Formas de hacer política en el norte argentino a fines de la Confederación Rosista. La ejecución pública del líder político y militar de Jujuy Mariano Santibáñez (1851)

Ways of doing politics in northern argentine at the end Confederación Rosista. The public execution of the political and military leader of Jujuy Mariano Santibáñez (1851)

Federico Medina¹

Conicet - Universidad Nacional de Salta
Argentina

https://orcid.org/0000-0003-1495-3315

DOI: https://doi.org/10.25032/crh.v1oi19.2127

Recibido: 13/12/2023

Aceptado: 20/6/2024

Resumen. El artículo analiza las formas de hacer política en el norte argentino a fines del sistema rosista a través de la faccionalización y la ejecución pública del líder político y militar de la provincia de Jujuy Mariano Santibáñez (1851). Su muerte se explica por la violencia política desatada por el Pronunciamiento de Justo José de Urquiza en contra del gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas en mayo de 1851, así como por las conflictivas relaciones interprovinciales entre Jujuy y Salta. Esta última actuó como un gendarme político en la región por su capacidad de movilización armada.

Palabras claves: faccionalización, violencia política, ejecución pública, Jujuy-Salta.

Abstract. The article analyzes the ways of doing politics in northern Argentina at the end of the rosista system through the factionalization and public execution of the political and military leader of the province of Jujuy Mariano Santibáñez (1851). His death is explained by the political violence unleashed by Justo José de Urquiza’s pronouncement against the governor of Buenos Aires Juan Manuel de Rosas in May 1851, as well as by the conflictive interprovincial relations between Jujuy and Salta. The latter acted as a political gendarme in the region due to its capacity for armed mobilization.

Keywords: factionalization, political violence, public execution, Jujuy-Salta.

1. Introducción

El 13 de septiembre de 1851 el líder político y militar de Jujuy Mariano Santibáñez era fusilado en San Pedrito, sitio ubicado en las afueras de la capital de la Provincia. Santibáñez lideraba el grupo unitario que, entre 1849 y hasta 1851, controló los resortes del poder en Jujuy. La orden de pasarlo por las armas, había sido dada por el gobernador de Salta José Manuel Saravia quien se había dirigido a Jujuy con una fuerza miliciana para reestablecer el orden federal.

Nos interesa comprender las formas de hacer política adoptadas por las dirigencias provinciales en el norte del espacio confederal a fines del sistema rosista. Esta arquitectura política se vio jaqueada por el Pronunciamiento del 1 de mayo de 1851 del gobernador entrerriano Justo José de Urquiza a favor de la organización nacional y en contra del gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas que se oponía con tesón a ese proyecto político y a otros como la libre navegación de los ríos interiores. Como sabemos, el Pronunciamiento desencadenó un contexto profundamente conflictivo que afectó el posicionamiento asumido por los elencos políticos de las provincias y ello terminó influyendo en la ejecución de Santibáñez.

En la época que analizamos, la eliminación física del oponente era una conducta practicada por las dirigencias que se disputaban el poder. Tulio Halperin Donghi (2002) afirma que la Revolución y la Guerra de Independencia exacerbaron el avance de la brutalidad y la violencia en las relaciones políticas (380-385). La violencia política ―en sus diversas formas y escalas― acompañó las construcciones estatales latinoamericanas. Varios estudios, desde una renovada agenda de problemas, han abordado el ejercicio de la violencia atendiendo su modalidad y la dimensión que adquirió en la formación de nuevos órdenes políticos. Por ejemplo, han sido abordados algunos planos analíticos como la relación entre violencia y justicia, sus formas de legislación, la gestión del disenso, los complejos vínculos entre milicia y ciudadanía y la viabilización del control social (Irurozqui 2009 y 2016).

Son varios los trabajos que han indagado en ejecuciones públicas sucedidas durante el siglo XIX en diferentes contextos. Claudio Lomnitz (2021), para el caso mexicano, resalta la dimensión política de las diversas actitudes sobre la muerte. Para el Río de la Plata, durante el proceso revolucionario, María Alejandra Fernández (2015) pondera en el carácter pedagógico del castigo y los nuevos significados que se fueron imponiendo en las formas de matar y morir. En tiempos de las autonomías provinciales, varios líderes políticos fueron ultimados en escenarios de profunda faccionalidad y lucha por el poder. Raúl Fradkin (2008), analiza el fusilamiento del gobernador de Buenos Aires Manuel Dorrego en 1828, advirtiendo la incidencia del episodio en el importante alzamiento rural de 1829 y en la emergencia de nuevas formas de movilización popular. Por su parte, Gabriela Caretta (2015) ha trabajado con un conjunto de muertes extraordinarias de líderes políticos rioplatenses, enfatizando en los dispositivos culturales puestos en escena en sus segundos funerales en el marco de las luchas de facciones, brindando elementos para abordar las muertes y su ritualidad como formas de legitimación política y construcción de memorias heroicas.

La ejecución de Mariano Santibáñez se inscribió en un ciclo de muertes violentas inaugurado por la Revolución y que llegó hasta la formación del Estado Argentino a fines del siglo XIX.² Facundo Roca (2018) caracteriza esta etapa y señala que se trataban de muertes atravesadas por las disputas políticas, que cohesionaban o reafirmaban identidades partidarias. La faceta pública de la muerte se manifestó en las ejecuciones en sí mismas, en los funerales y en las celebraciones que legitimaban el accionar del actor extinto y el de su grupo de pertenencia. En este sentido, los usos políticos de la muerte de los hombres que ocupaban las máximas cúpulas del poder fueron centrales en la instauración de un orden o en su reformulación. Por ejemplo, el fusilamiento de Manuel Dorrego legitimó la asunción de Juan Manuel de Rosas al gobierno de la provincia de Buenos Aires en 1829. Mientras que el asesinato del caudillo federal Facundo Quiroga, en 1835, fue aprovechado por Rosas para fogonear un posible complot del bando unitario. La estrategia le permitió asumir, por segunda vez la gobernación porteña, con la suma del poder público.

Resulta interesante la noción de muerte violenta planteada por Sandra Gayol y Gabriel Kessler (2015) que, si bien la formulan para explicar el fenómeno en sociedades contemporáneas, fertiliza el planteo que aquí realizamos. La muerte violenta es disruptiva a las condiciones de morir en «situaciones normales», ubica el cuerpo en el centro de la escena y pone de relieve a la persona extinta y a los perpetradores formulando preguntas sobre ambos. Una muerte violenta es un hecho social y puede convertirse en un recurso de la política al ser usada por diversos actores para llevar adelante determinados objetivos ―como veremos en nuestro caso― un recambio de gobierno, su justificación y legitimación (9-29).

