CLAVES. REVISTA DE HISTORIA
VOL. 10, N.° 19 JULIO DICIEMBRE 2024
ISSN 2393-6584 - MONTEVIDEO, URUGUAY
Pp. 1 - 30
Memorias en disputa.
Usos, relatos y debates en torno a las acciones de
Estado contra el pueblo charrúa en Uruguay
Contested memories.
Uses, narratives and debates around state actions against
the Charrúa people in Uruguay
José Ignacio Gomeza Gómez
1
Instituto Socio Ambiental, Brasil
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7050-5055
DOI: https://doi.org/10.25032/crh.10i19.2393
Recibido: 7/8/2024
Aceptado: 19/11/2024
Resumen: Las políticas ejecutadas en relación con los indígenas charrúas
durante el primer gobierno republicano del Uruguay (1830-1834) se apropian de
las estrategias, los discursos y los mecanismos llevados a cabo durante el final del
período colonial sobre los llamados indígenas infieles (1776-1811), y serán
instrumentalizados para organizar las narrativas sobre los pueblos indígenas del
territorio. Esos relatos comienzan a ser cuestionados e interpelados en sus bases
con el retorno de la democracia en 1985. En este artículo se analizan los actos de
Estado que objetivan el exterminio indígena; los usos y las apropiaciones sobre
los hechos y su encuadramiento discursivo posterior en los relatos de la identidad
nacional, y el escenario de memorias en disputa producido en torno a las prácticas
y representaciones del Estado sobre los indígenas, con el surgimiento de
organizaciones indígenas e indigenistas en la actualidad.
1
José Ignacio Gomeza Gómez es licenciado en Historia (Universidad de Montevideo,
Uruguay) y Magíster en Estudios Interdisciplinarios en Memoria Social ―Ciencias Sociales―
(Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro, Brasil). Asesor en Investigación y Desarrollo
Socioambiental en el Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil. Se desempeñó como docente de
educación media y universitaria, y como investigador en instituciones de Brasil y Uruguay.
MEMORIAS EN DISPUTAS. USOS, RELATOS Y DEBATES
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Palabras clave: narrativas nacionales, pueblo charrúa, Estado nación Uruguay,
memoria social.
Abstract: The policies implemented concerning the Charrúa indigenous people
during the first republican government of Uruguay (1830-1834), appropriated
the mechanisms, discourses and practices carried out during the end of the
colonial period on the so-called infieles indigenous (1776-1811), and would be the
basis for organising the discourses on national identity and the indigenous
peoples of the territory. These narratives began to be questioned and challenged
at their core with de return of democracy in 1985. This article analyses the acts of
state that objectify indigenous extermination; the interpretations and
appropriations made about the event and their subsequent discursive framing in
the narratives of national identity; and the contested memory landscape
produced around the practices and representations of the State concerning the
indigenous people, with the emergence of indigenous and indigenist
organizations in the present.
Keywords: national narratives, Charrúa people, nation-state Uruguay, social
memory.
Los hechos son imborrables y
no puede deshacerse lo que se ha hecho,
ni hacer que lo que ha sucedido no
suceda, el sentido de lo que pasó, por el
contrario, no está fijado de una vez por
todas.
(Ricoeur, La lectura del tiempo
pasado: memoria y olvido, 1999).
1. Introducción
Este artículo se propone, en un primer término, describir los actos de
persecución y matanza de los indígenas charrúas durante el primer gobierno
republicano del Uruguay, evidenciando la política de Estado en relación con esas
poblaciones.
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En un segundo momento, identificar las apropiaciones y lecturas
realizadas posteriormente a los hechos en función de un determinado
encuadramiento discursivo, conforme las narrativas de la identidad nacional que
compusieron el «modelo clásico de identidad uruguaya»,
2
forjado a fines del siglo
XIX e inicios del siglo XX.
En un tercer momento, analizar la disputa en torno al relato producido
sobre los pueblos indígenas que se configura por la acción política de las
organizaciones indigenistas e indígenas en el Uruguay, en un contexto de
reelaboración de los discursos sobre la identidad nacional que se inaugura con la
reapertura democrática en 1985.
Con relación a las fuentes, en la primera parte se utiliza principalmente
documentación de archivo, producida por agentes del primer gobierno
republicano. Su exposición tiene como objetivo aproximar al lector a los discursos
directos de los protagonistas por sobre las profundizaciones contextuales, las
cuales se apoyan en diversos trabajos que han abordado el tema indígena en el
Uruguay. Para el análisis de la temática en el presente, se utilizan registros de
prensa, documentación oficial y documentos producidos por las organizaciones
indígenas, así como estudios recientes sobre la temática.
2. Los actos de Estado contra el pueblo charrúa en el período
republicano (1830-1834)
La «matanza» o «masacre» de Salsipuedes,
3
ocurrida en Uruguay el 11 de
abril de 1831, es destacada por la historiografía, en tanto hecho histórico, como el
más relevante en el enfrentamiento entre el Estado y los pueblos indígenas que
puso fin a a la presencia de sus formas tradicionales de organización social en el
país.
4
2
Islas y Frega (2008).
3
Salsipuedes es un arroyo ubicado en los departamentos de Tacuarembó y Paysandú y es el lugar
donde el ejército de Uruguay abrió fuego contra un grupo de charrúas en 1831, que se encontraban
allí respondiendo a una convocatoria realizada por el presidente Rivera. El lugar, Paso de
Salsipuedes fue declarado Sitio de Memoria el 15 de diciembre de 2021 amparado por la ley n
19.641.
4
En el territorio de la Banda Oriental había varios pueblos indígenas: los chanáes, los bohanes,
los charrúas, los minuanos y los guaraníes en las misiones (Pi Hugarte 2014). El poder colonial
denominaba a los indígenas no reducidos y resistentes a la evangelización como infieles, siendo
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El conjunto de acciones ejecutado por el primer gobierno constitucional
del Uruguay (1830-1834) significó la destrucción de las tolderías, organización
social y política de los charrúas y minuanos, pero no de todos sus integrantes,
poniendo término al enfrentamiento entre las sociedades indígenas y la sociedad
criolla en la disputa por el dominio del territorio y el uso de recursos, que se había
instalado como conflicto interétnico permanente, desde mediados del siglo
XVIII.
5
Como consecuencia de los actos de Estado, sus unidades político-sociales
fueron aniquiladas, los prisioneros fueron sujetos a acciones etnocidas,
6
por la
separación de niños de sus madres, interrumpiendo así la reproducción
lingüística y cultural, los sobrevivientes fueron sometidos a un proceso de
supresión de la identidad indígena y expulsados de sus territorios.
7
Bajo estos
mecanismos de gobierno, los sobrevivientes fueron progresivamente
integrándose a la sociedad que los había destruido. La dispersión del grupo,
provocada por la violencia estatal, impactó sobre los rasgos objetivos de la cultura
tradicional lengua, organización social y manejo del territorio inaugurando un
nuevo ciclo histórico para los indígenas. A diferencia de lo que será narrado
posteriormente, formas de organización social tradicional persistieron, no
obstante, en el territorio hasta bien entrado el siglo XIX.
8
Las acciones ejecutadas fueron luego justificadas discursivamente a partir
de la actualización de las que ya habían sido ensayadas por el poder colonial. El
análisis de la documentación de ambos períodos evidencia una alta
correspondencia de discursos y prácticas con relación a los indígenas infieles de
los indígenas reducidos referidos como misionados o mansos. Los infieles se resistieron a ser
incorporados como mano de obra tributaria del Rey en las encomiendas y tuvieron un papel
importante en las disputas entre los poderes coloniales español y portugués. Al final del período
colonial, fueron identificados como enemigos y un obstáculo al orden institucional.
5
Con el avance del proyecto colonizador, los infieles van reduciéndose en su diversidad interna.
En la documentación producida por los agentes coloniales, a partir de la mitad del siglo XVIII, los
infieles mencionados son los charrúas y minuanos. En la documentación producida por los
funcionaros del primer gobierno republicano, se hace mención solamente a los charrúas.
Charrúas y minuanos, pueblos diferentes y enemigos en su momento, se transformaron luego en
pueblos aliados.
6
Vidart (2010), Pi Hugarte (2014).
7
Para el análisis de los repartos y de los procesos de substracción de la identidad, véanse
Repetto (75-95), Cabrera y Barreto (6-13), Vidart (El mundo 94-120).
