis
elevaba su renuncia al Cabildo precipitando la renuncia del gobernador
intendente con lo cual se inauguraba un nuevo capítulo en la vida política e
institucional cuyana (Bragoni 2005, «Fragmentos…»).
Generalmente, la historiografía calificó el episodio como «motín militar»
circunscripto a la fractura de la cadena de mandos entre oficiales y tropa de los
ejércitos de la independencia: un argumento semejante al que esgrimió Toribio
Luzuriaga en el Manifiesto en el que dio a conocer su renuncia como gobernador
intendente de Cuyo, y también próximo al utilizado por el general Paz al pasar
revista de las razones que habían dado origen a la defección de Arequito.
2
En
cambio, Damián Hudson no puso en duda los nexos que existieron entre ambos
acontecimientos. Para el autor de los Recuerdos históricos de las Provincias de
Cuyo, se trataba de fenómenos simultáneos del clima político común en tanto
mostraba el modo en que las provincias de la antigua unión exhibieron las
magras consecuencias de la irrupción de nuevos actores políticos y las críticas al
sistema de unidad o centralizado ensayado por San Martín y sus funcionarios en
la jurisdicción. La lectura de Hudson no era ajena a la narrativa con la que
pretendía anudar la imbricación de las provincias cuyanas con los orígenes de la
nacionalidad siguiendo la huella de la «revolución republicana» con la que el
Mitre historiador había resuelto la «quimera» de la monarquía imaginada por los
directoriales. De modo que Hudson también echaba un manto de olvido sobre las
controversias que había despertado al monarquismo no solo en el recoleto
mundillo letrado.
Tampoco la historiografía posterior prestó atención a ese dilema, aunque priorizó
con paciente erudición el análisis de los componentes doctrinarios y prácticos del
ordenamiento constitucional «flexible» que configuel régimen representativo
2
Manifiesto que hace el gobernador intendente de esta provincia de Cuyo a los habitantes de
Mendoza sobre los acontecimientos de la ciudad de San Juan, 16 de enero de 1820, cit. en Hudson
(1898, pp. 308-312).
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republicano en cada jurisdicción, y enfatizó el carácter confederal o federativo
ensayado mediante pactos bilaterales y proyectos efímeros para recomponer la
unidad hasta tanto se instituyera un congreso o convención general que soldara
las bases constitucionales de la nación disuelta en 1820 (Seghesso de López 1997;
Pérez Guilhou 1997; Segreti 1995; Bransboin 2014; Tejerina 2022). De modo
complementario, estudios sobre aspectos normativos e institucionales de
Mendoza (Sanjurjo 2004; Molina 2010), como las reformas eclesiásticas
instrumentadas en el espacio cuyano (Pelagatti 2013; Feroni 2022), han puesto
de relieve el carácter empírico-práctico de innovaciones legales e institucionales,
interacciones interprovinciales y las relaciones de cooperación y conflicto con la
capital o sede del gobierno general (Verdo 2006, 2025). Asimismo, la
intensificación de estudios sobre diferentes provincias permitió establecer puntos
de contacto y diferenciación indicativos que revitalizaron el clásico debate sobre
los orígenes y transformaciones del federalismo rioplatense y argentino.
Al respecto, y en diálogo explícito con la tesis formulada por el profesor
Chiaramonte (1994, 2016), la historiografía ha señalado que la crisis de 1820 en
Cuyo (como en el norte y en el Litoral), precipitó las condiciones para la
transformación del término provincia. Ese pasaje tuvo como base los viejos
municipios o cabildos que al declararse soberanos se apropiaron de sus espacios
o territorios donde ejercieron jurisdicción o gobierno, establecieron relaciones
inter-pares bajo el presupuesto de un sentido de pertenencia integrado a un todo
mayor (Agüero 2019). En otro registro, la idea de «forma de unidad» como núcleo
vertebrador de la pretensión de constituir un «estado rioplatense» entre 1810 y
1827 verificó la compatibilidad entre el concepto de indivisibilidad de la
soberanía con la originaria o propia de los pueblos (Souto 2017). Una alquimia
doctrinaria y política que sometió a las «repúblicas provinciales» a ensayar el
fugaz proyecto de unificación nacional con base en reacomodamientos intra e
interprovinciales (Caula y Ternavasio 2020).
Aun si se tiene en cuenta la importancia de los análisis que han esclarecido los
aspectos doctrinarios y las variaciones semánticas del lenguaje jurídico-político
en torno al sujeto de imputación de la(s) soberanía(s), el montaje del gobierno
representativo republicano, y las precisiones conceptuales sobre la tardía
incorporación de la noción de autonomía en el lenguaje y doctrina constitucional
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(Agüero 2014), el peso relativo de la conflictividad política y social en la fractura
de la Gobernación de Cuyo ha sido menos considerado o, en el mejor de los casos,
no ha cruzado el umbral de la habitual caracterización de lucha facciosa dirimida
entre las discretas elites urbanas con capacidad de manipular elecciones o
movilizar milicias.
En este trabajo propongo una vía diferente para interrogar el problema para lo
cual recuperaré trabajos anteriores, y sumaré materiales documentales menos
visitados, con el objetivo de proponer un recorrido problematizador de la
especificidad cuyana con foco en dos momentos. Por un lado, los
acontecimientos, argumentos y prácticas políticas que precipitaron el colapso de
la provincia de Cuyo creada en 1813 en respuesta a reclamos de los cabildos
previos y posteriores a la revolución de 1810, la fidelidad manifiesta a los
gobiernos erigidos en la capital y la urgencia de preservar la frontera oeste de las
provincias rioplatenses ante la inestabilidad del bastión patriota chileno que
colapsó en 1814. Su importancia reside en que su análisis permite apreciar el
rechazo al ejercicio de autoridad de San Martín y su círculo azuzado por la prédica
y acción política del chileno José Miguel Carrera, el trayecto/ejercicio de las
soberanías provinciales y el reconocimiento de una autoridad supra local
mediante la cual se hacía expresa la «reserva de unidad» que jugó a favor de la
creación de vínculos o lazos interprovinciales en vista a restablecer el orden social
y político en cada jurisdicción, y recomponer el gobierno general disuelto en
1820. En cambio, el segundo momento analiza el proceso que anudó la
representación mendocina en el Congreso constituyente y legislativo 1824-1826.
En particular, prioriza el debate sobre la forma de gobierno expresada por los
escritores públicos locales en conexión con las resonancias de la guerra
continental y la pretensión monárquica del círculo sanmartiniano en el Perú
(Bragoni 2019). El interés en la temática reside en que los argumentos vertidos
en la prensa local no solo robustecen evidencias e interpretaciones en torno al
debate entre monarquía y república que ha vigorizado la agenda académica
(Botana 2016; Sabato 2018; Ternavasio 2020). Su importancia también reposa
en que ilustran su incidencia en el flujo, circulación y configuración de una
interpretación común en torno al peso del pasado político reciente como arena de
traducción práctica del gobierno representativo republicano y federal entre las
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provincias rioplatenses o argentinas que, sin embargo, sería incapaz de operar
como fórmula de remplazo al régimen de unidad sellado en la Constitución de
1826 que gravitó en el tembladeral político y guerrero que le siguió.
