IV Congreso de la
Asociación Uruguaya de Historiadores

Acto conferencia de clausura

Avances y debes en las políticas públicas
sobre los archivos de pasado reciente

Clarel de los Santos

Universidad de la República, Uruguay

En Sala Bauzá de la Universidad Católica del Uruguay se realizó el acto de clausura del IV Congreso de AUDHI, con una mesa redonda sobre «Usos y problemas de los archivos del pasado reciente. A cincuenta años del Golpe de Estado». Como panelistas invitados participaron el periodista Leonardo Haberkorn, el docente e investigador Álvaro Rico, el abogado Martín Prats (coordinador del Área de Estudios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo) y el archivólogo Gabriel Queijo, y como moderadora, la historiadora Vania Markarián. Los ejes temáticos estuvieron relacionados al estado de situación de los mencionados archivos y las políticas públicas de preservación y acceso a sus contenidos. En esta nota se resumen las exposiciones según el orden de la ronda inicial de intervenciones.

Leonardo Haberkorn se refirió a las dificultades que en su función periodística ha encontrado para acceder a los archivos del pasado reciente, incluyendo aquellos resguardados por Archivo General de la Nación. Reconoce que en los últimos años se ha avanzado en la disponibilidad de documentos, aunque persisten problemas de ubicación y acceso a la información. Ante la reciente difusión en Internet de numerosos documentos con la denominación «archivos del terror de Uruguay», cree que es necesario establecer de forma rápida criterios claros de acceso y controles, antes que se tergiversen documentos y se los utilicen irresponsablemente. No obstante, se manifestó contrario a las restricciones para acceder a los archivos del pasado reciente porque contienen informaciones valiosas que se pueden perder y que, utilizadas de forma responsable, pueden ser muy útiles para aclarar situaciones. Como ejemplo, expresó que ha utilizado información disponible en esos archivos para confrontar relatos, sin publicar datos que pudieran lesionar el honor de las personas. Reivindicó la importancia de toda documentación sobre el pasado reciente como fuentes para reconstruir los sucesos con independencia de relatos y defendió que todos los archivos sean públicos. Sus documentos permiten apreciar en una extensión inimaginable los extremos alcanzados por el espionaje y la represión, citando entre otros casos que pudo observar, la introducción de un espía en el velatorio de la madre del dirigente sindical Richard Read y la expulsión de soldados que en 1989 habían firmado la papeleta a favor de un referéndum para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por el coronel retirado Eduardo Ferro [actualmente procesado por la desaparición de Oscar Tasino y los secuestros de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez].

El segundo panelista en intervenir fue Martín Prats, quien realizó un acercamiento jurídico a la temática de los archivos del pasado reciente. Repasó su proceso de institucionalización a través de distintas leyes que regulan su resguardo y uso. Destacó que el cambio fundamental en las normativas relacionadas a los archivos y su uso se produjo a partir 2008, año en que se aprobaron las leyes 18.381 sobre acceso a la información pública y 18.435 que creó el Archivo de la Memoria, aclarando que esta denominación no le pareció correcta. Destacó el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el reclamo de la preservación de los archivos y un acceso público compatible con la privacidad de las víctimas. No obstante, afirmó que falta avanzar en mejoras de las políticas acceso, para lo cual estima que no ha existido voluntad política. Entiende que el universo de interesados en acceder a tales archivos es muy amplio e incluye investigadores, víctimas, la justicia y también parte de la sociedad, ya que en el país cualquier persona tiene derecho al acceso a la información. Abogó por la aprobación de una guía de acceso basada en principios que diriman el conflicto entre libertad de acceso y preservación de la privacidad. Al definir qué tipo de documento tiene valor para una reconstrucción histórica del período dictatorial, concluyó que son todos aquellos que fueron producidos por los organismos involucrados en la represión, incluyendo «vales de nafta».