8
José Joaquín Figueira, en su texto «Eduardo Acevedo Díaz y los aborígenes del Uruguay»,
publicado en el Boletín Histórico del Ejército (números 189-192 y 193-196), transcribe «Los
indios charrúas» del coronel don Modesto Polanco de 1890, que informa sobre la existencia de
una toldería en la región de Paysandú.
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la colonia, rebautizados como salvajes en la república.
9
Para el gobierno, era
prioritario establecer la seguridad al norte del río Negro y afirmar la autoridad en
las fronteras, buscando garantizar la producción y la ocupación efectiva de la
campaña. El avance militar sobre los territorios indígenas y la violencia
desplegada, están subordinada a estos objetivos.
El 11 de abril de 1831, las fuerzas militares del primer gobierno republicano
de Uruguay, bajo las órdenes del presidente en funciones, Fructuoso Rivera, y
contando con el apoyo de milicias informales de pobladores de la campaña y de
indígenas guaraníes,
10
llevaron a cabo la denominada «Matanza de Salsipuedes».
A este episodio le precedieron acciones de vigilancia y seguimiento de los
charrúas, y lo sucedieron otras acciones de persecución, asesinato y captura, por
lo menos hasta 1835 (Padrón Favre 68).
En relación con la matanza, fueron oficialmente informados cuarenta
muertos y más de trescientos sobrevivientes. Estos fueron trasladados a pie hasta
Montevideo, donde se registra que llegaron ciento sesenta y seis prisioneros,
principalmente mujeres y niños que fueron repartidos como mano de obra servil
entre las familias de la ciudad,
11
para ser «civilizados» y «cristianizados». Cuatro
de ellos fueron vendidos a un «coleccionista» francés, Curel, que los llevó a París
para ser exhibidos y estudiados como «evidencia» del hombre primitivo (Rivet
1930). Algunos hombres adultos fueron entregados para trabajar en los barcos,
con el compromiso previo de los capitanes de no dejarlos bajar a tierra (Vidart,
El mundo 104-113).
9
Bracco (151-157) analiza como uno de los antecedentes de Salsipuedes las acciones llevadas a
cabo por el General Jorge Pacheco en 1801 con la fundación de Belén, donde pueden ser
identificados discursos y prácticas similares a las de 1831. Repetto (51) analiza la matanza de
Salsipuedes como una «política estatal de gestión de poblaciones» y una «actualización de un
proyecto de colonialismo interno» derivado de un conflicto interétnico entre la sociedad nacional
y los grupos indígenas nativos (47-53). Gomeza Gómez (51-121) analiza la política, las prácticas y
los discursos producidos durante el gobierno colonial, identificando sus fases y las
transformaciones en las relaciones entre estado y pueblos indígenas.
10
Padrón Favre (2011, 14-22) aborda las relaciones de conflicto entre las misiones territorios
indígenas bajo dominio estatal y las tolderías territorios autónomos, a los cuales llama
«República Charrúa»―. Esa enemistad y conflicto estaría también en la base del debilitamiento
de las tolderías, implicando un conflicto interétnico entre pueblos indígenas, además de las
relaciones hostiles con la sociedad criolla.
11
Relación de prisioneros charrúas, 30 de abril de 1831, Archivo General de la Nación (AGN),
Montevideo, Fondo Ministerio de Guerra y Marina, caja 1190.
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La matanza de Salsipuedes forma parte de un plan de gobierno enmarcado
en un tipo de política específica con relación a los indígenas, subordinada a los
objetivos de afirmación de la autoridad, imposición del orden y seguridad en la
campaña, y protección de la propiedad privada, pero también a una determinada
visión sobre los indígenas, producida a lo largo del período colonial. Las acciones
que tuvieron lugar en Salsipuedes constituyen la primera política territorial y de
gestión de poblaciones que se lleva a cabo en el Uruguay naciente, a pocos meses
de haber asumido las nuevas autoridades en noviembre de 1830. Es decir, la
destrucción de las tolderías es organizada como una primera medida de gobierno
de impacto.
El 24 de octubre de 1830, la Asamblea General recientemente instalada
elige como presidente de la República a Fructuoso Rivera, que asumirá el 4 de
noviembre por encontrarse en el interior del país cumpliendo funciones de
comandante general de Armas del Gobierno Provisorio.
12
Dos meses después, el
28 de diciembre, un acuerdo firmado por Rivera, el ministro de Guerra y Marina
José Ellauri y el ministro de Hacienda Gabriel Pereira, establece que el presidente
salga en una expedición al interior de la campaña con el fin de restablecer el orden
y controlar las fronteras, lo que significaba «limpiarla» de ladrones y bandidos y
contener y reducir a los «salvajes».
13
El acuerdo establece
q.e se procure con toda eficacia limpiar la Campaña de bandidos y ladrones, q.e la
estan infestando con perjuicio del ord.n publico, y de la seguridad de las personas y
propiedades; q.e se contengan los salvajes y se les redusca al verdadero Estado en q.e
deben conservarse; q.e se invite al vecind.o de la Campaña á hacer un donativo
voluntario de ganado p.ra la subsistencia de la expedición (Acosta y Lara, La guerra
24).
12
El gobierno provisorio surge después de la firma de la Convención Preliminar de Paz en
setiembre de 1828 entre las Provincias Unidas, el Estado Oriental y el Imperio de Brasil, con el
aval del Imperio Británico.
13
Acuerdo firmado entre Rivera y el Ministerio de Guerra y Marina para realizar una expedición
a la campaña para el arreglo de las fronteras y restablecimiento del orden, 28 de diciembre de
1830 (AGN, Fondo Ministerio de Guerra y Marina, 1831, legajo 23). El documento está publicado
en Acosta y Lara (2013, Período patrio II, 24).
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Para esto, se define también que el gobierno libere recursos económicos
(veinte mil pesos), obtenga la aprobación de las Cámaras para que el presidente
del Senado ocupe provisoriamente la función presidencial y que se dispongan
fuerzas militares para acompañar al presidente en la campaña.
El acuerdo firmado diseña un conjunto de acciones y estrategias en línea
de continuidad con las que venía llevando a cabo el gobierno provisorio (1828-
1830), presidido por José Rondeau,
14
ejecutadas por el mismo Rivera. El objetivo
de la misión era perseguir las «gavillas», que atentaban contra la propiedad
privada del ganado, que se refugiaban en Brasil, y conocer la «situación de los
salvajes llamados charrúas, cual el punto q.e ocupan actualmente, cuales los
terrenos q.e se han apropiado después de la paz» (Acosta y Lara 2013 Tomo II,
10), y confirmar la veracidad de las denuncias de los vecinos de la campaña sobre
la presencia de «vagos» y «desertores» en las tolderías. En febrero de 1830,
Rivera recibe la orden de Juan Antonio Lavalleja, ministro de Guerra del
Gobierno Provisorio, de tomar todas las providencias en relación con los charrúas
de las tolderías de las puntas del arroyo Tacuarembó para «contenerlos»,
«reducirlos» y «escarmentarlos», a fin de imponer el orden en la campaña y
garantir sus propiedades (11).
Las denuncias publicadas en los diarios de la época
15
no atribuyen
exclusivamente a los charrúas la responsabilidad por la inseguridad en la
campaña y tampoco lo hacen los agentes públicos o hacendados, identificando
también a «grupos de bandidos», «vagos» y extranjeros, principalmente
brasileños, como protagonistas de los desmanes.
16
Existe sí un cierto consenso en
torno al lugar de la inseguridad en la frontera norte: las tolderías. Estas, unidades
14
El general Rondeau desarrolló una campaña de protección de las fronteras al norte del rio
Negro, en territorio infiel, cuando formaba parte del Cuerpo de Blandengues en 1804. Sus diarios
son un documento interesante como muestra de las estrategias de guerra de los infieles y sus
alianzas múltiples y estratégicas en el contexto de las tensiones interimperiales, como respuesta
a las presiones impuestas por la sociedad colonial. Véase «Rondeau en la Horqueta del Yarao.
1804» (Boletín Histórico 73-74, 1957).
15
En el diario El Universal, principal órgano de prensa de la época, se venían publicando desde
1829 denuncias de robos, saqueos y ataques a las estancias ubicadas al norte del río Negro.