2. El fin de la pax sanmartiniana
Como se anticipó la insurrección del batallón de Cazadores del Ejército de los
Andes gravitó en la destitución del teniente gobernador De la Rosa que ejercía su
mandato desde 1815. El movimiento contó con el apoyo del Cabildo el cual
reactualizó el lenguaje político vigente desde 1810 en tanto expresó que,
«reasumida su soberanía, se declaraba el pueblo, independiente de la que hasta
aquí había sido capital de la Provincia», aunque manifestaba «voluntad de
unión» con la autoridad central (Larraín 1906, 113).
A su vez, en dos comunicaciones dirigidas al todavía Director Supremo, y al
Cabildo de Buenos Aires, los capitulares sanjuaninos aludieron a la «opresión» y
extensión del mandato ejercido por el teniente gobernador y alegaron que
mantendrían lealtad al gobierno nacional frente a la desobediencia de los «demás
jefes de la provincia de Cuyo». Con ello, aludían a la decisión de San Martín de
sustraer la fuerza militar en la guerra contra los federalistas o anarquistas del
Litoral que había precipitado el cruce de la cordillera de algunos oficiales del
batallón insurrecto quienes había llevado consigo hombres y recursos resultantes
de la última leva aplicada y contribuciones forzosas que habían esquilmado las
reservas de los pueblos cuyanos. Nótese la forma en que se hacía expresa tal
motivación: «De la Roza lo mismo que Luzuriaga en Mendoza y Dupuy en San
Luis son tenientes de San Martín colocados fuera de la obediencia del gobierno
nacional». Un día después, el suceso fue conocido en Mendoza, pero el
gobernador intendente Toribio Luzuriaga no lo dio a conocer por temor del
contagio de los cuerpos armados acantonados en Luján y en San Luis por lo que
ordenó movilizar las milicias para hacer frente a la rebelión.
3
Entretanto, delegó en el general Alvarado una misión a San Juan por el
ascendiente que tenía en las tropas quien no logró domesticar a los rebeldes. Ante
3
Oficio de Luzuriaga, 10 de enero de 1820. Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM),
Independiente, Carpeta 748, 42.
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el fracaso de la gestión, el gobernador intendente elevó la renuncia al Cabildo que
fue simultánea a la difusión del Manifiesto aludido en el que calificó el suceso
como «motín militar» que prometía «establecer la anarquía más horrorosa» y
ponía en peligro «a todos los partidos, amenazar la vida y las propiedades de los
ciudadanos pacíficos y díscolos». Con ello se hacía eco de los movimientos
habidos en la capital, a instancias de personajes filiados con los federales, en los
parajes próximos a los límites entre San Juan y Mendoza, y en villas del oeste de
San Luis que se habían hecho patentes en asaltos a la casa de los jueces pedáneos
y saqueos a haciendas de Pocito y Jocolí. Estos hechos no tardaron en precipitar
la renuncia del teniente gobernador puntano a raíz de la presión ejercida por el
Cabildo convertido en depósito de la soberanía provincial y en cabildo-
gobernador. Al respecto, el cabildo fue explícito al expresar «los sentimientos de
confraternidad» que los animaba y el anhelo por el «gran día en que toda la
Nación por medio de sus representantes sea ligada con lazos indisolubles»
(Tejerina 2022).
En ambos casos, los argumentos vertidos por los capitulares hicieron hincapié en
el carácter «despótico» de los funcionarios depuestos porque habían declinado la
noción de «gobierno justo» afincado en leyes y principios liberales. La denuncia
de abusos de autoridad hizo mención a la prolongación de los mandatos de
funcionarios, la forma de su elección porque habían sido designados por el
gobierno central o por San Martín, la forma de practicar la leva y aplicar las
contribuciones forzosas de 1819 y la afectación de los prisioneros de guerra de
Maipú a labores agrícolas u obras públicas que habían beneficiado a propietarios
próximos al riñón oficial. Las acusaciones se hacían extensivas a la
administración de justicia: en particular, a la ausencia de debido proceso para
juzgar y castigar a los adversarios que tenía como ejemplos elocuentes la pena
capital impuesta a los hermanos Juan José y Luis Carrera en 1818, y la drástica
resolución dada por Dupuy (y Monteagudo) a los prisioneros de guerra realistas
en 1819 que había echado por tierra con el derecho de gentes que reclamaba San
Martín a los españoles. El emisario de San Martín, el teniente coronel Torres, no
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dudó en informar a su superior: «El miedo y el pánico del Dr. M… (por
Monteagudo) nos ha perjudicado mucho, mucho».
4
Pero también, y como lo expresó el militar rebelde que destituyó a De la Rosa, el
«déspota mandatario» (como llamó a su propio cuñado), había postergado «el
concepto de justicia distributiva que debía tener todo gobierno libre». A su juicio,
el mal desempeño del mandatario se hacía patente en el desgraciado estado de
las tropas, las pensiones y grados militares que había resuelto con
«arbitrariedad», la ausencia de «justicia distributiva» en el reparto de tierras
irrigadas en Pocito, y las compensaciones por servicios de guerra previstos por la
administración sanmartiniana a partir de 1817. Todas estas razones justificaban
haber separado del mando «a un tirano que ya era odioso a la ley, y a sus
conciudadanos», y explicaba también por qué los soldados habían adherido a sus
ideas en cuanto había cumplido con el deber de un «americano libre» deponiendo
al «déspota gobernante y dejando al pueblo la acción de elegir al nuevo jefe». La
proclama que había incitado la rebelión constituye evidencia sugestiva de la
relativa adhesión de tales postulados entre los cuerpos armados: «Compañeros:
La facción sediciosa ha trastornado las autoridades reduciendo el pueblo a la
antigua tiranía. Vuestros comandantes han fijado los ojos en vosotros esperando
de vuestro valor que valoréis a liberarles. Vosotros os vais a cubrir de gloria
rompiendo las cadenas de la tiranía».
5
Para entonces, la craquelada autoridad mendocina cerró filas para frenar una
eventual invasión poniendo en alerta a las milicias nacionales y cívicas, para lo
cual hizo enarbolar la bandera de la Patria en la torre de la iglesia San Francisco
a sabiendas que los recursos de Aduana eran insuficientes para pagar el salario
de los movilizados por lo que dispuso suscripciones voluntarias al gremio de
comerciantes, hacendados y artesanos. En ese ambiente incierto, y para cuando
los puntanos se habían declarado independientes de la antigua capital, el 8 de
marzo se llevó a cabo en Mendoza un cabildo abierto «en consideración de la
presente situación política de la Nación para tomar medidas conducentes para
4
Carta de Torres a San Martín, Mendoza, 6 de marzo de 1820, Documentos para la Historia del
Libertador General San Martín (en adelante DHLGSM), Tomo VII, p. 11.
5
La proclama escrita a mano consta en las fojas de la sumaria instruida a los mendocinos
involucrados en el movimiento dirigido por Corro. AGPM, Independiente, Criminal, Carpeta 384,
doc. 1.