El docente e investigador Álvaro Rico señaló que luego de recuperada la democracia, durante veinte años no hubo una política pública sobre los archivos del pasado reciente y solo se podía investigar en archivos privados. Recordó que, en los primeros tiempos de búsqueda de información, la duda era si existían archivos dado que el teniente general Gregorio Álvarez había ordenado destruir la documentación relacionada a los hechos represivos. Parte de esta fue microfilmada antes de esa destrucción y también aparecieron archivos sin destruir, por lo que hoy la incógnita es cuánta información falta encontrar en los archivos que aún no se pudieron revisar. Si bien persisten dificultades de acceso, expresó que mucho se ha avanzado en el conocimiento de cómo funcionaba la represión. Consideró un gran avance que los archivos se entreguen a la justicia y respecto al libre acceso, señaló que ya hay mucha documentación disponible en línea —19 archivos y muchísimos documentos han sido digitalizados—, a los que se puede acceder con determinadas justificaciones y compromiso de uso responsable. La documentación encontrada hasta el presente contiene datos obtenidos por los servicios de inteligencia en tareas de vigilancia a militantes políticos, pero también existe información de otro tipo, como algún análisis de la sociedad. Ejemplo de esto es un documento sobre la pobreza, que aparece analizada como un elemento que los mandos tenían en cuenta para saber las actitudes que podía asumir el personal de tropa. Hasta 1976 la lógica de inteligencia empleada tenía un carácter policial, similar al que funcionaba desde 1945, pero a partir de ese año esa lógica se «militarizó» y pasó a estar dirigida hacia los grupos y partidos políticos.

Eliseo Gabriel Queijo, miembro de la Asociación Uruguaya de Archivólogos, se refirió al estado actual de la archivística uruguaya y su evolución histórica, marcada en gran parte por una falta de comprensión sobre su relevancia, de criterios técnicos de preservación y de políticas claras para el acceso a sus contenidos. Muchos documentos eran depositados en lugares precarios y carentes de seguridad para su preservación. Una situación que comenzó a cambiar luego que en 1972, cuando la Escuela de Bibliotecarios y Archiveros de Córdoba (Argentina), se transformara en un centro multinacional y en ella comenzaron a formarse algunos archivólogos uruguayos. En Uruguay la carrera de archivólogo comenzó a funcionar años después, cuando esa tecnicatura fue incorporada a los cursos de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines. Durante la dictadura se ocultaron o perdieron muchos documentos. Con el retorno a la democracia se crearon algunas instituciones orientadas a salvaguardar el patrimonio documental nacional. Un paso importante en ese aspecto fue la creación del archivo de la actual Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, constituido a partir de la documentación recogida por la Comisión para la Paz que actuó entre los años 2000-2003. Otros hitos importantes fueron la aprobación de algunas leyes, como la 18.220 que creó el sistema nacional de archivos en diciembre de 2007 y la ya citada 18.381 de acceso a la información pública en 2008. Sin embargo, hay situaciones que no han contribuido a la preservación documental -como la vigencia de un antiguo decreto que permite destruir los documentos que han sido digitalizados-, que se haya empleado personas no idóneas para el manejo archivístico y que la legislación avanzada que tiene el país no se pueda aplicar cabalmente por falta de rubros. Como conclusión, sostuvo cuanto más instituciones difundan los documentos autenticados que resguardan, más conocimientos se tendrán sobre el pasado reciente.

Luego de las exposiciones de los panelistas se registraron algunas intervenciones del público presente. Entre ellas, Ana Frega, presidenta de la Asociación Uruguaya de Historiadores, quien reafirmó la posición de esta entidad sobre los temas abordados, expresada en una declaración pública emitida el 27 de junio de 2022. En esa oportunidad, luego de manifestar el respaldo a los historiadores que han investigados hechos del pasado reciente y dejar constancia que la investigación histórica institucional está sometida a la revisión permanente entre pares, se reclamó el acceso público a los documentos sobre el pasado en condiciones adecuadas y con criterios y protocolos claros, reafirmando el compromiso de la asociación con un intercambio de ideas plural, la defensa de las libertades y las garantías del estado de derecho.

En otro orden, Nicolás Duffau —también directivo de AUDHI— hizo notar que la falta de políticas archivísticas y prácticas adecuadas, más la existencia de serias limitantes de tiempo en los principales repositorios del país para un acceso eficiente a la documentación, es una dificultad que afecta no solo a los investigadores del pasado reciente, sino a toda la comunidad de investigadores, incluyendo a quienes investigan sucesos del siglo XIX o más antiguos aún. ◊