16
En los documentos que informan las detenciones, en algunos casos se indica nombre y apellido,
en otros se los identifica por procedencia (constando franceses, «bascaínos», italianos,
entrerrianos, misioneros y correntinos); y en otros con la identificación genérica «gauchos» y
«charrúas». Los delitos apuntados como causa de la prisión son: transporte de cuero, ganado y
faena; compra de cuero y ganado (considerado como ganado robado de alguna estancia) a los
charrúas; vagancia, y; tener «pulperías bolantes» (Acosta y Lara, La guerra tomo II, 36-42).
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políticas y sociales que definían las formas de ocupación territorial y la
organización social de charrúas y minuanes, estaban siendo representadas como
espacios de anarquía fuera del control y gestión del gobierno central desde
tiempos de la colonia. Desde mediados del siglo XVIII, las tolderías eran
concebidas por la administración colonial como la «frontera de indios»,
17
un
espacio dinámico y con límites difusos y cambiantes, debido a la alta movilidad
territorial de los indígenas, configurando dos espacios soberanos, casi
excluyentes, con relaciones interétnicas que oscilaban entre la alianza y el
conflicto. Esa autonomía en el uso del territorio y de producción de relaciones
fluidas de alianza y enemistad, eran comprendidos por las burocracias coloniales
como factores de debilitamiento de la autoridad imperial sobre el territorio. Las
tolderías, a diferencia de las misiones, no constituían espacios de influencia
directa del poder imperial. Discursivamente, los charrúas y minuanos van siendo
identificados como enemigos del orden y las tolderías como un obstáculo a la
seguridad y la prosperidad, porque además de desafiar la autoridad imperial eran
espacios donde se refugiaban desertores, indígenas misioneros fugitivos,
portugueses y delincuentes.
18
Términos como exterminar y aniquilar empiezan a
ser más recurrentes en los documentos.
A fines del siglo XVIII, las incursiones sobre los territorios ocupados por
los indígenas se intensificaron en número, frecuencia y grado de violencia
explicitando las estrategias y objetivos de la burocracia colonial: exterminar a los
infieles.
19
Tanto desde la perspectiva del gobierno provisorio como del primer
17
Instrucción política, militar y de hacienda dada por el virrey don Pedro de Cevallos a su sucesor
don Juan Jode Vértiz al entregarle el mando de las Provincias del Río de la Plata en la ciudad
de Montevideo, 1778 (AGN, Fondo Colección Falcao).
18
«El Sindico Procurador Gral desta ciudad con el mayor respecto, y mas profunda veneración,
en cumplim.to desus deveres, para el vien pub.co à V.E. haze presente: Que el numeroso cuerpo
de hacendados con estancias deganados y Poblaciones, desde el Uruguai, hasta el Caraguatá dela
otra banda del Rio negro, hace tiempo semiran hostilizados, porla muchedumbre de Indios
charruas Minuanos y Tapes, como deotros Ladrones, desertores y foragidos, q.e bagan por
aquellos dilatados campos, q.e ya no tienen fuerza humana p.a resistir, y soportar las continuas
violencias, robos, asesinatos, y cuantas clases de Excesos, y crímenes puedan escogitan (¿?): bien
recientes son los abanzes q.e los primeros executaron enla Estancia del Valle, robando toda la
Caballada yala mujer del Capataz: con un hijo entiernaedad. En la Dn. Juan Mazera mataron aun
capataz, y [ilegible] llebandose la Cavallada: reduheron à Cenizas los ranchos» (síndico
procurador al marqués de Avilés informa sobre situación de la campaña, 24 de setiembre de 1800,
Montevideo [AGN, Fondo Pivel Devoto, caja 113, carpeta 361]).
19
«Pero si por desgracia deUms. Despreciasen la grande beneficencia del Exmo. Señor Virrey, y
las expresibas señales que les doy de mi benevolencia, yquisiesen persistir obstinados en su
iniquidad, pondré en execucion las Superiores ordenes que su Excelencia me tiene comunicadas,
yno desistiré hasta exterminar una raza tan maligna, inhumana, yperjudicial» (Francisco
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gobierno republicano, las tolderías concentradas en la región norte del rio Negro
también constituían un impedimento para el control efectivo del territorio, por
eso deberían ser localizadas y vigiladas. Una vez atribuida la condición de espacio
sin ley a las tolderías, los robos y ataques a la propiedad fueron identificados
como su consecuencia y, por lo tanto, como argumento para su eliminación.
Conforme la frontera económica avanzaba sobre los territorios indígenas, los
conflictos por recursos y la disputa por los «límites» entre ambas sociedades
intensificaron la violencia con acciones de persecución, matanza y
aprisionamiento por parte de las fuerzas militares y de robos y saqueos a los
nuevos enclaves colonizadores que avanzaban sobre su territorio, por parte de los
indígenas.
20
Las primeras medidas tendientes a la afirmación de la autoridad y el
control del territorio fueron legitimadas como una estrategia gubernamental
amparada en los más «caros intereses de la Nacion»:
Deseoso el Presidnte Gral en Gefe de dar cumplimiento a los últimos acuerdos del
Exmo Govierno q.e por conducto del Secretario del Ecercito le han sido transmitidas
recentemente, y tambien, de activar en quanto sea posible las disposiciones
anunciadas ya para llebar a cabo las operaciones de la Nueva Campaña sobre los
Salbajes, q.e tanto promete alos mas caros intereses dela Nacion, es que jusga de su
deber instruir al Exmo Govierno de su marcha en el dia mañana a Situarse en el
Canton del Durasno, para consagrar sus primeras atenciones a aquellos importantes
objetos [Fructuoso Rivera al excelentísimo vicepresidente de la República. Sobre la
preparación de la marcha contra los salvajes, 20 de febrero de 1831, Arroyo Grande
(AGN, Fondo Ministerio de Guerra y Marina, caja 1189)].
Bermudez a caciques y principales de charrúas y minuanes, Yapeyú, 31 de enero de 1800 [AGN,
Fondo Pivel Devoto, caja 10]).
20
Erbig (2022, 140-146) analiza los conflictos entre la sociedad colonial y la indígena a partir de
la cuantificación de los resultados de los ataques e incursiones de un lado y del otro. Para el caso
de los infieles entre 1697 y 1806, registra un total de 2057 prisioneros (141). Para el caso de la
sociedad colonial entre 1703 y 1800, un total de 101 cautivos (142). Identifica una diferencia en
los objetivos tras estas incursiones: «While Spanish and misión raids on tolderías were a way to
apropriate territory, tolderias’ raids generally responded to military aggression or the
enroachments of ranchers» (142).
Referencia a Padrón Favre (20-23).
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El 21 de febrero de 1831, el Ministro de Guerra reproduce una
comunicación del presidente Rivera, donde presenta las justificaciones que
avalan las operaciones contra los «salvajes»:
El Presidente dela Repub.ca en campaña dice que censible álas fuertes calamidades
y alas depredaciones de todo genero que en menos cabo del orden pub.co y seguridad
delas propriedades, han experimentado los vecinos del distrito de entre los rios
tacuarembo y Negro há tenido á bien con esta fha dictar la providencia que embuelve
la nota que adjunta á S.E. por la que nombra al vecino D. Vicente Dias comisionado
militar en aquel punto y lo autoriza para que reúna la milícia, de la frontera y todo el
territorio que compreende el distrito mencionado, poniendo asus ordenes un Oficial
de Linea para que ocurra q.le la fha. que se reúna; prometiendose que mejor
instruirlo el Gobierno dictará las providencias de su resorte, para evitar las
informalidades de una medida provisional destinada en circunstancias
extraordinarias, solo á reparar males de trascendencia [ministro de Guerra sobre las
disposiciones de Rivera para la organización de un escuadrón para poner orden en
la campaña, Arroyo Grande, 21 de febrero de 1831 (AGN, Fondo Ministerio de Guerra
y Marina, caja 1189)].
El Estado, con apoyo de los hacendados, movilizará los recursos humanos
y económicos para cumplir la misión que será ejecutada por el mismo presidente
de la república (Acosta y Lara 1989). En la comunicación citada, se observa cómo
se van creando las condiciones represivas en el territorio y cómo estas acciones
deberán ser incorporadas de forma permanente, y no sólo procesadas como
políticas extraordinarias. Es el Estado construyendo las condiciones
institucionales para atender sus objetivos.