Las páginas que siguen examinan la ejecución de Mariano Santibáñez como una forma de comportamiento político. Ello nos lleva a reconstruir con minuciosidad la densidad de los contextos que fecundaron las practicas del personaje. El problema esbozado es una rendija para mirar las alteraciones políticas a fines del régimen rosista tanto en la provincia de Jujuy como en el marco de las tensiones que se dieron en las provincias del norte, particularmente con la de Salta.

Afirmamos que la muerte de Santibáñez se dio en una coyuntura conflictiva donde se puede observar la influencia política de la provincia de Salta en el norte confederal, por su capacidad de movilización armada. Justamente por ese atributo, Salta actuó como un gendarme político en la región. Las relaciones con Jujuy se vieron tensionadas desde 1848 cuando la dirigencia de Jujuy intentó recuperar por la fuerza de las armas los territorios de Iruya, San Andrés y Santa Victoria. A partir de 1849 el grupo unitario de Jujuy comenzó a ocupar lugares de poder en las instituciones locales y a principios de 1850 emprendieron un conjunto de reformas por las que pretendieron redefinir el régimen político. La dirigencia federal de Salta se mantenía expectante, sobre todo por las influencias que el elenco unitario de Jujuy pudiera tener en Salta. En todos estos episodios, la participación de Mariano Santibáñez fue decisiva en tanto líder político y militar. Su muerte se explica por el peso que su presencia tenía en los entramados del poder en un contexto profundamente febrilizado a nivel regional por los conflictos con Salta y a escala confederal por las disputas entre Urquiza y Rosas.

Por lo expuesto, el relato se ajusta al argumento que intentamos narrar: se inicia con la presentación del personaje, continúa con la exposición en detalle del proceso político, para luego abocarnos al examen de la ejecución pública. Finalmente, a partir de algunos indicios, dejamos bosquejada las disputas por su memoria en la política interprovincial.

2. Mariano Santibáñez y la «carrera de la Revolución»

Para entender la muerte violenta de un líder político es preciso conocer quién era y cómo ha sido su participación en el campo de poder. Mariano Santibáñez poseía diversos capitales sociales.³ Nació en San Salvador en 1792 y, si bien su familia no era de las más acaudaladas, formaba parte de la elite de Jujuy dedicada al comercio con el espacio andino. Pertenecía a la primera generación de hijos de inmigrantes de Santander (España) llegados a Jujuy en la segunda mitad del siglo XVIII que se emparentaron con linajes locales de antigua data y, en su mayoría, se dedicaron a actividades mercantiles (Conti y Gutiérrez 2009). Sabemos que, en 1835, Santibáñez integraba una Sociedad Mercantil en Bolivia por lo que viajaba frecuentemente a ese país.⁴ Su matrimonio con Lorenza Sarverri Mendizabal reforzó sus redes de relaciones sociales con otros personajes de influjo en la región.⁵

No contamos con información respecto a la formación intelectual de Santibáñez, aunque por sus intervenciones legislativas se puede observar que tenía un amplio conocimiento cultural y político que lo ponía en danza en sus alocuciones.

Mariano Santibáñez alcanzó lugares de poder gracias a la «carrera de la Revolución». Tulio Halperin (2002) formuló este concepto para referirse a las posibilidades que abrió el proceso revolucionario para quienes se enrolaron en la causa patriota como vía de promoción y ascenso en diferentes dimensiones sociales. En nuestro caso, nos interesa el terreno militar y político (214-215).⁶

La carrera de Santibáñez se explica considerando momentos precisos de actuación e indagando los motivos de su comportamiento político y teniendo en cuenta que los agrupamientos de la época que estudiamos seguían lógicas facciosas.⁷ Esta conducta alineaba a los grupos con el objeto de alcanzar el poder y para perseguir esta meta ―en ocasiones― tuvo como fin último la eliminación del opositor, descartando otras opciones como la negociación o el acuerdo.⁸ Además, debe tenerse en cuenta que las relaciones amicales o sociales sostenían vínculos políticos, más allá de las identidades políticas asumidas por los actores y los grupos. Estos elementos son centrales para entender el recorrido de Santibáñez que, como veremos, abrazó la Liga del Interior (1830-1831) y la Coalición del Norte (1840-1841), se alineó al federalismo local a mediados de la década de 1840 y se terminó distanciando de esta última opción política, enfrentamiento que lo llevaría a la muerte. Su trayectoria política es una muestra de las disímiles modalidades que individuos y grupos asumieron en los entramados del poder de las provincias del Interior.

En el transcurso de la guerra por la Independencia en el espacio salto-jujeño, Santibáñez ascendió al grado de Capitán en 1822 (Sánchez de Bustamante 210). Más tarde, en el marco de la Liga del Interior, integró las fuerzas de Jujuy que apoyaron las tropas del Gral. José María Paz en su lucha contra las provincias federales.⁹ El personaje llamó la atención del jefe unitario que en sus Memorias ponía en valor el accionar de Santibáñez al frente de dos compañías de infantería actuantes en la provincia de Córdoba.¹⁰ En 1834, ascendido al grado de coronel, fue uno de los jefes de las fuerzas de Jujuy que combatieron en la Batalla de Castañares, encuentro bélico que le permitió a Jujuy alcanzar su separación política de la provincia de Salta. En estos episodios, el gobernador de Salta Pablo Latorre fue asesinado y testimonios posteriores responsabilizaban del hecho a Santibáñez que «con una alevosía inaudita» y «con su homicida mano»¹¹ había ultimado al caudillo federal salteño. Esta afirmación fue repetida por la dirigencia federal de Salta para justificar la ejecución de Santibáñez en 1851.

Recién instituida la provincia de Jujuy como tal, en 1834, Santibáñez participó como diputado de la primera Legislatura, espacio que sancionó las leyes que moldearon la ingeniería institucional de la novel provincia. En este espacio pudo manifestar sus amplios saberes en derecho y política. Desde este lugar, se opuso tenazmente al liderazgo del gobernador de Tucumán Alejandro Heredia.¹² La primera experiencia legislativa terminó envuelta en una lucha civil entre las fuerzas federales de Eustaquio Medina ―caudillo de la región oriental de Jujuy― y las fuerzas unitarias encabezadas por Manuel Puch y el mismo Mariano Santibáñez. En esta oportunidad, las primeras ganaron la partida dado que recibieron apoyo tanto de Salta como de Tucumán. De hecho, en abril de 1836 era elegido Pablo Alemán gobernador de la provincia de Jujuy gracias al apoyo político de Alejandro Heredia.