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conservar o restablecer el orden interior de la Provincia, y las relaciones de
amistad y buena armonía con los Pueblos de la Unión». La asamblea resolvió dos
asuntos cruciales: renovó el compromiso con «nuestros hermanos coprovinciales
en atención a que estamos separados» aceptando que habían sido víctimas de la
«opresión» y ratificó la aspiración de restablecer la «unidad e integridad de la
Provincia» entendido como único medio de afianzar la libertad y procurar la
mutua prosperidad por los intereses comunes que las unían. En segundo lugar,
decidió «reconcentrar el Gobierno en un solo individuo para subordinar a una
sola mira todos los planes del interés particular de la Provincia y el de la Nación
en general» para elegir de inmediato al nuevo gobernador, el jefe de caballería
Pedro José Campos, quien juró por «la constitución, reglamentos y leyes que
están en vigor, en cuanto no se opongan a la Federación».
6
En esa geografía fragmentada, los nuevos gobiernos cuyanos liderados por
gobernadores electos por cabildos abiertos o asambleas entablaron acuerdos o
pactos bilaterales con el doble fin de refundar la unidad interprovincial y
reconstruir la autoridad nacional mediante convenciones o congresos generales.
El 23 de marzo tuvo lugar una reunión en San Juan entre autoridades de la
provincia y representantes del gobierno de Mendoza que ratificó la voluntad de
unión y fraternidad entre ambos pueblos. Las instrucciones del diputado
sanjuanino preveían restablecer la unidad cuyana sobre la base de condiciones
distintas a la antigua en tanto establecía «que cada pueblo de los de la
confederación retendría su soberanía y serán independientes entre sí,
gobernándose cada uno como se hallan al presente, con absoluta independencia
uno de otro por su constitución particular, a no ser que, por igual solemne
convención, se constituyan bajo una regla o estatuto» (Larraín 1906, 431).
Al mes siguiente, una reunión en San Luis congregó a mendocinos y puntanos
con propósitos semejantes, aunque las tratativas no eran ajenas a las iniciativas
del director chileno, y San Martín desde el otro lado de la cordillera. Así lo
demuestra el papel desempeñado por el teniente coronel Torres enviado por San
Martín.
7
La fluida correspondencia mantenida con el general que ratificó el
6
Oficio del Cabildo de Mendoza, 8 de marzo de 1820. AGPM, Independiente, Carpeta 748, 47.
7
Correspondencia de Torres a San Martín, 1, 3 y 6 de marzo de 1820. DHLGSM, Tomo XVII, pp.
88-89.
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liderazgo del Ejército de los Andes en el campamento de Rancagua ante la
disolución del «poder supremo» y del Congreso pone de relieve dos acciones
simultáneas: por un lado, llevó adelante gestiones u operaciones para desguazar
las filas del batallón insurrecto y facilitar el repaso de la cordillera; por el otro,
propició la firma de un convenio que hizo expresa la intención de crear una
«República de Cuyo» bajo formato confederal,
8
y muy especialmente
cooperaciones de guerra en vista a la espectabilidad que había ganado el chileno
Carrera después de Cepeda cuando había obtenido la venia del gobernador
Sarratea para reclutar a sus compatriotas y organizar el «Ejército Restaurador»
con el que imaginaba llegar a Chile y deponer a O’Higgins (Bragoni 2012).
No se trataba de un asunto menor en tanto el chileno había entrado en contacto
por medio de un fiel aliado, Juan José Benavente, con el teniente que comandaba
el corroído batallón de cazadores, quien le había manifestado la voluntad de
libertar el «precioso Chile» y declarado su simpatía por los jefes federales del
litoral para obrar según la «marcha de la confederación». La respuesta de Corro
era elocuente:
Chile, el patrio suelo de V.S: donde se han reunido los tiranos, donde han
tomado asiento el horror, la venganza y el desastre, me llama la atención.
Pero cuando sé que aquel infeliz pueblo suspira por V.S., y que aún le espera
como su Ángel tutelar y el restaurador de su libertad, la preferencia le
corresponde a Ud. y a mi el honor de ofrecerle mi persona, mi oficialidad y la
tropa del modo más sagrado, y con la más buena fe, para que a su frente
marchemos a libertar aquel precioso país, o para que obremos según la
marcha de la confederación. Tengo la plausible noticia que V.S. se halla en
ese gran pueblo levantando tropa. Con ella o sin ella, tome V.S. la resolución
de venir cuanto antes, que le esperamos con los brazos abiertos, dejando
entabladas las negociaciones que nos sean convenientes con los jefes
federales (Pérez 1954, 155-57).
En rigor, ambas motivaciones guardaban sintonía con la virulenta prédica de
Carrera quien había hecho de su imprenta volante un motor de difusión no solo
8
El convenio fue firmado por el diputado de San Luis, José Gregorio Ximénez, y de Mendoza,
Lorenzo Güiraldes. El representante de San Juan, Javier Godoy, no asistió a raíz de una
«revolución». Mendoza 24 de abril de 1820. Archivo General Provincia de Mendoza,
Independiente, 748, 56. DHLSM, Tomo XVII, pp. 88-89.
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a favor de la federación y los derechos de los pueblos frente al sistema de unidad
y las facultades extraordinarias o de excepción concedidas por el congreso general
o el senado chileno (Ternavasio 2007; Jocelyn-Holt Letelier 1992). El chileno
también había difundido las maquinaciones monárquicas de los directoriales al
denunciar la misión del capitán francés Le Moyne a Buenos Aires, y la propuesta
de colocar a un príncipe europeo en la cúspide del sistema rioplatense (y chileno).
Lo había hecho desde Montevideo el 8 de enero de 1819 mediante la publicación
de la «Carta del Ciudadano José Miguel Carrera a sus amigos corresponsables de
Chile», que se había difundido junto a caricaturas que representaban la
subordinación de O’Higgins al «tirano» San Martín, y había servido de prueba de
la conspiración pergeñada contra Pueyrredón y su séquito que condujo al
patíbulo a los franceses Robert y Lagresse. La guerra de pluma y el impacto en la
inestabilidad política cuyana no había pasado desapercibida ni siquiera para el
enviado plenipotenciario chileno a las Cortes europeas, Manuel de Irisarri, quien
en su viaje a Buenos Aires dejó constancia del interés de Carrera por la
propaganda monárquica incitada por El Duende de Santiago del que era el
principal editor.
9
Su impresión sobre las dotes argumentativas del proscripto
refugiado en Montevideo con la venia de Lecor no era errónea. Años después sería
el mismo general Miller, un devoto sanmartiniano, quien evocó en sus memorias
que Carrera contaba con «una elocuencia extraordinaria que arrastraba y
persuadía la muchedumbre […]; y marchando de provincia en provincia tuvo el
arte de excitar la rivalidad contra Buenos Aires, y hacer que los gobernadores y
habitantes de más influencia en ellas, se decidieran a favor de una forma de
gobierno republicano federativo» (Miller 1998).