Con base en la descripción de los acontecimientos, se pueden identificar
los flujos y los procesos burocráticos del Estado naciente, que producen y
organizan un determinado tipo de política: existió un acuerdo entre el Ejecutivo
y el Legislativo (diciembre de 1830); hubo aprobación para la reorganización de
la cadena de mando para substituir al presidente durante el período de la
ejecución de las medidas; hubo movilización de contingentes militares y
nombramiento de jerarquías militares; se liberaron recursos económicos; se
definieron los objetivos de la expedición: control y represión del contrabando, de
la explotación ilegal del cuero y de los «salbajes» charrúas. Ese ordenamiento de
los actos de Estado evidencia un plan de gobierno que se constituye en un
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programa y política específica respecto a las poblaciones indígenas,
representando también intereses económicos de los hacendados, que
participaron activamente viabilizando las acciones. En efecto, las tolderías eran
un obstáculo para el avance de la frontera económica al norte del país. Inclusive,
algunas de las tierras charrúas ya habían sido vendidas a particulares durante la
Cisplatina y serán efectivamente entregadas durante el gobierno de Rivera
(Barrios Pintos 163).
21
El parte oficial del gobierno sobre la matanza fue publicado el 18 de abril
en El Universal, con fecha del 12 de abril de 1831, en el Cuartel General de
Salsipuedes. El parte comienza diciendo: «Después de agotados todos los
recursos de prudencia y humanidad; frustrados cuantos medios de templanza,
conciliación y dádivas pudieron imaginarse para a atraer a la obediencia y a la
vida tranquila y regulaa las «indómitas tribus», en referencia a los charrúas,
no hubo más alternativa que «sujetarlos por la fuerza». A diferencia de
documentación producida por los agentes coloniales, que informa sobre
«embajadas» de paz y ofrecimientos de reducción de los infieles,
22
en el período
analizado no hay documentación sobre esas tentativas ni referencias a ellas en los
textos históricos. Se atribuye el ataque de las fuerzas militares a que los «salvajes,
o temerosos o alucinados» empeñaron resistencia armada; los que huyeron, se
dice, ya «son perseguidos vivamente por diversas partidas que se han despachado
en su alcance, y es de esperarse que sean destruidos también sino salvan las
fronteras del Estado». La imagen de los indígenas, en teoría ya destruidos, es la
de «hordas salvajes y degradadas» que constituían una amenaza a las garantías
individuales de los habitantes del Estado y al fomento de la industria nacional,
21
Bracco informa que Rivera en 1835 se expresa sobre la posibilidad de regularizar títulos de
propiedad al norte del país, entre los ríos Arapey y Cuareim, por haberse «concluidos casi
totalmente los salvajes» (173).
22
Como ejemplos de acciones del Estado de negociación con los infieles, vale destacar las
Instrucciones del gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zabala a los enviados a
establecer acuerdo con los caciques minuanos, 25 de febrero de 1732, Montevideo (Archivo
Artigas, tomo II, 16) y la «embajada de paz» llevada a cabo por José Ventura Isfrán con charrúas
y minuanos en 1800, por mandato de Francisco Bermúdez, gobernador de Yapeyú (Francisco
Bermúdez a caciques y principales charrúas y minuanos, 31 de enero de 1800 (AGN, Fondo Pivel
Devoto, caja 10). Aquí alcanzaría con remitir a la bibliografía que trata el asunto.
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«constantemente depredada por aquellos» (Acosta y Lara, La guerra tomo II 49-
50).
23
Los sobrevivientes y los grupos que no habían comparecido a la
convocatoria de Rivera a orillas del arroyo Salsipuedes,
24
enfrentarán una
sucesión de otros ataques. En agosto de 1831, tiene lugar el embate en la barra de
Mataojo con el Arapey, con muertes, prisioneros y traslados, acción ordenada
desde el Ministerio de Guerra y Marina para que se «encuentre [a los charrúas]
sometiendolos a toda costa».
25
En 1834, la persecución a los charrúas continuaba
en la región del Yarao, ahora estos como aliados de Juan Antonio Lavalleja en su
disputa con Rivera.
26
En síntesis, la matanza de Salsipuedes constituye la primera acción masiva
de persecución, asesinato y prisión de los charrúas del período republicano,
procurando su destrucción social, a partir de una alianza de las clases dirigentes
que consideraban a esas formaciones indígenas incompatibles con el proyecto de
nación en ciernes. Ese proyecto de destrucción social continúa después de
Salsipuedes incorporándose prácticas y estrategias de sumisión, como la
servidumbre, y la substracción de esas identidades. Los hechos de Salsipuedes ―y
todas las acciones complementarias que preparan la acción y la completan―
fueron prácticamente excluidos de la historia, y las justificaciones elaboradas por
23
Me interesa aquí llamar la atención sobre la continuidad en la política de gestión de poblaciones
indígenas del primer gobierno republicano y la política de exterminio producida en el final del
período colonial (1776-1809). Los puntos convergentes son visibles en las formas en cómo son
representados los charrúas ―enemigos, indómitos y salvajes―; en relación con los métodos y
estrategias ―partidas de vigilancia y penetración del territorio de las tolderías, acciones militares
y captura y reparto de prisioneros― así como prácticas y tácticas acumuladas como saber de
Estado.
24
Bracco (164-170) y Acosta y Lara (La guerra tomo II 189-203) presentan las versiones que
existen sobre la matanza básandose en las fuentes «Considérations phrénologiques sur les têtes
de quatre Charrúas», publicado en Journal de la Societé Phrénologique de Paris, de 1833
(reproducido por Paul Rivet en «Les Derniers Charrúas»; «Memoria» de Manuel Lavalleja,
escrita en 1848 y publicada en la revista Las Nuevas Ideas en 1893, un texto que forma parte de
la obra de Bladh publicada en Estocolmo, Suecia, en 1859 titulada «Resa till Montevideo och
Buenos Aires»; la versión de Antonio Díaz (hijo), «Apuntes» manuscrito sobre los indios Charrúas
del Uruguay, sin fecha, posiblemente escritos en la década del 1860 (Filgueira 193-196).
25
José Ellauri, ministro de Guerra y Marina al coronel mayor Julián Laguna informando sobre la
nueva acción contra los charrúas, 27 de junio de 1831 (Acosta y Lara tomo II 87).
26
Fructuoso Rivera, presente a Manuel Oribe, ministro de Guerra y Marina informa sobre las
acciones de persecución a los charrúas en el potrero del Yarao, 28 de mayo de 1834 (AGN, Fondo
Ministerio de Guerra y Marina, caja 1189).
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los ejecutores de la acción, agenciadas en un tiempo posterior para explicar la
desaparición o extinción de los charrúas.
3. Los usos de Salsipuedes en la formación de los relatos
nacionales
En este análisis se consideran dos instrumentos disponibles para la
construcción y consolidación de los Estados nación: el discurso histórico y la
«memoria nacional» o «encuadrada».
27
Ambos dispositivos buscan la creación
de imágenes que promueven la unidad y cohesión de un grupo, al tiempo que
definen fronteras socioculturales que marcan los límites de pertenencia a aquella
nación.
Anderson (2008) define los Estados nación como «comunidades
imaginadas», entendiendo que los dispositivos que crean los sentidos de
pertenencia en la comunidad son creaciones e imaginaciones realizadas desde el
poder. La unidad y la cohesión son centrales en la formulación de los discursos
sobre la identidad y la unidad nacional. La homogeneización pretendida por los
Estados-nación se apoya en una determinada versión de la memoria colectiva
(Halwachs A memória), formulada a partir de selecciones y exclusiones,
realizadas desde el poder, a través de sus aparatos de producción y reproducción
de cultura como los museos, las conmemoraciones, los monumentos, las historias
y literaturas nacionales, los medios de comunicación y las escuelas. Esta versión
de la memoria colectiva se exhibe sin conflictos y diferencias, afirmando la
pertenencia del individuo al Estado nacional, excluyendo todo lo que lo que pueda
cuestionar esas representaciones. Pollak (1992) define este conjunto de imágenes
y discursos como «memoria organizada» y «memoria encuadrada», producida
ésta a partir del «trabajo de encuadramiento de la memoria» (7), operación
implicada en la formulación de las historias nacionales y la producción de los
relatos de unificación del cuerpo social. Así, son construcciones temporales y
asociadas a determinadas relaciones de poder que imponen una determinada
27
Tomo aquí el término memoria nacional y memoria encuadrada tal como lo utiliza Pollak
(1989), al identificar relatos producidos a partir de la estructuración de memorias, con sus
jerarquías y clasificaciones, que pretenden definir lo que es común a un grupo. En la tradición del
pensamiento europeo, continuado por Maurice Halbwachs (2004, 2006), la cohesión y la unidad
de los colectivos se expresan en su mayor síntesis, en la nación y en la memoria nacional, resumen
oficial de las memorias colectivas. Esa memoria nacional está constituida, entre otras cosas, por
la historia oficial y se materializa en monumentos y conmemoraciones, por ejemplo.