Durante el gobierno de Pablo Alemán (1836-1838), el inquieto Santibáñez volvía a generar tensiones y rispideces. A finales de 1836, el gobernador jujeño informaba a Rosas, que había puesto preso a Santibáñez y que lo enviaba a Tucumán dado que operaba políticamente para el Mariscal Andrés de Santa Cruz, jefe de la Confederación Perú-Boliviana con pretensiones expansionistas en el norte argentino.¹³ En 1837, se declararía la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana que se extendería formalmente hasta 1839, aunque a finales de 1838 habían culminado las operaciones militares. El relato acusatorio a Santibáñez, más allá de su veracidad, muestra las conexiones que tenía el personaje y su área de actuación.

La finalización de la Guerra con Bolivia socavó los apoyos del gobierno federal de Alemán. En noviembre de 1838, Pablo Alemán fue depuesto por el Regimiento acantonado en Palpalá que retornaba de la contienda bélica con Bolivia. Posteriormente, en una Asamblea Popular ―práctica común en la cultura política de Jujuy―¹⁴ era electo gobernador Mariano Iturbe, que al igual que Alemán, adhirió al federalismo. En este momento, Iturbe convocó a Santibáñez para sofocar el levantamiento de algunos jefes militares de la Quebrada de Humahuaca que, entre otros objetivos, se proponían restituir en el poder provincial a Pablo Alemán. En este interregno, Santibáñez vuelve al ruedo político ocupando una banca en la Sala de Representantes. En su carácter de diputado (1839-1840) apoyó la reformulación del Estatuto Provincial y la sanción de una ley fundamental: la puesta en enfiteusis y arriendos de los terrenos comunales de la Quebrada de Humahuaca (Teruel, 2014).

El movimiento antirosista nucleado en la Coalición del Norte (1840-1841) distanció a Iturbe de Santibáñez. Mientras el primero optó por alejarse de ese armado político, el segundo participó activamente. Fue el representante por Jujuy en el Congreso de Agentes de la Coalición que puso en palabras el acuerdo que dio origen al bloque interprovincial.¹⁵ Por este Pacto, se retiraba el manejo de las relaciones exteriores al gobierno de Buenos Aires a cargo de Juan Manuel de Rosas y se proclamaba el proyecto constitucional. Estas ideas iban a ser defendidas con las armas. Finalmente, las fuerzas de la Coalición fueron vencidas por el ejército rosista a cargo de Manuel Oribe en octubre de 1841 y que, a la sazón, su presencia fue clave para la restitución del orden federal en las provincias del norte (Etchechury Barrera 2022).

En esta nueva coyuntura, Iturbe retornaba al poder y, una vez más, convocaba a Santibáñez a ser parte de su elenco político. La justificación la podemos leer en una correspondencia que el gobernador de Jujuy escribe al de Salta, Manuel Saravia, solicitándole su apoyo para recibir nuevamente a Santibáñez en el gobierno:

En ella [carta de Santibáñez a Saravia] verá U. emitidos los sentimientos honrosos que caracterizan a aquel amigo digno de mejor suerte y que debemos contarlo por nuestro, sin temor alguno de que nos traicione. Los hombres del peso y calidad de este no son comunes: comprometido con nosotros que no dudo lo conseguiríamos, nos serviría muy bien y contaríamos en cualquiera circunstancia con su ayuda. […] es amigo de U. y también mío, y a la vez nos será de gran utilidad. Indíqueme U. lo que convenga que hagamos para que venga bien persuadido que no ha de acarrearnos un compromiso.¹⁶

Iturbe era consciente que la presencia de Santibáñez podía ser cuestionada y por ello buscaba apoyos en las dirigencias del norte. La correspondencia es reveladora de los vínculos amicales entre estos personajes que iban más allá de las identidades políticas que asumían. Por otro lado, Iturbe ponía en valor el perfil político y militar decidido de Santibáñez. En este mismo sentido, Iturbe se comunicaba con el ministro de Tucumán Juan Pablo Figueroa para que intercediera influencias con el gobernador de Santiago del Estero Felipe Ibarra: «Háblele también en favor de Santibáñez que es el único que marcha de frente y con decisión: yo no he querido decirle nada, porque otras veces me ha pellejado y siento que este buen amigo no esté en buen sentido con aquel».¹⁷

Evidentemente, la figura de Santibáñez era controvertida e Iturbe lo sabía. Pese a ello, estas intermediaciones interprovinciales dieron su fruto ya que Santibáñez retornó a Jujuy e integró la Sala de Representantes a partir de 1843. De hecho, fue el que redactó el despacho que luego fue aprobado en la Cámara prorrogándole el mandato de gobernador a Iturbe por dos años más.¹⁸

En 1845, Santibáñez alcanzó la máxima jerarquía militar cuando fue nombrado Comandante General de Armas de la provincia de Jujuy.¹⁹ El objetivo estaba puesto en repeler el intento por retornar al poder que realizaban los unitarios asilados en Bolivia. Iturbe le comunicaba la victoria obtenida a Rosas resaltando el accionar del personaje que analizamos: «la patriótica decisión, capacidad y característica bravura del Coronel Comandante Gral. D. Mariano Santibáñez».²⁰

Sin embargo, la colaboración de Santibáñez con el gobierno federal no perduró en el tiempo. Como lo describieron sus contemporáneos, fue un hombre que deseaba la gobernación de la provincia y este interés colisionó con los del propio Iturbe. En 1847, en su carácter de diputado, se opuso a prorrogar el mandato de Iturbe e intentó movilizar gente para que asistiera y presionara el día que la Sala debía elegir al titular del Ejecutivo. A principios de 1848, fue acusado de intentar asesinar a Iturbe y en 1849 encabezó la revuelta que derribó el orden institucional de la provincia y que para reposicionar el orden federal se precisó de la ayuda militar de Salta.