Hasta junio de 1820 los acuerdos interprovinciales demostraron ser insuficientes
para restablecer el orden público en las provincias cuyanas. La inestabilidad
afectaba en especial a San Juan, donde la inacción militar y la escasez de recursos
condujeron al Cabildo a celebrar un acuerdo con el gobernador Campos en el que
aceptaba surtir víveres para evitar desórdenes que sobrevivió hasta que la
reforma de las milicias implementada por el gobierno mendocino estuvo en
condiciones de vencer las tropas de Corro. El éxito militar se tradujo en el cambio
9
Oficio de Irisarri al Director Supremo de Chile, 1817. Archivo de O’Higgins, Tomo IV,
documentos 204 y 209. Agradezco a Armando Cartes su ayuda en la localización de los materiales
documentales.
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de gobernador y en el restablecimiento de los herederos del partido martiniano
al resultar electo el Dr. Tomás Godoy Cruz, su ladero en el Congreso Soberano
entre 1816 y 1819, quien ordenó festejar el triunfo con los rituales de costumbre y
lo comunicó al gobernador de Buenos Aires con el argumento de que la derrota
de Corro era equivalente a la sufrida por Carrera en San Nicolás «por ser
semejantes en su origen y en el orden de los acontecimientos».
10
Pero si la amenaza desde San Juan había sido controlada, el accionar político
carrerino se mantuvo intacto en los confines de las fronteras de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba y San Luis manteniendo en vilo a los administradores del
poder cuyano. A la reforma del régimen de milicias en Mendoza, le siguieron
cambios en el plantel de funcionarios en ciudad y campaña, en la justicia civil y
militar y en el nuevo Reglamento de Policía que respondía a la multiplicación de
crímenes y delitos de los que no estaban ausentes los cívicos. La frontera sur
también ofrecía un panorama crítico a raíz de incursiones indígenas que
recomendó sellar un nuevo parlamento con los indios amigos. Un panorama
preocupante que no era ajeno a la penuria económica y fiscal que comprometía
los salarios de las milicias, de los curas y deudas contraídas con los grupos
propietarios que fueron saldadas con el reparto de tierras. También la vigilancia
gubernamental se extendió a los adversarios del gobierno o «federales». En
particular de Francisco Aldao (exgranadero del Ejército de los Andes que había
sido sancionado en la campaña a Chile) quien había operado a favor de las
demandas de Corro y de los que se sabía «tenía inteligencia en la ciudad y que
Aldao y sus parciales no le eran indiferentes» (Actas 1988, 19). Para ello Godoy
Cruz pidió facultades a la flamante Junta de Representantes con la convicción de
que «la crisis de Mendoza puede acarrear consecuencias que infligirían en todo
el continente libre».
Con ello aludía concretamente a que cualquier éxito carrerino podía
desestabilizar el gobierno de O’Higgins en Chile y comprometer la Expedición
Libertadora al Perú por la que San Martín había puesto en riesgo su reputación,
y había sido objeto de injurias en la ciudad. Así lo entendía Luzuriaga al momento
de escribir la memoria en la que hacía el descargo de su accionar público en la
10
Archivo General de la Nación (AGN), Sala X, 10, 5, 6, 1, Gobierno Mendoza.
BEATRIZ BRAGONI
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 13 -
que no dudó atribuir el desmadre del Ejército de los Andes y las divisiones
chilenas a la incisiva acción de Jo Miguel porque promovía «la guerra de
montonera, de recursos, o de pueblos».
11
Tampoco el Libertador pasó por alto el
crítico escenario rioplatense en vísperas de emprender la empresa peruana en la
famosa proclama que dirigió a sus habitantes en la que puntualizó los riesgos que
corrían. En sus palabras:
El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación: esta palabra está
llena de muertes y no significa sino ruina y devastación. Yo apelo sobre esto,
a vuestra propia experiencia, y os ruego que escuchéis con franqueza de
ánimo la opinión de un general que os ama, y que nada espera de vosotros.
Yo tengo motivos para conocer vuestra situación, porque en los dos ejércitos
que he mandado, me ha sido preciso averiguar el estado político de las
provincias que dependían de mí. Pensar en establecer el gobierno federativo,
en un país casi desierto lleno de celos y de antipatías locales, escaso de saber
y de experiencia en los negocios públicos, desprovistos de rentas para hacer
frente a los gastos del Gobierno General, fuera de los que demanda la lista
civil de cada Estado: Es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse, ni aún
con el placer efímero que causan siempre las ilusiones de la novedad.
12
En los primeros meses de 1821 José Miguel Carrera emergía como enemigo
común de los administradores de los nuevos poderes provinciales por representar
el más visible exponente de la enquistada efervescencia anarquista que se había
desplegado con vigor antes y después de Cepeda (Bragoni 2012). Una coyuntura
caracterizada por gobiernos inestables, dependientes de mediaciones con grupos
e individuos que negociaban obediencia, establecían acuerdos interprovinciales
precarios y vinculados de «hecho» con el también inestable gobierno de Buenos
Aires (Tau Anzoátegui 1994). Conviene detenerse un instante en la cadencia de
esa amenaza. El 3 de marzo el gobernador de Córdoba informaba a Martín
Rodríguez que el «perturbador» se acercaba a Concepción con «la gente de línea
que lo acompañaba y crecido mero de Indios» por lo que le había exigido
encabezar él mismo una campaña a la frontera sur, a lo que el gobierno porteño
11
Manifiesto que hace el gobernador intendente de la provincia de Cuyo sobre la ejecución que
acaba de hacerse con los reos don Juan José y don Luis de Carrera (La Revista de Buenos Aires,
Historia Americana Literatura y Derecho, pp. 522-527).
12
Proclama de San Martín, Santiago de Chile, 22 de julio de 1820, DHLGSM, Tomo XVII, pp. 101-
102.
LA CRISIS DE 1820 Y LA PULVERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CUYO
- 14 - CLAVES. REVISTA DE HISTORIA, VOL. 11, N.º 20 (ENERO - JUNIO 2025) - ISSN 2393-6584
respondió de manera oficiosa ofreciendo su auxilio en caso de considerarlo
necesario «para destruir al más inveterado enemigo del orden y felicidad del
país».
13
De manera simultánea, dos notables de San Luis, le informaba que
«parecería una quimera que el desnaturalizado Carrera, ese genio del mal y de la
desolación de tantos pueblos» sería combatido para poner «en nuestras manos
esa horda de bandidos que él capitanea, y su propia persona». Así también, Godoy
Cruz lo tenía al tanto de los recaudos tomados y de la decisión de sumar acciones
con el gobierno de San Luis para mostrar «la consonancia de todos los pueblos, y
en particular de esa Provincia, para el exterminio de los malvados, que por tanto
tiempo, han logrado arrebatarnos el orden y tranquilidad que nos regían».
14
Pero los acuerdos y dispositivos de control instrumentados por los gobiernos
aliados no fueron suficientes para despejar la inquietud en los meses siguientes.
En efecto, en marzo de 1821, el avance de Carrera y de una calculada estrategia
de asociación con indios amigos sobre el sur cordobés aumentó sus chances en el
corto plazo en dos direcciones. De un lado, el éxito en Chajá sobre las tropas de
Bustos le permitió no solo aumentar sus fuerzas a través de la incorporación de
prisioneros de guerra, sino que su despliegue revitalizó tensiones en la ciudad y
la campaña.