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versión de la identidad y las tradiciones (Anderson 2008; Hobsbawm y Ranger
2002). En función de esto, las memorias y las identidades pueden ser negociadas,
y ser valores disputados como conflictos sociales al interior del grupo.
Para el caso de Uruguay, las historiadoras Ariadna Islas y Ana Frega
(2008) identifican la formulación de un «modelo clásico de identidad uruguaya»
entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que consiste en la idea de una
sociedad homogénea, igualitaria, cosmopolita y diferente del resto del continente
latinoamericano, siendo uno de sus componentes diferenciadores la negación de
las vertientes indígena y negra en la formación social nacional. Esa idea se
completa con la afirmación que los uruguayos «venimos de los barcos» y que
somos una sociedad «crisol de razas» europeas producto de la inmigración
(Guigou 2010). La formulación de ese relato de la identidad nacional se afirma
durante el batllismo (1903-1933), a partir de un esfuerzo consistente en integrar
la sociedad uruguaya en una idea de nación que comparta referentes culturales,
sociales e institucionales.
28
La idea de que no hay presencia indígena,
29
en la sociedad nacional
uruguaya, porque desaparecieron o se extinguieron, se basa en el recurso
utilizado en las primeras historias nacionales, de representar a los charrúas y a
los otros grupos caracterizados como nómades, que ocupaban el territorio antes
y durante la colonización española, como pueblos incompatibles con el modelo
de civilización que se imponía. Son atribuidas a los indígenas de las tolderías
algunas características nomadismo, belicosidad, ferocidad, violencia,
primitivismo que funcionarían como argumentos explicativos de los hechos
históricos, instaurando un conflicto permanente con el orden social, que sería la
causa de su extinción o desaparición. Ese argumento se completa con la
afirmación de que el pasaje de esos pueblos por la historia nacional no dejó
ninguna herencia, ni lingüística, ni cultural, ni material, en la medida que no
28
Sansón Corbo (2006) y Caetano (2010).
29
En 1925, con ocasión del primer centenario de Uruguay, la publicación sobre las celebraciones
oficiales afirma: «[Uruguay es]...la única nación de América que puede hacer la afirmación
categórica de que dentro de sus límites territoriales no contiene un solo núcleo que recuerde su
población indígena» (Caetano 167). Se afirmaba, como contraparte de este discurso, la
inexistencia de indígenas en el territorio, la idea de una sociedad uruguaya crisol de razas
europeas, moderna y a la vanguardia de los derechos, con una institucionalidad modelo en todo
el continente.
JOSÉ IGNACIO GOMEZA GÓMEZ
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construyeron grandes estructuras ni podemos identificar marcas socioculturales
que tengan su origen. Es un discurso que se sustenta en la ideología
predominante entre las clases dirigentes rioplatenses de la época, sintetizadas en
la tensión o dicotomía civilización y barbarie.
El primer esfuerzo por realizar una síntesis de la historia del territorio fue
el de Juan Manuel de la Sota con su libro Historia del territorio oriental del
Uruguay, publicado en 1841. El autor no menciona ni describe los hechos de
Salsipuedes, pero afirma: «Entre la muerte de Solís y el exterminio de esta tribu
han mediado tres siglos de guerra, destrucción y espanto» (De la Sota 21), para
completar más adelante: «El brigadier general D. Fructuoso Rivera en 1831 los
exterminó siendo tal vez difícil se reúnan hoy treinta individuos de una tribu tan
formidable en otros tiempos» (22).
Otras empresas similares como la de Bauzá y Blanco Acevedo, apuntados
como dos figuras centrales en la construcción de relatos que subsidiaron las
primeras versiones sobre la identidad uruguaya,
30
desarrollan poco los hechos
ocurridos en el arroyo de Salsipuedes. En el caso de Bauzá, no los abarca
explícitamente y en el de Blanco Acevedo, hace la siguiente mención en una nota
al pie:
La última actuación de los charrúas fue en 1831 durante la primera presidencia
constitucional. Alzados contra la autoridad legal constituida, fueron batidos por las
fuerzas legales, pereciendo en su inmensa mayoría (Blanco Acevedo 22-n.29).
Por otra parte, estas historias colocan a los indígenas del territorio como la
primera «alteridad endógena» (Sansón Corbo, La construcción59) o «alteridad
radical» (Guigou 174), por sus diferencias e incompatibilidades en relación con
los valores y postulados de la sociedad colonial. «El indio, aunque nominado, es
una entidad fantasmal, habita el territorio pero no existe, no aportó nada
significativo. La verdadera historia comenzó con los españoles» (Sansón Corbo,
La construcción… 59).
Este tipo de discurso sobre los indígenas, que funciona como recurso
explicativo de su inexistencia presente, se reproduce en los manuales escolares,
30
Sansón Corbo (2006), Caetano (2010), Islas y Frega (2008), Arce (2014).
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en las narrativas patrimoniales y forma parte de un discurso histórico específico,
que compone la memoria oficial que subsidia las narrativas sobre la identidad
nacional.
31
Las imágenes proyectadas en las narrativas escolares, desde el libro
de Hermano Damasceno (publicado por primera vez en1901) en adelante, utilizan
estos discursos nacionalistas casi que en los mismos términos.
32
Ricoeur (1999) analiza el olvido intencional que es frecuente en la
formulación de las historias oficiales, con el objetivo de limar los eventos
polémicos que podrían problematizar la estabilización de discursos nacionalistas
cohesionadores. Las primeras historias sobre el territorio oriental reproducen e
integran a los relatos históricos los discursos y representaciones sobre los
habitantes de las tolderías producidos por los agentes coloniales y las autoridades
del período republicano, así como asumen las visiones de los viajantes como
fuentes documentales y «verdades históricas», sentando las bases del imaginario
sobre la presencia indígena en el Uruguay. Son estas visiones las que serán
incorporadas como discurso histórico dominante para subsidiar las narrativas
sobre la identidad nacional uruguaya. Esto, más que describir una «verdad
histórica» objetiva, como se pretende, describe un alineamiento ideológico y una
posición común con respecto a los proyectos de Estado y las formas de gestión de
territorios y poblaciones indígenas entre los grupos dirigentes en un período
histórico amplio, que se extiende del siglo XVIII al XX. El recurso utilizado es el
de la unanimidad y la reproducción de un discurso unívoco en relación con los
indígenas.
33
31
Gomeza Gómez (2017, 20-50).
32
Como ejemplo, en un libro de 1996 de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP), se afirma: «Cuando los españoles llegaron a estos territorios vivían en ellos unos pocos
pueblos indígenas. No había ni ciudades, ni carreteras, ni puentes, ni campos cultivados.
Nuestros indígenas no habían modificado visiblemente la fisonomía natural del territorio en el
que vivían. Los españoles encontraron pastizales y montes que crecían en los cerros y en la orilla
de los ríos» (ANEP 1996, 142). Casi cien años antes, en el texto de Hermano Damasceno ( H.D.)
se enseñaba: «…no tenían trigo, ni legumbres, ni tampoco árboles frutales como los que
embellecen nuestras huertas y quintas, tales como manzano, peral, durazno, guindo, naranjo,
etc…» (Hermano Damasceno 1955, 13). Estos relatos sobre los indígenas es la denominada
memoria enseñada que es el papel social de la memoria oficial (Ricoeur, 1999).
33
Sin embargo, todavía en el siglo XIX, en 1848 y 1851, circularon públicamente otras visiones
sobre las acciones de gobierno y sobre los indígenas, como las publicadas en El Defensor de la
Independencia Americana, en el mismo contexto de producción que Juan Manuel de la Sota. Al
tiempo que Bauzá producía su Historia de la dominación…, Modesto Polanco polemizaba con
Acevedo Díaz en La Época sobre las características negativas que se les atribuían a los charrúas.