Los episodios descriptos anteriormente nos muestran que Santibáñez, por su doble perfil de militar y político, tenía capacidad de movilización. Los testimonios marcan el carácter decidido y comprometido de sus injerencias públicas. Tal vez, estas cualidades lo dotaban de atributos que lo convertían en «necesario» para los grupos donde actuó en contextos precisos. Era un líder, podía reunir consenso en su persona. Y, como contrapartida, oposiciones, que fue la que se gestó a fines del régimen rosista y terminó con su ejecución por las divisiones milicianas de Salta.

3. Las relaciones políticas de Salta y de Jujuy entre 1848 y 1851

Desde el período colonial, las jurisdicciones de Salta y Jujuy conformaron un espacio social dinamizado por relaciones familiares y vinculaciones económicas inmersas en el mundo andino y con redes en Buenos Aires (Conti 2007). En 1787, la creación de la Intendencia de Salta del Tucumán, estableció un sistema jerárquico en la estructura política. Jujuy quedó subordinada a la ciudad de Salta, cabecera de la gobernación. Esta dependencia fue reafirmada en 1814 cuando la Intendencia se dividió en dos provincias (Salta y Tucumán). El espacio salto-jujeño vivenció de forma directa el impacto de la guerra de Independencia extendidas desde 1810 hasta 1825 (Paz 2008; Mata 2014). La muerte del gobernador y jefe militar Martín Miguel de Güemes, en 1821, habilitó un renovado orden político con el surgimiento de nuevas instituciones como la Sala de Representantes. La jurisdicción de Jujuy integró la estructura de poder territorial de Salta hasta 1834, momento en el que se separó e instituyó en provincia independiente (Marchionni 2019).²¹

Para comprender la ejecución pública de Santibáñez es preciso indagar las relaciones interprovinciales de Salta con Jujuy, entre 1848 y 1851, período en el que se vivenció un clima de tensión y violencia política que no se vivía desde la separación de Jujuy de la jurisdicción salteña. En todos estos episodios se puede observar el accionar de Santibáñez.

Como mencionamos, en 1848 las provincias de Salta y Jujuy se vieron sumidas en un conflicto territorial por las localidades de Iruya, Santa Victoria y San Andrés que habían pertenecido a la jurisdicción de Yavi (Jujuy) y en 1833 fueron incorporadas a la tenencia de gobierno de Orán (Salta). En 1848, el gobernador federal de Jujuy Mariano Iturbe articuló apoyos entre los propietarios y comerciantes de su provincia para recuperar esos territorios por la fuerza. Logró sumar las voluntades de los comandantes militares de Santa Victoria y San Andrés.

Desde la mirada de la dirigencia de Jujuy y de sus grandes propietarios, esas localidades tenían potencialidad económica. Las evidencias muestran que, por un lado, uno de los puntos atractivos de esos territorios era el cobro de diezmos.²² Por otro lado, era un amplio espacio habitado por comunidades indígenas que podían suplir la necesidad de mano de obra para las haciendas de Jujuy. Tampoco debe perderse de vista las conexiones patrimoniales del espacio. La extensa estancia de Acoite en Santa Victoria formaba parte del ex marquesado de Tojo que tenía centro administrativo en Yavi (Jujuy). El marquesado y sus propiedades pertenecían a la familia Campero (Madrazo 1982).

Por su parte, el gobierno federal de Salta contaba con sólidos apoyos políticos en la región en disputa. De hecho, el plan fue descubierto por el doble juego que realizó el comandante de Iruya Dámaso Guzmán quien fingía estar involucrado en el movimiento segregacionista de parte de Jujuy, pero en realidad por medio del teniente gobernador de Orán José Félix Boedo, personaje decidido del grupo federal, era informante de la dirigencia salteña.

El mandatario salteño Vicente Tamayo interpeló a su par de Jujuy Mariano Iturbe, quien negó el plan. Llegó a decir que la movilización de fuerzas que se realizaba en el departamento jujeño de Río Negro ―colindante a Orán (Salta)- había sido por «equivocación». Pese a ello, Iturbe fue contundente al señalar, todas las veces que pudo, que esos territorios pertenecían a la jurisdicción jujeña por «títulos irrefutables». Y que el gobierno de Jujuy no iba a intervenir en caso de que los habitantes de las mencionadas localidades «por su propia voluntad» optaran por reincorporarse a Jujuy.²³

El gobierno de Salta calificó la segregación como una «anarquía» debida a las maquinaciones orquestadas por el bando unitario que encabezaba Santibáñez. Sobre todo, porque los jujeños habían encomendado el liderazgo de la empresa de anexión a Juan Bautista Undiano, quien había acompañado a las fuerzas de Juan Lavalle y luego de pasar varios años en Bolivia retornó a las provincias del norte.

Tanto Salta como Jujuy se dirigieron a Rosas en tanto Encargado de las relaciones exteriores de paz y guerra. Este, a través de su ministro Felipe Arana, respondió a ambos gobiernos diciendo que no era el momento de resolver la cuestión de los límites, condenando todo intento de sedición mediante el uso de las armas.²⁴ Las dos provincias acataron lo recomendado por el gobernador porteño. Sin embargo, el gobierno de Jujuy dejó abierta la puerta para continuar peticionando, ya que afirmó que San Andrés, Yruya y Santa Victoria pertenecían a Jujuy por «títulos incontrovertibles».²⁵

En febrero de 1849, cuando aún no se había terminado de resolver el conflicto territorial con Salta, hubo recambio de gobierno en Jujuy. Cumplido el mandato de Mariano Iturbe, la Sala de representantes eligió a Pedro Castañeda hasta entonces asesor por excelencia del gobernador saliente. La transición distó de ser armónica. Un grupo de hombres dirigidos por Mariano Santibáñez que se oponía a la continuidad de la identidad federal en el poder apresaron tanto al recién electo gobernador como a su antecesor. En una asamblea de vecinos reunida en San Salvador se designaba de forma provisoria al cura de la iglesia matriz Escolástico Zegada como titular del Poder Ejecutivo.²⁶

Este episodio originó que el gobernador de Salta, Vicente Tamayo, se presentara en persona, según su relato, con una fuerza de 600 hombres en los Alisos, límite con Jujuy, a fin de restablecer el orden federal. En la correspondencia que Tamayo giró en esa ocasión a Rosas, afirmaba «no figura un solo federal entre todos los revolucionarios», por el contrario ―continuaba el dirigente― se podía ver actuando a «los más calificados salvajes unitarios».²⁷ Era cierto que quienes lideraron el movimiento en Jujuy eran personajes que se habían opuesto al federalismo ya fuera integrando la Liga del Interior (1830-1831) o la Coalición del Norte (1840-1841) y la figura más representativa era sin dudas la de Mariano Santibáñez.