15
Por otro, porque el acecho al poder de Bustos había descansado en
solidaridades locales que le permitieron atravesar una geografía desconocida
mediante el apoyo de líderes territoriales que incluían maestros de postas con
capacidad de movilizar gente de los alrededores.
Los sucesos de San Luis arrojan también indicios interesantes de la acción de los
carrerinos en el primer semestre de 1821. Allí, el desempeño de las milicias
13
Oficio del gobernador Juan B. Bustos a Martín Rodríguez, 3 de marzo de 1821, Gobierno
Córdoba 1820-1830. AGN, Sala X, 5 4 1, Gobierno Córdoba 1820-1830. Sobre la conflictividad
política cordobesa véase Ayrolo (2008).
14
De Juan Bautista Bustos al Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos Aires,
Córdoba, 3 de marzo de 1821; De Manuel Herrera y José Leandro Cortés al Gobernador y Capitán
General de la Provincia de Buenos Aires, San Luis, 8 de marzo de 1821; De Tomás Godoy Cruz al
Gobernador Intendente de la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, 3 de marzo de 1821. Véase
Hudson.
15
El 9 de marzo de 1821 Carrera fue interceptado por Bustos en Chajá, quien ―de acuerdo a la
versión de Yatesdirigía una fuerza integrada por 600 veteranos y 200 milicianos. Después de
una derrota, cerca de 40 soldados e indios resistieron el enfrentamiento y obtuvieron el repliegue
de sus enemigos. Es de interés señalar la composición de la reserva de las fuerzas carrerinas: 80
mujeres compradas a los indios, 15 o 20 chilenas, viudas de soldados, 104 prisioneros cordobeses
y soldados heridos. Véase Yates (1941, 109-118).
BEATRIZ BRAGONI
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 15 -
puntanas fue insuficiente para detener su avance y gravitaron en la derrota de
Ensenada de las Pulgas (11 de marzo) ante la dispersión de la caballería. El
irlandés Yates, que secundaba el accionar de Carrera, registró en sus memorias
que el enfrentamiento a sable y lanza había decapitado la jerarquía miliciana,
desmoralizado las campañas y eyectado a la gobernación a José Gregorio
Ximénez, quien había firmado el acuerdo de la imaginaria República de Cuyo.
Godoy Cruz se hizo eco del riesgo en dos direcciones: por un lado, destinó una
guardia en los confines de su jurisdicción ante la certeza de que «los estragos
cometidos en los caminos y haciendas por las hordas de salteadores que infectan
aquellos campos» podrían ser mayores a los causados por el mismo Carrera.
16
Frente a tales condiciones, el gobernador concluía que resultaba probable que en
una segunda aproximación [de Carrera] se le unieran todos estos facinerosos y
aumentara su fuerza. Por otro, solicitó auxilios de guerra a sus aliados en Chile.
En carta a O’Higgins expresaba: «Después de estos dos contrastes tan
considerables, la irrupción de Carrera se hace ya seria y respetable,
principalmente para los dos únicos pueblos que han quedado libres y en aptitud
de combinarse […] Ya entenderá V.E que hablo de la necesidad de que remita una
buena división capaz de batir a Carrera con seguridad». La respuesta del director
chileno no tardó en llegar. Con fecha 23 de marzo, O’Higgins confirmaba que
saldrían de inmediato 300 veteranos perfectamente armados, equipados de todo
lo necesario y con buenos oficiales. Idénticos términos utilizó para informar a San
Martín la decisión de enviar hombres, armas y municiones con el propósito de
combatir «el monstruo de América» (Pérez 1954, 277-278).
Pero el pedido de auxilio de Francisco Ramírez al chileno para avanzar contra
Buenos Aires y Santa Fe despejó la amenaza por algún tiempo. En ese lapso, los
gobiernos activaron resortes locales a la espera de una segura segunda invasión.
De un lado, los influyentes capitulares puntanos eligieron un nuevo gobernador,
José Santos Ortiz, quien ordenó a los jueces de campaña concurrir a la ciudad en
compañía de un representante de cada partido con el fin de combinar acciones de
defensa «durante el tiempo que amenace la seguridad del país don José Miguel
16
Oficio de Godoy Cruz a la H. Sala de Representantes, 6 de abril de 1821. AGPM, Independiente
752, 40.
LA CRISIS DE 1820 Y LA PULVERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CUYO
- 16 - CLAVES. REVISTA DE HISTORIA, VOL. 11, N.º 20 (ENERO - JUNIO 2025) - ISSN 2393-6584
Carrera» (Núñez 1980, 247). A su vez, Godoy Cruz postergó el pedido de auxilios
a Chile (14 de mayo) y reunió una Junta de Guerra que decidió robustecer las
fuerzas de San Luis mediante el envío de una división al mando de oficiales de
trayectoria. En ese contexto, los diputados de cada jurisdicción diseñaron el
conocido «Reglamento Provisorio de Gobierno para los Pueblos de Cuyo» que
preveía, entre otros considerandos, la división de poderes en la escala regional
preservando a cada provincia facultades de organización afines a principios
generales y cooperaciones de guerra. La razón que animaba la iniciativa que
vale recordar fue rechazado por las autoridades por razones financieras―, aludía
concretamente a los sucesos que habían conmovido el escenario interprovincial.
Esto es, «la disolución accidental a que fueron conducidos por los
acontecimientos del presente año no han cortado los vínculos con que la
identidad de origen, la de la causa que sostienen y el interés común de la defensa
los une tan estrechamente, a los demás de Sud América» (Seghesso de López
2022).
Sin embargo, la cooperación militar fracasó cuando los oficiales de la División
Mendoza alentaron la deserción en la provincia vecina. Así lo informó Godoy Cruz
a la Junta de Representantes el 15 de junio cuando leyó la sumaria instruida
contra José León Domínguez y Miguel Villanueva «por pasarse al enemigo y
atacar este pueblo (San Luis)», y fue facultado a «expulsarlos de la jurisdicción»,
según lo estipulado en el Reglamento Provisional de 1817 con lo cual hacía uso de
la normativa de la antigua unión (Actas 1988, 27).
A los efectos de los objetivos perseguidos en este trabajo, interesa considerar las
causas o móviles de la defección. Para ello conviene caracterizar brevemente los
perfiles de los acusados enrolados en la carrera militar. Villanueva era oriundo de
Mendoza y contaba con experiencia díscola en las milicias locales que lo habían
confinado a San Luis en 1815 por protestar nada menos con una decisión de San
Martín y en 1819 se había resistido a jurar la Constitución sancionada por el
Congreso. En cambio, Domínguez contaba con otros galones cosechados en el
Ejército del Norte y había desempeñado funciones en Entre Ríos. Ese ejercicio y
movilidad territorial por la geografía de las Provincias Unidas lo había
convencido de que la alianza de Godoy Cruz con O’Higgins para que las tropas
chilenas participaran de la defensa de Cuyo, era inaceptable. Por eso había dicho
BEATRIZ BRAGONI
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en San Juan que «estaba resuelto a marchar sobre Mendoza a quitar al
gobernador porque estaba en relaciones con OHiggins para hacer venir fuerzas
de Chile» (Olazábal 1942, 22).