Esos documentos están íntegros en el Boletín Histórico del Ejército, n.os 193-196. Constituyen una
JOSÉ IGNACIO GOMEZA GÓMEZ
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Pollak (1989) apunta que, a pesar de los esfuerzos por encuadrar esas
memorias, las memorias subterráneas que son desplazadas de ese cuadro general
subsisten como memorias colectivas de grupo y emergen en circunstancias
específicas. Varios estudios sobre la identidad nacional señalan que la sociedad
uruguaya atraviesa un proceso de reelaboración de esos discursos, y son las
identidades indígenas reemergentes las que tensionan los relatos oficiales.
4. Los debates actuales en torno a las acciones de Salsipuedes
Con la recuperación democrática en 1985, comenzó un «retorno» de las
cuestiones indígenas en Uruguay, que interpeló algunas de las estrategias y
contenidos de los discursos sobre la identidad nacional: el olvido y silencio en
torno a la matanza de Salsipuedes, la idea de la inexistencia de indígenas en el
Uruguay y la máxima que expresa que «los uruguayos venimos de los barcos».
En 1985, se estrena Salsipuedes, el exterminio de los charrúas de Alberto
Restuccia y, en 1988, Tomás de Mattos publica su novela histórica Bernabé,
Bernabé. Estas piezas, teatral y literaria, son expresiones que ponen foco en los
espacios vacíos de las narrativas nacionales y determinados olvidos de nuestra
historia, vinculados a la crisis producida por la violencia y la violación de derechos
durante la dictadura, que puso en cuestión parte del andamiaje que sostenía la
excepcionalidad uruguaya como parte de la identidad nacional (Islas y Frega 379-
391).
En 1989, se funda la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa,
con los objetivos de «rescatar» el pasado indígena y promover el reconocimiento
del «genocidio» perpetrado contra el pueblo charrúa por el Estado, como ejes
centrales de su accionar. Por esos años, el Departamento de Antropología
Biológica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República
comenzaba el proyecto de identificación de la composición genética de la
población uruguaya, una línea de investigación que se ha desarrollado con
evidencia de la existencia de narrativas alternativas a las producidas por las historias oficiales
sobre los hechos de Salsipuedes en particular y sobre los indígenas en general, y demuestran la
operación de selección y exclusión de las narrativas que componen el discurso histórico oficial y
la memoria nacional.
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consistencia en las últimas décadas.
34
En los años noventa y dos mil las
organizaciones indígenas se fortalecieron y se multiplicaron en varios puntos del
país, y en 2005 se fundó el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) como
organización articuladora de los diferentes grupos en la interlocución con el
Estado.
35
Las demandas y las acciones políticas de estas organizaciones
instauraron en el debate público la visibilidad de la cuestión indígena en Uruguay.
En 2002, son repatriados los restos mortales de Vaimaca Perú, uno de los
cuatro charrúas llevados por Curel para ser «estudiado» en París, que estaba en
el Museo del Hombre de aquella ciudad, generando un debate sobre las acciones
de Estado y el lugar de los indígenas en la memoria nacional. En 2009, se aprueba
la ley n.º 18.589, que instituye el 11 de abril, fecha de la Matanza de Salsipuedes,
como Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, convertido en un
momento de debate en el Parlamento y en la prensa con motivo de su
conmemoración. El Censo de 2011 arrojó que el 2,4% de la población uruguaya
reconoce como ascendencia étnica principal la indígena.
Este último dato estadístico produjo una situación inusitada en términos
de identificación étnica de la población uruguaya. Desde la década del noventa,
se introdujo la pregunta por el ascendiente en las Encuestas de Hogares,
36
pero
es la primera vez que, en un censo, un porcentaje significativo de la población
declara descender de los pueblos indígenas, en una sociedad donde el Estado
nación había construido sus bases discursivas, entre otras nociones, sobre la
inexistencia de indígenas y la procedencia étnica europea. En 2011, casi cien mil
uruguayos afirmaban venir de los habitantes nativos y no de los barcos.
Me interesa destacar algunos discursos de autoridad de políticos
prominentes y académicos reconocidos con relación a la emergencia indígena
en el Uruguay y el surgimiento de organizaciones indígenas e indigenistas en la
post-dictadura.
En 2009, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y
34
Sans et al. (2012) y Sans (2015).
35
Vale destacar que no todas las organizaciones indígenas que existen forman parte del Conacha.
36
En 1996 el dato fue de 0,4 %.
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1995-2000), del Partido Colorado, en una nota titulada «El charruísmo»,
publicada en el diario El País, afirmaba:
No hemos heredado de ese pueblo primitivo ni una palabra de su precario idioma, ni
el nombre de un poblado o una región, ni aun un recuerdo benévolo de nuestros
mayores, españoles, criollos, jesuitas o militares, que invariablemente les
describieron como sus enemigos, en un choque que duró más de dos siglos y les
enfrentó a la sociedad hispano-criolla que sacrificadamente intentaba asentar
familias y modos de producción, para incorporarse a la civilización occidental a la
que pertenecemos (Sanguinetti).
La nota fue escrita el 18 de abril de 2009, el mismo día en que fue
promulgada la ley n.º 18.589. El artículo acciona argumentos que critican la
«leyenda» y el «mito» de los charrúas. Para contradecir esta «sobrevaloración»
de lo charrúa, apunta a su carácter belicoso, a una población guaraní mayoritaria
en el territorio, la toponimia en idioma guaraní, los enfrentamientos entre la
sociedad colonial y los charrúas. Cuestiona que Salsipuedes sea un genocidio por
el número de muertos charrúas, lo coloca como el «choque final» de un «choque
de civilizaciones» que existió entre la sociedad hipano-criolla y los charrúas, y
menciona el «clamor del vecindario de la campaña» y la aprobación por
unanimidad del Parlamento de la época. Entiende que esas relecturas son una
forma de denostación de la figura de Rivera «a quien el país le debe los mayores
esfuerzos en la lucha por la independencia» y afirma que cualquiera que hubiera
estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Se opone a que los charrúas sean
glorificados como origen de la sociedad, aunque si deben ser «mirados con
respeto». Termina afirmando que son definiciones que atan al país «a la violencia
y al rencor por la sangre que derraman las civilizaciones en su proceso
fundacional». En esta nota se activan todos los elementos constitutivos del
discurso, imágenes y argumentaciones proyectadas por los relatos nacionales
sobre los indígenas, así como se replican los argumentos esgrimidos por los
ejecutores de la matanza.
Por otra parte, Daniel Vidart (2012), referencia académica en temas
indígenas, afirmaba en una ponencia con el título de «No hay indios en el
Uruguay contemporáneo» su postura contraria a cualquier posibilidad de
existencia de indígenas en la actualidad. Este autor, a lo largo de su producción,
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define la Matanza de Salsipuedes como «genocidio» y «etnocidio», e incluye en
sus análisis la mención a los sobrevivientes y los repartos de prisioneros, pero
niega toda entidad al proceso de reivindicación de la identidad indígena por parte
de las organizaciones, a través de argumentos esencialistas: exigiendo a quienes
reivindican la identidad indígena o charrúa, marcas identitarias relacionadas a la
cultura, el idioma o las prácticas.
37
Omite, también, la imposición de otras
trayectorias de vida para los sobrevivientes indígenas por el propio Estado, a
partir del ejercicio de la violencia institucional y las persecuciones.
Entiendo que existe actualmente en Uruguay, en proceso de configuración,
un fenómeno de disputa por la memoria, en la medida que irrumpen en la
sociedad uruguaya núcleos que reivindican su identidad indígena en un país que
construyó sus certezas sobre la base de la inexistencia de indígenas en el presente,
vehiculizados a partir de los discursos sobre su desaparición y extinción. Las
organizaciones indígenas e indigenistas discuten la memoria nacional para
desmontar las operaciones historiográficas que los excluyen y demandar el
reconocimiento de los hechos genocidas ejecutados por el Estado contra sus
antepasados. Las memorias colectivas de los descendientes de indígenas
circulaban como «memorias subterráneas» (Pollak, «Memória, esquecimento,
silencio»), sin adoptar estado público, restringidas al ámbito privado y particular.
Las nuevas sensibilidades y un nuevo proyecto de nación posible, que se abre con
el fin del período dictatorial y la redemocratización, ancorado en un ambiente
continental
38
y de época convergente, posibilitan que estas memorias, puedan
tomar estado público y circular como relatos alternativos a los oficiales.