Hay otra información para retener, en tanto es explicativa de la conducta de la dirigencia de Salta. Tamayo manifestaba en referencia a la alteración del recambio gubernamental de Jujuy: «A juicio del infrascripto, aquellos hombres fueron movidos por los Salvajes Unitarios de esta Provincia [Salta] con el objeto de hacer pie allí para derrocar este Gobierno y precipitarse en su bárbaro desafuero en un avance contra el orden general de la Confederación Argentina».²⁸ El gobernador de Salta ponía de manifiesto una posible estrategia interprovincial del grupo unitario que tenía a Santibáñez como uno de los principales operadores políticos mostrando las conexiones que incluían a ambas provincias. Es decir, desde el punto de vista de la dirigencia salteña, accionar reestableciendo el orden federal en la provincia de Jujuy significaba proteger la propia.

Debe decirse que Jujuy no contaba con fuerzas suficientes para hacer frente a Salta. Recordemos que ―como lo muestran los estudios de Cecilia Fandos (2021)― la Puna había sido desmilitarizada en 1840. En tanto, los jefes militares de la Quebrada de Humahuaca se mostraron expectantes ante lo que sucedía en la Capital. De hecho, un comandante militar encargado de reclutar fuerzas en la Quebrada de Humahuaca manifestaba que «la gente se resistía a bajar».²⁹ Es posible suponer que episodio generó confusión, ya que una vez resuelto el conflicto Cosme Belaunde, uno de los cabecillas de la asonada, mientras escapaba a Bolivia en su paso por la Quebrada recibió una «bien merecida paliza» por parte de los lugareños por haber alterado la legalidad gubernamental.³⁰

Finalmente, no hubo enfrentamiento armado y los sediciosos terminaron negociando la restitución de Castañeda en el Ejecutivo de Jujuy. Tal vez, lo que ocasionó la vuelta de este último al poder, haya sido la intención del gobierno de Salta de ubicar al frente del gobierno de Jujuy a un dirigente de su elenco político.

Pedro Castañeda, ya restituido en el poder, se comprometió a pagar las indemnizaciones solicitadas por el gobierno de Salta por la suma de $5000 para abonar la tropa movilizada, aunque con el tiempo no se efectivizó el pago y fueron constantemente peticionadas por los salteños, generando otro punto decisivo de tensión en las relaciones interprovinciales.

Castañeda en el mando gubernativo entabló alianza con el grupo de hombres que intentó derribarlo del gobierno. Nuevamente, el caso más significativo fue el nombramiento de Mariano Santibáñez al frente de las fuerzas de la provincia con el argumento que los «salvajes unitarios» habían depuesto las armas y habían prestado sumisión al gobierno de Jujuy. Es más, manifestó que Santibáñez «era su amigo».³¹ Esta actitud fue incomprendida por el personal político de Salta que afirmaba respecto de Castañeda: «este hombre está visto de que no puede ser manejado, sino por el rigor o la fuerza».³² Tamayo en misiva a su ministro de gobierno, agregaría: «Concluiré mi amigo diciendo a U. que este hombre [por Castañeda] es un salvaje unitario […] y que tendremos siempre una puerta abierta a males de grande trascendencia a toda la República mientras no se coloque en esta [Jujuy] un buen federal».³³

Durante los dos años que Castañeda se mantuvo al frente del Ejecutivo jujeño los hombres que habían intentado desplazarlo del gobierno fueron ocupando diferentes puestos en la administración provincial. El grupo unitario controló la Sala de Representantes y una de las voces más descollante del recinto fue la de Mariano Santibáñez.

La Sala, compuesta en su mayoría por decididos integrantes del grupo unitario, eligió nuevo gobernador a principios de 1851 pues Castañeda había cumplido mandato. La elección se dirimió entre José López Villar y José Quintana. Resulta interesante observar cómo veía la dirigencia de Salta a estos hombres:

El primero, Español de bastante fortuna, de genio retirado, que no puede ser, sino un honrado y pacífico vecino. El segundo, hombre sin fortuna ni carrera, de carácter apocado, de opiniones poco pronunciadas y que ha residido bastante tiempo en Bolivia. Ninguno de los dos ofrecerá quizá, sino embarazos en vez de eficaces auxilios […].³⁴

Persistía la percepción que los dos candidatos a la gobernación iban a dificultar el posicionamiento federal en el norte de la Confederación. La elección fue ajustada, se votó varias veces dado que no se alcanzaban las dos terceras partes de los votos del cuerpo. Por último, siguiendo el Estatuto Provincial, se procedió a sortear entre los dos candidatos. La suerte acompañó a López Villar.

La misma Sala de Representantes que participó en la elección de López Villar llevó a cabo una serie de reformas relevantes desde el punto de vista político-institucional. Se reformó el Estatuto Provincial, el Reglamento de Debates y el Reglamento de Administración de Justicia. Y se sancionaron otros como el Reglamento de Elecciones (hasta entonces regía el de Salta) y el de Elección de jueces.³⁵ Los representantes se proponían reafirmar la división de poderes. En particular, buscaron desconcentrar la toma de decisiones realizadas por el Poder Ejecutivo.³⁶ Además, suprimieron algunos impuestos como la Contribución Directa de la Puna.³⁷ Fanny Delgado (1992) advierte que ese gravamen representó desde su sanción en 1840 y hasta 1851, entre el 20 y 25 por ciento de los ingresos del fisco (112). Esta medida fue duramente cuestionada por el gobierno de Salta.

Para el oficial mayor de Jujuy e interlocutor del personal político de Salta, Gumersindo Ulloa, no había dudas de que la Sala intentaba desestabilizar la gestión de Villar y forzar su renuncia. Según el funcionario, el artilugio de los diputados era nombrar a Mariano Santibáñez como presidente de la Comisión Permanente de la Sala, dado que por la nueva reglamentación este representante asumía la gobernación ante la renuncia del gobernador y en caso de que la Sala se encontrase en receso. Su lectura política fue clave en tanto le llegaba sin filtros a la dirigencia de Salta. Con esa información, se presionaba sin tapujos al gobernador López Villar para que desterrara de la provincia a quienes integraban la Sala. Frente a este escenario, en agosto del mismo año, el gobierno de Salta interpelaba al gobernador López Villar:

[…] cuando esa Sala de Representantes debía segundar en armonía con V. E. sus benéficas miras es entonces que ella le traba, le pone obstáculos, le retira sus atribuciones que por la naturaleza de sus funciones pertenece al P. Ejecutivo y formando una Junta de facción hacen del Jefe del Gobierno un ente nulo que nada puede obrar […] Son efectivamente ilusos federales o verdaderos traidores salvajes unitarios que en su impotencia forman una Junta de facción anárquica para enervar la autoridad?³⁸

En una larguísima carta dirigida al gobierno de Salta, el gobernador de Jujuy atemperaba los hechos y afirmaba que no podía expatriar a los diputados sin juicio previo.