El resquemor no era nuevo: desde 1817 la unificación de los mandos militares
para la reconquista de Chile había dado lugar a tensiones entre oficiales y tropa
que obligaron a crear cuerpos y banderas por separado (Bragoni, «Guerreros
virtuosos…»). Algo parecido había sucedido con la entrega de premios después
de los triunfos militares de Chacabuco y Maipú, que había instado a O’Higgins
encargar en 1819 la composición de un texto para reemplazar la marcha patriótica
de los rioplatenses. Las tensiones volvieron a emerger en 1820 en la famosa
revista de Rancagua: Manuel Pueyrredón hizo alusión años más tarde sobre la
«fermentación» que anidaba en los cuerpos al señalar que los soldados del
Ejército de los Andes se negaron a jurar el pabellón chileno, y lo hicieron con el
propio. Si esta clave de lectura permite trazar algún tipo de correspondencia con
lo ocurrido en Cuyo, el testimonio de Yates ayuda a precisar aún más el lugar que
ocupaban las identidades políticas al interior de las formaciones guerreras. A su
juicio, O’Higgins calculó bien que los auxilios prometidos podían atentar contra
la empresa represiva porque podía dar lugar a que los oficiales y soldados chilenos
se pasaran a las filas de su tenaz adversario.
Pero el suceso cuyano ilumina otra arista no menos sugerente de los móviles y
concepciones políticas vigentes en aquel incierto escenario. Al respecto,
O’Higgins acusó recibo del malestar en Cuyo después de haber sido advertido por
dos diputados de Mendoza y uno de San Juan de que la partida enviada debía
detener su marcha y no cruzar la cordillera. En una carta dirigida a San Martín le
expresó:
Después de haberme aniquilado en la remisión de una división preciosísima que
llegó hasta la Guardia, no quisieron admitirla por serias desconfianzas y temores, a
mi y a Ud, a pesar de los esfuerzos de nuestro amigo el gobernador Godoy. Ordené
se retirase la expresada fuerza, y ahora que la cordillera no lo permite, son los
lamentos y clamores que ocasiona la baja desconfianza a nuestras personas,
LA CRISIS DE 1820 Y LA PULVERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE CUYO
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criticándolas de monarquistas, que es la conversación favorita de la otra banda para
desacreditar a los amigos del orden.
17
Con ello el director chileno, acusaba recibo de la agenda antimonárquica que su
enconado rival había encarado el año anterior, y que se fortaleció con la difusión
de la caricatura que representaba a San Martín coronado que guardaba sintonía
con la política de pluma encarada por Monteagudo en Chile y en Perú sobre la
conveniencia de conciliar la independencia con la monarquía constitucional por
ser el sistema más conveniente al «estado social de los pueblos» y el nuevo orden
internacional. Un tema crucial, además, que integraba la agenda de negociaciones
del Protector de los Pueblos Libres del Perú con el virrey La Serna para tramitar
la independencia al que haría referencia Tomás Guido en 1865 (Bragoni 2019,
2023).
Es difícil evaluar el impacto de esas novedades en la campaña militar coordinada
entre los gobiernos cuyanos y el de La Rioja, recién escindida de su antigua
capital, que liquidó la influencia del chileno en Cuyo en los meses siguientes. En
su mayoría las evidencias disponibles hacen hincapié en el temor sobre
eventuales saqueos a la ciudad (para lo cual el gobierno activó el recuerdo del
asalto al pueblo de El Salto), y el riesgo que supondría su regreso a Chile en la
idea de federar los estados independientes por lo que San Martin no pasó por alto
su muerte cuando ya había jurado el Estatuto del Protectorado peruano. En el
comunicado que ordenó publicar en la Gaceta de Lima fue contundente al
celebrar la victoria y justificar la ejecución de quien había sido catalogado como
artífice primordial de la guerra civil:
Ese monstruo, que tanto tiempo manchó con sus crímenes a Chile y las Provincias
Unidas del Río de la Plata, que tantos males ha originado a la causa de América
sembrando el desorden, la anarquía y la licencia por donde quiera que pasaba, José
Miguel Carrera, en fin, ha expiado sus delitos. Este faccioso eterno se acercaba para
atacar las fuerzas de Mendoza con la mira de pasar a Chile y subvertirlo; pero la
justicia divina, que se había cansado de tolerarle, permitió que fuese completamente
batido, hecho prisionero, y fusilado en la misma ciudad en donde sus hermanos, no
menos díscolos, habían terminado su criminal existencia. Habiendo desaparecido
este agente principal de la guerra civil de las Provincias del o de la Plata, se
17
Carta de O’Higgins a San Martín, 15 de mayo de 1821. Documentos del Archivo de San Martín,
Tomo V, p. 492. Énfasis añadido.
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - 19 -
instalará muy breve el Gobierno General, y renacerán en aquel heroico y afligido país
el orden, la unión y la prosperidad pública, no menos que la respetabilidad exterior.
18
No obstante, testimonios indirectos sobre el humor popular que siguió de cerca
el trayecto que lo condujo de la cárcel al patíbulo aunaron el carácter
extraterritorial con la condena pública de su accionar político y militar mediante
la expresión «ladrón chileno», en sintonía con las voces e insultos proferidos por
los cívicos porteños el año anterior.
3. Congreso y Constitución
Al término del conflicto, la economía y sociedad mendocina sobrellevaba como
podía los enormes costos de las guerras revolucionarias: las levas militares habían
reducido brazos para la labranza y otros oficios, las contribuciones forzosas había
larvado los capitales de los grupos propietarios y el comercio libre carcomía las
ventas de vinos en el Litoral y Buenos Aires en beneficio de los importados
reduciendo al mínimo los recursos fiscales. Una coplita de aquel tiempo lo
expresó de la siguiente manera: «Catita vera/ Catita vera/ No hay pan ni plata/
porque todita la llevó la Patria».
Los desafíos que enfrentaba la vida política no eran menores: la derrota y
fusilamiento de Carrera había cedido paso al reemplazo de Godoy Cruz por Pedro
Molina (1822-1824), quien dispuso nuevas reformas militares, políticas,
administrativas, religiosas, educativas y fiscales. Estas incluyeron tratados de
comercio con Chile para superar el «aislamiento» que atentaba contra el
desenvolvimiento de los circuitos mercantiles y las industrias territoriales
(Bragoni 2003). También promovió el tratado con San Juan y San Luis celebrado
en las Lagunas de Guanacache que renovó la voluntad de cooperación política y
militar, alentó la reunión del Congreso cordobés (aunque se negó a remitir la
imposición decimal) y desechó incorporar a Mendoza al acuerdo del cuadrilátero
recién sellado.
Los cambios en la esfera educativa y religiosa (que seguían la huella del sistema
lancasteriano y las eclesiásticas ensayadas en Buenos Aires, Chile o San Juan), no
18
Ejecución de José Miguel Carrera (Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, p. 102).