Pollak (1989), a partir del estudio de casos en Europa las víctimas del
estalinismo, los judíos deportados durante el nazismo y los prisioneros alsacianos
durante la ocupación nazi en Francia, afirma que las memorias individuales y
grupales en los diferentes casos tienen en común que «opondo-se à mais legítima
das memórias coletivas, a memória nacional, essas lembranças são transmitidas
no quadro familiar, em associações, em redes de sociabilidade afetiva e/ou
37
Repetto (142-184) analiza, en el último capítulo de su libro, los argumentos accionados por la
academia uruguaya respecto a los pueblos indígenas.
38
Bengoa (2000) analiza la consolidación de los movimientos identitarios y étnicos en América
Latina como antesala al V centenario de la invasión a América, cuando el posicionamiento de los
pueblos indígenas del continente alcanza presencia en la esfera pública.
JOSÉ IGNACIO GOMEZA GÓMEZ
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política» (8). La disputa de memorias o la memoria en disputa para el caso de
Uruguay, pasa por la contradicción que existe entre la memoria organizada y
encuadrada, y las memorias colectivas de las organizaciones indígenas. Los
efectos de este tipo de disputa son imprevisibles y operan en el nivel de las
formulaciones de las identidades colectivas, la Historia nacional y los consensos.
Las principales reivindicaciones de las organizaciones indígenas e
indigenistas en Uruguay podrían definirse, de manera sintética, en los siguientes
términos: reconocimiento oficial del genocidio de Salsipuedes ejecutado por el
propio Estado;
39
actualizar y revisar los relatos sobre los pueblos indígenas del
país a partir de investigaciones históricas, arqueológicas y antropológicas; y la
ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(Gomeza Gómez 142-162). El reconocimiento del genocidio y la ratificación del
Convenio 169, son puntos críticos que han levantado debates públicos y
posicionamientos de figuras políticas y académicas, porque involucran
directamente al Estado, en sus bases discursivas fundantes y en su estructura
jurídica en relación con los indígenas.
En la bibliografía que aborda el pasado indígena, Pi Hugarte (2014) y
Vidart (2010 y 2012) califican las acciones de Salsipuedes como genocidio y
etnocidio.
40
En 2018, el entonces presidente Tabaré Vázquez, señaló la intención
de crear un grupo de estudio en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura
para analizar «científicamente» si había existido genocidio.
Las organizaciones indígenas entienden que las acciones llevadas a cabo
por el Estado uruguayo contra los charrúas configuran genocidio, y que está en
las bases sobre las que se funda el Uruguay y, por eso, se niegan u ocultan.
41
En
ese sentido reivindican esa definición de los actos de Estado contra los pueblos
39
El canciller de Uruguay en 2014, Luis Almagro, pidió disculpas oficiales sobre las acciones del
Estado contra el pueblo charrúa en una reunión de la ONU.
40
Por ejemplo, Pi Hugarte (2014) afirma: «Constituyó, sin atenuantes, una verdadera operación
de genocidio, organizada con todo cuidado ―sin incurrir en los errores de Sarratea, por
supuesto― y ejecutada con enorme eficiencia y total indiferencia por las vidas o el sufrimiento de
los indígenas» (137) y Vidart (2010) dice: «Luego de la acción de Salsipuedes, donde quizá
murieron alrededor de cien guerreros charrúas dio comienzo la segunda fase del plan de
exterminio. Si el genocidio, o sea la muerte física de las tribus soliviantadas y “rapaces”, no había
sido total, sí lo fue el etnocidio» (94).
41
Véase Delgado Cultelli (2017), representante del Consejo de la Nación Charrúa.
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indígenas como mecanismo superador de las narrativas instaladas sobre esos
hechos, que no atribuyen la destrucción de las formas tradicionales de vida a
acciones genocidas perpetradas por el Estado sino a los propios indígenas, como
fue presentado en el apartado anterior.
El genocidio es reconocido internacionalmente como crimen, después de
la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la «Convención para la prevención y
la sanción del delito de genocidio» (1948) para aquellas acciones violentas
ejecutadas sobre grupos específicos de la sociedad, con prácticas como la matanza
de miembros de grupos, traslados por la fuerza de niños de un grupo a otro y
lesiones físicas graves. Ese reconocimiento internacional sobre los crímenes de
genocidio es muy posterior a la matanza de Salsipuedes o a los crímenes
cometidos en América Latina en tiempos de la colonización, lo que provoca cierta
resistencia en su aplicación para situaciones que sucedieron antes en el tiempo.
Sin embargo, la aplicación y el análisis del concepto de genocidio a algunas
situaciones de contacto entre el Estado y los pueblos indígenas viene abriendo un
campo interdisciplinario que conjuga perspectivas de la historia, la antropología,
la sociología y el derecho. El llamado campo de «estudios sobre genocidio» se
desarrolla abordando las prácticas estatales y privadas con relación a los pueblos
indígenas en el pasado para los casos de Argentina, Australia y Canadá, por
ejemplo.
42
En el campo de la antropología, Pierre Clastres (1987) define las acciones
genocidas sobre pueblos indígenas como un plan sistemático que busca la
eliminación física del otro, a partir de una perspectiva de imposibilidad de
coexistencia entre ambas sociedades por causas estructurales. Como
complemento del genocidio, Clastres define el etnocidio como la «destrucción
sistemática de los modos de vida y pensamiento de gentes diferentes a quienes
llevan a cabo la destrucción» (56). Las posturas adversas a las diferencias
culturales promueven acciones que objetivan su eliminación o la prohibición a su
manifestación, eliminando las huellas de ese otro.
42
Para una lectura sobre los usos del término genocidio y su aplicación en las relaciones Estado-
pueblos indígenas véanse Wolfe (2006), Verdesio (2020), Ramos (2018), Pérez (2019) y Short
(2016).
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En este sentido, se observa que en los documentos existen discursos de
autoridades que expresan claramente el objetivo de eliminar los indígenas del
territorio
43
y la organización y planificación de acciones tendientes a la
destrucción de las tolderías. La separación de los prisioneros, sobre todo de los
niños de sus madres, refuerza la imposibilidad de transmisión cultural y
lingüística al interior del grupo, lo que se suma a la desterritorialización,
completando la ruptura cultural y social.
La cuestión del genocidio charrúa es resistida por sectores y
representantes políticos que lo niegan recurrentemente en los debates
parlamentarios, y se oponen a reconocer las responsabilidades de Estado en
relación con las acciones contra los charrúas accionando los argumentos
producidos por los propios ejecutores. Complementan su posición negando
cualquier posibilidad de que existan indígenas en el Uruguay contemporáneo,
deslegitimando a las organizaciones indígenas.
44
El 15 de diciembre de 2021, el Paso del Salsipuedes, lugar identificado
como el escenario de la matanza, fue declarado como Sitio de Memoria,
amparado por la ley n.º 19.641, de 2018. Es el único caso que fue declarado fuera
del marco temporal principal definido por la ley (1968-1985), en función de que
su artículo número 5 establece la posibilidad de reconocer sitios de memoria
ocurridos en otras épocas «en hechos en los que el Estado haya violado los
derechos humanos» (Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria 103).
43
En uno de los pocos discursos públicos de Rivera sobre los hechos de Salsipuedes, publicados
como defensa del propio Rivera por acusaciones que circularon en la prensa carioca de los años
1840, este afirma: «Si me cupo a mi la fortuna y la gloria de acabar con una horda de salvaje
nómadas y feroces, abrigada en las escabrosidades del país, hice lo que otros no pudieron alcanzar
antes de mí, y cumplí las órdenes del gobierno, con gran satisfacción de las poblaciones, que por
tantos años fueron víctimas de correrías, robos y muertes de aquellos bandidos» (Boletín
Histórico del Ejército, n.os 193-196, 315).