El contexto en la Confederación se febrilizó con el Pronunciamiento de Justo José de Urquiza del 1 de mayo de 1851. El Pronunciamiento fue recibido de diferentes maneras en las provincias (Nicolini 2021). El elenco político de Jujuy, particularmente los hombres que ocupaban la Sala de Representantes, lo apoyó. Integrantes de este grupo escenificaron la obra de teatro Lanuza ―aprovechando la festividad religiosa local del patrono San Salvador el 6 de agosto de 1851― por la que apoyaron el movimiento de Urquiza (Medina 2016).

En estos momentos, José Manuel Saravia en correspondencia a Rosas, le manifestaba:

[…] La provincia de Jujuy es nuestro inconveniente político, nuestro lado vulnerable: está entregada casi completamente a la funesta influencia de los Salvajes Unitarios. El Sor. Villar, en sí, hombre bueno como particular es malísimo como Gobernante. Es la debilidad e compendio [sic], no se atreve a echar esa turba que a él mismo lo abruma; pero no quiere compromisos y quiere dejar el mando, cuando ya es tarde, porque la administración recae en el Salvaje Unitario Santibáñez, quien con los demás colaboradores de Constitución están para lanzarse en conformidad con la traición de Urquiza […] Y ¿qué hacer con Jujuy?.³⁹

Para estos hombres, era necesario evitar que la gobernación de la provincia quedase en manos de Mariano Santibáñez, su recorrido político y militar le había mostrado que aquel era un personaje decidido. La respuesta fue armarse para ubicar en el gobierno de Jujuy a un dirigente que representara las banderas del federalismo en esa hora: Mariano Iturbe.

4. El fusilamiento de Santibáñez y su impacto en la política local

En setiembre de 1851, el gobernador de Salta, José Manuel Saravia en persona marchó hacia Jujuy con una división de fuerzas. Las acciones habían sido articuladas con Mariano Iturbe y un grupo de comandantes provinciales entre los que se contaban Pedro Aramayo y Cipriano Marquiegui, además de otros miembros de la guardia urbana de Jujuy. Ante la llegada de las tropas, el elenco político que integraba la Sala de Representantes apresuradamente tomó el camino del exilio. Una partida salteña logró tomar preso a Mariano Santibáñez el 12 de septiembre, a las pocas horas fue fusilado. Así, José Manuel Saravia relataba a Rosas, lo ocurrido:

En efecto así sucedió cayendo en poder de una de las partidas que se habían colocado en puntos precisos, el principal cabecilla Salvaje unitario Mariano Santibáñez y a las veinticuatro horas fue fusilado al frente de la división. El salvaje unitario Mariano Santibáñez es el mismo que en [1]834 con mano traidora hirió mortalmente al Ilustre General D. Pablo Latorre: es el mismo que en 22 de Febrero de [1]849 encabezó el movimiento anárquico que desnudara de la autoridad legal al ciudadano D. Pedro Castañeda: ha sido el agente para introducción en estos Pueblos los libelos incendiarios del empecinado Salvaje Unitario Sarmiento: su carrera, Exmo. Sor. marcada de delitos de primer orden contra la Confederación y la América contra la paz y quietud de las provincias del Norte, lo han conducido al suplicio.⁴⁰

Saravia ponía en valor algunos aspectos de la biografía de Santibáñez para justificar su orden de ejecución. La correspondencia ilumina varios puntos que ayudan a comprender la violencia política desatada en el norte confederal a fines del régimen rosista. Sin dudas, Santibáñez ocupaba un lugar de liderazgo en el campo político y este rasgo fue marcado por el mandatario salteño.

En los motivos aparecía otra acusación de alto voltaje: Mariano Santibáñez habría herido de muerte al gobernador federal de Salta Pablo Latorre cuando las fuerzas de Jujuy se habían dirigido a confirmar su separación política de la jurisdicción salteña. Como vimos, otros testimonios también aseveraron esta afirmación. Pablo Latorre tenía una larga trayectoria en el federalismo salteño, alcanzando el gobierno de Salta luego de vencida la Liga del Interior (1831) con el apoyo de Facundo Quiroga. En este sentido, las muertes de Latorre y Santibáñez comparten rasgos comunes, pues en ambas operaron fuerzas de otras provincias. A diferencia, por ejemplo, del asesinato del gobernador federal de Tucumán Alejandro Heredia, en 1838, donde, según parece, los involucrados fueron miembros de la dirigencia local (Carilla 1965).

No tenemos la certeza que Santibáñez hiciera circular los escritos de Sarmiento o cuáles de ellos. Pero es probable que sus propias percepciones respecto al ideario republicano y liberal de gobierno, lo hayan unido al escritor sanjuanino. En especial, su oposición al rosismo y a las prácticas políticas consideradas «tiránicas» ejercidas por los gobiernos federales. Por su parte, hay indicios que, en la casa de Manuela Santibáñez ―hermana de Mariano―, se realizaban reuniones de discusión política y cultural, habilitándose un espacio de sociabilidad y de lectura compartida donde participaban miembros de la elite política. Allí se transcribían libelos y se acordaban actividades proselitistas.⁴¹

Finalmente, Saravia hacía alusión a que Santibáñez alteraba la «paz y quietud» de las provincias del norte. Hemos mostrado a lo largo de este trabajo que Santibáñez fue un articulador político y que tuvo consenso por lo menos en un sector de la dirigencia política de Jujuy. Pero, al parecer, también tenía vínculos con dirigentes de Salta. Por ejemplo, se dijo que el movimiento llevado a cabo en 1849, liderado por Santibáñez, con la intención de alterar el gobierno legal de Pedro Castañeda era el punta pie inicial de una conspiración más amplia que incluía a actores políticos de Salta.