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tardaron en disparar voces disconformes entre «fanáticos» y «libertinos» que
adquirieron vigor en la prensa vernácula, los púlpitos, la calle y gravitó en la
clausura del Colegio y el destierro de su director, el Dr. Juan C. Lafinur. Las
elecciones para renovar los miembros de la Junta rival del Cabildo que elegía al
gobernador también fueron arena de disputa a raíz de la manipulación de las
boletas de inscripción realizadas por el comandante de armas, el otrora héroe de
Punta del Médano, y su papel fue determinante en la asonada de 1823 que puso
en jaque el gobierno de Molina e impactó en la reforma electoral que sustituyó el
mecanismo previo por la elección directa de los representantes de la Sala que
elegía al gobernador con la firme convicción que «la soberanía del pueblo» no
emanaba de la multitud sin luces o del «populacho» (Bragoni 2004; Molina
2015).
La iniciativa si bien había integrado la agenda pública local, era el resultado de
las disposiciones establecidas por el gobierno de Buenos Aires para la elección de
diputados al Congreso constituyente y legislativo, y aceitada por el Dean Zavaleta
en la misión cumplida en Cuyo (Calvo 2002). El nuevo procedimiento se aplicó
de inmediato en la elección del nuevo gobernador sin despejar del todo tensiones
sobre el nuevo «método de hacer elecciones» que, según lo establecido en el
Reglamento de 1817, no establecía restricciones en el ejercicio del sufragio
masculino de los enrolados en las milicias. Esa influencia salió a relucir en 1824,
cuando los comicios celebrados en tres mesas dispuestas en la ciudad a los que
asistieron personajes procedentes de sus orillas fueron precedidos de tumultos y
disturbios que solo la intervención del coronel Juan Lavalle pudo controlar, al
ponerse al mando de los cuerpos armados y garantizar la elección de su suegro,
Juan de Dios Correas, lo que marcó la tónica de la adhesión de la dirigencia local
con el partido del orden porteño. Poco después se llevaron a cabo las elecciones
directas de los tres diputados que representarían a la provincia en el congreso.
Las expectativas de la apertura de las sesiones cobraron vigor en la prensa local.
En particular en El Eco de los Andes, un periódico editado entre 1824 y 1825 por
publicistas aglutinados en la Ideología de las luces y lectores de Filangeri,
Montesquieu, Mirabeau, Mme Stäel, Bentham, Destutt de Tracy o Condillac (Roig
1968). Entre ellos figuraron José María Salinas, antiguo secretario de Bolívar, y
tres mendocinos: Lisandro Calle, Francisco Borja Correas y Juan Gualberto
BEATRIZ BRAGONI
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Godoy, el vate que en 1820 había compuesto el poema Corro en el que había
representado el quiebre del orden político y social a través de la silueta insurrecta
del sargento devenido en teniente en la crítica coyuntura de 1820 (Weinberg
1970). La empresa editorial tuvo como contrincante al Amigo del Orden (del que
poco se sabe), y guardó sintonía con la política editorial del Argos de Buenos Aires
y El Liberal de Chile, entre otros papeles impresos procedentes de otras capitales
americanas.
La agenda del Eco tomó partido de inmediato sobre la forma de gobierno del
«estado del Río de la Plata» sumando argumentos doctrinarios y políticos a favor
del gobierno representativo y republicano en la que la revisión o memoria del
pasado revolucionario recomendaba rechazar de plano la monarquía como
artefacto de unidad.
19
Las razones de la toma de posición residían en la «historia
de los 14 años de la revolución», la cual mostraba dos etapas: la comprendida
hasta 1815, caracterizada por las «expectativas de todos los pueblos para defender
su independencia», y la que arrancaba en 1816, cuando la instalación del
Congreso que había combatido por la Patria no había hecho otra cosa que
destruirse mutuamente. ¿Pero cuál había sido la causa de esta metamorfosis
particular? Los editores del Eco lo resolvían sin dudar: «La manía de hacer reyes,
las logias y la aspiración insensata de unos cuantos hombres a ser duques y
marqueses», a la que atribuyeron el origen de la «anarquía» (N8 11/11/1824).
Insistir en ella, como lo había sostenido el círculo sanmartiniano en Lima después
de haber declarado la independencia por la que el Consejo de Estado había
enviado misiones diplomáticas que había hecho llegar a Buenos Aires al mismo
Luzuriaga con instrucciones precisas, resultaba inadmisible (Bragoni 2019). Esa
lectura de ningún modo ajena al cambio operado en el sistema internacional ante
el curso auspicioso de los triunfos bolivarianos y el reconocimiento de la
independencia por parte de Estados Unidos e Inglaterra que habían bloqueado
las «esperanzas de la Santa Alianza y de España», identificados como los
principales responsables de haber sembrado la «simiente venenosa de los Reyes»
en detrimento de la «Libertad» (N.º 10, 25/11/1824).
19
La discusión sobre la forma de gobierno figura en los números 5, 8, 10, 12, 13, publicados entre
octubre y diciembre de 1824.
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La noticia del éxito del general Sucre en Ayacucho fortaleció los argumentos de
los escritores públicos en medio de las celebraciones dispuestas por el gobierno
provincial. La novedad había llegado por medio de un correo inglés desde Chile y
dio lugar a la reunión de jóvenes patriotas y del bello sexo en la plaza principal
donde cantaron el himno nacional para luego dirigirse al son de la marcha hasta
la casa de gobierno donde fueron recibidos por las autoridades quienes
dispusieron festejos por tres días, fuegos de artificio y la habitual misa de acción
de gracias para manifestar glorias al «inmortal Bolívar» y a la justa causa de
América. Con el triunfo del nuevo Washington sobre las fuerzas leales a Fernando
VII, el «genio de la guerra que lanzó el último rayo», se clausuraban quince años
de la «Sagrada Revolución» que había sepultado la pretensión del rey español de
retener sus colonias. Ninguna referencia a San Martín figuró en las páginas del
Eco en los 61 ejemplares editados en su política editorial. Su ausencia resulta
llamativa en tanto el Libertador había vivido en su chacra de Barriales, la Tebaida,
como la llamó en alusión a las guerras fratricidas de la antigüedad clásica,
después de haber abdicado del mando supremo del Protectorado y había
frecuentado más de una vez a sus amigos en la ciudad entre enero y diciembre del
sombrío año 23.
La nueva coyuntura aumentó las reflexiones sobre las virtudes de la república
representativa en contraste con la monarquía constitucional. Los argumentos
reconocieron varios planos. Por un lado, el gobierno representativo se erigía en el
mejor antídoto al despotismo que, siguiendo la lectura de Destutt de Tracy sobre
El espíritu de las Leyes del enorme Montesquieu, era asociado con el concepto de
«gobiernos especiales» con derechos particulares o excepcionales, a diferencia de
los gobiernos nacionales, basados en el derecho común, entre los que sobresalía
el gobierno representativo republicano. Con ello, aludían a las facultades
extraordinarias que habían fortalecido las atribuciones del directorio y el
gobierno de Buenos Aires identificado como principal responsable de la
«anarquía» y dislocamiento que habían padecido los pueblos.