44
Por ejemplo, «Termino, señor presidente, diciendo que no hubo ningún acto de genocidio sino
simplemente un acto policíaco, al igual que sucede hoy en nuestro país cuando se trata de
defender a los ciudadanos, de defender la propiedad, de darle seguridad a la gente. Cada vez que
hacemos un operativo masivo en algún barrio de Montevideo se hace exactamente lo mismo que
en aquellos tiempos: combatir a los contrabandistas, a los portugueses, a todos los malandras que
están atentando contra la seguridad de la gente» (Diario de Sesiones de la Cámara de
Representantes, n.º 3849, sesión del 9 de abril de 2013). En 2022, con ocasión de la misma fecha,
diputados cabildantes y colorados argumentaron en el mismo sentido (Diario de Sesiones de la
Cámara de Representantes, n.º 4391). En general, quienes se posicionan públicamente en esta
dirección, pertenecen al Partido Colorado, fundado por el propio Fructuoso Rivera. Se puede
acceder a estas posiciones en las actas del Parlamento con ocasión de la celebración del Día de la
Nación Charrúa y la Identidad Indígena el 11 de abril o a través de la prensa escrita.
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Esta comisión entiende que los hechos de Salsipuedes constituyen una
«gravísima violación a los derechos humanos» y considera que la declaración del
Paso de Salsipuedes como Sitio de Memoria, constituye una contribución para
reparar las acciones violatorias de los derechos humanos de las poblaciones
indígenas en el siglo XIX (103). Este hecho implica reconocer, desde el Estado,
que existieron acciones violatorias de los derechos humanos y, como
consecuencia, apunta responsabilidades del Estado, punto neurálgico del
ocultamiento producido por las narrativas oficiales donde se retira el sujeto
ejecutor, para colocarlo como sujeto omitido (Verdesio 2010, 92). El
pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría
del Pueblo, al afirmar que existió genocidio sobre el pueblo charrúa, supone la
primera manifestación oficial que proviene de una agencia de Estado.
45
El historiador francés Pierre Nora (2008) introdujo en la historiografía la
cuestión de los «lugares de memoria», como un concepto que articula las
distancias que existen entre la memoria y la historia, identificando algunas de las
operaciones que el discurso histórico, o la historización, produce sobre las
memorias. La memoria nacional, pretendido resumen oficial de las memorias
colectivas, selecciona, clasifica e identifica lo que debe ser recordado por aquel
colectivo al que pretende enmarcar. La monumentación, las conmemoraciones y
las celebraciones nacionales marcan la ruta por la cual transitan las memorias
colectivas que forman parte de la memoria nacional. Las otras están excluidas del
cuadro de pertenencia.
Desde 1997, las organizaciones indígenas realizan todos los años, con
ocasión de la rememoración de la Matanza de Salsipuedes, una marcha o
concentración a los lugares de los hechos. Eso cumple una función mnemónica
que da cohesión a los individuos que tienen en común el reconocimiento de una
pertenencia étnica indígena, constituyéndose como un lugar de memoria para
aquel colectivo, como expresión de una de las facetas de la memoria colectiva del
grupo. La declaración del Paso de Salsipuedes como Sitio de Memoria, reconoce
en los hechos un espacio memorial para un sector de la sociedad uruguaya. Al
45
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/
noticias/dia-nacion-charrua-identidad-indigena-1
JOSÉ IGNACIO GOMEZA GÓMEZ
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mismo tiempo, coloca el lente sobre aquellos hechos y convoca a actualizarlos y
revisarlos, en un contexto donde predominan narraciones históricas que los
omiten o los justifican. Nora dice, con relación a los «lugares de memoria», que
su razón de ser fundamental es «detener el tiempo, bloquear el trabajo del olvido,
fijar un estado de cosas», pero también que estos «no viven sino por su aptitud
para la metamorfosis, en el incesante resurgimiento de sus significaciones y la
arborescencia imprevisible de sus ramificaciones» (Nora 34).
Esta representación de Salsipuedes en tanto Sitio de Memoria es un primer
paso para comenzar a desmontar la operación de negación y omisión de los actos
de violencia perpetrados por el Estado contra los indígenas y revisar las bases del
discurso que afirma la inexistencia o la imposibilidad de existencia de indígenas
en el Uruguay. La revisión de los relatos instituidos como verdades puede traer
nuevas informaciones y datos sobre la configuración del territorio nacional, la
formación social y las diferentes vertientes que la componen. Las sociedades no
pueden transformar su pasado, pero proyectar el futuro a partir de la atribución
de sentido a ese pasado.
5. Consideraciones finales
La estructura del trabajo pretende hilar algunos procesos que están en línea
de continuidad y atravesados por diferentes niveles. Me refiero a la convergencia
de discursos y prácticas de los agentes de gobierno en la última fase de la colonia
y la fase inicial de la república; al consenso entre los intelectuales que produjeron
las primeras historias nacionales que delatan la hegemonía de un determinado
proyecto de sociedad, y al conjunto de imágenes y representaciones que fueron
accionadas, actualizadas y reproducidas sobre los indígenas cristalizando la idea
de su inexistencia en el Uruguay.
También los usos y los relatos construidos a posteriori de los hechos
fueron articulados discursivamente para su justificación o mecánicamente
silenciados, por el grado de violencia implicada como actos de Estado en la
fundación del Uruguay. Casi doscientos años después, Salsipuedes, al tornarse
Sitio de Memoria, impone un límite a esas operaciones historiográficas,
discursivas o memoriales y evidencia las contradicciones implícitas en los
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discursos sobre las identidades nacionales.
En el primer apartado describí las acciones de Estado contra los pueblos
indígenas durante el primer gobierno republicano en tanto una política diseñada,
planificada y ejecutada. Intenté identificar las formas de hacer Estado, en tanto
unidad territorial y proyecto de sociedad en su fase inicial en relación con los
pueblos que habitaban las tolderías. También mostrar, a partir de los
documentos, los mecanismos alianza de clases, movilización militar y policíaca,
legitimación en las instituciones del Estado―, las justificaciones inseguridad,
protección de la propiedad privada, incompatibilidad entre sociedades― y las
prácticas persecución, aprisionamiento, imposición de la servidumbre
ejecutadas contra los indígenas. La política que sustentó esas primeras acciones,
tuvo una formulación anterior ―durante el período colonial― que sentó las bases
discursivas y las imágenes sobre los charrúas y minuanos. Inclusive, los métodos
serán reeditados. Estos procesos nos informan sobre la composición ideológica y
las concepciones implicadas en la formulación del Estado y la sociedad en
gestación.
En el segundo apartado, intenté demostrar cómo el discurso histórico y la
memoria nacional (o «memoria encuadrada») se alinearon con los discursos
producidos por los protagonistas de la destrucción social de los indígenas,
produciendo imágenes y representaciones que reproducen las formulaciones
estampadas en los documentos oficiales. La expulsión de la Historia y el olvido
impuesto sobre las acciones de Estado contra los charrúas son muestra de ello.
Así las historias y los discursos oficiales actualizan las narrativas que justifican y
«explican» la desaparición indígena en Uruguay. Esos discursos siguen vigentes
y son accionados en la contemporaneidad por representantes políticos y
académicos, y permean las posturas del Estado uruguayo en relación con las
demandas de los descendientes y los indígenas en el Uruguay de hoy.
En el tercer apartado, procuré traer elementos que permitan entender la
crisis del discurso clásico sobre la identidad nacional, que inauguran un escenario
inédito respecto a las identidades indígenas en Uruguay, que tienen que ver con
procesos que disputan la memoria encuadrada. Datos estadísticos, lugares de
memoria, organizaciones sociales, investigaciones científicas, constituyen un
JOSÉ IGNACIO GOMEZA GÓMEZ
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corpus robusto que evidencia procesos que exceden lo puramente subjetivo. Es
en este punto, donde la disputa por la memoria se manifiesta con mayor claridad.
El discurso histórico que subsidia el relato sobre la nación uruguaya, atribuye la
inexistencia de indígenas a las características inherentes de esos pueblos,
incapaces para la civilización, imponiendo el olvido a las prácticas, mecanismos
y estrategias desarrolladas por el Estado que promovieron la eliminación de sus
modos de vida. Las organizaciones indígenas cuestionan esas narrativas, al
proponer una lectura sobre los hechos del pasado, donde el Estado es el principal
actor y responsable por el uso de la violencia institucional contra los pueblos
indígenas. El discurso de la desaparición y extinción, queda tensionado en esta
disputa, que grosso modo, es entre la historia oficial (memoria nacional o
encuadrada) y las memorias colectivas de los indígenas y descendientes de
indígenas que tuvieron sus trayectorias de vida marcadas por los actos de
violencia a sus antepasados. El Estado puede insistir en la negación y el olvido
presentes en sus orígenes históricos y discursivos, o puede actualizar sus
representaciones. ◊
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