Según las evidencias, Santibáñez fue fusilado atado a un árbol en la localidad de San Pedrito, a las afueras de la Ciudad, en frente de la división de Salta. Claudio Lomnitz expresa, para el caso de México del siglo XIX, que los fusilamientos frente a un pelotón en general fueron reservados a personajes ilustres (368 y 269). Probablemente este haya sido el caso de Santibáñez. No hay indicios que su cuerpo haya sido ultrajado ni expuesto como una forma de pedagogía práctica. Se registró su defunción en la Iglesia Matriz de Jujuy. El registro parroquial afirma que «murió en la Comunión de la Santa Madre Iglesia y se sepultó en el Panteón. Solo se confesó por falta de tiempo»,⁴² es decir la premura de los hechos impidió la comunión y la extremaunción.

Santibáñez pudo ser enterrado en el panteón cementerial de la Iglesia local y su cuerpo evitó el escarnio público. El dirigente unitario Juan Lavalle, nacido en Buenos Aires y ultimado en Jujuy en 1841, cuando escapaba a Bolivia asediado por las fuerzas rosistas luego de vencida la Coalición del Norte, no tuvo la misma suerte. Su cuerpo fue celosamente cuidado por sus compañeros de fuerza para evitar que el «enemigo» se hiciera de sus restos, quienes llegaron con el cadáver hasta Potosí donde recibió honras fúnebres.⁴³ Por otro lado, Santibáñez y Lavalle, presentan, una similitud decisiva: ambos intervinieron en la muerte violenta de líderes federales y en un contexto de extrema faccionalidad. Tal vez, la «revancha política» pudo haber jugado un factor explicativo en sus desenlaces. Como mencionamos antes, Santibáñez fue acusado de herir mortalmente a Pablo Latorre en 1824 y Lavalle ordenó la ejecución de Manuel Dorrego en 1828.⁴⁴

La ejecución pública de Mariano Santibáñez fue el corolario de la purga unitaria en la provincia. Con la muerte de Santibáñez se dio un recambio de gobierno. Mariano Iturbe, el «federal más decidido» que tenía Jujuy en esa hora, asumía la gobernación de la provincia, echando por tierra muchas de las reformas emprendidas en los últimos años.

Iturbe se mantuvo en el poder entre septiembre de 1851 y marzo de 1852. Durante estos meses, se profundizaron las medidas que buscaban reafirmar la identidad federal de la provincia en un contexto febrilmente tensionado y conflictuado por la lucha entre las fuerzas lideradas por Justo José de Urquiza y Juan Manuel de Rosas. Fue así que Iturbe envió el acta en la que se manifestaba su designación al frente del Ejecutivo a cada uno de los departamentos de la provincia para que «el Pueblo» reunido emitiera opinión en las localidades del Interior. Las asambleas locales fueron convocadas por los jefes políticos departamentales y se llevaron a cabo en todos los departamentos de la provincia.⁴⁵

En diciembre de 1851, ante una Legislatura depurada de los principales opositores del régimen, Iturbe emitía un largo discurso de apertura. Realizó un minucioso examen de los últimos años en la política de Jujuy y la región, pero nada expresó respecto a la muerte de Santibáñez. Silenciar su muerte fue también una decisión política, ya que cargó tintas contra los «unitarios» que habían ocupado la onceaba legislatura y a quienes les recayó ―en gran parte― el pago de las indemnizaciones exigidas por el gobierno de Salta por la expedición realizada en 1849, que como se recordará la suma estuvo fijada en $5000, aunque ahora se sumaron $2000, probablemente por la segunda expedición a tierras jujeñas.⁴⁶

Tal vez la principal consecuencia de la muerte de Santibáñez haya sido la ejecución del mismo Mariano Iturbe en mayo de 1852 llevada a cabo con otros procedimientos y modalidades a la del personaje analizado en estas páginas.

El conflicto político de fines de la Confederación rosista fue tan encarnizado que hasta después de ambas muertes los recuerdos de Mariano Santibáñez y Mariano Iturbe permanecieron latentes en la dirigencia política del norte.

5. Actualizar el recuerdo, disputar la memoria

En septiembre de 1852 y con motivo de conmemorar el aniversario de la muerte de Santibáñez, se llevó a cabo una seguidilla de celebraciones y encuentros. El contexto había cambiado. Los hombres que integraron la misma fuerza que Santibáñez tenían las riendas del poder provincial. A escala confederal, la caída del rosismo habilitó las condiciones para un nuevo orden nacional.

El servicio religioso contó con una misa de vigilia, cuatro misas rezadas, con velas encendidas, en la que participaron cantores, músicos, monaguillos y sacristanes. Desconocemos si se pronunciaron oraciones fúnebres, pero sí sabemos que el púlpito fue usado políticamente (Medina 2014), lo que nos lleva a conjeturar que se realizaron evocaciones laudatorias. La conmemoración de la muerte fue un lugar de encuentro dado que se compartieron masas y mistelas entre los concurrentes.⁴⁷ Se propició, entonces, un espacio de sociabilidad donde, es dable suponer, se hizo presente el recuerdo del difunto.

Es más, el aniversario fue la oportunidad para colocar un «marco para la tumba del finado Señor Coronel D. Mariano Santibáñez».⁴⁸ Con este acto, se individualizaba el lugar de la muerte, instituyendo un «lugar de memoria» (Nora 1984).

Años más tarde, el recuerdo de Santibáñez volvía a hacerse presente en la opinión pública. En 1857, el periódico salteño El Comercio publicaba un artículo referido al contexto en el que se produjo la muerte de Santibáñez, responsabilizando de lo sucedido a la división salteña al mando de José Manuel Saravia.⁴⁹ A renglón seguido, se decía que Salta tuvo que intervenir dado que era la tercera revolución que encabezaba Santibáñez en Jujuy, evidenciando que en aquella provincia persistían voces contestatarias del líder unitario jujeño. Esto motivó que el periódico de Jujuy El Orden diera a conocer un artículo denominado «Reivindicación de la memoria de Mariano Santibáñez», escrito por «unos jujeños».⁵⁰

En el texto, Santibáñez era posicionado como un hombre que había luchado en contra de la «tiranía» y comparado con los próceres libertadores de América:

«El Sr. Coronel Santibáñez fue bien asesinado porque sirvió a los mismos principios que aquellos [Bolívar y San Martín], porque reusaron arrastrar las cadenas de pasible esclavitud y porque, en fin, sus nobles antecedentes, su prestigio y merecimientos ‘eran motivos de bastante alarma para el régimen de entonces’».⁵¹

En el artículo vindicatorio de la memoria de Santibáñez se trazaban dos épocas. Una, la rosista, conceptualizada como tiránica y de esclavitud. La otra, de aquel presente en el que se vivía, que tenía como horizonte aspiracional un orden sostenido por la Constitución de 1853.⁵² Claramente, Santibáñez era construido como un personaje que luchó contra la esclavitud y contribuyó con su sangre a «romper las cadenas» al igual que los máximos próceres del panteón sudamericano. Tamaña operación hacía que la desaparición física del personaje fuese edificada como una «muerte heroica» (Caretta 2015).