Por otra parte, el Eco puntualizó las características de la monarquía
constitucional y su inadecuación para las Provincias del Río de la Plata para lo
cual ofreció un doble ejercicio a sus lectores. Primero repasaron la historia de las
revoluciones europeas, la inglesa y la francesa, en la que la primera, «el más bello
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monumento de razón y perfección del orden social», había conseguido hacer del
«estado llano» un aliado del rey en detrimento del poder de los «señores» y a
favor de las libertades públicas. En cambio, la segunda había atravesado 25 años
sangrientos para llegar a una constitución convertida en «verduga de la libertad
sobre la tierra extranjera». Pero ni una ni otra se convertían en fórmulas posibles
de aplicar en América. «Nuestra historia», arguyeron, tras «tres siglos de
opresión y vejaciones» se conectaba con el experimento norteamericano porque
había combinado «independencia y libertad en bases sólidas y en conformidad
con las leyes de la naturaleza» (N 5, 21/10/1824). Para ello tradujeron en
lenguaje coloquial la arquitectura federal del país del norte señalando las ventajas
del sistema de pesos y contrapesos, y el correspondiente a los «estados
individuales» que eran una «miniatura del gobierno general» (N 13,
16/12/1824). Un sistema federal moderno, arguyeron, que de haberlo conocido
Montesquieu hubiera cambiado de opinión.
En segundo lugar, trazaron un detalle de las características o «requisitos» de la
monarquía con el fin de fundamentar su inadecuación con los Estados
independientes del continente y del Río de la Plata en particular. Al respecto,
tomaron como modelo la monarquía inglesa en tanto representaba «la única
grandeza moral de Europa» de la que destacaron las ventajas del carácter
hereditario porque constituía un resorte crucial a la hora de reemplazar la cabeza
del Estado, o tramitar la sucesión en el trono por cuanto evitaba los disturbios y
el «espíritu de partido» de cualquier elección. Pero ese requisito, a juicio de los
publicistas, suponía la existencia de la nobleza sedimentada en el tiempo
radicando en esa vacancia la paradoja en quiénes y cómo fundarla entre los
«paisanos» del Río de la Plata. El dilema hizo proponer dos posibilidades:
radicarla en los hijos de conquistadores que representaba el recuerdo de la
esclavitud y los agravios de los españoles, o depositarla en militares con hazañas
guerreras en su haber y veleidades napoleónicas, pero que difícilmente quisieran
poner en riesgo su reputación para erigirse en reyes. De modo que la ausencia de
nobleza o dinastías criollas suponía tener que buscar algún príncipe europeo, lo
que equivalía «vender nuestra independencia». De allí que concluían que «el
proyecto de erigir una monarquía constitucional entre nosotros nos parece todo
quimérico o insensato» (N.º12 12/09/1824).
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En su lugar, promovían la adopción o «trasplante» de ideas liberales para edificar
repúblicas conducidas por gobiernos surgidos de elecciones entre iguales, sin
marcas de nacimiento, sino derivadas de virtudes cívicas. Al respecto afirmaban:
«La igualdad de nuestras clases y la costumbre de no tributar homenajes sino al
mérito personal y la opinión dominante de adoptar el sistema representativo
republicano». Para concluir que ese había sido «siempre el voto general de los
argentinos» con base en «nuestras habitudes sencillas, la igualdad de rangos, el
ejemplo de los demás estados americanos, y una decisión invencible hacia esta
forma de gobierno, todo nos conduce a aceptarlo». Pero como no podía ser de
otro modo, el pasado político reciente no estaba ausente de la agenda del Eco. Y
ese pasado remitía concretamente a que el nuevo sistema a adoptar debía
combinar el sistema federativo no solo por el fracaso de la Constitución
centralista de 1819, sino también porque la «dislocación» o «sistema de
aislamiento» que habían protagonizado los pueblos o provincias no suponía
ningún tipo de «gobierno federal». No obstante, la experiencia de gobernarse a
mismas y el «espíritu de provincialismo» que se había pronunciado en su tránsito
se habían convertido en piedra angular del estado a edificar, por lo que dicho
diagnóstico los conducía a proponer la reunión de piezas generales y particulares
imantado que el sistema federal norteamericano había conseguido soldar, la
«hermosa máquina sabiamente combinada que contiene muchas ruedas»,
desafiando a los «amigos de la monarquía» que habían presagiado su fracaso
desde que empezó a agitar el mundo desde 1776.
Lo último, aunque no menos relevante a la hora de restituir la voz de los escritores
públicos locales poco antes de la apertura de las sesiones del Congreso en el que
depositaban esperanzas para reconstruir la autoridad nacional. Si la monarquía
había sido desechada y la república representativa constituía la única opción
posible, la extensión territorial del nuevo estado a edificar debía reunir los
requisitos propios o internos del gobierno republicano y «la fuerza exterior de la
monarquía» que no dudaron asociar con el sistema federal.
Coda
La descripción explicativa de los dos momentos anticipados en la introducción ha
puesto de relieve la manera en que la crisis de 1820 puso en escena la eclosión de
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soberanías independientes en la antigua gobernación cuyana, más en sentido
horizontal que vertical en tanto la experiencia de unidad precedente operó como
horizonte de posibilidad para reconstruir la autoridad nacional. A su vez, el
análisis de los pormenores del conflicto ilustró el papel que jugó el quiebre de la
cadena de mandos del Ejército de los Andes a raíz de la presión fiscal y de la leva
de 1819 como de móviles políticos que incluían controversias diversas en las que
no estaban ausentes la impugnación del esquema delegativo y de excepción
gubernamental expresado en las jefaturas políticas y militares distintivas de la
pax sanmartiniana desde 1815, y en la renuncia de San Martín al gobierno de las
Provincias Unidas en vísperas de la rebelión del batallón que le había permitido
cosechar en Chile memorables éxitos militares entre 1817 y 1819.
Asimismo, las operaciones de guerra coordinadas entre los inestables poderes
provinciales herederos del colapso del gobierno general frente a la amenaza
carrerina ejemplifican que esta operó como factor aglutinante en función del
componente extraterritorial que representaba, y de su impacto relativo en la
conformación de identidades políticas imposibles de tramitar en clave americana,
sino radicadas en las antiguas jurisdicciones borbónicas y pronunciadas en el
curso revolucionario a uno y otro lado de los Andes. Esa razón explica además la
resistencia o desconfianza de los oficiales de las milicias locales para que fuerzas
chilenas formaran parte de las campañas militares de este lado de la cordillera.
Por otra parte, la atención depositada en la propaganda carrerina refractaria de
los directoriales permitió detectar el impacto del antimonarquismo en círculos o
espacios más amplios al debate doctrinario volcado preferentemente en el
Congreso o en la prensa. Ese potente vector de disidencias quedó demostrado en
los argumentos de los escritores públicos cuyanos que jugaron a favor del
Congreso constituyente y del gobierno representativo republicano y federal
dando cuenta no solo de su gravitación en la dislocación de las provincias
rioplatenses que le siguió, sino de la conexión con el último intento de San Martín
y Monteagudo de combinar independencia con monarquía desde el Perú.
Finalmente, la caracterización de los beneficios del sistema federal inspirado en
la experiencia norteamericana y de los obstáculos que presentaba la monarquía
para adoptarla como forma de estado que difundieron entre sus lectores
destacaron la alquimia en la que debía abrevar la nueva constitución de las
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Provincias Unidas del Río de la Plata: un gobierno representativo republicano por
su historia y la de América, y el talante igualitario del cuerpo social, y federal por
el carácter de su extensión territorial.
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