En Jujuy, se redoblaron los esfuerzos para evocar y conmemorar el accionar de Santibáñez. Las disputas políticas y el lugar desde el cual se instituye el recuerdo resultan centrales en la construcción de memorias, así como los actores que intervienen en el proceso selectivo de qué olvidar y qué recordar (Cattaruzza 2012; Bragoni 2022). En este sentido, los hombres que acompañaron a Santibáñez en su recorrido político ocuparon los principales puestos de gobierno durante la década de 1850 en Jujuy, varios de los cuales integraban la «parentela Sánchez de Bustamante» (Paz 2003). El periódico donde se publicaba su vindicación pertenecía a la familia del cura Zegada, compañero de ruta de Santibáñez. El clérigo-político intervenía en lo que se publicaba en cada edición y no sería desacertado pensar que haya participado en la escritura del artículo constructor de su memoria.

5. Balance

La muerte de Mariano Santibáñez el 13 de septiembre de 1851 muestra la exacerbación de la violencia política a fines del régimen rosista. Es reveladora del peso de la militarización de la política en tanto la orden fue dada por el gobernador de Salta José Manuel Saravia al frente de su división. El contexto regional y confederal profundamente caldeado, propició el avance de la «brutalidad» en las relaciones de poder habilitando las condiciones que explican la ejecución pública abordada. En este sentido, el Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas el 1 de mayo de 1851 caldeó los vínculos políticos en el espacio confederal y demandó de conductas más comprometidas.

El caso analizado integró un ciclo de ejecuciones inaugurado con las autonomías provinciales en 1820 y culminó con la formación del Estado Nacional a fines del siglo XIX. La muerte pública de Santibáñez tiene equivalentes con otras ocurridas en el espacio rioplatense. Como las de Manuel Dorrego en 1828 (Buenos Aires), Pablo Latorre en 1834 (Salta), Facundo Quiroga en 1835 (Barranca Yaco, Córdoba) o Alejandro Heredia en 1838 (Tucumán), la ejecución que examinamos fue usada políticamente, pues luego de acaecida se mudó el personal de gobierno y se reconfiguró la trama de poder. A diferencia de todos los nombrados que eran federales, Santibáñez fue un decidido unitario, igual que Juan Lavalle, ultimado en Jujuy en 1841. Uno de los argumentos que justificó la ejecución del líder jujeño fue que había terminado con la vida del gobernador de Salta Pablo Latorre, como Lavalle con Dorrego. Tal vez, podemos conjeturar que la violencia política tuvo alguna dosis de «desquite» o de «cuenta saldada».

Para entender la muerte de Santibáñez indagamos algunos rasgos de su biografía. Santibáñez fue un ejemplo representativo de la «carrera» que habilitó el proceso revolucionario. Ascendió en las fuerzas milicianas de Jujuy participando en diferentes momentos claves como la separación de Jujuy de la provincia de Salta en 1834, la Liga del Interior (1830-1831), la Coalición del Norte (1840-1841) y en conflictos armados civiles (1845). Al mismo tiempo, ocupó lugares formales en las instituciones provinciales. En los momentos que fue diputado en la Sala de Representantes, esta se dinamizó, adquiriendo una faceta marcadamente deliberativa en 1835, 1839-1840 y 1850-1851. En esos años se formularon las principales leyes que moldearon el régimen político local. La carrera de Santibáñez visibilizaba su perfil decidido en las luchas por el poder. Tal vez, esta arista fue una clave en la decisión de Saravia de ordenar su ejecución, despejaba así la escena política de liderazgos opositores de peso.

La injerencia del gobierno salteño en las tramas de Jujuy fue justificada por el Pacto Federal de 1831 al que ambas provincias adherían y por las relaciones políticas y facciosas de sus elencos gubernamentales. Los vínculos se fueron tensionando en los últimos años del régimen rosista. En 1848, la dirigencia de Jujuy se armó para recuperar los territorios de Iruya, Santa Victoria y San Andrés que, según argumentaban, pertenecían a su jurisdicción y que habían sido arrebatados por Salta. En el conflicto intervino Juan Manuel de Rosas, como Encargado de las relaciones exteriores, recomendando que la resolución del conflicto se postergase. En 1849, el grupo unitario de la provincia quiso alterar el orden legal, lo que motivó una expedición por parte del gobierno de Salta. Un punto decisivo de esta coyuntura fueron las indemnizaciones impuestas al gobierno de Jujuy por la división salteña. Las reparaciones fueron permanente cuestionadas por la provincia de Jujuy siendo canceladas en diciembre de 1851, cuando Mariano Iturbe asumió la gobernación de la provincia, luego de que los unitarios fuesen apartados de la escena política, incluyendo la ejecución de su líder más sobresaliente.

La muerte violenta de Santibáñez dio paso a un nuevo orden político en Jujuy a cargo del grupo federal más comprometido con la causa rosista liderado por Mariano Iturbe, a la sazón nombrado gobernador. Este nuevo orden duró muy poco. En marzo de 1852, la correspondencia oficial anunciaba que el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas había sido vencido por las fuerzas a cargo de Justo José de Urquiza. Mariano Iturbe dejaba el poder en manos de una Asamblea Popular y días más tarde fue encarcelado. Inmediatamente, se iniciaba el proceso judicial que lo condenó a muerte y que una de las principales acusaciones fue la colaboración en la ejecución de Mariano Santibáñez, pero esa es parte de otra historia. ◊

Fuentes y obras consultadas

Archivos y Fuentes inéditas

Archivo General de la Nación (Argentina), Gobiernos de Salta y Jujuy, 1835-1852.

Archivo Histórico de Jujuy, Papeles de Gobiernos, 1848-1852.

Archivo de la Legislatura de Jujuy, Libros de Actas, 1840-1852.

Archivo y Biblioteca Históricos de Salta, Fondo de Gobierno, 1848-1852.

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